ANTECEDENTES DE HECHO
PRI MERO.-
Según consta en autos, por D. Fabio, se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social nº uno de Logroño, contra INDUSTRIAS AEDO, S.A. y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en reclamación de DESPIDO.
SEG UNDO.-
Celebrado el correspondiente juicio, con fecha 20 de ENERO DE 2020, recayó sentencia cuyos hechos declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:
"HECHOS PROBADOS:
PRIMERO. D. Fabio ha venido prestando servicios para la empresa INDUSTRIAS AEDO, S.A., dedicada a la actividad de industrias del calzado, con antigüedad reconocida desde el 13 de diciembre de 1.989, con la categoría profesional de nivel 5, con un salario diario bruto de 84'3 euros/diarios, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias; en virtud de contrato de trabajo indefinido, a tiempo completo.
SEGUNDO. El actor no es delegado sindical y no ostenta representación alguna de los trabajadores.
TERCERO. Con fecha 7. 09. 2018 se celebró Junta General y Extraordinaria de socios de la demandada INDUSTRIAS AEDO S. A. en la que se adoptó Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.
CUARTO. La empresa presentó ante la autoridad laboral en fecha de 14. 09. 2018 comunicación de Expediente de Regulación de Empleo por el que pretendía extinguir los contratos de toda su plantilla (30 trabajadores, entre ellos el demandante: 29 y el administrador, D. Íñigo) por cese de actividad. Acompañaba a esa solicitud Acta notarial de Junta que acordó la disolución de la sociedad, memoria explicativa que señalaba esa disolución y extinción de la sociedad como causa para la extinción de las relaciones laborales y listado de trabajadores afectados.
(Acta que remitieron vía email ese 14. 09. 2018 a las 21:08 horas, habiéndola recibido de la Notario actuante también por esa vía y a las 20:23 de ese mismo día)
Con esa misma fecha había remitido comunicación individual a los trabajadores afectados, sobre el inicio del procedimiento y para constitución por su parte de Comisión Negociadora con la que desarrollar el preceptivo período de consultas.
Requerida de subsanación la empresa para aportar nueva documentación, contestó representante de la empresa vía email el 18. 09. 2018 indicando la remisión previa y también por esa vía del Acta notarial mencionada y, tan pronto tuvieran noticia de los trabajadores designados para conformar la Comisión Negociadora, daría traslado de sus integrantes, calendario de reuniones y resultado.
(Informaban en esa misma comunicación de haber concedido en esa fecha y por indicación de Inspección, permiso retribuido a toda la plantilla)
Mediante escrito de 5. 11. 2018 la empresa informó a la autoridad laboral del resultado del período de consultas, finalizado SIN ACUERDO, adjuntando las actas de las diversas reuniones (siendo la última del 31. 10. 2018), así como haber procedido a la extinción de todas las relaciones laborales con efectos del 16. 11. 2018, acompañando listado de trabajadores afectados especificando los mayores de 55 años y, de estos, los afectados por el Convenio a suscribir con la SS.
Por la Inspección de Trabajo en fecha 5. 11. 2018 se emitió informe relativo a este expediente, cuyo contenido se da por reproducido (folios 311 y ss).
QUINTO. La empresa carece de representación de trabajadores.
Los trabajadores de la empresa demandada se reunieron el 25. 09. 2018 para designación de Comisión Negociadora que, previa votación, quedó conformada por Dña. Luz, Dña. Montserrat y Dña. Marisol, todas ellas afiliadas de UGT y delegaron en asesores de ese Sindicato para todo tipo de acciones relativas a ese proceso; designación e intervención de asesor que comunicaron a la empresa vía burofax remitido el 26. 09. 2018 del que ésta acusó recibo mediante escrito de 28. 09. 2018 en el que señalaba como primera fecha de reunión la de 1. 10. 2018.
Previamente, por la autoridad laboral se había autorizado ampliación del período de consultas que, atendiendo a la fecha de comunicación, debía haber terminado el 28 de septiembre.
Con fecha 2. 10. 2018 se celebró finalmente la primera reunión para negociar la extinción de contratos. A la misma y como representantes de los trabajadores comparecieron D. Remigio, Dña. Luz, Dña. Montserrat y Dña. Marisol; en representación el primero de 8 trabajadores (Dña. Santiaga, Dña. Soledad, Dña. Tatiana, D. Jesús Jose Ramón, Dña. Marí Luz, Dña. Soledad, Dña. Alicia, Dña. Antonia y D. Adrian) y, las otras tres, de 21. Intervino también en asistencia de estas últimas el asesor sindical D. Andrés. En esa reunión y por el Sr. Remigio se cuestionó la válida designación de la Comisión negociadora en relación a la convocatoria de asamblea celebrada al efecto, aceptando esta parte celebrar nueva asamblea para legitimar a la comisión.
(Del desarrollo de esta primera reunión, adjuntando copia del Acta, se dio traslado a la inspectora actuante y por parte del letrado de la empresa y vía email ese mismo 2. 10. 2018).
Convocada nueva reunión para el 9. 10. 2018, finalmente se celebró el día 10 (consta comunicación previa del letrado de la mercantil Sr. Barinaga, quien no estuvo presente en la reunión del día 2, de su imposible asistencia el día 9 por motivos profesionales en la que conminaba a la representación social aclarar el asunto de nombramiento de la Comisión, revisaran las antigüedades y acudieran con alguna propuesta). En la misma y en representación de los trabajadores comparecieron únicamente las tres integrantes de la Comisión negociadora designada y su asesor sindical (el 4 de octubre se habría celebrado nueva Asamblea que ratificó su nombramiento).
Por las partes y en reunión del 19. 10. 2018 se acordó prorrogar el período de consultas hasta el 31 de octubre en aras a llegar a un acuerdo.
Con fecha 25. 11. 2018 se celebró que fue reunión que fue la última, con el resultado de SIN ACUERDO.
A lo largo de estas reuniones la empresa informó en respuesta a los requerimientos de ulterior información contable por parte de los trabajadores que las cuentas de 2016 estaban impugnadas y pendientes de nueva formulación y, pendientes de auditar, las de 2017, insistiendo en que la causa de extinción de los contratos de trabajo era la disolución de la sociedad por desavenencias entre socios y no obedecía a causas económicas ni productivas. Ante esta circunstancia y por la representación de los trabajadores se solicitaron mejoras en la indemnización, mejora que la empresa ofertó en 21 días de salario por año trabajado y fue rechazada por los trabajadores, considerando inasumible la pretendida de 38 hasta 2012 y 33 en adelante que planteó la representación social, atendidos los gastos que con motivo de la disolución y ulterior liquidación de la sociedad debían afrontar.
En esta negociación la parte social solicitó el reconocimiento de antigüedades correspondiente a servicios para otra empresa (AMANDA Y HEREDEROS S.L.) que la parte empresarial aceptó.
Por la empresa se informó de haberle sido planteado por algunos trabajadores su conformidad a salir de la empresa con indemnización de 20 días para seguir actividad laboral en la otra empresa, a lo que la comisión negociadora se negó, aceptando la posibilidad de dar salida a los trabajadores mayores de 55 años, especialmente afectados para caso de entrar la empresa en un proceso concursal.
Durante estas negociaciones dos trabajadores fijos-discontinuos (D. Gaspar y Dña. Montserrat) presentaron el 22. 10. 2018 papeleta de conciliación por despido, celebrándose el correspondiente acto el 30. 10. 2018 con el resultado de SIN AVENENCIA.
SEXTO. Con fecha 2. 11. 2018 la empresa remitió al trabajador demandante burofax en comunicación de su despido, siendo su tenor literal el que sigue:
" En Cervera a 31 de Octubre de 2018. Muy Sr. Mío:
Por medio de la presente, la Dirección de esta empresa, tras la finalización, sin acuerdo, del ERE de Extinción aperturado para la totalidad de la plantilla de INDUSTRIAS AEDO S. A. le comunica que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 51 (LA LEY 16117/2015)
y
53 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)
, y como culminación del proceso de Despido Colectivo, ha adoptado la decisión de extinguir su contrato de trabajo por extinción de la personalidad jurídica, y ello con efectos de 16 de Noviembre actual.
Como ya se informó y trató con la Comisión Negociadora que le representó en el ERE de Extinción aludido, con fecha 7 de septiembre se acordó en junta de Accionistas de Industrias Aedo S. A. la disolución y liquidación de la sociedad, decisión ésta tomada por los accionistas como consecuencia de las constantes disputas accionarias, entre accionistas que son a su vez familia, dispuestas éstas prolongadas en el tiempo, especialmente en los últimos meses, que han implicado, por un lado, tanto la imposibilidad de poder gestionar adecuadamente la Empresa, ante la constante amenaza de acciones judiciales, como, por otro lado, ha repercutido muy negativamente en la imagen que en el mercado se tiene de Industrias Aedo S. A. , proyectando en el mismo una imagen de problemas en la sociedad que ha implicado una desconfianza por parte del mercado, no realizándose a la empresa pedidos, y terminando por dejar incluso sin trabajo y pedidos a la empresa, algo que fue incluso detectado y constatado por la Inspección de Trabajo.
Bajo la anterior situación, y ante la imposibilidad de alcanzar otr tipo de acuerdos entre los accionistas, se tuvo que adoptar la decisión de Disolver y Liquidar la sociedad, algo que por parte de los accionistas mayoritarios se hubiese deseado realizar ya en el mes de Agosto, pero no fue posible al negarse los accionistas minoritarios a efectuar Junta Universal al efecto.
Aperturado el ERE de Extinción se ha intentado en todo momento por la Empresa alcanzar un Acuerdo con la Comisión Negociadora designada por Vd, habiéndose sido muy flexible en la asunción de antigüedades, en la determinación de la Base de Cotización (cogiéndose siempre y en todos los casos la más alta para cada trabajador), siéndose flexible igualmente en la problemática tenida por los trabajadores en la designación de la Comisión (al existir inicialmente dos representantes diferentes), siendo igualmente comprensivo y flexible en los plazos, y mejorando la indemnización legalmente establecida en estas situaciones de 20 días hasta los 22 días ofrecidos en última instancia.
Lamentablemente, no se ha alcanzado el acuerdo deseado por la Empresa, no obstante lo cual se debe proceder a la extinción de la relación laboral.
Como se ha señalado, para este tipo de situaciones la Ley establece una indemnización de 20 días por año trabajado, prorrateándose los períodos inferiores, con un máximo de 12 mensualidades, correspondiéndole a Vd. la indemnización de 33.387'82 €; la cual le es abonada en este mismo acto de la misma forma a como en su día se le abonaba la nómina.
Se quiere igualmente por la Empresa, dejar constancia en esta carta de las razones que le han impedido poder efectuar más mejora de los 22 días, y en este sentido, y de la misma forma a como se trató y explicó en el ERE a su Comisión Negociadora, encontrándose la empresa en un proceso de Disolución y Liquidación, la ley establece un plazo de 1 año como norma general para acometer dicho proceso, proceso en el que es preciso realizar los activos integrados en la empresa.
Los costes fijos a los que necesariamente deben hacerse frente en este proceso de liquidación ascienden a 111.532 €; (costes que fueron detallados y explicados a la Comisión Negociadora); por su parte la Tesorería actual de la Empresa es de 611. 819'83 €; y el coste total de las Indemnizaciones a abonar a toda la plantilla a 22 días es de 568.878'07 €, a dicho coste debe adicionarse el coste de las cotizaciones de los mayores de 55 años afectados por la normativa aplicable, coste que conforme a la información facilitada por la Seguridad Social asciende a unos 30.000 € aproximadamente, y a lo anterior debe sumarse igualmente los finiquitos a abonar.
Bajo la anterior realidad, es sencillamente imposible poder efectuar más mejoras de las ya realizadas, y ello aun cuando el deseo de la Empresa era ese; pero de hacerlo se incumpliría con otras obligaciones legales que también deben cumplirse.
En consecuencia con lo anterior, la relación laboral queda extinguida el día 16 de Noviembre, procediéndose a abonarle la indemnización indicada.
Le rogamos firme el presente escrito a los efectos de recibí y constancia".
Con esa misma fecha (2. 11. 2018) ordenó transferencia a su favor por importe de 33. 387'82 €.
Idénticas comunicaciones y en la misma fecha remitió al resto de trabajadores.
SÉPTIMO. La empresa ha suscrito Convenio con la Seguridad Social con efectos del 28. 12. 2018 y en beneficio de los siguientes trabajadores: Salvadora, Tania y D. Nazario.
OCTAVO. La demandada INDUSTRIAS AEDO S. A. se constituyó mediante escritura de 10. 01. 1989 y por los hermanos D. Octavio y Dª María Teresa y sus respectivos cónyuges, Dña. Adolfina y D. Romulo). EL objeto social de la empresa es la explotación de una industria de fabricación, compra y venta de calzados y sus derivados y de cualesquiera otras actividades relacionadas con el mercado de calzado, modas, pieles, complementos o similares.
La demandada AMANDA Y HEREDEROS S. L. (antes denominada OLIVEDO Y ASOCIADOS S. L.) se constituyó mediante escritura de 17. 07. 1997 por los hermanos Octavio y sus cónyuges, siendo su objeto social la explotación de industrias de fabricación, compraventa y comercialización de calzados, pieles, complementos y derivados.
Ambas empresas tenían a su constitución su domicilio social en Cervera del Río Alhama, en C/ Maravillas 12 I. AEDO, que ésta mantiene (el de AMANDA Y HEREDEROS se trasladó a Polígono La Rata nº 5-B). El administrador único designado en ambas es el también socio D. Octavio (pendiente de inscripción en el RM su último nombramiento como tal en INDUSTRIAS AEDO por Acuerdo de Abril 18).
Los socios son titulares en idéntica proporción de las participaciones de ambas: 51% el matrimonio conformado por D. Íñigo y Dña. Tatiana y 49% por el que conforman D. Carlos y Dña. Santiaga.
NOVENO. Con fecha 15. 02. 2018 y por el Letrado D. Javier Zoco Pérez, actuando en nombre y representación de D. Carlos y su esposa Dña. Noelia, denuncia penal contra D. Íñigo, Dña. Tatiana, Dña. Santiaga y Dña. Marí Luz, por presunta infracción penal de delito contra la hacienda pública, falsedad documental y delito societario, cuyo contenido se da por reproducido (documento nº 8 del ramo de prueba del demandante), cuyo conocimiento ha correspondido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calahorrra, que en fecha 14. 03. 2018 incoó procedimiento de Diligencias previas 115/18 actualmente en curso.
DÉCIMO. Con fecha 31. 07. 2018 el Sr. Íñigo convocó Junta General extraordinaria en ambas sociedades, a celebrar el 3. 09. 2018, con el siguiente orden del día:
1) Exposición y análisis de la situación económica, comercial y societaria actual de Industrias Aedo S. A. /Amanda y Herederos S. L.
2) Adopción de decisiones a nivel societario, incluida en su caso la posible disolución y liquidación de la sociedad.
A solicitud de los socios Sr. Fabio y Sra. Marí Luz se amplió este orden del día a los siguientes puntos:
1. Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017; censura de la gestión social y aplicación del resultado.
2. Examen de la totalidad de los expedientes sancionadores recaídos a la sociedad por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), en especial de los expedientes sancionadores recaídos como consecuencia de la utilización de la cuenta cuya titularidad pertenecía a la madre del administrador único; explicación y detalle del acumulado de dicha cuenta bancaria; importes detallados de las sanciones recaídas, justificantes de pago de las sanciones habidas; detalle de las cuentas bancarias a través de las que se abonaron; justificantes de los reintegros realizados de la cuenta de la madre con detalle de las personas que los realizaron, de la cuenta bancaria en cuestión de la que era titular Dña. Delia y detalle de todas las cantidades y fechas de la devolución de las cantidades desviadas a esa cuenta a las cuentas de la sociedad. Explotación de por qué razón en las memorias de las Cuentas Anuales no se informa sobre esos acontecimientos y su posible repercusión económica.
3. Examen del detalle de todas las ventas realizadas en los ejercicios de 2016, 2017 y lo que llevamos del 2018 al comercio de Tudela propiedad de Dña. Esperanza, con domicilio en Plaza Sancho el Fuerte 14 de Tudela (Navarra) y al comercio de Madrid denominado California Project o similar, sito en la calle Teniente Ruiz 13, CP 28805 de Alcalá de Henares.
4. Examen de todas las operaciones realizadas por la sociedad desde el ejercicio de 2013 hasta la actualidad detallando importes, fechas y conceptos, y/o razón de las operaciones vinculadas.
5. A la vista de las manifestaciones realizadas por la representante del Administrador de la sociedad Dña. Marina, examen detallado de todas las retribuciones percibidas por cualquier concepto por parte del Administrador único de la sociedad en los ejercicios de 2013 y hasta la actualidad, detallando importes, conceptos, fechas.
6. Examen detallado de todas las inversiones realizadas por la sociedad tanto en activos financieros (fondos, depósitos, sicav, estructurados, acciones, etc.) como en inmuebles desde los ejercicios de 2013 hasta la actualidad, detallando cantidades invertidas, fechas, entidades o bienes donde se realizó la inversión, intereses percibidos, y toda información sustancial sobre las mismas.
7. Examen detallado de todas las peticiones de encargos que han sido rechazados y que se han negado a fabricar, informando el administrador de la razón de ese extraño proceder.
8. Examen detallado de todos los estadillos de cobros en efectivo que le han sido remitidos a la asesoría de D. Pedro Enrique desde el año 2013 hasta la actualidad, informando la persona o personas de las empresa encargada de cumplimentarlos y de remitirlos.
9. Examen de todas las regularizaciones realizadas o pendientes de realizar con motivo delas contabilidades paralelas y opacas llevadas por la sociedad, detalladas en la reunión habida en fecha de 11 de septiembre de 2017, tanto con la Hacienda pública como con la tesorería de la Seguridad Social, si es el caso.
10. Examen de todos los gastos e ingresos no oficiales de los detallados por D. Pedro Enrique en la reunión de fecha 11 de septiembre de 2017 de los cuadros resúmenes que entregó a esta parte y cuya realidad reconoció ante el juzgado de Instrucción de Calahorra y que se correspondían a los ejercicios de 2015, 2016 y parte del año 2017.
11. Examen de todos los derechos de marcas, patentes, nombres comerciales, logos que posea la sociedad, especificando y detallando cada uno de ellos.
12. Examen de todos los contratos, hojas de encargo, suscritos desde el año 2010 hasta la actualidad con el despacho profesional "SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S. A. P.", así como relación de todos los trabajos realizados y los importes facturados por dichos trabajos. En especial los relacionados con los trámites de las Inspecciones de a hacienda Pública y los trabajos contratados por la sociedad en los ejercicios 2017 y de 2018.
13. Examen detallado del valor patrimonial de la sociedad a fecha de 31 de enero de 2013, a fecha de 31 de enero de 2014, a fecha de 31 de enero de 2015, a fecha de 31 de enero de 2016, a fecha de 31 de enero de 2017 y a fecha de 31 de julio de 2018.
14. Examen detallado de todos los trabajadores de la sociedad, la antigüedad de los mismos, los salarios de cada uno de ellos y el coste de cada uno de ellos en el supuesto de un despido improcedente a fecha de 31 de septiembre de 2018.
15. Examen detallado de las funciones que realizan o han realizado en la empresa las hermanas Santiaga, Tatiana y Marí Luz, antigüedad y salarios de las mismas, así como las funciones que realizan o han realizado con anterioridad las empleadas Dña. Dña. Alicia y Dña. Soledad, en especial todas aquellas relacionadas con la llevanza de la contabilidad, confección de facturas, albaranes, estadillos de ventas, recogidas del dinero en efectivo de las ventas.
16. Examen de todos los cobros y pagos realizados desde el año 2011 hasta la actualidad a Dña. Amanda con sus fechas y conceptos.
17. Examen de todos los pagos y dividendos realizados por la sociedad a los accionistas desde el año 2010 hasta la actualidad.
En ambos casos se sometió a votación Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad que se aprobó con votos a favor del 51% de su accionariado, designándose como liquidador a su administrador único, Sr. Íñigo.
UNDÉCIMO. En el ejercicio 2015 ambas sociedades tuvieron un resultado positivo (de 193.313'01 € el de INDUSTRIAS AEDO S.A. y 22.125'02 € el de AMANDA Y HEREDEROS), conforme a los que abonaron el impuesto de sociedades correspondiente.
El saldo conforme al que abonaron ese impuesto en 2016 fue negativo en el caso de la primera (pérdidas por valor de 161.799'26 €) y positivo en el de la segunda (20. 987'85 € de beneficios).
Las cuentas de 2016 de AMANDA Y HEREDEROS fueron impugnadas judicialmente por el matrimonio Carlos- Noelia, dictándose por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño de lo Mercantil (autos 46/18) y en fecha 3.09.2018 Sentencia estimatoria parcial de su demanda que obliga a su nueva formulación.
DUODÉCIMO. Las cuentas anuales formuladas por INDUSTRIAS AEDO en relación al ejercicio 2017 arrojan un resultado positivo de 85.550'65 €. Las mismas han sido auditadas por encargo del Registro Mercantil de La Rioja por auditor independiente que ha emitido informe a 8.01.2019 con opinión desfavorable en base a los siguientes fundamentos:
1. El administrador de la entidad ha formulado las cuentas aplicando el criterio de empresa en funcionamiento, constando el inicio en octubre18 de consultas para extinción de todas las relaciones laborales por disolución de la sociedad acordado en Junta de 7. 09. 2018 por lo que el principio de formulación aplicado no sería adecuado.
2. Los saldos con clientes por importe de 135. 051?26 € en balance a 31. 12. 2017 considerados de difícil cobro no han registrado la corrección por deterioro de valor correspondiente por lo que los saldos de los epígrafes otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias están infravalorados.
3. La sociedad no ha registrado durante el ejercicio y anteriores los gastos relacionados con varios de sus proveedores y acreedores por importe conjunto de 95.100'75 € a 31.12.2017 por lo que el epígrafe de aprovisionamientos y otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias estaría infravalorado.
4. La sociedad ha incurrido en su memoria en ciertos errores y/o omisiones.
5. Debido a su nombramiento como auditores con posterioridad al 31.12.2017 no habrían asistido al recuento físico de las existencias a 31.12.2017 ni satisfacernos en cuanto a las cantidades existentes al cierre del ejercicio mediante la aplicación de procedimientos alternativos de auditoría.
6. La entidad no ha facilitado documentación soporte para validar la razonabilidad de los epígrafes de subvenciones, donaciones y legados recibidos del balance de pymes adjunto por importe de 176.959'41 €.
Las de AMANDA Y HEREDEROS de este mismo ejercicio arrojan también un resultado positivo de 52.832'32 €. El informe del auditor independiente designado al efecto por el Registro Mercantil emitió el 18.02.2019 informe con una única salvedad, concerniente a la imposible asistencia al inventario físico de existencias a 31.12.2017 por ser su designación posterior.
Ambas empresas se encuentran actualmente en liquidación.
DECIMOTERCERO. En su condición de liquidador el Sr. Íñigo ha trasladado a los socios inventario y balances contables del ejercicio 2018 que arrojan un resultado negativo en el caso de INDUSTRIAS AEDO (-770.756'53 €) y positivo en el de AMANDA Y HEREDEROS (13.105'78 €) .
DECIMOCUARTO. La demandada INDUSTRIAS AEDO llevaba sin actividad productiva ni dar ocupación efectiva a sus trabajadores desde principios del verano de 2018, motivo por el que se giró visita inspectora el 18.09.2018 que constató esta circunstancia y requirió a la empresa para dar ocupación efectiva inmediata a sus trabajadores o tramitar un permiso retribuido, siendo esta la opción que implementaron de forma inmediata.
DECIMOQUINTO. Ambas demandadas se ubican en el mismo inmueble (nave) y tienen accesos independientes aunque están conectadas internamente. En la parte de AEDO se desarrolla la producción, y AMANDA gestiona tienda que vende productos de AEDO y otras marcas.
Antes de 2005 ambas empresas elaboraban calzado y los trabajadores eran contratados indistintamente por una u otra.
En tienda, que continúa abierta, prestan actualmente servicio dos dependientas contratadas por AMANDA.
DECIMOSEXTO. La demandada abonó al demandante sus nóminas de Octubre y Noviembre de 2018 mediante sendas transferencias ordenadas el 8.01.2019. En la misma fecha y de la misma forma abonó a sus hermanos Leocadia y Carlos la nómina de Noviembre de 2018, al igual que a las trabajadoras Nicolasa y Penélope.
Estos trabajadores habían formulado denuncia al respecto y ante Inspección de Trabajo el 20.12.2018.
DECIMOSÉPTIMO. El actor promovió la conciliación que se celebró el 18 de diciembre de 2.018 ante el Tribunal Laboral de La Rioja, con el resultado de "sin acuerdo"; presentando posteriormente demanda.
FALLO : Estimando parcialmente la demanda formulada por D. Fabio frente a la empresa INDUSTRIAS AEDO, S.A. y el FOGASA, debo efectuar los siguientes pronunciamientos:
1. Declarar la improcedencia del despido decretado por la empresa INDUSTRIAS AEDO, S.A. respecto del actor en fecha de 16 de noviembre de 2.018.
2. Condenar a la empresa INDUSTRIAS AEDO, S.A. a que, dentro del plazo de 5 días a contar desde la notificación de la presente Sentencia, opte entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o le abone en concepto de indemnización la suma de 62.592'75 euros, (entendiéndose que en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera). De dicha cantidad habrá de descontarse la cantidad abonada por la empresa en concepto de indemnización por despido objetivo (33.387'82 euros), por lo que la indemnización a abonar asciende a 29.204'93 euros.
3. Condenar al FOGASA a estar y pasar por las anteriores declaraciones, dentro de los términos de su responsabilidad legal."
TER CERO.-
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de Suplicación, por INDUSTRIAS AEDO S.A., siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.
CUA RTO.-
En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO- El Sr. Fabio, que venía prestando servicios por cuenta de Industrias Aedo SA, impugnó judicialmente la extinción contractual decidida por su empleadora con efectos al 16/11/18, en ejecución del despido colectivo por extinción de la personalidad jurídica de la empresa cuyo periodo de consultas concluyó sin acuerdo, dictándose por el Juzgado de lo Social nº 1 sentencia estimatoria de la demanda, por la que se declaró la improcedencia del despido.
Disintiendo del pronunciamiento de la anterior resolución, la empresa demandada recurre en suplicación, articulando un solo motivo destinado al examen del derecho aplicado, en el que, por la vía del apartado c del Art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), denuncia la infracción de los Arts. 49.1.g y 51 ET, y de la jurisprudencia que los interpreta citada en el escrito de formalización.
El trabajador se ha opuesto al recurso.
SEGUNDO.- Siguiendo el criterio sentado por esta Sala en supuesto sustancialmente coincidente con el enjuiciado, el Juzgado ha calificado la extinción contractual en liza como improcedente, basándose en que el simple acuerdo de disolución social adoptado por la Junta de Accionistas no constituye causa extintiva amparada por el Art. 49.1.g ET, siendo necesario que tal decisión vaya acompañada de causas objetivas vinculadas al funcionamiento de la empresa que, en el caso, no se dan.
La recurrente imputa a la decisión del Juzgado una incorrecta interpretación de la Jurisprudencia relativa a la causa de extinción de la relación laboral del Art. 49.1.g ET, defendiendo que lo que el Alto Tribunal establece es que la misma tiene naturaleza autónoma y opera por sí misma sin precisar la concurrencia de cualquiera de las previstas en el Art. 51 ET.
A) El discurso impugnatorio de la recurrente no puede ser compartido por la Sala que, como establece la sentencia recurrida, y se indica en el escrito de formalización, ya ha resuelto la problemática litigiosa en Sentencia de 3/10/19 (Rec. 171/19 (LA LEY 168281/2019)), en el mismo sentido que el Juzgado de lo Social.
Tal y como dijimos en dicha resolución, "interpretando la causa autónoma de extinción de la relación laboral que contempla el Art. 49.1.g ET , de "extinción de la personalidad jurídica del contratante", la jurisprudencia, en la sentencia... de 24/10/17 (Rec. 107/17 (LA LEY 161046/2017)
),... establece la siguiente doctrina:
"Hay que excluir que, bajo el manto protector de la que es una causa legítima -la extinción de la personalidad- encuentren cobijo decisiones extintivas formalmente amparadas en la referida causa que en el fondo obedecen a intereses que no deben gozar de la misma protección normativa, de manera que con tal proceder se incurra en el referido fraude de Ley o en el abuso del Derecho. Seria precisamente el supuesto de la disolución de la sociedad acordada por la Junta General de accionistas (
art. 368 LSC
) sin que mediase más motivación que la exclusiva voluntad societaria,y la denuncia del contrato en sociedades personalistas (
art. 224 CdC (LA LEY 1/1885)), supuesto en el que la valida extinción colectiva de los contratos que pudiese pretenderse no vendría automáticamente determinada por la previa desaparición jurídica de la sociedad, pese a dicción legal ( art. 49.1.g ET
), sino que esa eficaz finalización contractual requeriría necesariamente la concurrencia -acreditada en forma- de alguna de las causas previstas en el
art. 51 ET
". Es decir para que pueda aplicarse plenamente la causa extintiva consistente en la extinción de la personalidad jurídica de la empresa contratante es necesario que la disolución de la sociedad responda a criterios legales objetivos y no a la mera conveniencia de la propia entidad o de sus socios como fórmula de extinción contractual ad nutum .
"Los restantes supuestos de extinción de la personalidad jurídica se basan en causas legales, en principio, tan alejadas de las razones del artículo 51 ET , que llevan a considerar: a) de un lado, que -ontológicamente hablando- si tal causa legal se viese a su vez precisada de otra causa ajena a los supuestos que reglamentariamente la integran [la causa subordinada], con ello vendría a desmentirse la cualidad causal que la norma atribuye a la primera; o lo que es lo mismo, si se proclama por Ley que la extinción de la personalidad jurídica es causa extintiva del contrato de trabajo de sus empleados (así lo sostiene taxativamente el art. 49.1.g) ET ), una elemental lógica impone que para validar tal extinción no pueda ser exigible -salvo supuestos abusivos o fraudulentos, como el ya referido- que aparte de la concurrencia de las que por Ley comportan la extinción de la personalidad jurídica, sea igualmente necesaria la existencia de otras causas ajenas que también para la norma son determinantes de la valida extinción contractual (más en concreto, las tan referidas del art. 51 ET ); b) en similar orden de ideas, si tales «causas» comportan por Ley la obligatoria extinción de la personalidad jurídica ( art. 31 Ley de Fundaciones : «la fundación se extinguirá»; art. 363 LSC : «la sociedad de capital deberá disolverse...»; art. 221 Cd C «Las compañías, de cualquier clase que sean, se disolverán totalmente...»; art. 222 CdC (LA LEY 1/1885): «Las compañías colectivas y comanditarias se disolverán, además...») y en consecuencia también por ley se impone el subsiguiente cese de la actividad empresarial desarrollada, una elemental lógica lleva a entender que el despido de los trabajadores no puede verse necesitado -por regla general- de causa suplementaria alguna, y bastara para la validez de tal despido -como expresamente dispone el art-. 49.1.g) ET - la desaparición de la personalidad jurídica; y c) pero este planteamiento no significa que haya de excluirse el control judicial sobre la validez de la extinción de la personalidad jurídica, antes bien en sede de los Tribunales puede -y debe- apreciarse que en la génesis de las «causas legales» de la obligada extinción de la personalidad pudiera haber concurrido fraude de ley o uso abusivo del derecho, en términos tales que por si solas aquellas causas -así viciadas- no puedan entenderse justificativas del despido colectivo, supuesto en el cual la decisión de extinguir los contratos de trabajo habría de declararse nula o no ajustada a derecho (
art. 124.11 LRJS (LA LEY 19110/2011)
), a menos que simultáneamente se invocasen y acreditasen razones económicas, productivas u organizativas en los términos que describe el art. 51 ET .
Una vez que ... la disolución de la sociedad demandada estuvo amparada en el
Art. 368 LSC
, al haber venido motivada exclusivamente por la decisión mayoritaria de los socios en Junta General de Accionistas, y no por cualquiera de las causas legales de disolución del
Art. 362 del mismo cuerpo
normativo, la extinción contractual basada exclusivamente en el
Art. 49.1.g ET
, carece de cobertura legal, pues lo que establece la jurisprudencia ..., es que en tales supuestos, la extinción de la personalidad jurídica de la empresa responde a la mera conveniencia o interés de la sociedad o de sus accionistas, siendo precisa para la validez de las extinciones de las relaciones laborales en estos casos que las mismas encuentren justificación causal en alguna de las causas objetivas vinculadas con el funcionamiento de la empresa que establece el
Art. 51 ET
, a diferencia de lo que acontece cuando que la disolución de la sociedad responde a la presencia de cualquiera de las causas objetivas que relacionan los
Arts. 360
y
363 LSC
, ninguna de las cuales concurre en el caso enjuiciado.
B) El criterio que seguimos en dicha resolución y ahora reiteramos es el que establece la Sala Cuarta del TS en su sentencia de 24/10/17, parte de cuya fundamentación hemos transcrito en el apartado que antecede, y también en la de 12/07/17 (Rec. 32/17 (LA LEY 101830/2017)), citada en el escrito de formalización, en la que se mantiene la misma fundamentación jurídica que la posterior viene a reiterar, siendo el motivo determinante de la convalidación por dicha resolución judicial del despido en liza que la disolución de la sociedad no respondió al mero acuerdo de los accionistas sino que se basó en la concurrencia de la causa prevista en el Art. 363.1 LSC (conclusión de la empresa que constituía el objeto de la sociedad de capital)
C) Esa misma doctrina, pero referida, no a las sociedades de capital, sino a entidades públicas, es la que siguen la STS de 3/12/14 (Rec. 201/13 (LA LEY 229843/2014)), y la SAN 24/01/17 (Autos 124/14 (LA LEY 388/2017)), mencionadas en el escrito de formalización, sin que en las SSTS de 26/06/14 (Rec. 219/13 (LA LEY 104880/2014)) y 17/02/14 (Rec. 309/13 (LA LEY 27492/2014)), que también se citan, se aborde frontalmente la problemática litigiosa.
D) Por último, debemos rechazar de plano que, como se afirma en el escrito de formalización, las discrepancias entre los accionistas haya afectado a la situación de la empresa dejando de conseguir pedidos y trabajo, y la Inspección de Trabajo haya forzado a dar a los trabajadores un permiso retribuido mientras se adoptaba el despido colectivo.
Tal aseveración de parte carece de respaldo en el histórico, en el que lo único que se expresa es que la recurrente llevaba sin actividad ni dar ocupación efectiva a los trabajadores desde principios de verano de 2018 hasta que se giró visita inspectora el 18 de septiembre, y, constatada la situación, la funcionaria actuante requirió a la empresa para que diera inmediata ocupación efectiva a sus empleados o tramitara un permiso retribuido (hecho probado 14º), sin que en la narración judicial conste dato alguno indicativo de que esa contravención del derecho laboral básico de los trabajadores a la ocupación efectiva trajera causa de que por circunstancias de mercado la empresa hubiera visto reducida la demanda de servicios que ofrece en el tráfico mercantil
E) En consonancia con lo previamente razonado, el motivo, y, por su efecto, el recurso, se desestiman, confirmando la resolución recurrida, que no ha cometido la infracción normativa que se le reprocha.
TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) (L 36/11), la desestimación del recurso lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita, cifrando el importe de los honorarios del letrado de la parte impugnante en la cantidad de 600 € más el IVA correspondiente.
CUARTO.- Conforme al Art. 204 LRJS (LA LEY 19110/2011) (L 36/11), se decreta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados para recurrir, a los que se dará el destino legal, una vez firme esta resolución.
QUINTO.- A tenor del Art. 218 LRJS (LA LEY 19110/2011) (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.
VIS TOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación.