La pasividad legislativa y la injustificada lentitud para modificar la Ley de segunda oportunidad han quedado patentes en la sentencia que el tribunal supremo ha publicado el pasado 2 de julio.
El fallo da capacidad a los juzgados de mercantil para determinar si se aplican condonaciones de hasta un 70% de las deudas contraídas por los autónomos con las administraciones de la Seguridad Social y Hacienda. Además, plantea la posibilidad de fraccionar las cantidades restantes que quedarían pendientes de pago a las administraciones. Precisamente estas eran las alegaciones que la organización presentó en la tramitación parlamentaria de la mencionada Ley de segunda oportunidad y que cayeron en saco roto.
UPTA volvió a presentar esta iniciativa el pasado año cuando se discutió la Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo y tampoco en esa ocasión fuimos capaces de convencer al gobierno y a los grupos políticos que apoyaban al ejecutivo para cambiar una indiscutible Ley trampa de segunda oportunidad.
El espíritu de la citada Ley era precisamente que autónomos que han fracasado en su negocio pudieran volver a intentarlo en condiciones que fueran ventajosas y razonables, situación que en ningún caso se dio en la promulgación de ésta.
Desgraciadamente, los juzgados están haciendo el trabajo del legislador y es en las instancias judiciales donde se están resolviendo asuntos importantes del trabajo autónomo, que tendrían que estar perfectamente definidos en las Leyes correspondientes.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, manifestaba esta mañana la decepción que suponen las oportunidades perdidas y lamentaba cómo miles de trabajadores por cuenta propia, que no han podido superar la situación de cierre de sus actividades, han acabado como deudores de la administración. Todos estos casos podrían haber tenido solución en su momento y no haber hecho pasar un calvario a cientos de trabajadores autónomos afectados.