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Novedades laborales en la Ley de Cont...

Novedades laborales en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017

Wolters Kluwer

Diario La Ley, Nº 9093, Sección Actualidad Legislativa Comentada, 4 de Diciembre de 2017, Editorial Wolters Kluwer

LA LEY 8347/2017

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, entra en vigor, en su mayor parte, a los 4 meses de su publicación, es decir, el 9 de marzo de 2018. Aunque es de ámbito administrativo, contiene algunos aspectos novedodos de carácter laboral, que les mostramos.

9 noviembre 2017.- Se ha publicado en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LA LEY 17734/2017), de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LA LEY 4613/2014). Ley que, en su mayor parte, entrará en vigor a los 4 meses de su publicación, es decir, el 9 de marzo de 2018.

La Ley es de ámbito administrativo, pero contiene algunos puntos novedosos de carácter laboral que destacamos.

El artículo 149 de la Ley establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas para la adjudicación de contratos públicos si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

El artículo 99 de la Ley sigue regulando los contratos reservados a centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de inserción y exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el porcentaje de trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva regulación.

El artículo 71 recoge como causa de prohibición de contratar con las entidades del sector público, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad. Lo que ya se había recogido en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015). Además de las ya existentes de haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores o no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social.

Además, a fin de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse, en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo.

Subrogación en contratos de trabajo

El artículo 130 de la Ley señala a los servicios dependientes del órgano de contratación como la fuente de información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo a los servicios dependientes del órgano de contratación, cuando el adjudicatario tenga obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales.

A esos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y empleadora de los trabajadores afectados, deberá proporcionar esa información al citado órgano de contratación cuando lo requiera.

Información que en todo caso deberá incluir:

- Listados del personal objeto de subrogación.

- Convenio colectivo aplicable.

- Categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador y todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.

Por su parte, la Administración comunicará al nuevo empresario la información facilitada por el anterior contratista.

Lo que es también aplicable a los socios trabajadores de las cooperativas adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa adjudicataria tendrá que subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato. Lo mismo la Administración Pública que decida prestar directamente un servicio que venía siendo prestado por un operador económico, tendrá que subrogarse del personal que lo prestaba.

Si, una vez producida la subrogación, los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista, el nuevo contratista tendrá acción directa contra aquel.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación y de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún cuando resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista. En ese caso, la Administración retendrá las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los salarios y no devolverá la garantía definitiva mientras no se acredite su abono.

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social

La Ley modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LA LEY 19305/2013) en su disposición final 14ª, al añadir entre los centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, que son:

- Los que cumplen los requisitos como centros de empleo y son promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con carácter social reconocido, sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social.

- Aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, que se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para crear oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua, pudiendo optar por reinvertirlos en el centro especial de empleo o en otros centros especiales de emple

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