Volver a página de inicio

PRIMERO. Mediante la resolución impugnada el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Andalucía desestimó la reclamación interpuesta frente a la liquidación provisional girada el 6 de noviembre de 2013 por la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de Parque de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concepto de impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2011, y por importe de 2.762,48 euros de cuota más 185,99 euros de intereses de demora, por considerar que la recurrente se encontraba obligada a presentar la correspondiente declaración, omitida en su día por aquella, quien rechaza dicha consideración por entender no superado en el caso el límite legalmente establecido para ello al haber percibido parte de sus rendimientos de trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de prestación por maternidad, que considera exenta del impuesto.

La resolución recurrida, no obstante, estimó la segunda de las reclamaciones interpuestas, seguida frente a la sancionadora dictada con ocasión de los mismos hechos, al no considerar concurrente el elemento subjetivo legalmente exigido a tal efecto, aspecto este al que, naturalmente, no se refiere la demanda y que, por tanto, la Sala tampoco va a examinar.

SEGUNDO. La cuestión se reduce así a dilucidar si, como entendió el órgano gestor, la actora superó el límite de la obligación de declarar establecida entonces en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (LA LEY 11503/2006), reguladora del Impuesto (redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre (LA LEY 19472/2008)), concretamente de 11.200 euros anuales, que dicho precepto fijaba para los rendimientos de trabajo percibidos de más de un pagador, lo que así habría sucedido en el caso de la recurrente al haber obtenido en aquel ejercicio 9.991,92 euros del Servicio Público de Empleo y 11.706,24 euros del Instituto Nacional de la Seguridad Social, conclusión que, por su parte, aquella rechaza por tratarse esa segunda de una prestación por maternidad que considera exenta del impuesto.

No es esta, sin embargo, la conclusión que se extrae de la norma que establece esa exención, esto es, del artículo 7.h) de la citada Ley, a cuyo tenor debe estarse de manera estricta en atención a la finalidad bonificadora de la norma y de lo establecido al respecto por el artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003).

En efecto, el citado precepto considera exentas del impuesto "‘..las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LA LEY 2305/1994), y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales..".

TERCERO. Así las cosas, según parecía admitir el órgano gestor al no oponer objeción al respecto, la prestación que se trata resulta ser de las de maternidad procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir de las entonces reguladas en el Capítulo VI del Título II, artículos 177 y siguientes, del citado Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (LA LEY 2305/1994) (reguladas hoy en el mismo capítulo del aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LA LEY 16531/2015)), consistente por regla general en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora correspondiente, a percibir durante los períodos de suspensión con reserva de puesto de trabajo o permisos previstos respectivamente por los artículos 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (LA LEY 3631/2007), por razón de maternidad, adopción, guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar.

No se trata, pues, de las prestaciones a que se refiere el párrafo 1.° de aquel artículo 7.h) de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LA LEY 11503/2006), de las que se ocupa aquel Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, consistentes en asignaciones económicas por hijos menores afectados por minusvalía, y en prestaciones económicas de pago único por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas, y por parto o adopción múltiples (artículo 181 del TRLGSS).

La prestación por maternidad tampoco encuentra encaje en el párrafo 2.° de aquel precepto de la Ley 35/2006 (LA LEY 11503/2006), que para los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, se remite al 1.° en lo que respecta a las situaciones contempladas.

Lo mismo puede decirse de las "..las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad..", a que se refiere el apartado 3.° de la norma, coincidentes con las del apartado 1.° salvo en lo relativo a su procedencia, que en este caso debe ser también pública pero de un organismo distinto del estatal.

Precisamente por esta procedencia, la prestación por maternidad que se trata tampoco puede incluirse en las previstas por el párrafo 4.° del precepto, limitadas las recibidas de la Administración autonómica o local.

CUARTO. La cabal atención al tenor de la norma que la contempla es suficiente para rechazar la pretendida exención de la prestación que ahora se trata en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que otra cosa pueda extraerse de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (LA LEY 2013/2003), de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que introdujo esa medida en la precedente Ley 40/1998, de 9 de diciembre (LA LEY 4419/1998), en términos sustancialmente coincidentes con los empleados por la norma hoy vigente, y sin que, más concretamente, a ello obsten los términos empleados por su Exposición de Motivos al referirse en tal sentido al establecimiento de la "..exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo..", términos estos cuyo alcance genérico permite entenderlos sin esfuerzo como referidos a las prestaciones por nacimiento procedentes de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, sí incluidas efectivamente en la exención.

Por lo demás, tampoco la inclusión en el beneficio fiscal de estas otras prestaciones por maternidad de origen autonómico o local, significa que deban incluirse igualmente en ella las estatales, extensión que además de contrariar aquella prohibición básica de aplicación analógica de normas de este tipo, puede encontrar su explicación en el conveniente control por el Estado del coste global de las prestaciones procedentes de sus propias arcas (es decir, el importe resultante de su pago y del gravamen fiscal que sobre ellas recaen), utilidad que, naturalmente, no podía obtener respecto de las prestaciones procedentes de otras Administraciones. Más sencillamente, con este desigual tratamiento el Legislador estatal, en ejercicio de la libertad de configuración que ostenta, habría limitado la exención de tales prestaciones a aquellas que exceden de las que con carácter general el sistema de Seguridad Social reconoce a favor de los trabajadores y empleados públicos, sometiendo estas otras al impuesto.

QUINTO. En consecuencia, la Sala no encuentra razón para contrariar el criterio seguido por las resoluciones impugnadas, basado en la estricta aplicación de la norma que establece el discutido beneficio fiscal, por lo que el recurso debe ser íntegramente desestimado, aunque ello, considerada la existencia de algún pronunciamiento judicial de signo distinto, alegado por la recurrente, o la ausencia de retención fiscal de la prestación por ella percibida, con las consiguientes dudas que con ello han podido suscitarse, sin que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998), se considere procedente un pronunciamiento especial sobre el pago de las costas causadas en esta instancia.

Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad de juzgar que nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución