Cargando. Por favor, espere

Cuatro meses de suspensión para una i...

Cuatro meses de suspensión para una inspectora de Hacienda que falseaba los controles de horarios

  • 15-4-2019 | Wolters Kluwer
  • La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso y ha reducido la sanción de ocho a cuatro meses. La infractora fue grabada forzando los tornos y usando distintas tarjetas en los controles de acceso y horarios.
Jurisprudencia comentada
Ir a Jurisprudencia AN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, S, 20 Mar. 2019 (Rec. 18/2018)
Portada

Eduardo Romero. -La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (LA LEY 30756/2019) ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una inspectora de Hacienda contra la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 2, en relación a una sanción disciplinaria por “acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de la jornada de trabajo”, en virtud del artículo 7.1 del Reglamento de Régimen Disciplinario.

La apelante, como funcionaria de la Administración Pública en virtud de su puesto como Inspectora de Hacienda, fue grabada en reiteradas ocasiones durante el año 2016 forzando el torno de entrada, utilizado para el control horario de los empleados, así como utilizando una tarjeta de acceso distinta a la de personal para simular la entrada en horarios distintos al real y eludir así los controles ayudando, además, a otros funcionarios a cometer la misma infracción, motivo por el que se le impuso una sanción inicial de ocho meses de suspensión de funciones.

Matiza la sentencia, en relación a la ilicitud de la prueba de videograbaciones, uno de lo argumentos centrales de la apelación, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016 (LA LEY 11275/2016) “considera que basta con que la presencia de las cámaras de vigilancia se anuncie de acuerdo con la legislación sobre protección de datos, sin que requiera especificar que pueden ser usadas para control de las obligaciones laborales”.

En este sentido, la Audiencia se ha mantenido firme al confirmar estas grabaciones como la medida idónea y necesaria, al no existir otros medios, de la irregularidad de la empleada. Se alude, además, a la óptima calidad de las mismas, permitiendo confirmar, con un margen de error escaso, la autoría de la infractora, así como a la potestad del demandado de ser el encargado de contrarrestar el valor de la prueba, cosa que no hizo, mediante ulteriores análisis periciales y biométricos.

Continúa la Sala, presidida por el magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, denegando cualquier validez al intento de comparativa por parte de la acusada contra otro expediente disciplinario seguido contra otro funcionario como pauta para medir la irregularidad aquí presente. En este sentido, ha recalcado la sentencia los criterios sancionables aplicables a este caso en virtud del artículo 131.3 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992), en cuanto se recoge intencionalidad, reiteración y reincidencia, matizando el carácter especialmente reprobable de la demandada en cuanto a su condición de inspectora de Hacienda.

Perjuicio público

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha subrayado especialmente el perjuicio que la acción de la demandada ha provocado en la Administración Pública. En primer lugar, queda evidenciado que la fiabilidad del control de acceso es insuficiente, imponiendo una necesidad de renovación de sistemas que indirectamente afectará a otros compañeros de oficio.

Es también destacable la referencia que la Sala desarrolla en relación al daño general provocado en la imagen del funcionario público, al afirmar que “la existencia de cuerpos de funcionarios con plazas vitalicias en la administración es percibida por la sociedad como una situación de privilegio”, más aún en época de crisis, deteriorando estas conductas más aún la imagen que la ciudadanía tiene del funcionariado.

Así las cosas, termina la sentencia considerando que, pese a la posible máxima suspensión de tres años establecida en el artículo 16 del Reglamento de Régimen Disciplinario, una cesación de ocho meses, inicialmente impuesta, se torna especialmente severa aún considerando la infracción cometida como grave, aplicando, por ello, una suspensión total de cuatro meses.

Queremos saber tu opiniónNombreE-mail (no será publicado)ComentarioWolters Kluwer no se hace responsable de las opiniones vertidas en los comentarios. Los comentarios en esta página están moderados, no aparecerán inmediatamente en la página al ser enviados. Evita, por favor, las descalificaciones personales, los comentarios maleducados, los ataques directos o ridiculizaciones personales, o los calificativos insultantes de cualquier tipo, sean dirigidos al autor de la página o a cualquier otro comentarista.
Introduce el código que aparece en la imagencaptcha
Enviar

Últimos tweets

NÚMEROS DISPONIBLES

Scroll