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Papel de los operadores jurídicos loc...

Papel de los operadores jurídicos locales ante la Ley de referéndum de Cataluña

José Domingo GALLEGO ALCALÁ

Funcionario de Administración Local con Habilitación Nacional. Secretario Interventor

Diario La Ley, Nº 9041, Sección Documento on-line, 14 de Septiembre de 2017, Editorial Wolters Kluwer

LA LEY 11974/2017

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Resumen

Tras la aprobación de la Ley de Referéndum de autodeterminación de Cataluña, y la suspensión acordada de modo inmediato por el Tribunal Constitucional, se aborda en este artículo el papel esencial que como garantía del cumplimiento de la legalidad están llamados a desarrollar tanto las autoridades como empleados municipales, destacando el deber de colaboración de las Administraciones Públicas con la Administración de Justicia, así como la función de asesoramiento jurídico en cuanto a la asunción de eventuales responsabilidades fruto de los actos y acuerdos adoptados por los órganos municipales.

Como Funcionario de Carrera, Secretario Interventor de Administración Local, pero también como ciudadano español y europeo nacido en Barcelona, leo con gran preocupación los acontecimientos jurídicos acaecidos estos días en Cataluña, donde el Parlamento (poder legislativo), desoyendo las advertencias e informes jurídicos emitidos por los funcionarios competentes, aprobó el 6 de septiembre la Ley 19/2017 (LA LEY 14405/2017) de Referéndum de Autodeterminación.

Ya dijo León Tolstoi que es más fácil hacer leyes que gobernar, y ante la aprobación y publicación de la referida ley, el Tribunal Constitucional (poder judicial) a través de Providencia de 7 de septiembre ha suspendida su eficacia con base al Artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LA LEY 2383/1979), como también lo han sido sendos decretos dictados por el gobierno de la Generalitat de convocatoria del referéndum y de aprobación de normas complementarias para su celebración.

En un estado de derecho consolidado como el español los efectos inmediatos que cabe anudar a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional obliga tanto a ciudadanos como a poderes público, por cuanto el Artículo 9 de la Carta Magna de modo indubitado recoge la sujeción de aquellos tanto a Constitución como al resto del ordenamiento jurídico.

Conviene subrayar que la Administración Pública, y por consiguiente los empleados públicos (ya sean funcionarios de carrera, personal laboral, funcionarios interinos y personal eventual) deben actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho, lo que implica atenernos y respetar las resoluciones y sentencias dictadas por el poder judicial, competente de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Las autoridades municipales y los empleados públicos deben impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión.

Las autoridades municipales, y los empleados públicos, especialmente aquellos llamados a desempeñar las funciones reservadas de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo en las Corporaciones Locales donde prestan servicios, deben de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, pues para el caso contrario pende sobre ellos la espada de Damocles de las responsabilidades a asumir tras imputación penal por posible comisión de delito tipificado en el Código Penal.

Es pública y por ello conocida la postura del Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cataluña, y en similares términos del Consejo Nacional, que en días pasados recordó que los funcionarios que integran el colectivo deben actuar de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas e instrucciones que sean aplicables al cumplimiento de sus deberes, permaneciendo fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y europea y a los principios de conducta de este código ético.

Fue Aristóteles el que dijo que el único estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, siendo que nuestra «Ley de leyes», debe de ser respetada por ciudadanos e instituciones, y defendida enérgicamente sin fisuras por las autoridades y funcionarios de carrera que juramos o prometimos cumplir y hacer cumplir la constitución como norma fundamental del Estado Español.

Es fundamental a la hora de garantizar el cumplimiento de la legalidad tras la suspensión de la Ley de Referéndum de Autodeterminación la figura del Secretario o Secretario Interventor Municipal, no sólo en su condición de responsable del buen funcionamiento de los servicios a su cargo y de que sus actuaciones se ajusten a la legalidad vigente(Artículo 44 del R.D 1187/1987 que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional), sino por ser el Delegado de las Juntas Electoral de Zona, tal y como atribuye el Artículo 11.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio (LA LEY 1596/1985), del Régimen Electoral General.

Ciertamente estamos viviendo uno de esos momentos que se califican de históricos (tanto para lo positivo como lo negativo), y es un inmejorable momento para demostrar una vez más la profesionalidad de los empleados públicos, actuando con imparcialidad y objetividad respecto de los retos y dificultades que deberán asumirse estos próximos días en las Corporaciones Locales.

Las Entidades Locales en su condición de cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos no son ajenas a debates políticos con relación al sistema territorial de distribución del poder en España, ostentando a mayor garantía una autonomía constitucionalmente reconocida a los municipios y provincias. (Artículo 140), pero no pudiendo obviar que frente a la inequívoca sustancia política desplieguen su capacidad en la esfera de lo administrativo, con la producción de actos y acuerdos que generan efectos en los derechos subjetivos e intereses de los ciudadanos.

Lo anterior debe de analizarse desde los dos siguientes aspectos. De un lado el que como nos indica el propio preámbulo de la Ley 7/85, de 2 de abril (LA LEY 847/1985), de Bases de Régimen Local, tal autonomía no puede definirse de forma unidimensional desde el puro objetivismo localista o regionalista, sino que requiere ser situada en el marco del ordenamiento integral del Estado, y de otro el que deben de servir con objetividad los intereses públicos que les están encomendados actuando con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. (Artículo 6 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LA LEY 847/1985)).

Los servidores públicos deben tener claras las líneas rojas que no deben ser traspasadas

No habrá sido una excepción estos días que el titular de la Alcaldía haya comentado o despachado con el Secretario de la Corporación su intención de firmar un decreto de apoyo al proceso de convocatoria de referéndum de autodeterminación, así como en su caso a la propia Ley. En tal supuesto consideremos que los servidores públicos deben de guiarse con nobleza en su relación con el equipo de gobierno y la Corporación Municipal, pero con igual o más si cabe lealtad a la ley y al derecho, cumpliendo los deberes y obligaciones propias de nuestras responsabilidades. Ello implica el ser especialmente claros respecto de las líneas rojas que no deben de ser traspasadas por las autoridades municipales, informando jurídicamente a los titulares de las Alcaldías sobre los efectos y consecuencias jurídicas de la firma de un decreto manifestando el apoyo al referéndum de autodeterminación.

Sin perjuicio del análisis individualizado de cada caso, aquel acto administrativo que en su parte resolutiva ignore o eluda directamente la suspensión de la Ley acordada estaría contraviniendo al Tribunal Constitucional en su función de interprete supremo de la Constitución, conectándose ello con el Artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985), el cual prevé que los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

Qué duda cabe que no hay casi nada seguro de aquí al día 1 de octubre, aunque es igualmente cierto que no estaría en la hoja de ruta de los servidores públicos dejar de perseverar en el cumplimiento de los principios éticos que el Artículo 53 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público recoge.

Es oportuno, con carácter previo a la conclusión de estas reflexiones, destacar que en el seno de la norma básica que regula el régimen jurídico de los empleados públicos de nuestro país, se indique que estos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, para a continuar indicar que la actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

No albergo ninguna duda de que el colectivo de Secretarios, Secretarios-Interventores, así como operadores jurídicos locales que trabajan con motivación e ilusión en la Administración más cercana a los ciudadanos, la cual constituye un auténtico laboratorio de pruebas del estado de bienestar, continuará ejerciendo con rigor sus responsabilidades, contribuyendo con ello a que la producción de actos y acuerdos administrativos de los órganos municipales respeten la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña (LA LEY 7429/2006), así como el resto del ordenamiento jurídico.

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