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Publicada la Ley reguladora de la Ord...

Publicada la Ley reguladora de la Orden Europea de Investigación

LA LEY 4448/2018

Regula la Orden Europea de Investigación, creando un régimen único para la obtención de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro, sustituyendo al exhorto, derogado por la normativa europea. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en España para recibir las órdenes europeas de investigación emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

Normativa comentada
Ir a Norma L 3/2018 de 11 Jun. (modificación de la L 23/2014 de 20 Nov., reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación)

La Ley 3/2018, de 11 de junio (LA LEY 9482/2018), por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre (LA LEY 17707/2014), de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, introduce determinadas disposiciones en la citada ley con el fin de incorporar al Derecho español la Directiva 2014/41/UE (LA LEY 6702/2014) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.

Partiendo del hecho de que el principio de reconocimiento mutuo supone la articulación de la cooperación judicial penal entre los Estados miembros sobre la base de relaciones directas entre las autoridades judiciales, que no requiere la intervención necesaria ni obligatoria de las autoridades centrales, la citada Directiva se basa en un único instrumento para la obtención de prueba penal transfronteriza en la Unión Europea.

Así, regula la orden europea de investigación, que se expedirá a efectos de obtener una o varias medidas de investigación específicas que se llevarán a cabo en el Estado de ejecución de la misma, con vistas a la obtención de pruebas o a recabar las que ya están en posesión de la autoridad de ejecución. Con ella se crea un régimen único para la obtención de pruebas, aunque también establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro. También comprende medidas que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua o durante un determinado período de tiempo, previendo que cuando sea necesario los Estados de emisión y de ejecución podrán acordar entre sí disposiciones prácticas, a fin de compatibilizar las diferencias existentes entre sus Derechos internos.

La solicitud y práctica de una medida de investigación se podrá llevar a cabo en cualquiera de las fases del procedimiento penal, incluida la de la vista, si es preciso con la participación del interesado, a efectos de la obtención de pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, una orden europea de investigación a efectos del traslado temporal de la persona en cuestión al Estado de emisión, o para la realización de una comparecencia por videoconferencia. No obstante, si se debe trasladar a la persona a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusión de su puesta a disposición de un órgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deberá emitirse una orden europea de detención y entrega.

Teniendo todo ello en cuenta, la norma introduce en la Ley 23/2014 (LA LEY 17707/2014) un nuevo Título que contiene la regulación de la orden europea de investigación, sustituyendo al exhorto, derogado por la normativa europea.

Define la orden europea de investigación como aquella resolución penal emitida o validada por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, dictada con vistas a la realización de una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro, cuyo objetivo es la obtención de pruebas para su uso en un proceso penal. También se podrá emitir una orden europea de investigación con vistas a la remisión de pruebas o de diligencias de investigación que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución. Y determina las autoridades competentes en España para emitir y ejecutar una orden europea de investigación.

Regula el régimen aplicable a la emisión y transmisión de una orden europea de investigación, refiriéndose el contenido de la misma, a la solicitud de información a la autoridad de ejecución por parte de la autoridad española competente y a la solicitud de participación de la autoridad española competente y a la confidencialidad de los datos personales.

Asimismo, se ocupa de emisión de órdenes europeas de investigación con medidas específicas de investigación: para el traslado temporal a España de personas privadas de libertad en el Estado de ejecución, para el traslado temporal al Estado de ejecución de personas privadas de libertad en España, para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, para obtener información sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras y sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras, para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, para realizar investigaciones encubiertas, para intervención de telecomunicaciones y para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigación en relación con los medios de prueba, y la notificación al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia técnica no sea necesaria.

Y por último, dicho Título contiene el régimen general de reconocimiento y ejecución de órdenes europeas de investigación, incluyendo los requisitos para la misma, el procedimiento para llevarlo a cabo o los supuestos de denegación o suspensión. Y se refiere de forma específica al reconocimiento y ejecución de órdenes europeas de investigación con medidas específicas de investigación.

Por otra parte, la norma también modifica el capítulo relativo a la ejecución de la orden europea de detención y entrega con vistas a adecuarlo a las exigencias de los derechos establecidos para el detenido por la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (LA LEY 17638/2013), sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, así como a los derechos recogidos en la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016 (LA LEY 7915/2016), relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

Además, adecúa la ley a la existencia de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y a su papel en el marco del embargo y decomiso en España, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actuación en el ámbito del reconocimiento mutuo, y perfilando aspectos para la mejor sujeción al articulado de la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006 (LA LEY 11354/2006), relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

Y con el objetivo de trasponer algunos aspectos de la Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016 (LA LEY 17233/2016), relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, se llevan a cabo determinadas modificaciones en la Ley 23/2014 (LA LEY 17707/2014) para garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado, financiada por los Estados miembros, a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención conforme a la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI (LA LEY 8343/2002).

Y por último, el texto incorpora modificaciones en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LA LEY 106/1996) , para completar la adecuación de la misma a la Directiva (UE) 2016/1919 (LA LEY 17233/2016) citada; en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , introduciendo una nueva disposición final sobre medidas para facilitar la aplicación de la orden europea de retención de cuentas a continuación de las que ya se han adoptado para la aplicación de otros instrumentos europeos, con motivo de la aplicación desde el 18 de enero de 2017 del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (LA LEY 10339/2014), por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil; y en la Ley 2/2014, de 25 de marzo (LA LEY 4429/2014), de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para transponer la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015 (LA LEY 6711/2015), sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (LA LEY 6063/1995), en aquellos aspectos en los que se precisa norma de rango legal.

Conexiones normativas:

- Ley 23/2014, de 20 de noviembre (LA LEY 17707/2014), de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea: se modifica la letra i) en el apartado 2 del artículo 2, el artículo 7, el apartado 1 del artículo 8, el artículo 9, el párrafo primero del artículo 12, el artículo 14, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 24, el apartado 1 del artículo 27, los apartados 1 y 3 del artículo 32, el apartado 2 del artículo 33, el artículo 38, la letra b) del apartado 2 del artículo 48, el artículo 50, el primer párrafo del artículo 90, el apartado 4 del artículo 127, el artículo 172, la rúbrica y contenido del Título X (art. 186 a 223), el anexo VIII, relativo a la orden europea de protección, y el Índice; se añade un apartado 3 al artículo 25, un apartado 4 en el artículo 39, un nuevo apartado 4 en el artículo 143, un párrafo segundo al apartado 2 del artículo 165, una nueva disposición adicional quinta, una nueva disposición adicional sexta, una nueva letra k) en la disposición final tercera y nuevos anexos XIII, XIV y XV, relativos a la orden europea de investigación; y se suprime el anexo XIII, relativo al exhorto europeo de obtención de pruebas.

- Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LA LEY 106/1996): se introduce un último párrafo en el artículo 1, se modifica el apartado 3 del artículo 6 y se introduce un nuevo artículo 21 bis.

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000): se modifica la rúbrica y se añaden nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 588, la actual disposición final vigésima séptima pasa a ser vigésima octava y se introduce una nueva disposición final vigésima séptima.

- Ley 2/2014, de 25 de marzo (LA LEY 4429/2014), de la Acción y del Servicio Exterior del Estado: se añaden nuevas disposiciones adicionales décima séptima, décima octava y décima novena.

- Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014 (LA LEY 6702/2014), relativa a la orden europea de investigación en materia penal, y se completa la transposición de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (LA LEY 17638/2013), sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

Se completa también la transposición al Derecho español de la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006 (LA LEY 11354/2006), relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, y de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016 (LA LEY 17233/2016), relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.

Y mediante la disposición final tercera se incorpora parcialmente la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015 (LA LEY 6711/2015), sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (LA LEY 6063/1995).

Vigencia y normas transitorias: entra en vigor el 2 de julio de 2018, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Como excepción, la disposición final primera entrará en vigor el 1 de octubre de 2018.

Esta Ley será aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes españolas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecución hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales españolas o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguirán tramitándose hasta su conclusión conforme a las normas vigentes en aquel momento.

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