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PRIMERO.- Se interpone recurso de suplicación por la Comunidad de Madrid frente a sentencia del juzgado de lo social número 2 de Madrid por la que se reconoció a la actora su derecho a ser clasificada profesionalmente como Oficial administrativo (nivel 5), condenándose asimismo a la Comunidad de Madrid a abonarle la cantidad de 3586,30 euros por el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y octubre de 2017.

La sentencia recurrida declara probado que la actora ha venido prestando servicios por cuenta de la Comunidad de Madrid desde 1 septiembre 1993.

Inicialmente vino prestando servicios en el Instituto Madrileño para la Formación.

Con efectos de 1 julio 1998 pasó a estar adscrita a la Agencia para el Empleo de la Comunidad de Madrid.

Desde 20 diciembre 2010 ha estado asignada al Área de Programas de Empleo, del Servicio Regional de Empleo.

En su ordinal fáctico quinto la sentencia recurrida recoge que la demandante realiza su actividad en el Servicio de Programas de Empleo. En el departamento en que presta servicios hay otros 4 trabajadores que pueden hacer los documentos contables, si bien sólo los realizan la demandante y otro compañero.

Tanto la actora como dicho compañero realizan de forma autónoma los documentos contables, se los reparten entre ellos, y resuelven las incidencias que puedan surgir, realizando las funciones bajo la coordinación de la Jefa de Servicios.

Asimismo la sentencia recurrida acoge y da por reproducido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social obrante a folios 42 a 49.

En su fundamentación jurídica la sentencia recurrida señala que la actora desempeña la mayor parte de las funciones de Oficial administrativo, pues sus tareas no se refieren a un mero archivo, mecanografiado o tramitación de expedientes, sino que tiene iniciativa en la tramitación, toma decisiones y resuelve con cierta autonomía y responsabilidad, aun cuando actúe bajo la coordinación de la Jefa de Servicio.

Por otro lado señala que dichas tareas vienen siendo realizadas desde el inicio de su prestación de servicios.

SEGUNDO.- Como primer motivo de recurso, por la vía del apartado c) del art. 193 de la Ley procesal laboral se alega infracción de lo dispuesto en los artículos 22, 24 y 39-4 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).

Al respecto se señala que, conforme viene entendiendo la jurisprudencia recaída en aplicación de tales preceptos, para que proceda la clasificación profesional es necesario que se acredite la realización habitual de todas o de la mayor parte de las funciones propias de esa categoría, las cuales funciones por tanto han de desempeñarse en plenitud y no sólo en parte

Se indica asimismo que se infringiría lo dispuesto en el artículo 22-3 del convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, por lo que concurriría el obstáculo convencional a que se refiere el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores para la reclasificación profesional por mero desempeño continuado de funciones de categoría superior, toda vez que dicho precepto convencional (artículo 22-3 del convenio de aplicación) dispone que el mero desempeño de funciones de categoría superior nunca consolidará el salario ni la superior categoría, siendo el único procedimiento válido para ello la superación de un proceso selectivo de promoción interna.

Pues bien, en relación con el desempeño por la actora de funciones de categoría superior (concretamente de Oficial administrativo), ha de indicarse que la sentencia recurrida indica que las funciones que viene desarrollando la demandante las realiza desde el inicio de su prestación de servicios. Lo recoge así en su Fundamento Jurídico Cuarto, con valor fáctico, sin que tal extremo haya sido combatido en suplicación por vía de revisión fáctica.

Concretamente sus funciones, según el relato fáctico de la sentencia recurrida, consisten en elaboración de los documentos contables.

Además, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se acoge por dicha sentencia reseña que sus funciones consisten en:

-Gestión de acreedores de la Comunidad de Madrid (alta, baja, modificación) a través de Nexus.

-Elaboración de documentos contables de disposición de gasto, reconocimiento y propuesta de pago.

-Detección y, en su caso, resolución de incidencias en relación con la tramitación de documentos contables.

-Apoyo administrativo en la tramitación de expedientes de subvenciones durante las fases de concesión, pago, justificación y reintegro.

-Uso de los diferentes programas empleados para la gestión de subvenciones, sin perfil de administrador.

-Manejo del paquete informático de la Comunidad de Madrid.

Tales funciones o cometidos laborales son encuadrables en el ámbito de la categoría profesional de Oficial administrativo, siendo que con arreglo al convenio colectivo de aplicación, "pertenecen a esta categoría profesional los trabajadores que, en posesión de los conocimientos teóricos y prácticos acordes a la formación profesional exigida, con iniciativa y responsabilidad y bajo la dependencia directa de un trabajador de categoría superior, de quien reciben instrucciones genéricas, realizan actividades administrativas de carácter general, coordinando, en su caso, las tareas de otros trabajadores pertenecientes a su área de actividad. Son tareas fundamentales de esta categoría: * Transcribir datos en libros contables y realizar cálculos de estadística elemental. * Redactar correspondencia con iniciativa propia. * Realizar liquidaciones y cálculos de nóminas de salarios y de seguros sociales. * Manejar la caja de cobros y pagos, efectuando las anotaciones correspondientes. * Cumplimentar fichas de control y seguimiento de la actividad administrativa. * Gestionar pedidos y suministros. Los trabajadores pertenecientes a esta categoría deberán poseer conocimientos prácticos para el manejo de máquinas de uso ordinario de oficina incluidos los elementos informáticos a nivel de usuario".

Por el contrario, las funciones o cometidos laborales desempeñados por la actora no son subsumibles en el ámbito de la categoría de Auxiliar administrativo, cuyas labores o tareas, según el convenio colectivo de aplicación, se contraen a "actividades administrativas de carácter elemental, consistentes en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto. Son tareas fundamentales de esta categoría: * Mecanografía de documentos. * Ordenación y movimiento de archivo. * Labores auxiliares en biblioteca. * Anotación y registro de documentos. * Operaciones de cálculo sencillo. * Operaciones elementales con elementos informáticos, en relación con mecanografía de textos. * Cumplimentación de albaranes y partes. * Comprobación de entradas y salidas de almacén. * Operaciones de cobro y pago en mínimas cuantías, sin responsabilidad contable sobre los fondos".

Por otro lado, en lo que se refiere a la concurrencia de obstáculo convencional, hemos de señalar que en el presente caso el desempeño por la actora de tales funciones de superior categoría venía realizándose desde el inicio de su prestación de servicios, siendo que la sentencia recurrida así lo recoge (en su Fundamento Jurídico Cuarto, con valor fáctico), sin que este extremo haya sido objeto de impugnación, y por tanto no resulta de aplicación la previsión referente al obstáculo convencional a que se refiere el artículo 39-2 del Estatuto de los Trabajadores, pues dicho obstáculo convencional resulta de aplicación sólo a los supuestos de reclasificación profesional por desempeño continuado de funciones de categoría superior, pero no a aquellos casos en que las funciones de superior categoría venían realizándose "ab origine", esto es, desde el inicio de la prestación de servicios.

Por tanto, ha de entenderse que la adecuada categoría profesional que debió asignarse a la actora desde el comienzo de su prestación de servicios debió ser de Oficial administrativo. En consecuencia, la incorrección producida al atribuirle originariamente la categoría de Auxiliar administrativo debe ser corregida de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, sin que sea apreciable el obstáculo convencional a que se refiere el artículo 39-2 de dicho texto legal, pues tal posible obstáculo convencional hace referencia únicamente a la reclasificación profesional que se produce por desempeño ulterior y continuado de funciones de categoría superior a virtud de movilidad funcional, pero no a los supuestos de incorrecta atribución de categoría profesional desde el principio ("ab initio") de la prestación de servicios, tal como aquí sucede.

Por todo lo expuesto, se desestima el motivo.

TERCERO.- Como segundo motivo de recurso, por la vía del apartado c) del art. 193 de la Ley procesal laboral se alega infracción de lo dispuesto en los artículos 26-1 y 39-3 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que las diferencias salariales entre las categorías de Oficial y Auxiliar administrativo no ascenderían al importe que se indica en la sentencia recurrida, toda vez que ésta no computaría el complemento personal consolidable que la actora venía percibiendo desde su integración en el convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, el cual complemento personal consolidable le hubo sido reconocido como consecuencia de la homologación de la categoría que ostentaba en el Instituto Madrileño para la Formación con la categoría de Auxiliar administrativo del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, entiende que las diferencias salariales deberían cuantificarse en el importe que se señala en el motivo.

La cuestión ya ha sido abordada anteriormente por esta Sala, pudiendo citarse al respecto la sentencia de 19 octubre 2018, recaída en recurso 348/2018, en la que señalábamos que "en la sentencia recurrida se recoge que inicialmente la demandante prestó servicios en el Instituto Madrileño para la Formación (IMAF), siendo que en el año 1999 se establecieron las condiciones de integración del personal de este Instituto Madrileño para la Formación (IMAF) en el convenio colectivo de la Comunidad de Madrid, estableciéndose para el personal integrado que mantendría como "salario personal a extinguir el salario base y el nivel consolidado". Posteriormente en el año 2000 el "salario personal a extinguir" fue sustituido por el "salario personal consolidado", siendo ésta una retribución consolidada que no podía ser absorbida ni compensada. La afirmación efectuada por la demandada en el sentido de que el derecho al percibo de dicho complemento salarial ("salario personal consolidado") se extinguiría con su adscripción a una nueva categoría profesional se encuentra ayuna de fundamento sobre la base de los hechos declarados probados atinentes a la integración del personal del Instituto Madrileño para la Formación (IMAF) en el convenio colectivo de la Comunidad de Madrid. Para acreditar esa posible previsión de que el derecho al percibo de dicho complemento salarial ("salario personal consolidado") se extinguiría con su pase a una nueva categoría profesional, la Comunidad de Madrid debería haber -en su caso- interesado que por vía de revisión fáctica se trajesen a colación los concretos términos de los acuerdos que rigieron en los años 1999 y 2000 la integración del personal del Instituto Madrileño para la Formación (IMAF) en dicho ámbito convencional. A falta de esta acreditación, no existe motivo justificado para concluir -como pretende la entidad recurrente- que el derecho al percibo de dicho complemento salarial ("salario personal consolidado") se extinguiría con su pase a una nueva categoría profesional".

Concurriendo las mismas circunstancias que se daban en la sentencia anteriormente transcrita en relación con la cuestión suscitada en el motivo, la respuesta jurídica que debe darse al mismo ha de ser la misma, con su consiguiente desestimación; de modo que no se han infringido las disposiciones ni la doctrina judicial que se mencionan en el motivo, debiendo desestimarse éste y, con él, el recurso de suplicación, confirmándose la sentencia de instancia.

CUARTO.- Conforme al artículo 235 (LA LEY 19110/2011)-1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, "La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación...".

En el presente caso, siendo la sentencia desestimatoria del recurso de suplicación formulado por la Comunidad de Madrid, habiendo sido éste impugnado por la actora mediante escrito presentado en fecha 30 enero 2019, y no siendo la parte cuyo recurso ha sido desestimado titular del beneficio de justicia gratuita, procede condenar a dicha parte recurrente a abonar las costas del recurso, consistentes en los honorarios del profesional que ha asistido a la parte recurrida, cuya cuantía esta Sala fija prudencialmente en 500 euros.