Se admiten los de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- La obligación de alimentos que recoge el art. 237.1 del Código Civil de Catalunya sólo alcanza a lo indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, pero no en relación con un determinado nivel de vida, sino sólo lo imprescindible para el mantenimiento de lo básico.
Esta obligación, basada en un principio de solidaridad familiar, tiene derecho a reclamarlos quien los necesita, siempre y cuando la necesidad no se derive de una causa que le sea imputable, mientras la causa subsista ( art. 237.4 CCCat ). La necesidad es por lo tanto la causa jurídica de su atribución.
Estos alimentos, tratándose de mayores de edad, tienen un carácter restringido, de mera atención a la subsistencia, y así la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de Febrero de 2.000 (LA LEY 5702/2000), afirma que "la figura doctrinalmente conocida como "deuda alimentaria", ... puede definirse como la que afecta a una persona, llamada alimentante, que resulta obligada a prestar a otra, llamada asimismo alimentista, lo indispensable para cubrir todas sus necesidades perentorias, o dicho con palabras legales, las necesidades mínimas para subsistir." Añadiendo "La deuda de alimentos se deriva del deber impuesto jurídicamente a una o varias personas de asegurar la subsistencia de una u otras; y también definida doctrinalmente como la deuda surgida entre parientes, basada en lazos de solidaridad familiar, y que tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad, a cuya conservación tiende esta figura que tutela, pues, un interés jurídico privado e individual". Por tanto no se trata de una deuda general y amplia como sucede en supuestos de menores de edad sino que la deuda alimenticia entre parientes, tiene como característica principal su limitación a lo necesario para subsistir.
TERCERO.- En la sentencia de instancia se valoró que desde la separación de sus progenitores, el hijo, nacido el NUM000 de 1995, inicialmente estuvo viviendo con la madre en Barcelona, trasladándose después a vivir con su padre primero a DIRECCION000 , después a DIRECCION001 y finalmente a DIRECCION002 (Tarragona). Que cuando alcanzó la mayoría de edad, estando con su padre, no estudiaba a pesar de estar matriculado en un curso de formación, que tampoco trabajaba y que el dinero de una beca para seguir estudiando se lo gastó en un tatuaje. Que por las diferencias con su padre, quien le exigía una mayor dedicación al estudio o en su caso que se pusiera a trabajar, finalmente se trasladó a vivir con sus abuelos paternos en DIRECCION003 .
En la instancia se acreditó que pocos días antes del juicio, en enero de 2018, se inscribió por primera vez como demandante de empleo y también se demostró que en el curso 2017- 2018 estaba matriculado en un ciclo superior de administración y finanzas en el Instituto DIRECCION004 de DIRECCION001 y que realizaba prácticas en empresas, Además en el Juzgado también se tuvo en consideración que el demandante no había acreditado que fuera él quien soportara los gastos que dice tener, pues son cubiertos por sus abuelos, y que tampoco acreditó el demandante la diligencia empleada en la búsqueda de empleo, por lo que se consideró que no se había acreditado la necesidad, que es la causa jurídica que sustenta la obligación alimenticia entre parientes; sin que se llegara a entrar a valorar la condición económica de los demandados, ni si la ausencia de relación del demandante con su padre y con su madre era debida a la propia actitud del hijo.
Estas conclusiones son compartidas por la Sala.
Las personas cuando alcanzan la mayoría de edad gozan ya de sus plenos derechos para decidir qué quieren hacer y cómo quieren vivir, qué tipo de relaciones quieren seguir manteniendo con sus familiares más próximos, pero también deben asumir las responsabilidades de sus decisiones pues ya no están bajo la protección incondicional que se debe a los menores mientras lo son, precisamente porque ya están en la vida adulta.
Siendo adulto, el solicitante de alimentos debe poder demostrar que ha tratado de adecuar su sistema de vida a sus posibilidades y únicamente en caso de no poder obtener cobertura de lo más básico tiene derecho a pretender de sus parientes más próximos, en este caso sus progenitores, antes que sus abuelos conforme a lo dispuesto en el art. 237.6 CCCat , aquello que sea absolutamente indispensable. Por otra parte debe estar en condiciones de demostrar que la situación de necesidad en que se encuentra no se deriva de una causa que le sea imputable y que dicha causa subsiste ( art. 237.4 CCCat ); y en cuanto a los estudios, pueden solicitarse alimentos para continuar la formación que de forma ininterrumpida ha venido siguiendo desde la menor edad, pero cuando el mayor de edad decide no seguir estudiando, o mantiene una situación de acceso a la formación meramente formal pero sin aprovechamiento, como ocurrió en este caso, se rompe ese continuismo, y la formación del adulto ya no se considera una necesidad básica.
El hecho de que siendo ya mayor de edad decida retomar los estudios no hace surgir el derecho de alimentos entre parientes, pues ello supone la puesta en marcha de un nuevo proyecto que pretende realizar, estudiar en lugar de procurarse el sustento, lo que sólo será posible en tanto pueda procurárselo. De otra forma y siendo quien lleva las riendas de su vida debe valorar qué posibilidades de compatibilizar el estudio con el trabajo necesario para su mantenimiento. Lo que no cabe pretender es que los parientes, por más cercanos que sean, sostengan las ilusiones o expectativas de sus más cercanos allegados adultos. La norma jurídica, sobre una base ética, únicamente tiende a proteger la vida, aquello indispensable para seguir viviendo, pero una vez el adulto tiene lo mínimo para tener cobijo, salud y alimento, ya es cuestión de cada uno como la pueda y la quiera vivir con sus propios medios.
El debate pues no puede centrarse en si los padres, con quienes no mantiene relación si no es a través de los Tribunales, pueden contribuir a que su hijo tenga una vida mejor y haya deseado volver a estudiar en lugar de obtener los medios para su sustento, sino si el hijo tras haber optado por tener una vida independiente ha agotado todas las posibilidades para ser responsable de dicha decisión de vida independiente.
Y en el presente caso el propio demandante no supo explicar con claridad si había iniciado una búsqueda activa de empleo, ni consta si trabaja los fines de semana o en horarios no lectivos, ni si cobra por las prácticas que realiza en empresas. Es decir, no consta que él hubiera realizado todo lo posible para cubrir sus propias necesidades, como persona adulta que es, y por ello mismo debe estimarse que la hipotética situación de necesidad le es imputable, por lo que ya no concurre la causa jurídica del derecho a alimentos entre parientes.
Consecuentemente la sentencia debe confirmarse por sus propios y acertados fundamentos.