JCCA nº. 1, S 277/2012, 21 Dic (LA LEY 247094/2012). Ponente: Vicente Ortiz, José Luis
El incumplimiento del plazo para la adjudicación o para la toma de posesión de las plazas de los nuevos efectivos tras el desarrollo de un proceso selectivo puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración. De hecho, la tardanza en dicha adjudicación o toma de posesión puede llegar a suponer para la Administración el desembolso de importantes cantidades de dinero.
Esto es precisamente lo que el Juzgado ha reconocido en sentencia de 21 Dic. 2012, en la que, estimando el recurso interpuesto por una opositora -participante en un proceso selectivo convocado por la AEAT- contra la desestimación presunta de su reclamación por responsabilidad patrimonial, ha condenado a la Administración a abonarle 26.839,98 € por la dilación de 1 año, 4 meses y 6 días en la publicación de su nombramiento.
Conviene señalar cómo el Juzgado se aleja de la corriente seguida hasta el momento por otras sentencias de la Audiencia Nacional, en las que, aunque no se anudaba el incumplimiento del plazo a la anulación del proceso selectivo, ya se indicaba que ello podría dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.
Aunque ni la L 30/1984 (LA LEY 1913/1984), de Medidas de Reforma de la Función Pública ni el Reglamento General de Ingreso establecen límites temporales para el desarrollo de las previsiones contenidas en la Oferta Pública de Empleo, el EBEP (LA LEY 3631/2007) sí introduce una novedad al establecer un plazo máximo de 3 años para la ejecución de la oferta.
Por su parte, las normas que aprobaron las Ofertas de Empleo Público de los últimos años hacen referencia al principio de anualidad como uno de los principios que deben regir los procesos selectivos que desarrollen las previsiones de la Oferta de Empleo Público, y que trae causa del principio de anualidad que rige en los presupuestos públicos de las distintas Administraciones, pues se trata de ofertar y cubrir aquellas plazas vacantes que se hayan previamente dotado presupuestariamente para un ejercicio determinado. Por esta razón este principio de anualidad no debe ser entendido en el cómputo anual de 12 meses, sino como el año natural -1 de enero a 31 de diciembre- al que vienen referidos los presupuestos de las distintas Administraciones.
No todo retraso en el nombramiento y toma de posesión de los aprobados en un proceso selectivo puede dar lugar a responsabilidad patrimonial, pues puede derivarse de causas no imputables a la Administración, o bien no constituir lesión antijurídica porque se derive de las propias necesidades de autoorganización de la Administración, y que el particular viene obligado a soportar.
En el supuesto, la dilación de más de un año y cinco meses en el nombramiento y toma de posesión de la recurrente fue consecuencia de una importante e injustificada dilación de la Administración en el cumplimiento del plazo establecido para tal nombramiento y toma de posesión, existiendo el correspondiente nexo causal entre el daño y el funcionamiento de la Administración, siendo la lesión antijurídica porque el concurso de méritos que podría justificar la tardanza se dilató considerablemente en el tiempo, sin ninguna causa aparente.
Por ende, el Juzgado concluye que es patente el daño efectivo producido por esa importante dilación, sin justificación alguna, en el cumplimiento del plazo establecido para el nombramiento y toma de posesión. Y por ello procede a reconocer el quantum indemnizatorio solicitado por la opositora, al no haber sido cuestionada la citada cantidad ni haber tratado de probar que hubiese estado percibiendo, durante ese tiempo, cualquier sueldo o salario que hubiere podido compensar todo o parte de la retribución no percibida en el período reclamado.