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Según el Abogado General, el TJUE no ...

Según el Abogado General, el TJUE no es competente para responder a la autoridad judicial emisora sobre si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar una Euroorden

  • 16-5-2018 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Según el Abogado General Szpunar, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las preguntas formuladas por la autoridad judicial que emite una orden de detención europea sobre la cuestión de si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar dicha orden. La autoridad que emite la orden no puede reemplazar a la autoridad de ejecución formulando al Tribunal de Justicia preguntas que sólo esta última tiene derecho a formular en el marco del procedimiento de remisión prejudicial.
Portada

El Abogado General Szpunar ha notificado sus conclusiones en el asunto C-268/17, relativo a la interpretación del artículo 4, de la Decisión Marco 2002/584/JAI (LA LEY 8343/2002), sobre la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

El asunto principal versaba sobre la incoación de un procedimiento penal en Croacia respecto te un ciudadano húngaro, presidente de una sociedad húngara. Se sospechaba que accedió a pagar una cantidad de dinero considerable a un alto cargo de Croacia a cambio de la celebración de un acuerdo entre la citada sociedad húngara y el Gobierno croata.

A raíz de la apertura de una investigación contra dicho ciudadano en Croacia por corrupción activa, las autoridades croatas solicitaron en varias ocasiones a las autoridades húngaras competentes (por primera vez el 10 de junio de 2011) que les facilitaran asistencia jurídica internacional tomando declaración a esta persona en calidad de sospechoso y entregándole una citación. Aunque las autoridades húngaras no accedieron a estas solicitudes, iniciaron también una investigación para comprobar si se había cometido un delito contra la integridad de la vida pública en forma de corrupción activa a nivel internacional, con arreglo al Código Penal húngaro.

Esa investigación se archivó el 20 de enero de 2012 porque se consideró que los hechos cometidos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, la investigación de las autoridades húngaras no se había abierto contra el ciudadano en calidad de sospechoso, sino únicamente en relación con el supuesto delito, y en el curso de dicha investigación del ciudadano afectado sólo fue interrogado como testigo.

El 1 de octubre de 2013, tras la adhesión de Croacia a la Unión Europea, las autoridades croatas emitieron una orden de detención europea contra él. No obstante, las autoridades húngaras denegaron la ejecución de esa orden de detención aduciendo que ya se había puesto fin en Hungría al procedimiento criminal relativo a los mismos hechos en que se basaba la orden de detención.

El 15 de diciembre de 2015, el Tribunal de condado de Zagreb, Croacia, ante el que se sustanciaba el procedimiento penal, dictó una segunda orden de detención europea contra éste.

Las autoridades húngaras se negaron a adoptar resolución formal alguna con respecto a esta segunda orden de detención por considerar que no era legalmente posible detener a dicha persona en Hungría ni iniciar un nuevo procedimiento para ejecutar dicha orden.

Cuestión prejudicial planteada

En esas circunstancias, el tribunal croata pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, si la Decisión marco relativa a la orden de detención europea permite que la autoridad competente de un Estado miembro no ejecute una orden de ese tipo basándose en el hecho de que en dicho Estado ya se ha puesto fin al procedimiento criminal por los mismos hechos especificados en la orden de detención, aun cuando la persona contra la que se emitió la orden sólo haya tenido en ese procedimiento la condición de testigo, y no la de sospechoso o acusado. El tribunal croata desea saber asimismo si una autoridad nacional está obligada a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea que se le transmita, a pesar de que ya haya tomado una decisión con respecto a una orden de detención europea previa relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

Conclusiones del Abogado General

En sus conclusiones, el Abogado General Maciej Szpunar indica que, en este asunto, el tribunal croata que emitió la orden de detención europea de que se trata desea obtener orientaciones sobre los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras, que son las autoridades encargadas de dar ejecución a esa orden. El Abogado General opina que no son necesarias para que el tribunal croata pueda continuar con el procedimiento sustanciado ante él las respuestas del Tribunal de Justicia a las preguntas sobre si las autoridades húngaras tienen derecho (o, en su caso están obligadas) a no ejecutar la orden de detención de que se trata, con arreglo a la Decisión marco. En este contexto, el Abogado General pone de relieve que, desde un punto de vista jurídico, las respuestas del Tribunal de Justicia no afectarían a la cuestión de si ese tribunal nacional mantiene o retira la orden de detención, ya que incumbe a este último tribunal adoptar finalmente una decisión al respecto, con independencia de esas respuestas.

Además, el Abogado General recalca que, en definitiva, el presente asunto se refiere a la interpretación de la legislación húngara a la luz de las disposiciones de la Decisión marco, tarea que incumbe a las autoridades húngaras, que son quienes deben adoptar una decisión sobre la orden de detención. A este respecto, el Abogado General indica que el tribunal croata en cuestión no puede reemplazar a las autoridades húngaras competentes formulando al Tribunal de Justicia preguntas sobre este tema en el marco del procedimiento de remisión prejudicial.

El Abogado General considera, por tanto, que el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras competentes para decidir sobre la ejecución de la orden de detención de que se trata.

Por último, el Abogado General estima que las autoridades de los Estados miembros están obligadas a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea, incluso cuando ya hayan tomado una decisión sobre una orden de detención anterior relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

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