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El Estado Español deberá indemnizar a...

El Estado Español deberá indemnizar a dos miembros de ETA por el "trato inhumano y degradante" sufrido tras su detención

  • 14-2-2018 | Wolters Kluwer
  • El TEDH considera que se ha infringido el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Prohibición de tortura y de los malos tratos), pues era obligación del Estado probar cuál fue el origen de las lesiones sufridas por los detenidos y que las mismas eran compatibles con un uso necesario y proporcional de la fuerza. Al no haberse probado con detalle las circunstancias exactas en las que se produjo el arresto, ni que el uso de la fuerza fuera proporcionado, concede unas indemnizaciones a favor de los demandantes, de 50.000 euros en total, si bien éstas serán compensadas con las deudas que tienen frente al Estado como subrogado en la responsabilidad civil a las víctimas de los delitos cometidos por los detenidos.
Portada

Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2018 (LA LEY 1806/2018), caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal contra España (demanda nº 1653/13). El caso se refiere a las denuncias de malos tratos sufridas por dos miembros de la organización terrorista ETA tras su detención por la Guardia Civil en 2008. Si bien reconoce el Tribunal que existen múltiples incongruencias en el relato de los denunciantes, existiendo relatos divergentes entre las partes, señala que es obligación del Estado probar cuál es el origen de las lesiones y que las mismas son compatibles con un uso necesario y proporcional de la fuerza, algo que no hizo. Por ello, considera que supone una violación del artículo 3 del Convenio (Prohibición de tortura y de los malos tratos), tanto en aspectos sustantivos como procesales, y concede una indemnización de 30.000 euros a Portu Juanenea y 20.000 euros a Sarasola Yarzabal, por daños morales. Dichas indemnizaciones, como ya ha declarado a los medios el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no serán cobradas por los etarras, sino que se descontarán de lo que deben estos mismos presos por sus delitos. Asimismo, el TEDH no estima que hayan existido torturas y deniega la solicitud de pago de las costas procesales solicitada por los demandantes.

Resumen de los hechos

Los demandantes, miembros de ETA, fueron detenidos en Mondragón el día 6 de enero de 2008, hacia las 10,30, cuando volvían de recoger armas y municiones de un zulo cercano. Fueron conducidos al cuartel de Intxaurrondo, donde entraron a las 12:25. Fueron conducidos a sus domicilios en Lesaka (Navarra) para realizar registros y luego llevados a San Sebastián, donde fueron examinados por dos médicos forenses. Los médicos registraron diversas lesiones en ambos, que tardaron en curar, necesitando de un breve internamiento hospitalario en uno de los demandantes. Ambos se curaron sin registrar secuelas.

Los demandantes alegaron que sufrieron torturas durante su detención y su conducción al cuartel de Intxaurrondo. Por el contrario los agentes de la Guardia Civil invocaron que las lesiones eran congruentes con el carácter violento que tuvo la detención ante el intento de fuga de los detenidos.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó como autores de lesiones a algunos de los Guardias Civiles intervinientes. El Fiscal y los condenados recurrieron en casación al Tribunal Supremo, quienes absolvieron a los agentes debido a incongruencias del relato de los demandantes y apreciando de nuevo la prueba documental, incluidos los dictámenes médicos.

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no fue admitido.

Acuden al TEDH, tras agotar las vías internas, pidiendo que se declare la existencia de torturas (vulneración material del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950)), y un procedimiento judicial insuficiente (aspecto procesal del art. 3 en relación con el art. 6, ambos del CEDH (LA LEY 16/1950)), e indemnización de daños y perjuicios.

Apreciación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- Aspecto material del art. 3 (Torturas o tratos inhumanos o degradantes).

El TEDH reconoce que existen múltiples incongruencias en el relato de los denunciantes, existiendo relatos divergentes entre las partes.

Señala que cuando se prueban lesiones de la índole que se constata en este caso, que se producen mientras un detenido está bajo custodia policial, es obligación del Estado probar cuál es el origen de las lesiones y que las mismas son compatibles con un uso necesario y proporcional de la fuerza.

En este caso el TEDH estima que, pese a la investigación judicial extensa y el enjuiciamiento por dos tribunales internos, no han llegado a probarse con detalle las circunstancias exactas en las que se produjo el arresto ni que el uso de la fuerza fuera proporcionado.

Por ello, pese a la absolución firme de los Guardias Civiles por los tribunales nacionales, el TEDH considera que España ha infringido el art. 3 del Convenio.

Sin embargo, no estima que hayan existido torturas, sino sólo tratos inhumanos o degradantes, ya que ni se ha alegado ni se ha probado que las lesiones hayan dejado secuelas, ni tampoco que la finalidad del uso de la fuerza haya sido la de obtener datos, castigar o intimidar.

- Aspecto procesal del art. 3

El TEDH estima que el TS antes de absolver a los Guardias Civiles, debería haber celebrado una audiencia pública, pues volvió a apreciar las declaraciones de los denunciantes y de testigos.

Por ello considera que se ha vulnerado el art. 3 en su aspecto de garantía procesal en conexión con el art. 6 del CEDH (LA LEY 16/1950).

- Indemnización de daños y perjuicios

Frente a la solicitud de 60.000 euros a cada demandante, el TEDH concede sólo 30.000 al primero y 20.000 al segundo. Dichas indemnizaciones serán compensadas con las deudas que tienen frente al Estado como subrogado en la responsabilidad civil a las víctimas de los delitos cometidos por los detenidos.

Se ha denegado la solicitud de pago de las costas procesales.

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