Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigésima
c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 7 - 28035
Tfno.: 914933881
37007740
N.I.G.: 28.106.00.2-2019/0005083
Recurso de Apelación 436/2020
O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 03 de Parla
Autos de Procedimiento Ordinario 523/2019
APELANTE: D./Dña. Germán
PROCURADOR D./Dña. JUAN LUIS VALGAÑON GOMEZ
APELADO: C.P. CALLE000 NUM000 DE PARLA
PROCURADOR D./Dña. SILVIA GARCIA LOPEZ
SENTENCIA
TRIBUNAL QUE LO DICTA:
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON
D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA
En Madrid, a veintitrés de octubre de dos mil veinte.
La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 523/2019 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 03 de Parla a instancia de D. Germán apelante - demandante, representado por el Procurador D. JUAN LUIS VALGAÑON GOMEZ contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 NUM000 DE PARLA apelada - demandada, representada por la Procuradora Dña. SILVIA GARCIA LOPEZ; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 13/03/2020.
VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 03 de Parla se dictó Sentencia de fecha 13/03/2020, cuyo fallo es el tenor siguiente: "Que en la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Germán, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000 Nº NUM000 hago los siguientes pronunciamientos:
Primero.- Se desestima la demanda.
Segundo.-Se imponen las costas a la parte actora.".
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Sólo se aceptan los fundamentos de la resolución apelada en aquello que no se opongan a los de la presente, debiendo sustituirse en lo que sea necesario.
PRIMERO.- En las presentes actuaciones
el propietario de una vivienda integrada en la Comunidad de Propietarios, solicita se declare la nulidad del acuerdo adoptado en la Junta General extraordinaria celebrada el 4 de abril de 2019, en la que se acordaba que "toda vez que varios vecinos adeudan cuotas de comunidad y no harán frente a las cuotas extraordinarias para la instalación del ascensor, convienen los vecinos por unanimidad que se posponga la instalación del ascensor, hasta que paguen los propietarios con cuotas pendientes...". Sustenta la nulidad del mismo, en que aprobado por unanimidad el presupuesto aportado por la entidad EXCELSIOR para la instalación del ascensor en Junta de la Comunidad de propietarios de fecha 29 de enero de 2019, así como la contribución a realizar por cada propietario, en la Junta celebrada el día 4 de abril se adoptó el acuerdo impugnado, sin figurar en el orden del día la adopción del mismo, en cuanto suponía anular el acuerdo adoptado previamente. Por otro lado, sostiene que es nulo por serle gravemente perjudicial, al ser persona de avanzada edad que necesita el ascensor para acceder a la vivienda y ser también perjudicial para los intereses de Comunidad, al posibilitarse con ello que la empresa a la que se había adjudicado la instalación del ascensor, reclame ser indemnizada por los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la resolución del contrato que conllevaba el acuerdo y que como miembro de la comunidad se le pudieran repercutir.
La Comunidad demandada se opuso a dicha pretensiones. Sostiene, por un lado que el acuerdo no revocaba el anterior, sino que posponía su ejecución y por otro, que el demandante no denunció el acuerdo en la Junta celebrada el 4 de abril, ni votó en contra del mismo, mostrando su oposición tan sólo mediante comunicación dirigida a la administración el 24 de abril, razón por la cual se celebró nueva Junta el 7 de mayo de 2019, en la que se acordó por mayoría y con el voto en contra del demandante, posponer la instalación del ascensor hasta que se efectuara el pago de las cuotas comunitarias pendientes que tenían algunos propietarios, acuerdo que se adoptó con conocimiento de las consecuencias económicas que de ello pudieran derivarse, sin que éste acuerdo haya sido impugnado, por lo que las posibles defectos de la Junta del día 4 de abril quedaron subsanados y convalidados. Niega también que el acuerdo causara perjuicio al demandante, en cuanto su contenido afecta por igual a todos los integrantes de la comunidad y no se ha materializado daño alguno a la entidad instaladora, que sólo había presentado un presupuesto
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Rechaza en primer lugar las alegaciones formuladas por la parte demandante en el acto de la Audiencia previa, referidas a la necesidad de contar el presidente de la Comunidad demandada, con autorización de la Junta para contestar la demanda. En segundo lugar, considera que el demandante se encuentra legitimado activamente para impugnar el acuerdo, en cuanto se ha acreditado que mostró su voluntad de votar en contra y de impugnar el acuerdo adoptado en la Junta de fecha 4 de abril y considerando que el acuerdo adoptado no figuraba en el orden del día, apreció que el acuerdo impugnado era nulo y contrario a lo dispuesto en los artículos 16.2 y 17 de la LPH, por cuanto el orden del día de la citada Junta no cumplía los requisitos exigidos en el primero de los artículos citados. No obstante, al haberse celebrado posteriormente la Junta de fecha 7 de mayo de 2019, en la que se aprobó, con el voto en contra del demandante, posponer la instalación del ascensor hasta que paguen los propietarios las cuotas pendientes, teniendo en cuenta que lo acordado en esta Junta no vulnera ninguna norma de carácter público o procesal y por tanto lo acordado en ésta no sería nulo de pleno derecho, sino en todo caso anulable, dado que esta Junta del 7 de mayo no ha sido impugnada, concluye que mediante la misma, el acuerdo de 4 de abril quedó convalidado y en consecuencia desestimó la demanda.
Frente a dicha resolución
interpuso recurso de apelación el demandante. Reitera las alegaciones a cerca de no considerar legitimado al Presidente de la Comunidad, en cuanto entiende que la autorización previa de la Comunidad debe serlo tanto para ejercitar acciones, como para oponerse a las ejercitadas contra la comunidad y discrepa por otro lado de la conclusión que se obtiene en la sentencia apelada de haber quedado convalidadas todas las deficiencias apreciadas en la convocatoria de la Junta del 4 de abril, por lo acordado en la Junta del día siete de mayo siguiente. Denuncia por otro lado, que no se analice en la sentencia, los perjuicios que para él y para la comunidad se derivan del acuerdo adoptado en la Junta de 4 de abril.
La Comunidad demandada se opuso a dicho recurso, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.
SEGUNDO.- Planteada en tales términos la cuestión en esta alzada y examinado lo actuado en primera instancia,
no compartimos la decisión adoptada por la juzgadora de instancia, lo que permite anticipar que el recurso se va a estimar, en base a lo siguiente:
El primer motivo de impugnación referido a la legitimación del Presidente para contestar la demanda, por no contar para ello con la autorización de la Comunidad debe rechazarse, tal como lo fue en primera instancia y por las razones que al respecto se hacen en la sentencia apelada, pues como en ella se indica, debe diferenciarse entre la legitimación ad causam, que le corresponde a la Comunidad y así se le atribuye por el demandante y la representación de la misma, que legalmente la tiene atribuida el Presidente.
Estando por tanto, legitimada pasivamente la Comunidad para soportar el ejercicio de la acción entablada en su contra, la comparecencia en juicio de la Comunidad ha de serlo mediante el Presidente, que es quien tiene la obligación de representarla, por así venirle impuesto por Ley. No siendo dicha comparecencia en representación de la Comunidad facultativa o dependiente de su voluntad, no precisa para ello autorización previa de la Comunidad, pues la misma le viene otorgada por su nombramiento; de manera que la correcta intervención de éste se contrae a un problema de acreditación de dicha representación y ésta ha quedado acreditada en las actuaciones, sin que para ello sea preciso autorización expresa, a diferencia de lo que ocurre para el ejercicio de acciones, para lo que se exige, como requisito de procedibilidad, acreditar que cuenta con la autorización de la Comunidad.
TERCERO.- Los motivos de impugnación segundo y tercero del recurso deben tener favorable acogida.
Compartimos y entendemos acertado el análisis y argumentación que se realiza en la sentencia apelada
respecto de la convocatoria y orden del día de la Junta celebrada el 4 de abril de 2019, por cuanto de lo reflejado en el punto 1º del mismo, que se refería expresamente a otorgar poderes a la empresa a la que se había adjudicado la instalación del ascensor para gestionarla frente las administraciones públicas, no puede deducirse de manera lógica ni razonable que en ello se pudiera entender incluido la decisión de posponer sine día y a expensas de la contribución que de los gastos que a esos copropietarios se la habían asignado, por la instalación del ascensor, llegaran a realizar. Si como se concluye en la sentencia de primera instancia, ello vulnera lo establecido en el artículo 16.2 y 17 LPH, la consecuencia a extraer de ello no puede ser otra que la de declarar la nulidad de dicho acuerdo, tal como se hace inicialmente, en la sentencia.
Si bien lo indicado comportaría por sí solo la nulidad del acuerdo adoptado en la Junta del día 4 de abril de 2019, la misma se derivaría también del hecho de que el acuerdo aquí impugnado, sí origina al demandante un grave perjuicio, que entendemos se produce, no tanto por la eventual responsabilidad que pudieran derivarse para la Comunidad de la rescisión de la relación contractual concertada con la empresa instaladora del ascensor, sino por el perjuicio personal que se le causa por el hecho de verse privado de la utilización de un servicio que ha de entenderse de primera necesidad, en cuanto es necesario para una adecuada accesibilidad al inmueble, cuya instalación había sido ya aprobada por la Comunidad y cuya postergación, viene a dejarlo en la práctica sin efecto. Dicha decisión no puede entenderse justificada, por el hecho de que determinados vecinos se encuentren en situación de morosidad en el pago de cuotas comunitarias y como consecuencia de ello, el resto de los vecinos no acepten tener que soportar los pagos que corresponde asumir a los morosos, por cuanto la ley otorga medios suficientes a la comunidad para hacer cumplir las obligaciones de tales morosos y reclamarles las cantidades adeudadas, sin que tengan que soportar los pagos que a ellos corresponde, el resto de los vecinos.
CUARTO.- Sentado lo anterior, no compartimos el análisis que se hace a continuación respecto de la convalidación que se entiende se ha producido de dicho acuerdo nulo, por el acuerdo adoptado en la Junta de 7 de mayo siguiente, por cuanto teniendo cada acuerdo comunitario sustantividad propia, el acuerdo que constituye objeto de este procedimiento es el de fecha 4 de abril, no el de 7 de mayo, por cuanto lo acordado en ésta, podrá ser o no aceptado y en definitiva se encuentra sujeto al régimen de impugnación y ejecutividad que establece la LPH, para cada acuerdo comunitario, pero no podrá otorgar validez a un acuerdo incurso en causa de nulidad, cuando ésta existía y así se aprecia en la sentencia objeto de este recurso y aquí se ratifica. Si el funcionamiento propio de la vida comunitaria permite adoptar sucesivamente acuerdos sobre las mismas materias y cada uno de ellos se encuentra sometido a un régimen de adopción e impugnación propio, la validez o nulidad de cada uno de ellos ha de ser analizada de manera separada también.
Por otro lado, declarada la nulidad de un acto anulable, los efectos de dicha declaración se retrotraen al momento en que se realizó el acto nulo y en consecuencia, es contradictorio e incompatible la declaración de nulidad con la convalidación posterior de dicho acuerdo, pues si bien el acto anulable es susceptible de ser convalidado, tal situación se produce, bien porque quien está facultado para pedirla lo consienta, tácitamente por no impugnarlo en el plazo legalmente establecido o expresamente, por aceptarlo claramente y ninguna de dichas situaciones se han producido en este caso, en el que como se indica en la sentencia apelada, el demandante mostró su oposición al acuerdo de 4 de abril, que es el que aquí se impugna y esta impugnación se hizo en tiempo y forma, según indica también la sentencia.
En consecuencia, el acuerdo de 7 de mayo no constituye objeto de este procedimiento y por tanto nada procede acordar respecto de su validez en esta resolución, dado que es la propia Comunidad demandada la que introduce el mismo en este procedimiento, pero sin formular pretensión alguna referida al mismo, sino sólo la desestimación de la demanda en la que sólo se postulaba la nulidad del concreto acuerdo adoptado en la Junta de 4 de abril y tal como se concluye en la sentencia de primera instancia, y ahora se ratifica, los motivos para declararla existen y no son susceptibles de convalidación, sin perjuicio o al margen de lo que pudiera acortar la Comunidad en el devenir de la vida comunitaria en acuerdos posteriores.
QUINTO.- Procediendo a la luz de lo indicado estimar el recurso, la sentencia de primera instancia debe ser revocada y estimarse la demanda inicial, declarando la nulidad del acuerdo adoptado como primero en la Junta celebrada el 4 de abril de 2019, tal como se interesa en la demanda que dio inicio a las presentes actuaciones.
En cuanto a las costas procesales, las causadas en primera instancia se imponen a la parte demandada, sin que proceda formular pronunciamiento de condena respecto de las causadas en esta segunda por el recurso de apelación interpuesto y ello en aplicación de lo establecido en los artículos 394.1 (LA LEY 58/2000) y 398.2 de la LEC. (LA LEY 58/2000)
La estimación del recurso conlleva también la devolución del depósito constituido para recurrir ante el juzgado de primera instancia, conforme señala la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ (LA LEY 1694/1985).
Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.
FALLAMOS
SE ESTIMA EL RECURSO de apelación interpuesto por la representación procesal de DON Germán frente a la sentencia de fecha 13 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 3 de los de Parla, en los autos de procedimiento ordinario nº 523/2019, la cual SE REVOCA y en su consecuencia
SE ESTIMA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE DON Germán CONTRA LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000 Nº NUM000 DE PARLA declarando la nulidad del acuerdos adoptados en la junta de propietarios de la comunidad demandada de fecha 4 de abril de 2019, por el que se acordaba posponer la instalación del ascensor hasta que paguen los propietarios con cuotas pendientes.
SE CONDENA A LA COMUNIDAD DEMANDADA A ESTAR Y PASAR POR LA ANTERIOR DECLARACIÓN, QUEDANDO DICHO ACUERDO SIN EFECTO ALGUNO.
SE IMPONEN LAS COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA A LA COMUNIDAD DEMANDADA
Todo ello sin imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante y con devolución del depósito constituido para recurrir.
MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 (LA LEY 58/2000) y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J. (LA LEY 1694/1985), establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009), sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).
Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el nº 2838 en la sucursal 6114 del Banco de Santander sita en la calle Ferraz nº 43 de Madrid.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (LA LEY 6637/2016), se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.