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PRIMERO.- Interponen sendos recursos de suplicación tanto la UNIVERSIDAD COMPLUTENTE DE MADRID como la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENTE contra sentencia del Juzgado de lo Social nº 37 de los de Madrid de fecha 14-12-2018, aclarada por auto de 8-1-2019, que estimó la demanda interpuesta por DOÑA Celestina frente a la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, declarando el carácter indefinido no fijo de la relación laboral que une a la actora con la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID desde el 1/7/2009 y condenando a la misma a abonarle la cantidad de 11.558,40 euros, así como al abono del 10% de interés por mora de dicha cantidad y a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos.

SEGUNDO.- El motivo inicial del recurso de la UNIVERSIDAD COMPLUTENTE DE MADRID lo destina, con correcto amparo en el apartado b) del artículo 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), a la revisión del hecho probado segundo, a fin de adicionarle que " Todos los contratos mencionados fueron realizados fuera de convenio".

Pero, además de que ello no es exactamente así, puesto que como se refiere con valor factico por la iudex a quo en el fundamento de derecho sexto " la categoría profesional reconocida a la trabajadora en el último contrato y en las nóminas no está recogida en este último Convenio, pero si en el II Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid", es inocuo para variar el sentido del fallo, dado, y como atinadamente aduce la trabajadora en su escrito de impugnación, lo determinante no es si los contratos se suscribieron fuera del convenio sino si esa exclusión era legítima y tiene amparo legal, porque en el Derecho del Trabajo los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son, primando la realidad sobre la formalidad.

Se desestima el motivo.

TERCERO.- El segundo motivo, ya en sede del Derecho aplicado, con correcto amparo en el apartado c) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), dividido en tres apartados, denuncia infracción de los artículos 15.3 ET y doctrina judicial asociada, disposición adicional 23ª y 48.1 de la Ley 14/2011 (LA LEY 11431/2011), de Ciencia, 17 de la Ley 13/1986 (LA LEY 923/1986) y 15 ET, y 4.2.c) del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Madrid y 10.8.b) del Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con vinculación laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

CUARTO.- A criterio de la Universidad recurrente, y en resumen, haciendo como vamos a ver supuesto de hecho de la cuestión, yerra la sentencia de instancia al declarar fraudulenta la contratación de la actora, homogeneizando, sin más, los contratos suscritos, identificando equivocadamente los conceptos de líneas de investigación, por cuanto de las testificales practicadas se desprende las actividades desarrolladas tienen autonomía y sustantividad respecto a las propias de la Universidad. Añade que la UCM se encuentra facultada para celebrar contratos de obra o servicio con personal técnico de conformidad al art. 48.1 de la Ley 15/2011, de Ciencia, Tecnología e Innovación (se equivoca, es la ley 14/2011 (LA LEY 11431/2011), y el art. 48 no existe en la misma pues termina con el 47) teniendo un régimen propio sin los límites del ET. Y termina afirmando que, con independencia de lo anterior, la actora está fuera del Convenio, tal como se pactó en sus contratos, por lo que no cabe reclamar diferencias salariales aún en el caso de declarar su relación laboral como indefinida.

QUINTO.- Llama poderosamente la atención el recurso no cuestione la parte de la sentencia de instancia que señala los periodos de prestación de servicios cubiertos formalmente mediante becas (del 1-7-2009 al 31-3-2014) encubrían en realidad una relación laboral indefinida al no responder a aspectos formativos.

En efecto, asevera la sentencia recurrida en el fundamento quinto que:

"De la valoración conjunta de la prueba no puede llegarse a otra conclusión al constar suficientemente probado que desde el inicio de la relación laboral en 2009 se aprecia que tanto las becas respecto de las que no se acredita estuvieran encaminadas a la formación de la actora, como las sucesivas modalidades contractuales temporales que se han celebrado lo han sido en fraude de ley, siendo así hasta el momento actual, en el que el último contrato que firman las partes sigue siendo temporal y vinculado a un determinado proyecto, cuando se ha reconocido por los directores del centro y se evidencia con la documental obrante en autos que desde el inicio de la relación laboral la actora no ha estado vinculada a un proyecto concreto, ni mucho menos al específico que se hacía constar en cada contrato, sino que ha colaborado en todos los que le han sido asignados según las necesidades del servicio por el Director del centro, realizando las funciones propias y habituales del Centro en el que prestaba servicios, que son ajenas a causa de temporalidad alguna.

Así pues, se formalizaron becas y contratos de obra o servicio vinculados a un determinado proyecto aun cuando la actora seguía prestando servicios no para un solo proyecto, servicios, que son ajenos a causa de temporalidad alguna.

Atendiendo a todo ello, debe estimarse la pretensión declarativa deducida en la demanda, declarando que la relación laboral que vincula al demandante con la Universidad es de carácter indefinido desde el 1/7/2009".

Significar a este respecto, la STS, 4º, de 20 de octubre de 2.010, dictada en unificación de doctrina, aplicable mutatis mutandis al caso enjuiciado aun cuando se hubiera iniciado la relación mediante beca, proclama:

"(...) Cuando un contrato temporal causal deviene indefinido por defectos esenciales en la contratación, la novación aparente de esta relación laboral ya indefinida, mediante la celebración de un nuevo contrato temporal sin práctica solución de continuidad, carece de eficacia a tenor del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores . En tal caso, tampoco rompe la continuidad de esa relación de trabajo, la suscripción de un recibo de finiquito, que por otro lado no refleja, normalmente, más que la liquidación de cantidades adeudadas, cuando la empresa da por extinguido el contrato temporal viciado. Además se entiende que no existe interrupción eficiente, cuando la que media entre uno y otro contrato temporal es inferior al tiempo de caducidad, 20 días hábiles, de la acción de despido que podía ejercitarse tras aquella extinción'. La misma termina diciendo: "(...) La fijeza así surgida permanece, aunque se formalicen luego otro u otros contratos temporales, incluso aunque alguno de ellos, en sí mismo y al margen de la cadena contractual, pudiera considerarse válido. De modo que las sucesivas relaciones laborales temporales que en circunstancias normales no se hubieran intercomunicado, pasan a constituir una única relación laboral indefinida e indisponible, por aplicación de los artículos 3.5 y 15.3 del Estatuto de los Trabajadores " (las negritas también son nuestras).

SEXTO.- Como afirmamos en la sentencia de esta Sección 1ª de 249/2012, Recurso 5928/2011 (LA LEY 43278/2012)

" Doctrinalmente se ha afirmado (Selma Penalva y Luján Alcaraz) que la frontera entre la prestación laboral y el compromiso de colaboración que adquieren los becarios es de contornos difusos y borrosos.

Dos son las vías principales a través de las que puede formalizarse la incorporación del becario a una empresa o a una institución pública o privada. Por una parte, las llamadas becas para la realización de prácticas, a través de las que se pretende que quienes ya están en posesión de una titulación académica que legalmente les habilita para desarrollar una determinada actividad profesional o, preferentemente, quienes están próximos a obtenerla, puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su etapa educativa a fin de completar su formación. Por otra parte, están las que se califican como becas de formación, dirigidas a la ampliación del campo de conocimientos del interesado, titulado o no, a cuyo fin se le proporciona ayuda para el seguimiento de sus estudios. Se trata, pues, de becas que tienen una "finalidad docente en beneficio del perfeccionamiento, formación y ampliación de conocimientos del becario". Así, las becas de formación del personal investigador, ya sea en instituciones públicas o privadas, entre ellas, aquellas a las que se refería el Estatuto del Becario de Investigación del derogado RD 1326/2003, de 24 octubre (LA LEY 1668/2003), y, actualmente, el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación aprobado por RD 63/2006, de 27 enero (LA LEY 128/2006).

La beca es, según se define en el DRAE, la "subvención para realizar estudios o investigaciones". Por ello, la finalidad perseguida en la concesión de becas no estriba en beneficiarse de la actividad del becario, sino en la ayuda que se presta en la formación profesional. ( STS 7 julio 1998 ).

El rasgo diferencial de la beca como percepción es facilitar el estudio y formación del becario y no la de incorporar los resultados o frutos de su trabajo o estudio realizado al patrimonio de la empresa que otorga la beca, la cual no adquiere, por tanto, el papel de empleador o empresario jurídico del becario" ( STS 26 de junio de 1995 ). El objeto del contrato de trabajo es el servicio retribuido y su causa última la participación en el proceso productivo. Así, la actividad del becario debe ir exclusivamente encaminada a su propia formación, pues si su tarea se orienta a satisfacer una necesidad de la entidad concesionaria de la beca entonces no es posible deslindarla de la relación laboral sin concurren las notas configuradoras de esta última .

Aunque "las becas son en general retribuciones dinerarias o en especie orientadas a posibilitar el estudio y formación del becario", dicho "estudio y formación pueden en no pocas ocasiones fructificar en la realización de una obra, y así no son escasas las becas que se otorgan para la producción de determinados estudios o para el avance en concretos campos de la investigación científica". Lo decisivo, sin embargo, es que "estas producciones o la formación conseguida en los becarios, nunca se incorpora a la ordenación productiva de la institución que otorga la beca, por ello si bien el perceptor de una beca realiza una actividad, y actividad que puede ser entendida como trabajo y percibe una remuneración en atención a la misma, por el contrario aquel que concede la beca y la hace efectiva no puede confundirse nunca con la condición propia del empresario ya que no incorpora el trabajo del becario a su patrimonio, circunstancia esencial a la figura del empresario, cuya actividad si bien puede carecer de ánimo de lucro, lo que siempre es subjetivo, no carece nunca de lo que en este aspecto puede denominarse sentido de lucro en la actividad que ejerce". ( SSTS 13 junio 1988 , y 26 junio 1995 ).

De este modo, aunque el becario deba cumplir ciertas tareas, no las realiza en línea de contraprestación, sino de aportación de un mérito para hacerse acreedor de la beca y disminuir así la carga de onerosidad que la beca representa, por lo que con ésta se materializa un compromiso que adquiere el becario y que no desvirtúa la naturaleza extralaboral de la relación existente. De ahí que la clave para distinguir entre beca y contrato de trabajo sea que la finalidad perseguida en la concesión de becas no estriba en beneficiarse de la actividad del becario, sino en la ayuda que se presta en su formación.

En conclusión, el rasgo diferencial de la beca como percepción es su finalidad primaria de facilitar el estudio y la formación del becario y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo o estudio, obteniendo de ellos una utilidad en beneficio propio. Otra cosa es que la realización de los trabajos encomendados pueda tener un efecto de formación por la experiencia, que es inherente a cualquier actividad profesional. La verdadera beca es, en definitiva, un "acto de liberalidad conectado a un objetivo básico de carácter formativo"; y, por tanto, "la contratación laboral debe prevalecer cuando no cabe en principio apreciar en la actividad becada un interés educativo con relevancia para definir la naturaleza del vínculo, siendo, por el contrario, clara la utilidad que del trabajo obtiene la (empresa) y, consiguientemente, la finalidad retributiva de ese trabajo que cumplen las cantidades abonadas como beca" .( SSTS 12 abril 1989 , 7 julio 1998 , 22 noviembre 2005 , STSJ Madrid 19 mayo 2003 , STSJ País Vasco 18 marzo 2003 , STSJ Asturias 7 junio 2002 ).

SEPTIMO.- Desde luego, la Universidad recurrente nada demuestra, incurriendo en una petición de principio, que durante el largo periodo de prestación de servicios como becaria primara el rasgo diferencial de facilitar el estudio y la formación del becario y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo o estudio, obteniendo de ellos una utilidad en beneficio propio, y ya su relación devino en indefinida no fija por fraude.

En realidad, se fundamenta una denuncia jurídica por la Universidad Complutense sustentada en unos hechos que no son los que se han declarado probados, es más, sobre premisas fácticas que son diferentes a las expresamente declaradas y que no se han combatido en esta instancia Jurisdiccional, al menos en lo esencial, por lo que, como primera conclusión, hemos de convenir que la censura jurídica expuesta no puede ser acogida por cuanto que implica una premisa jurídica que es contraria a la mantenida por Juzgado de instancia, al ser inadmisible la nueva valoración de la prueba que pretende la recurrente y con ello buscar una manera de articular la pretensión revisora como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por la Ley al juzgador de instancia.

OCTAVO.- Pero no solo eso. El fraude continuó ininterrumpidamente con los contratos de obra o servicios determinados que continuaron a las becas, a partir del 1-4-14 y hasta la actualidad, siendo bien elocuente el hecho probado quinto, no impugnado de contrario, que señala:

"Durante la vigencia de cada contrato temporal por obra o servicio con la demandada la trabajadora desarrolló siempre las mismas funciones como Técnico de laboratorio, bajo la dependencia de la Dirección del centro prestando asistencia de forma indistinta para diferentes proyectos de investigación, sin vincularse de forma exclusiva a ninguno de ellos ni singularmente a los que se reflejan en cada contrato. (Declaración testifical de la Sra. Salvadora)".

Mayor claridad para fundamentar el fraude de la contratación temporal, cuya alma es la ocultación, no es posible.

Recapitulando, muy ilustrativa es para comprender la evolución interpretativa de la contratación temporal de obra o servicio la STS 4-10-2007, rec. 1505/2006 (LA LEY 162122/2007), según la que:

"Y más en concreto, tratándose del contrato para obra o servicio determinado, la doctrina unificada señala -en pronunciamientos cuya vigencia viene determinada por la identidad de regulación, en este punto, de los RRDD 2104/1984 (21/noviembre (LA LEY 2463/1984)), 2546/1994 (29/diciembre (LA LEY 331/1995)) y 2720/1998 (18/diciembre (LA LEY 62/1999))- que son, de necesaria concurrencia simultánea:

a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa.

b) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.

c) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto.

d) Que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas (así, desde las SSTS 30/11/92 -rcud 54/92 (LA LEY 12928/1992) -; 21/09/93 -rcud 129/93 (LA LEY 13434/1993) -; 26/03/96 - rcud 2634/05 -; 05/12/96 -rcud 1875/96 (LA LEY 1474/1997) -; 10/12/96 -rcud 1989/95 (LA LEY 532/1997) - y 30/12/96 -rcud 637/96 (LA LEY 1488/1997) -, hasta las más recientes de 21/03/02 -rcud 1701/01-; 23/09/02 -rcud 222/02-; 25/11/02 -rcud 1038/02-; 22/10/03 -rcud 107/03-; 22/06/04 - rcud 4925/03-; 15/11/04 -rcud 2620/03-; 23/11/04 -rcud 4924/03- 30/11/04 -rcud 5553/03-; 31/01/05 -rec. 4715/03-; 11/05/05 -rec. 4162/03-; 24/04/06 -rec. 2028/04 (LA LEY 57579/2006); y 22/02/07 -rcud 4969/04 (LA LEY 11304/2007)).

2.- Muy singularmente se ha destacado la esencialidad de la identificación, porque al resultar decisivo que se acredite la causa de la temporalidad, de ahí la trascendencia de que se cumpla la previsión legal -art. 2.2 a) de los RRDD citados- que impone la obligación de identificar en el contrato, con toda claridad y precisión, cuál es la obra concreta o el servicio determinado que lo justifican. "Este requisito es fundamental o esencial pues, si no quedan debidamente identificados la obra o servicio al que el contrato se refiere, no puede hablarse de obra o servicio determinados (...); y si falta esta concreción o determinación es forzoso deducir el carácter indefinido de la relación laboral correspondiente, por cuanto que, o bien no existe realmente obra o servicio concretos sobre los que opere el contrato, o bien se desconoce cuáles son, con lo que se llega al mismo resultado" ( SSTS 26/09/92 -rcud 2376/91 -; 21/09/93 -rcud 129/93 (LA LEY 13434/1993) -; 26/03/96 -rcud 2634/95 (LA LEY 4577/1996) -; 14/03/97 -rcud 3660/96 (LA LEY 4429/1997) -; 16/04/99 -rcud 2779/98 (LA LEY 6192/1999) -; 31/03/00 -rcud 2908/99 (LA LEY 8106/2000) -; 18/09/01 -rcud 4007/00 (LA LEY 7418/2001) -; 21/03/02 -rcud 1701/01 (LA LEY 59997/2002) -; 25/11/02 -rcud 1038/02 (LA LEY 2364/2003) -; 22/06/04 -rcud 4925/03 (LA LEY 10348/2005) -; 23/11/04 -rcud 4924/03 (LA LEY 10676/2005) ; y 30/06/05 -rec. 2426/04 (LA LEY 10808/2006) .

3.- Y aunque se ha mantenido que el contrato para obra o servicio determinado se caracteriza -entre otras notas- porque la actividad a realizar por la empresa responde a necesidades autónomas y no permanentes de la producción, por lo que no cabe el recurso a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en el tiempo, que han de mantenerse y perdurar por no responder a circunstancias excepcionales que pudieran conllevar su limitada duración, sino que forman parte del proceso productivo ordinario, de forma que ello acarrea que la contratación ha de reputarse fraudulenta ( art. 6.4 CC (LA LEY 1/1889) ) y que, consecuentemente, según lo dispuesto en el art. 15.3 ET , la primitiva relación laboral es indefinida ( SSTS 01/10/01 - rcud 3286/00 (LA LEY 301/2002) - ; 22/04/02 -rcud 1431/01 (LA LEY 77450/2002) -; y 22/02/07 -rcud 4969/04 (LA LEY 11304/2007) -), sin embargo en el marco de las contratas y de empresas auxiliares, rectificando inicial criterio restrictivo ( SSTS 26/09/92 - rcud 2376/91 -; 17/03/93 -rcud 2461/91 -; 10/05/93 -rcud 1525/92 -; y 04/05/95 -rcud 2382/94 (LA LEY 10526/1995) -), la vigente doctrina unificada admite la celebración de contrato para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo, pero siempre que no medie fraude interpositorio ( SSTS 15/01/97 - rcud 3827/95 (LA LEY 4505/1997) -; 25/06/97 -rcud 4397/96 (LA LEY 8969/1997) -; 08/06/99 -rcud 3009/98 (LA LEY 8386/1999) -; y 20/11/00 -rcud 3134/99 (LA LEY 2297/2001) -); y aunque en tales casos es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, a pesar de ello existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, y ésa resulta -es importante subrayarlo- una limitación conocida por las partes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste. Y al efecto se aduce que "no cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo, como muestra el supuesto típico de este contrato (las actividades de construcción). Y tampoco es decisivo para la apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder también a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio sobre el contrato de trabajo" ( SSTS 24/09/98 -rcud 1285/98 (LA LEY 101536/1998) -; 18/12/98 -rcud 1767/98 (LA LEY 1755/1999) 1-; 28/12/98 -rcud 1766/98 (LA LEY 1940/1999) -; 08/06/99 -rcud 3009/98 (LA LEY 8386/1999) -; 22/10/03 -rcud 107/03 (LA LEY 155/2004) -; 15/11/04 -rcud 2620/03 (LA LEY 10632/2005) -; 30/11/04 -rcud 5553/03 (LA LEY 11167/2005) -; 04/05/06 -rcud 1155/05 (LA LEY 48634/2006) -; 06/10/06 -rcud 4243/05 (LA LEY 112391/2006) -; y 02/04/07 -rcud 444/06 (LA LEY 20787/2007)".-

NOVENO.- La actora, como técnico superior de laboratorio, no en trabajos de docencia e investigación, realizaba, como bien expone en su escrito de impugnación, un trabajo de planificación y coordinación de técnicas de laboratorio, no dentro de un proyecto específico, sino para dar soporte y cobertura de modo estructural, normal y habitual a los servicios de la empresa, de forma indistintas para diferentes proyectos de investigación y no para el que formalmente estaba adscrita.

En fin, y por mucho que conforme a legislación que invoca la Universidad recurrente el contrato no estuviera sujeto a límites temporales, ello no es óbice a que se exija la contratación por obra o servicio determinado se sujete a la causa de temporalidad que justifique esa temporalidad, lo que no es el caso del supuesto enjuiciado.

Por último, el Convenio aplicable y que sirve para cuantificar las diferencias salariales adeudadas no es otro que el de las Universidades Públicas de Madrid, suscribiendo la Sala plenamente la argumentación de la sentencia de instancia cuando sobre este punto señala que:

"Atendiendo al ámbito de aplicación personal, material y funcional de cada uno de los Convenios pretendidos, el contenido real de la relación laboral que ha vinculado a la demandante con la Universidad demandada -al margen de las denominaciones de cada uno de los contratos celebrados- determina la aplicación del II Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid, pues las funciones por la demandante desempeñadas exceden de las más específicas recogidas en el artículo 9 del Convenio Colectivo para el Personal Docente e Investigador con vinculación laboral de las Universidades Públicas de Madrid, en el que no tienen cabida, lo que se corrobora con el hecho de que la categoría profesional reconocida a la trabajadora en el último contrato y en las nóminas no está recogida en este último Convenio, pero si en el II Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid. A ello no obstan la exclusión recogida en el apartado c) del artículo 4.2 del Convenio, referido al personal contratado temporal con cargo a proyectos de investigación o a subvenciones finalistas, pues la contratación temporal, como se ha expuesto en el fundamento jurídico anterior, se realizó en fraude de ley, habiendo sido declarada indefinida, y como tal, con independencia del modo de financiación del centro en el que prestaba servicios -que además no era con cargo al proyectos de investigación ni a subvenciones finalistas, sino en la forma que ha quedado determinada en la declaración de hechos probados- y de las clausulas contenidas en dichos contratos, no está excluida de la aplicación del Convenio que la parte pretende. Ya que ha quedado acreditado que la actora realizaba las funciones del grupo C1 y, al haberse realizado la contratación en fraude de ley como ya se ha expuesto, habiendo sido declarada la relación laboral como indefinida no fija en esta sentencia, no es de aplicación el apartado c) del artículo 4.2 del Convenio Colectivo que establece que quedan excluidos del ámbito de aplicación del convenio "el personal contratado temporal con cargo a proyectos de investigación o a subvenciones finalistas", por lo que no está excluida de la aplicación del convenio colectivo.

No habiéndose discutido por las partes el cálculo de las cantidades realizado por la parte actora en la demanda y referido a diferencias retributivas y trienios y que las funciones desarrolladas entran dentro de la categoría C1 (hecho probado quinto) procede condenar a la demandada al abono de la cantidad de 11.558,40 euros que se desglosa:

-Por los dos trienios devengados de Mayo de 2017 a Abril de 2018, la cantidad de 1.099,50 euros

-Por diferencias salariales en el mismo período la cantidad de 10.458,90 euros

Las citadas cantidades devengarán el interés fijado en el art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores ".

En suma, se desestima segundo motivo, y con ello el recurso, de la Universidad Complutense de Madrid.

DÉCIMO.- El recurso de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENTE se estructura en dos motivos, al amparo del apartado c) del art. 193, en los que denuncia, y de una parte, infracción del art. 59.1 y 2 del ET en relación con el 1254, 1258 y 1261 de Código Civil, 10 y 218.1 de la LEC, y de otra del 1158 del Código Civil y Acuerdo Quinto del Convenio Marco suscrito el 4-10-1991 entre la Universidad Complutense y la Fundación, sosteniendo, en esencia, y por las razones que expone, debió haberse apreciado su falta de legitimación pasiva en este procedimiento si no se quiere incurrir en incongruencia extra petita, dado que el pago cabe hacerse por cualquier persona sin que en rigor exista en la demanda reclamación contra ella.

La tesis de la recurrente se estima en lo esencial.

Si bien la legitimación pasiva y ad procesum de la Fundación se deduce, a efectos litisconsorciales, del hecho de que abonaba el pago de determinadas facturas y servicios de la actora en virtud de un Convenio de colaboración, por lo que mal cabe colegir la prescripción o su falta de legitimación, sin que el hecho de que tenga personalidad jurídica propia y exista dicho Convenio de Colaboración neutralice esta legitimación, cuestión diferente es que deba soportar las consecuencias de los pronunciamientos de la condena que ni tan siquiera se piden en el suplico de la demanda respecto de ella, por lo que se estima su recurso, absolviéndola de estar y pasar por los anteriores pronunciamientos de declaración de la trabajadora como indefinida no fija y abono de las cantidades.

En suma, se desestima el recurso de la UNIVERSIDAD COMPLUTENTE DE MADRID y se estima el de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.

Procede la condena en costas de la UNIVERSIDAD COMPLUTENTE DE MADRID ( art. 235 LRJS (LA LEY 19110/2011)) por importe de 600 euros que comprende los honorarios del letrado de la actora que lo impugnó.