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Catalá apela al consenso para afrontar una gran estrategia nacional de Justicia que lleve a cabo su reforma estructural

Diario La Ley, 11 de Abril de 2016, Editorial LA LEY

LA LEY 82894/2016

  • El titular de Justicia ha definido esa gran estrategia nacional de Justicia como un proyecto sustentado en tres pilares básicos como son un gran acuerdo político y social inclusivo que cuente con partidos, administración, sociedad civil y profesionales de la Justicia; una actuación integral que abarca todos los problemas e ineficiencias para responder con líneas de acción y soluciones estructurales; y una capacidad de evaluación inmediata mediante un sistema de indicadores que ofrezca garantías sobre su perdurabilidad y solidez.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apelado hoy durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press, al consenso político y social para llevar a cabo una gran estrategia nacional de Justicia dirigida a la consecución de una Justicia fuerte, solvente y eficaz, que afronte la reforma estructural pendiente como uno de los retos institucionales más decisivos que España debe resolver en este siglo.

Catalá, que considera que los españoles siempre han hecho lo mejor desde el consenso, aportando como prueba la Constitución de 1978 (LA LEY 2500/1978), el ingreso en la Unión Europa en 1985, la firma del Pacto de Toledo en 1995 o el reciente acuerdo político para combatir la gran amenaza de nuestras libertades que es el terrorismo, ha planteado transitar más allá del mero pacto de Estado para conformar una verdadera estrategia dotada de mayor futuro y estabilidad.

El titular de Justicia ha definido esa gran estrategia nacional de Justicia como un proyecto sustentado en tres pilares básicos como son un gran acuerdo político y social inclusivo que cuente con partidos, administración, sociedad civil y profesionales de la Justicia; una actuación integral que abarca todos los problemas e ineficiencias para responder con líneas de acción y soluciones estructurales; y una capacidad de evaluación inmediata mediante un sistema de indicadores que ofrezca garantías sobre su perdurabilidad y solidez.

Tomando como punto de partida el consenso, el diálogo y la participación, el ministro ha identificado tres grandes ejes de actuación prioritarios: el reforzamiento de la Justicia como poder independiente y palanca del crecimiento económico, la dotación con más recursos y procesos para lograr agilidad y calidad y la definición de una Justicia para las personas, la sociedad y los más vulnerables.

Independencia del Poder Judicial

Así, en relación con la necesaria independencia de la Justicia, Catalá ha defendido a los profesionales de nuestro país como uno de los cuerpos profesionales más cualificados, comprometidos e independientes del mundo y ha resaltado su responsabilidad contrastada en la transcendente función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El ministro de Justicia ha emplazado a debatir sobre una posible redefinición del Consejo General del Poder Judicial, descartando la posibilidad de prescindir de él. Igualmente, ha rechazado fórmulas de compromiso con programas de Gobierno que impliquen sumisión al Ejecutivo, apuntando la necesidad de regular de algún modo las puertas giratorias entre la Justicia y la política.

Asimismo, Rafael Catalá ha remarcado la incidencia de la mejora de la eficiencia judicial en el crecimiento económico nacional y ha destacado el hecho de que las reformas acometidas en la última legislatura en esa dirección han hecho ganar seguridad jurídica a España, convirtiéndola en un país creíble y fiable que lidera el crecimiento tras un periodo de grave crisis económica.

Indicadores objetivos como los que muestran que la constitución de sociedades alcanzó el ejercicio pasado las mejores cifras desde 2008, con casi 100.000 nuevas empresas, el crecimiento por cuatro años consecutivos de la inversión extranjera y el aumento récord del 4,3% en exportaciones españolas de bienes dan muestra de los buenos resultados y de la necesidad de seguir por un camino que, en caso de abandonarlo, podría afectar al crecimiento y la buena marcha económica, ha señalado el ministro.

Catalá ha destacado también la función crucial de la administración de la Justicia en la estabilidad y la defensa de la unidad de España y la igualdad de todos los españoles en cuanto a sus derechos y libertades, lo que juega, a su juicio, un papel definitivo en la vertebración territorial. Del mismo modo, ha dicho, es vital en la lucha contra la corrupción, fenómeno contra el que durante la última legislatura se han afrontado medidas importantes, pero ante el que aún se pueden conseguir mayores triunfos desde el consenso. Así, se podría dar cobertura legal a la práctica actual de no indultar a condenados por corrupción y otros delitos de gravedad, reducir aforamientos y regular la actuación de los lobbies o especializar a determinados juzgados en delitos económicos.

Más recursos y nuevos procesos para la Justicia

En relación con el segundo eje apuntado, Catalá ha recordado el gran esfuerzo realizado para dotar a su departamento de un presupuesto creciente durante los dos últimos ejercicios, lo que se ha traducido en la inversión de 175 millones de euros para mejorar infraestructuras y equipamientos y el impulso de reformas como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), Enjuiciamiento Civil y Criminal o Jurisdicción Voluntaria.

Igualmente, se han conseguido reducir en 2015 casi un 6% los asuntos pendientes en los juzgados y ha mejorado la calidad de las sentencias. Se avala así la apuesta gubernamental por una Justicia dirigida por jueces de carrera, como muestra que el 81% de esas sentencias fueron confirmadas en apelación o suplicación. La jurisdicción voluntaria ha aliviado de carga a los juzgados en 5.000 actos diversos, como matrimonios, separaciones, divorcios, convenios reguladores o subastas electrónicas notariales.

No obstante, Catalá ha planteado algunas propuestas para mejorar la situación de la Justicia como son impulsar un plan que mejore las cargas de trabajo con una reformulación de la planta judicial, refuerzo del arbitraje y la mediación y transformación integral del modelo procesal, de forma que se otorgue al fiscal la dirección de la instrucción, se promueva un procedimiento único para instrucción y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en supuestos de especial gravedad y se impulsen más medidas tecnológicas para conseguir una Sede Judicial Electrónica disponible las 24 horas, así como la regulación del ejercicio de la acción colectiva, incluyendo a múltiples perjudicados por un mismo delito en un único proceso.

Una Justicia para las personas, la sociedad y colectivos vulnerables

Respecto a este punto, Catalá ha manifestado su convicción de que tenemos uno de los sistemas más avanzados y sensibles del mundo en protección a víctimas del delito y ha resaltado que ya tienen su propia ley y estatuto. Asimismo, la creación de Oficinas de atención a las Víctimas y el blindaje concedido a la protección de mujeres y niños frente a la violencia, así como las medidas encaminadas a que el terrorista o el criminal que asesine a menores tras su violación no saldrán de la cárcel hasta el cumplimiento íntegro de sus condenas, suponen medidas adicionales de protección.

Las últimas reformas impulsadas por Justicia suponen, según el titular del departamento, la consolidación de una Justicia gratuita y de calidad que asegura que nadie quede sin amparo jurídico, en especial colectivos tan vulnerables como las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores y discapacitados.

Catalá llama también en este aspecto al consenso generalizado para seguir combatiendo sin cuartel la violencia de género, ampliar la protección de los menores implantando salas amigables en el entorno judicial, e impulsar una Ley Orgánica de Derecho de la Defensa que regule específicamente esta cuestión, lo que convertiría a España en todo un referente mundial.

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