PRIMERO.- 1. El recurso de casación para unificación de doctrina de la parte demandada se desenvuelve en un único motivo en el que se reproduce el debate de la instancia sobre la posibilidad de indemnización por movilidad geográfica en los supuestos en que, como aquí sucede, la persona trabajadora es ubicada en localidad en la que ya tenía fijado su domicilio.
2. La sentencia recurrida, revocando la del Juzgado, acoge la pretensión del trabajador y razona que en los casos en que se produce una movilidad forzosa no cabe distinguir los casos en que se dé la particular circunstancia de que el trabajador ya tuviera fijada su residencia en el lugar al que es destinado.
3. La parte recurrente invoca, como sentencia contradictoria, la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 27 abril 2009 (rollo 1056/2006 (LA LEY 69663/2009)).
Se trataba allí también de un litigio por reclamación de indemnización por traslado forzoso afectante a un trabajador que fue destinado a la misma población en la que ya tenía su domicilio con anterioridad. No obstante, la Sala gallega alcanza una solución diametralmente opuesta a la de la sentencia aquí recurrida, pues entiende que el traslado no genera inconveniente alguno al trabajador y, por ello, rechaza que tenga derecho a la indemnización.
Concurre, pues, la contradicción exigida por el art. 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) para fundamentar la finalidad del recurso de casación unificadora.
SEGUNDO.- 1. La parte recurrente denuncia la infracción del art. 40 del Estatuto de los trabajadores (LA LEY 16117/2015) (ET, en relación con los arts. 324 a 332 de la Normativa laboral de ADIF y los arts. 3 (LA LEY 1/1889) y 1281 y ss. del Código Civil (LA LEY 1/1889).
2.
Conviene precisar que la empresa acepta que el acoplamiento que afectó al demandante se halla dentro de la figura de la movilidad forzosa y que, no sólo guarda identidad de causas con las definidas en el art. 40 ET, sino que su regulación es la que se encuentra en los artículos convencionales que cita.
Como se ha apuntado,
el debate se ciñe exclusivamente a la cuestión de la eventual ponderación o valoración del perjuicio que la movilidad pueda comportar, entendiendo la recurrente que el derecho a la indemnización contemplada en aquellas normas sólo nace de apreciarse un verdadero perjuicio, el cual, a su juicio, no existe cuando no hay alteración en la residencia del trabajador afectado. Para la empresa, la movilidad forzosa en este caso ha constituido un beneficio.
3. En relación con estas particularidades de las relaciones laborales regidas por la Normativa en cuestión, esta Sala IV del Tribunal Supremo ha sostenido que "el acoplamiento es una vicisitud de la relación de trabajo en cuyo origen se encuentra una decisión empresarial de supresión de una plaza por conveniencias productivas, y cuyo final puede ser el cese del trabajador que la ocupaba en caso de no aceptación del nuevo puesto de trabajo asignado. Es el interés empresarial el que da origen al cambio de puesto de trabajo, debiendo en última instancia el trabajador plegarse a él, a riesgo de perder el empleo. Siendo ello así, el hecho de que se tengan en cuenta las preferencias de destino del empleado puede amortiguar algunos inconvenientes o perjuicios de la decisión empresarial, pero no la elimina como causa eficiente de los costes producidos por el cambio de residencia" ( STS/4ª de 7 noviembre 1991 -rcud. 570/1991-, 3 noviembre 1993 -rcud. 467/1993- y 23 julio 1999 -rcud. 4586/1998-).
4.
El derecho de los trabajadores a ser indemnizados en caso de acoplamiento se establece en el art. 327 de la Normativa Laboral de la empresa, en el que se señala: "Cuando el acoplamiento se produzca en una residencia distante entre 10 y hasta 80 kilómetros respecto de la anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir por una sola vez una indemnización a tanto alzado cuya cuantía será la establecida para ello en las Tablas Salariales vigentes por cada kilómetro que exceda de la distancia mínima antes establecida. No se realizará más de un acoplamiento forzoso de estas características en un mismo año natural, salvo por cierre de dependencia.
Los acoplamientos que se realicen en un entorno de hasta 10 kilómetros respecto de la residencia anterior, no generarán percepción alguna.
El número de kilómetros será determinado por la distancia más corta ferroviaria entre las dos residencias".
A continuación, el art. 328 determina las cantidades para el caso de la distancia sea superior a 80 kms.
5. Partiendo de lo dicho, rechazamos los argumentos del recurso. Ninguna de las cláusulas de la normativa en cuestión condiciona el derecho de los trabajadores a la indemnización a la concurrencia y/o acreditación de un daño real y efectivo.
Tampoco se hace mención alguna a la conexión entre el centro/lugar de trabajo y la residencia o domicilio del trabajador. Cuando las clausulas convencionales utilizan el término "residencia" lo hacen en relación con el lugar al que está adscrito laboralmente la persona trabajadora, sin tener en cuenta su domicilio ni las circunstancias personales sobre el lugar en el que la misma desarrolla su vida privada. Este último es un dato irrelevante para la determinación de las obligaciones que se imponen a la empresa en los casos de movilidad forzosa, la misma irrelevancia que tenía la sede del domicilio mientras se prestaban servicios en la localización de la que ahora es desplazada.
La coincidencia geográfica de la nueva ubicación de la prestación de servicios con el domicilio del trabajador en nada altera la realidad de la movilidad forzosa y, por ende, de su compensación por medido de una suma tasada que se devenga por el hecho objetivo del traslado.
6. En suma, son precisamente las reglas de interpretación de las normas del convenio que el recurso invoca las que nos han de llevar a sostener que la sentencia recurrida acierta al acoger de modo favorable la pretensión del demandante.
No existe margen en las mismas para declarar que la indemnización controvertida se pondera en atención a la efectividad de un daño específico.
Ni se desprende ello de su literalidad, ni tampoco cabe extraer tal conclusión a través de otras técnicas hermenéuticas. A tal fin no sirve la alusión al perjuicio que se hace en el segundo párrafo del art. 324 de la Normativa laboral. En éste se indica que "... el acoplamiento se realizará con el menor perjuicio posible para el trabajador, en función de la residencia del mismo y las necesidades de cobertura, con la siguiente prevalencia: 1ª El mismo municipio. 2ª La provincia. 3ª La Comunidad Autónoma. 4ª El resto del ámbito nacional".
Pero la mención de la "residencia", no solo implica el lugar de trabajo -como acabamos de poner de relieve-, sino que, además, sirve para determinar unos importes que difieren según se trate de un desplazamiento que sea inferior a 10 km, entre 10 y 80 kms., o superior a 80 kms.; sin mención alguna -insistimos- a la localización del domicilio de la persona trabajadora afectada.
TERCERO.- 1. Lo expuesto nos lleva a desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina de la empresa y a confirmar la sentencia recurrida.
2. En virtud de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), se condena en costas a la parte recurrente, fijando las mismas en 1500 € en concepto de honorarios del Letrado impugnante.
3. Asimismo, en virtud de lo que establece el art. 228 LRJS (LA LEY 19110/2011), se decreta la pérdida del depósito que, en su caso, se hubieren efectuado para recurrir, debiendo darse a la consignación el destino legal.