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SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Comienza cuestionando que se haya enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del condenado por el descubrimiento de secretos que no ha recurrido la sentencia y realiza una revaloración de las declaraciones de los coimputados y de la prueba pericial, de donde extrae una conclusión diferente a la obtenida y expuesta por el tribunal de instancia. Olvida el recurrente que la función de valorar las pruebas corresponde al tribunal de instancia que de forma inmediata percibe la prueba de carácter personal y la documental y pericial practicada en el juicio. Esa prueba, ha de ser regular y lícita en su práctica y realizada de acuerdo a los principios que rigen la práctica de la prueba, debiendo ser valorada de forma racional, conforme exige los arts. 120 de la constitución (LA LEY 2500/1978) , y 741 y 814 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882) . Esa función es del tribunal que percibe la prueba y a él le corresponde su valoración. A esta Sala la de comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria, su regularidad y licitud y la racionalidad de la convicción expresada en la sentencia, lo que implica también la valoración de la prueba desde la perspectiva de la estructura racional. En este reparto competencial no corresponde a la parte recurrente realizar una distinta conformación del hecho y de la fundamentación sino poner de manifiesto, la inexistencia de prueba o su irracionalidad, lo que no concurre en el caso de la casación, al documentarse en el acta del juicio oral y en la fundamentación la observancia de las premisas que permiten declarar correctamente enervado el derecho que se invoca en la impugnación.

En el acta del juicio oral, que extraemos del archivo en soporte digital que se incorpora al acta, comprobamos que este recurrente vio el documento con el acusado Silvio , condenado no recurrente, quien le proporcionó una copia y el reconoce que pasó otra a Benito . El descubrimiento del secreto lo afirma la sentencia que fue realizado por Abilio y la divulgación por éste de los fotogramas es un hecho que resulta de las declaraciones de Samuel y Ángel . El descubrimiento resulta de la prueba pericial y de las declaraciones de la perjudicada, de la testifical de las hermanas Zaida y otros testigos que señalan la coincidencia de la entrega del ordenador para acoplarle una grabadora con la difusión de los archivos, en un extremo que aparece razonablemente expuesto en la sentencia y que el condenado no ha recurrido.

TERCERO.- Denuncia en este motivo el error de derecho por la indebida aplicación de los apartados 1 y 3 del art- 197, al no resultar acreditado, denuncia, la obtención ilícita del vídeo y el conocimiento por el recurrente.

La vía elegida parte, o debe hacerlo, del respeto al hecho probado, discutiendo, desde ese respeto, la errónea subsunción del hecho en la norma jurídica que invoca como indebidamente aplicada. Pues bien el relato fáctico es preciso en describir un descubrimiento de los secretos, a partir del examen y rescate de la papelera de reciclaje de los archivos allí existentes tras el borrado por quien los había creado y aprovechando que se iba a realizar una reforma en el ordenador. Ese extremo resulta acreditado, como lo explica al sentencia, y la vía de impugnación no permite cuestionar ese apartado en cuanto se apoya en una actividad probatoria valorada racionalmente frente a la que se arguye sobre unos rumores. En cuanto al recurrente, no condenado por el descubrimiento, si por la revelación del secreto, se afirma el conocimiento de la ilicitud y la difusión del mismo, al menos en dos ocasiones y esta valoración es razonable atendiendo al conocimiento de la perjudicada, al desarrollarse el hecho en una pequeña localidad y por un grupo reducido de personas.

Desde el relato fáctico la subsunción es correcta, por lo que el motivo se desestima.

CUARTO.- En el cuarto motivo de la impugnación refiere el quebrantamiento de forma en que incurre la sentencia "apartado 3 a) con los relatados en el fundamento jurídico segundo, apartado b)".

La desestimación es procedente. El vicio procesal de la contradicción de hechos probados requiere que la misma sea del hecho probado, imposibilitando una correcta casación cuando en el mismo relato se afirma y niega, al tiempo, un hecho relevante a la subsunción en la norma. El relato fáctico refiere el conocimiento de la existencia de los archivos y la confección de las copias, lo que se desarrolla, expresando la prueba en la fundamentación de la sentencia..

RECURSO DE Marco Antonio QUINTO.- Este recurrente recibe del técnico que arreglo el ordenador de la perjudicada una copia de los archivos los vio con un amigo a quien se los dejo ver y le entregó, o le hizo una copia.

En los tres primeros motivos, bajo tres amparos constitucionales y de error de derecho distintos denuncia una oposición común. El tribunal no ha motivado la convicción, ni ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para conformar el relato fáctico, tanto en lo referente a la conducta del condenado no recurrente como a la del propio recurrente en orden al conocimiento de la originaria ilicitud.

Respecto a la ilicitud del descubrimiento el tribunal lo extrae del reconocimiento de los hechos por el propio acusado. Además de la convicción que extrae de la propia norma en que los hechos ocurren, pues se comienza la revelación cuando el ordenador es llevado a un taller para incorporarle una copiadora de discos. El conocimiento de esa ilicitud para las posteriores difusiones de los archivos resultan de la propia clandestinidad de la revelación realizada, transmitiéndolos en mano respecto de una persona que era conocida en el pueblo donde se desarrollan los hechos.

En este supuesto, como en los demás que analizaremos, el tribunal parte del relato de los sucesivos intervenientes en los hechos para declarar la sucesiva cadena de entregas entre los distintos acusados y condenados. La realización del acto de difusión, o de relevación típica, aparece así acreditada. En cuanto al origen ilícito resulta, en algunos casos por el círculo intimo de amistades a quien se realiza la entrega y la deducción es razonable dado que los hechos acaecen en una población pequeña y todos conocen a la perjudicada en la divulgación del archivo. El tribunal, en varios apartados de la sentencia, refiere el conocimiento del carácter secreto e íntimo de las imágenes, por su contenido, y por la clandestinidad de la conducta, se la pasan de unos a otros en un círculo de amistades que poco a poco se expande, refiriendo la sentencia su divulgación en la piscina municipal. Se llega a afirmar que uno de los condenados la difundió en el establecimiento hostelero hasta que se percibió que la protagonista de las imágenes era hija de un cliente, lo que motivó su retirada, lo que da idea de la conciencia de la antijuricidad del hecho en el que cabe no por la agresión a la intimidad, sino por el conocimiento respecto al padre. En otro apartado se refieren que se vendían copias de discos compactos.

SEXTO.- En el cuarto de los motivos se queja de la falta de motivación en la imposición de la pena. Ampara la oposición en el art., 24.1 del Código penal (LA LEY 3996/1995) , tutela judicial efectiva en los referente a la falta de motivación en orden a la reducción en un grado de la pena por la concurrencia de la atenuación por las dilaciones indebidas. Entiende que dada la entidad de las mismas la reducción debió ser en dos grados lo que no es explicado en la motivación.

La sentencia impugnada en su fundamento tercero explica la subsunción de la dilación en la atenuación del art. 22.6 del Código penal (LA LEY 3996/1995) , justificando la cualificación de la agravación, pese a que el retraso se debió a la dificultad de la pericial del equipo examinado. Justifica la reducción en un grado, dada la cualificación, en parámetros de proporcionalidad de la pena y en la gravedad del hecho delictivo, lo que permite conocer el ejercicio de la individualización que persigue la norma al exigir una específica motivación. El recurrente no discute ese ejercicio sino que entiende mas proporcional a la dilación la reducción en dos grados, lo que el tribunal, a quien compete la individualización, explica en criterios de proporcionalidad y de gravedad del hecho que son adecuados para comprender el ejercicio de la individualización realizada. El retraso aparece en la realización de la pericia que se retrasó por el volumen de trabajo del organismo oficial al que se encomendó.

RECURSO DE Sergio , Tomás Y Victorio

SÉPTIMO.- El primer recurrente ve el archivo y recibe una copia del anterior y lo suministra a un tercero, identificado quien lo admite. Posteriormente borra de su ordenador el archivo. Los otros dos lo reciben del primero, lo visionan y lo entregan, el primer al hermano, y el segundo lo proyecta en una gestoría a varias personas.

Formalizan un primer motivo por error de derecho del art. 849 de la ley procesal en el que denuncia la indebida aplicación de los arts. 131 Cp (LA LEY 3996/1995) , la prescripción, del art. 14.3 Cp (LA LEY 3996/1995) , el error de prohibición 197, la revelación de secretos.

En cuanto a la prescripción, sostiene que el procedimiento estuvo paralizado desde el 17 de octubre de 2007 a 11 de julio de 2011, desde la pericial psicológica de la denunciante hasta la pericial sobre el ordenador.

La cuestión fue alegada como cuestión previa en el juicio oral y resuelta en el primer fundamento de la sentencia en el que se relatan los hitos temporales de la investigación, las distintas incidencias que acaecieron para la realización de la pericial sobre el ordenador que lleva a la consideración de la falta de paralización de la causa durante el plazo de tres años. El recurrente no lo discute limitándose a reseñar que lo alegó. Para la desestimación nos remitimos al análisis de la sentencia impugnada.

Con respecto al error de prohibición, también es preciso la remisión al primer fundamento de la sentencia en el que se motiva sobre la inexistencia del error alegado destacando la importancia de la intimidad en nuestra cultura y cómo el archivo objeto del descubrimiento y la revelación formaba parte de la intimidad de la perjudicada que lo borró, aunque ni lo llegó a eliminar del ordenador, pues permaneció en el archivo al que se desvían los archivos borrados hasta su eliminación completa que la perjudicada pese a que quiso realizarlo no llegó a hacerlo lo que fue aprovechado por un técnico informático que lo descubrió y lo divulgó a terceros que, a su vez, lo divulgaron. En el contexto en el que se realiza la conducta, una pequeña localidad, donde todos se conocen, la realización de actos de divulgación del archivo, constituye una conducta que desde nuestro contexto cultural es tenida como afrentosa a la intimidad del sujeto perjudicado. La clandestinidad en la divulgación y el conocimiento de los implicados permite, racionalmente, descartar el error que se alega.

En cuanto a la aplicación indebida del art. 197 Cp (LA LEY 3996/1995) , sostiene que al tiempo de los hechos el archivo se encontraba en el programa e-mule y por lo tanto era de conocimiento público a partir de ese programa y podía ser intercambiado por cualquier persona.

La desestimación es procedente. Con independencia de que el programa estuviera, o no, pues el tribunal no lo declara probado, en el programa e-mule con el archivo de imágenes que se indica en el recurso, y que alguien lo instalara allí, lo cierto es que lo declarado probado es que estos tres recurrentes realizaron un acto de divulgación del archivo que incrementó la divulgación de un aspecto de la intimidad protegida por la norma penal.

Respecto a los demás apartados de la impugnación, relativos al origen ilícito del descubrimiento y del conocimiento de ese origen por los acusados, nos remitimos a cuanto hemos argumentado respecto de los otros acusados en una impugnación semejante a esta.

OCTAVO.- Denuncia en el segundo de los motivos el error en la apreciación de la prueba por no haber estimado la prescripción de los hechos ni las atenuantes de confesión y de reparación del daño.

El motivo se desestima toda vez que la vía de impugnación exige el señalamiento de un documento que evidencia el error en el hecho probado que debe resultar de un documento casacionalmente hábil para acreditar un error o un elemento fáctico relevante para la subsunción. Los recurrentes se limitan a reasignar la causa para instar una revaloración de la subsunción en los términos interesados por los recurrentes.

NOVENO.- Por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones y a la presunción de inocencia.

La desestimación es procedente pues el tribunal de instancia ha declarado efectivamente vulnerado el derecho que invoca y declarada la compensación a la lesión cualificando al atenuación por dilaciones indebidas. Con respecto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la enervación de ese derecho aparece correctamente declarado en la sentencia al partir del reconocimiento de los actos de divulgación a los que se refirió la acusación en su escrito.

RECURSO DE Juan Ignacio

DÉCIMO.- Este recurrente formaliza una oposición que articula en tres motivos que son coincidentes con los que ya hemos examinado. En el primero denuncia junto a la prescripción de los hechos, el error de prohibición que deben ser desestimados con reiteración de cuanto se ha argumentado y remisión a la fundamentación de la sentencia.

De la misma manera ha de desestimarse el error denunciado por la indebida aplicación del aret. 197.3 del Código penal. La conducta declarada probada de este recurrente, reproducirlo delante de varios amigos y proporcionarles copias acompañándoles a la casa de uno de los poseedores de una de las copias, rellena la tipicidad en el delito, máxime cuando la conducta la realiza alguien que es conocido de la perjudicada, con vínculos familiares.

El error de hecho denunciado sin determinación de los documentos acreditativos del error que se denuncia, también se desestima.

Por último la impugnación por vulneración de la presunción de inocencia decae desde la motivación de la sentencia que refleja el reconocimiento de los hechos por este recurrente y las afirmaciones de otros coimputados sobre el origen de la grabación, manifestaciones que constituyen la imputación de los hechos de la acusación.

RECURSO DE Carlos Ramón DÉCIMO PRIMERO.- Este recurrente realiza una conducta descrita en el relato fáctico probado de la sentencia. Se relata que ve la grabación y realiza numerosas copias entre personas que lo veían en la piscina municipal. La prueba parte de su reconocimiento y de los testimonios de los sucesivos adquirentes de la grabación.

Su impugnación es reiteración de otras ya analizadas. Así denuncia la falta de motivación de la sentencia, lo que se compagina mal con el relato fáctico y con la fundamentación de la sentencia de las que es posible deducir con racionalidad el fundamento de la condena y lo declarado probado correctamente subsumido en el art. 197.3 del Código penal (LA LEY 3996/1995) .

En el motivo formalizado por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, insiste en la ausencia de actividad probatoria, cuando esta resulta de las propias declaraciones de este recurrentes. En cuanto a la ilicitud del descubrimiento del secreto es un apartado fáctico que resulta de las declaraciones de la perjudicada y de los testigos que narraron la ilicitud de la obtención y resulta también de la lógica racional que deviene de la oportunidad derivada del arreglo del odrdenador. En todo caso se trata de un apartado fáctico imputado a un acusado no recurrente. Por otra parte, la características de los hehos en un pueblo pequeño y en unas circunstancias de familiaridad en gran parte de los imputados, y de clandestinidad, hacen razonable la afirmación del tribunal sobre el conocimiento de la ilicitud de la divulgación del secreto.

Por último el error de derecho por la indebida aplicación del art. 197.3 carece de una argumentación distinta de la vertida en los anteriores motivos.

RECURSO DE Jesús Luis Y Romeo

DÉCIMO SEGUNDO.- Estos recurrentes formalizan siete motivos que responden a sendas impugnaciones que han sido analizadas en las anteriores impugnaciones. Así la insuficiencia de la motivación, de la actividad probatoria, la denuncia sobre la prescripción de los hechos, el error de prohibición y el cuestionamiento por no reducir en dos grados la penalidad por las dilaciones indebidas.

La conducta de estos acusados consiste en la reproducción del archivo en la sede de protección civil, en tanto que el segundo, que conoció que el archivo estaba grabado en el ordenador de la sede de protección civil lo difundió en la piscina municipal. En la fundamentación de la sentencia destaca las declaraciones de terceras personas que vieron las grabaciones en las anteriores escenas.

En el séptimo de los motivos reproduce la alegación desde la perspectiva del error de derecho, por lo que la desestimación es procedente.

RECURSO DE Jose María

DÉCIMO TERCERO.- Este recurrente opone tres motivos sustancialmente idénticos a los que hemos examinado anteriormente y referidos a la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en referencia a la falta de motivación, a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y el error en la subsunción en el art. 197.3 del Código penal (LA LEY 3996/1995) , vigente al tiempo de los hechos. La valoración de la prueba personal, que corresponde al tribunal de instancia, es relevante para conformar la convicción y así resulta, dice la sentencia, de las propias declaraciones del acusado en la instrucción de la causa y de la declaración del coimputado Victorio . En el acta del juicio oral resulta que el recurrente reconoce que lo obtuvo del coimputado Carlos Ramón y lo dejó en el ordenador de Victorio , y así lo reconoce también Victorio .

La divulgación aparece acreditada en el relato fáctico contribuyendo a la cadena de distribución. El conocimiento del origen ilícito es un elemento que ha sido valorado por la sala de instancia y formado desde la clandestinidad de la conducta de distribución, normalmente en la piscina municipal, respecto de una joven prácticamente conocida por todos, afirmándose por varios de ellos que en el pueblo circulaban rumores sobre el origen en la tienda de informática, como el propietario de la misma declaró en el juicio, aunque creyera que no era cierto.

Los tres motivos se desestiman.

RECURSO DE Luis Andrés

DÉCIMO CUARTO.- Opone dos motivos que ampara, respectivamente, en los números 2 y 1 del art. 849 de la Ley procesal penal (LA LEY 1/1882) , sendos errores en la valoración de la prueba y en la subsunción en la norma penal.

Para la acreditación del error designa las declaraciones de otros coimputado que refieren un acto de divulgación que el propio tribunal afirma es de menor entidad que la de otros pero incursa en la tipicidad. En todo caso, las declaraciones personales de quienes comparecen en el enjuiciamiento no constituyen el documento acreditativo del error que denuncia. La subsunción es correcta desde el hecho probado, remitiéndonos a lo anteriormente argumentado.

RECURSO DE Pedro Francisco

DÉCIMO QUINTO.- Los cuatro motivos son sustancialmente idénticos a los que hemos analizado en anteriores impugnaciones. La infracción de ley por error en la valoración de la prueba, que apoya en sus propias declaraciones ante la guardia civil, y el error en la subsunción en los preceptos que invoca, arts. 197 (LA LEY 3996/1995) y 110 del Código penal , hacen procedente la desestimación de la impugnación con reiteración de cuanto hemos argumentado sobre el error de hecho y el de derecho.

RECURSO DE Agustín

DÉCIMO SEXTO.- Este recurrente opone cinco motivos sustancialmente idénticos a los examinados. En el último denuncia el error en la valoración de la prueba que apoya en la prueba pericial de la que extrae que el perito afirmó en el juicio oral que el archivo pudo no haber estado nunca en el ordenador. La pericial ha sido valorada por la sala de instancia, a quien compete esa función jurisdiccional, y desde su lectura, folios 561, el tribunal afirma la correspondencia de la misma con las declaraciones de la perjudicada en el hecho sobre el borrado de las imágenes en la papelera de reciclaje del ordenador.

La pericial en el caso no acredita un hecho distinto del declarado probado.

Los restantes motivos son reproducción de los analizados con anterioridad sobre la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y los errores en la subsunción a los que nos remitimos para la desestimación.

En cuanto al derecho a la presunción de inocencia, sus declaraciones en el juicio oral evidencian la realización de la conducta típica. Admite el conocimiento del contenido del disco, imágenes de una chica del pueblo, y su exhibición al menos dos veces en presencia de varias personas en la cocina des establecimiento hostelero que regenta. Dejo de realizarlo cuando supo que era la hija de un cliente, lo que indica la clandestinidad y el conocimiento de la antijuiridicidad de su conducta.

Los motivos se desestiman.