Almudena Vigil. Madrid.- La reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales ha supuesto un fuerte revulsivo para el sector legal. Uno de los colectivos más molestos con la reforma es el de los procuradores, que inicia una guerra con el Ministerio de Economía y Competitividad, al que culpa de acometer una reforma que podría causar «daños importantes a la Justicia», empeorando considerablemente su funcionamiento y «retrocediendo a situaciones de hace más de 30 años».
En declaraciones a Expansión, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, asegura que «este no es el final, sino el principio de la batalla». Además, manifiesta su intención de luchar en una guerra a vida o muerte por el futuro de la profesión.
El Anteproyecto acaba con sus aranceles, para que sus honorarios sean fijados libremente con los clientes, y elimina la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Estévez ve especialmente preocupante esto último, que se traduciría en un auténtico «caos» en la Administración de Justicia. Según explica, el colectivo gestiona anualmente 50 millones de notificaciones de los tribunales, de las cuales 28 millones son tramitadas en papel y 22 millones a través del sistema informático LexNet, cuyo coste asumen los colegios de procuradores. Para todo ello, recuerda, actualmente la Justicia tiene 67 interlocutores, uno por cada institución colegial, que pasarían a ser 150.000 si se confirma la posibilidad de que los letrados ejerzan también funciones de notificación. El presidente, que entiende que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del 2 de agosto se hizo «de tapadillo» y lo califica de «puñalada a traición», recuerda que el propio Anteproyecto reconoce que será necesario un período transitorio para que los colegios de abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales.
Despachos de abogados
Además, niega que el hecho de que los abogados lleven no sólo la defensa sino también la representación del cliente ante los tribunales vaya a reducir la factura final, ya que el despacho necesitaría tener un equipo que asuma las nuevas funciones y cree que la mayoría seguirá contratando el servicio de los procuradores «porque sale más rentable».
A Estévez le consta que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no quería esto y ha luchado «a brazo partido» por defender al colectivo en las negociaciones con Economía, pese a lo cual el ministro del ramo, Luis de Guindos, ha decidido seguir adelante con la reforma. Como muestra del respaldo de Justicia a los procuradores, cabe recordar que el pasado mes de mayo, el Ministerio de Justicia aprobó el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que les entregaba nuevas competencias. Sin embargo, de aprobarse la reforma de los servicios profesionales, podría iniciarse un camino de refundición entre abogados y procuradores, donde la procura como especialidad se restringiría a la función pública.
El resultado de esta revolución legislativa tardará, al menos, un año en llegar, entre el período de informes y la tramitación parlamentaria. Estévez asegura que no estarán solos, ya que cuentan con apoyos de parlamentarios de diversos grupos, incluido el partido en el Gobierno. Jurídico