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Los secretarios judiciales niegan que el TC haya impuesto un nuevo control del juez sobre ellos

Diario La Ley, 23 de Marzo de 2016, Editorial LA LEY

LA LEY 69099/2016

  • Los letrados de la Administración de Justicia advierten de que "las resoluciones de mero trámite, que no afectan a derechos fundamentales no deben ser objeto de posibilidad de recurso ante el juez ya que sólo se conseguirá alargar los procedimientos redundando negativamente en la calidad de la justicia".

El cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (antes denominados secretarios judiciales) ha salido al paso de las reacciones que ha causado la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que todas las decisiones procesales dictadas por ellos deben poder ser revisadas por un juez, hecha pública por el órgano judicial el pasado lunes.

Según aseguran en un comunicado, "la sentencia, no establece ningún control nuevo sobre los letrados de la Administración de Justicia, sólo entiende que el sistema de recursos en un caso concreto no garantizaba el derecho a un proceso sin dilaciones, un derecho fundamental, cuya protección corresponde al juez".

El texto remitido a los medios concluye señalando que "en cualquier caso lo que tiene que quedar claro es que las resoluciones de mero trámite, que no afectan a derechos fundamentales no deben ser objeto de posibilidad de recurso ante el juez ya que sólo se conseguirá alargar los procedimientos redundando negativamente en la calidad de la justicia".

A continuación reproducimos íntegramente el comunicado firmado por Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia:

COMUNICADO

COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES

La Sentencia TC (Pleno) de 17 marzo 2016, Rec. 5344/2013 (LA LEY 14162/2016), declara la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del apartado 2 del art. 102 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LA LEY 2689/1998), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19391/2009), de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

EN RELACION A LAS ULTIMAS PUBLICACIONES REFERIDAS A NUESTRO CUERPO

Uno de los principales objetivos de la reforma fue la de atribuir competencias a los secretarios judiciales, actualmente denominados Letrados de la Administración de Justicia. Debemos ante las noticias publicadas estos días, seguir DEMANDANDO la consideración que tiene este Cuerpo Superior jurídico, letrado especialista, y no meros asistentes del juez o magistrado. RESPETO que también deberían desarrollar los gabinetes de prensa de los órganos constitucionales.

La reforma competencial aludida antes nació con el propósito de descargar al juez de aquellos asuntos que, por la preparación y cualificación jurídica del Cuerpo de Letrados de la Administración de justicia, debemos desarrollar desde nuestro colectivo en el marco de un proceso moderno y al servicio del ciudadano. De esta manera y a grandes rasgos se nos han otorgado, entre otras competencias la admisión a trámite de la demanda, el señalamiento de los juicios y toda la ejecución de las sentencias, al igual que importantes funciones de mediadores en todo tipo de procedimientos, o actuaciones en jurisdicción voluntaria incluido el decretar divorcios y separaciones de mutuo acuerdo.

Dado el carácter de experto en derecho procesal, es decir, el cauce a través del cual se efectúan todas las reclamaciones ante los Juzgados y Tribunales, la legislación actual ha convertido al letrado de la Administración de Justicia en el impulsor básico y fundamental del procedimiento otorgándole competencias de carácter resolutorio, que por afectar, precisamente al procedimiento, y no a derechos fundamentales, en numerosas ocasiones no permiten la interposición del recurso intermedios frente a sus resoluciones. Ello con una finalidad clara de evitar ralentizar el proceso y en aras al derecho de los ciudadanos a un proceso justo sin dilaciones indebidas. Y siempre garantizando finalmente el conocimiento del juez de lo actuado en el proceso.

Recordar, que el número de temas específicos en derecho procesal en el temario de oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia es superior al de cualquier oposición a un Cuerpo Superior de la Administración del Estado, incluido la judicatura.

EN RELACIÓN A LA SENTENCIA DEL TC

Partimos del máximo respeto y acatamiento a la misma, proveniente del máximo órgano intérprete de la Constitución. Su trascendencia exige una valoración profunda que no puede hacerse ahora más que someramente, pero que con mayor estudio este Colegio nacional de Letrados de la Administración de Justicia emitirá, pues evidentemente está sometida a crítica, repito, dentro del respeto exigible y merecido.

Lo más llamativo han sido las manifestaciones y opiniones publicadas erróneamente, y ante las que hay que salir al paso, pues la sentencia no impone ex novo un supuesto de inexistente sistema de control que presuntamente se haya puesto ahora de relieve como necesario, de las resoluciones legítimas y legales de los Letrados de Justicia, ya que esta regulación existe, a través de los recursos procesales previstos en las leyes, y la propia sentencia parte de la base de su constitucionalidad.

Como ratifica igualmente la constitucionalidad del sistema del que nos hemos dotado de distribución competencial procesal entre jueces y letrados de la Administración de Justicia, fruto de la reforma procesal del 2009 que no solo es, y de cuya base parte el TC, plenamente constitucional, sino que además se ha mostrado plenamente beneficiosa para la Justicia y el ciudadano, ya que como demostramos anualmente en nuestro informe que anualmente publica el Colegio de Letrados de la AJ “EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION EN CIFRAS,” gracias a nuestras nuevas competencias procesales, exquisitamente ejecutadas se está por fin resolviendo más asuntos de de lo que se registran.

En dicho informe estadístico además se demuestra como en los recursos de REVISION que resuelve el juez frente a las resoluciones de los letrados de la Adm de Justicia, se CONFIRMAN en el período anual del 2014 UN 93,88% de nuestras resoluciones. Motivo más de rechazo de las últimas publicaciones y opiniones vertidas.

La sentencia, NO ESTABLECE NINGÚN CONTROL NUEVO SOBRE LOS LETRADOS DE LA AJ, solo entiende que el sistema de recursos en un caso concreto no garantizaba el derecho a un proceso sin dilaciones, un derecho fundamental, cuya protección corresponde al juez. La sentencia parte de una presunta violación de ese derecho fundamental, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, (curiosamente se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad años después del señalamiento del juicio del que trae causa), que se da en un supuesto concreto, de acaecimiento puntual, y no causado por el sistema general de recursos. Supuesto concreto del que extrae la sanción global de inconstitucionalidad de un precepto general que regula el régimen de recursos de las resoluciones de los letrados de la AJ en lo contencioso-administrativo, declarando la inconstitucionalidad de un sistema que en la mayor parte de supuestos no genera efecto indeseado alguno, antes al contrario, y que, además no valorándolo el Tribunal Constitucional en su sentencia, nació precisamente para evitar esas dilaciones indebidas, ajustando el numero de recursos intermedios para impedir que fueran planteados indiscriminadamente en perjuicio de las demás partes del proceso, y salvando siempre el conocimiento del juez en el momento en que el asunto se resuelve definitivamente.

Este efecto general que consideramos excesivo, en racimo, lo hace además en un supuesto de señalamiento de día y hora para celebrar un juicio, decisión meramente material que compete al letrado de la Aj, y que está siempre condicionada, no solo a la agenda del juez tremendamente sobrecargada y que imposibilitaría su adelanto aunque lo decidiese el propio juez, sino que además, la determinación de día y hora se hace con los criterios de señalamiento que el mismo juez haya establecido como exige taxativamente la ley.

Todos estos extremos no han sido explicitados en la valoración del TC, cuando entendemos que debería haberse hecho, y sin embargo, acaba rompiendo un sistema general de recursos, que insistimos existe, y funciona en garantía del ciudadano, pues generalizar un sinfín de recursos intermedios frente a resoluciones de MERO TRÁMITE ralentizará los procesos. Lo que nos lleva a pensar que otra podía haber sido la decisión, que aún tardía para el caso concreto, respetamos y acatamos, esperando, como el propio fallo constitucional indica, que en una pronta reforma del precepto el legislador sepa equilibrar para no romper un sistema que ha reconocido el Tc como constitucional, y el ciudadano recibe gracias a nuestras competencias en forma de servicio próximo y de mayor rapidez y calidad que antes.

En cualquier caso lo que tiene que quedar claro es que las resoluciones de mero trámite, que no afectan a derechos fundamentales no deben ser objeto de posibilidad de recurso ante el juez ya que solo se conseguirá alargar los procedimientos redundando negativamente en la calidad de la justicia.

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