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Casi el 42% de los alquileres en Espa...

Casi el 42% de los alquileres en España no se declaran, según Gestha

Diario La Ley, 19 de Abril de 2016, Editorial LA LEY

LA LEY 90499/2016

  • Los arrendamientos que escapan del control de Hacienda bajan 12 puntos desde 2007. Murcia, Canarias y Andalucía son las tres comunidades con más alquileres en negro.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto el foco en los alquileres en negro en la Campaña de la Renta de este año, en la que ha incluido un mensaje informativo a través del sistema Renta Web para los contribuyentes que tienen anunciados pisos en varios medios, sobre todo a través de Internet. Y es que, actualmente el 41,4% de los alquileres en España son fraudulentos, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De este modo, a día de hoy existen algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan al control del fisco. Además, existen otras 367.059 viviendas que se ceden de forma gratuita o a bajo precio, normalmente a familiares, las cuales en general no producen fraude porque el propietario aplica en el IRPF un porcentaje del valor catastral como renta imputada.

Los Técnicos de Hacienda clasifican a los propietarios que alquilan vivienda en España de acuerdo a dos perfiles: el grupo de caseros mayores que ya no necesitan su segunda vivienda y la alquilan para complementar la pensión y el grupo de aquellas familias que durante el ‘boom’ inmobiliario compraron una nueva casa y arriendan la antigua para ayudar al pago de la nueva hipoteca.

No obstante, a pesar de las estrecheces económicas que atraviesan muchos de estos propietarios que han visto caer su renta disponible, lo cierto es que el arrendamiento sumergido ha disminuido 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres fraudulentos alcanzaban el 54,03%.

Por qué afloran los alquileres ocultos

Para Gestha, este afloramiento de los alquileres sumergidos es fruto de la conjunción de varias acciones. En primer lugar, el cruce de información de las deducciones estatal y autonómica de arrendamiento de vivienda habitual.

En segundo lugar, la reducción en el IRPF del 60% del rendimiento neto del alquiler declarado, que hasta la reforma fiscal de 2015 llegaba al 100% si el inquilino tenía entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que en 2013 era de 7.455,14 euros. Estas reducciones no se aplican si los arrendamientos no estaban declarados y son descubiertos por Hacienda.

En tercer lugar, la campaña de comprobaciones realizadas por la AEAT desde hace tres años en aquellas viviendas con altos consumos eléctricos cuyos propietarios declaran estar desocupadas, pues desde el año 2010 dispone de la información del consumo de electricidad de los hogares. Mucho menor impacto tienen las visitas de la Agencia Tributaria destinadas a detectar alquileres opacos, que alcanzaron únicamente a 5.469 viviendas en 2015.

Geografía de los alquileres clandestinos

Por comunidades, Murcia, Canarias y Andalucía son las tres autonomías con mayor porcentaje de alquileres sumergidos, con un 61,1%, 55,6% y 55,4%, respectivamente. Precisamente, estas tres regiones son de las que más turistas reciben, lo que incide mucho en agravar esta clandestinidad, ya que buena parte de los alquileres vacacionales tampoco suelen declararse.

Si bien hay que precisar que la ciudad autónoma de Melilla es la que ostenta la tasa más elevada, con el 61,6% de los alquileres fuera del control de Hacienda. En el lado opuesto se sitúan Galicia, Castilla y León y Aragón, que registran las tasas de arrendamientos en negro más bajas de España: 25%, 23,1% y 21,2%, respectivamente.

Para los Técnicos de Hacienda, estas actuaciones -como la inclusión del citado mensaje en la declaración de la renta- para combatir los alquileres sumergidos son eficaces, porque el arrendamiento fraudulento es una actividad ilícita que es fácil descubrir y controlar, dado el perfil medio del propietario arrendador, que no realiza un fraude sofisticado.

Más medidas contra el fraude fiscal

Las propuestas de Gestha se incluyeron en la ley antifraude de 2006, aunque su puesta en marcha por parte de AEAT no se produjo hasta 2010, ya que dio un amplio plazo de tres años a las compañías energéticas para incluir en sus archivos informáticos la referencia catastral de los inmuebles (viviendas, locales, parcelas..) en donde estaban situados los puntos de suministro y los contadores.

No obstante, aunque los alquileres sumergidos apenas tienen incidencia en la bolsa de fraude, sí es un buen indicador de la poca ambición de la AEAT para reducir la economía sumergida en nuestro país que ya alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros opacos, la mayor parte procedente de la evasión de grandes fortunas, conglomerados empresariales y multinacionales.

Según Gestha, con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podrían reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea y llegando a recaudar unos 38.500 millones de euros adicionales al año.

Para alcanzar este nivel, Gestha reclama al próximo Gobierno el aumento de competencias de los técnicos de Hacienda para investigar el fraude de las grandes fortunas y empresas, así como el incremento de efectivos en la AEAT. Según Gestha, se necesitarían más de 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida.

Y es que esta es una de las grandes carencias de nuestro sistema tributario, si lo comparamos con la media de los países de la Unión Europea donde, según datos de la OCDE, existe un trabajador de Hacienda por cada 970 contribuyentes, mientras que en España hay uno para cerca de 2.000 ciudadanos.

Por otro lado, los Técnicos de Hacienda demandan más autonomía y menos dirigismo en su actividad diaria, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de otros países europeos menos permeables a las injerencias políticas o económicas.

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