Sentencias TC, Pleno, 25 Feb. 2015. Rec. 5829/2014. Ponente: González-Trevijano, Pedro (LA LEY 5832/2015). Y Rec. 5830/2014. Ponente: Xiol Ríos, Juan Antonio (LA LEY 5833/2015)
En un corto espacio de tiempo, el TC ha declarado inconstitucionales por unanimidad de todos sus componentes, tanto algunos preceptos de la Ley catalana de consultas populares como la totalidad del Decreto por el que se procedió a la convocatoria del referéndum el pasado 9 de noviembre de 2014.
Tras hacer un estudio de la distinción existente entre el derecho fundamental de participación política y las otras formas de mera participación ciudadana a través de lo que se ha denominado “democracia participativa”, el Supremo es claro y contundente al proscribir que en la norma impugnada se establecen dos tipos de consultas, las consultas generales y las sectoriales, y en el primero de los casos -que es el que anula- se encubre la auténtica figura del referéndum y no una mera consulta no referendaria.
En efecto, y como sostenía la Abogacía del Estado, las consultas generales reguladas en el Título II de la Ley 10/2014, de 26 de Sep. (LA LEY 14748/2014), participan de la naturaleza de los referendos, por más que se le niegue dicho carácter en la propia norma.
Al atribuir legitimación para la participación en tales consultas a “los mayores de 16 años que tengan la condición política de catalanes, y a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros Estados, siempre que cuenten con un determinado período de residencia y estén inscritos en el Registro de población de Cataluña”, y al regularse pormenorizadamente el procedimiento para las consultas populares, se observa con meridiana claridad que convergen las dos notas características de los referendos: la consulta general va dirigida a recoger el parecer de toda la ciudadanía catalana (todo el cuerpo electoral catalán) mediante votación y con las garantías propias de un verdadero proceso electoral; en tanto que por otro lado, las consultas denominadas sectoriales suponen el llamamiento a un sujeto jurídico más restringido (una colectividad específica), que participa a título individual cuando presta su opinión en cualquier asunto de interés público.
El Alto Tribunal subraya en varias ocasiones que a pesar de los intentos por enmascarar esta figura que se está analizando mediante la atribución de diferentes nombres a los institutos jurídicos que regulan los referéndums -por ejemplo cuando se denomina al censo electoral como “Registro de participación en consultas populares no referendarias”-, la realidad no es otra que la inconstitucionalidad de estas consultas generales cualquiera que sea el ámbito territorial en el que se pretendan celebrar, por tratarse de una competencia exclusiva estatal de toda la institución jurídica del referéndum, tanto en lo relativo a su establecimiento como a su regulación. Sólo a través de un referéndum legal se puede garantizar la realidad y veracidad del juicio emitido por el cuerpo electoral.
Consecuencia de lo que antecede, al impugnarse igualmente por el Gobierno de la Nación el Decreto que procedió a la convocatoria de la consulta sobre el futuro político de Cataluña el pasado 9 de noviembre de 2014, el veredicto no puede ser otro que declarar su inconstitucionalidad. La consulta convocada es materialmente un referéndum para que el pueblo catalán se pronuncie sobre si quiere que Cataluña sea un Estado independiente o no, y por ende, vulnera las competencias estatales.