I.
LO VIRTUAL Y LO REAL
Nuestros Códigos Penales, desde la simbólica fecha de 1848, siempre han sido partidarios de regular, en un Libro III aparte, un tipo de infracciones de menor entidad, denominadas faltas, merecedoras de una cierta sanción penal, pero no mucha. Con más de ciento sesenta y cinco años de historia, las faltas han pasado a formar parte de nuestro más elemental conocimiento jurídico de esta rama del Derecho, sin necesidad de afrontar ninguna reforma educativa.
Indáguese a cualquiera en qué medida es delito apropiarse de lo ajeno al descuido para de inmediato obtener cumplida respuesta sobre la distinción entre el delito y la falta de hurto. Nuestro interlocutor calificará el hecho en pesetas o en euros, según el calendario, pero en todo caso sabrá explicarnos, muy jurídicamente, que la sustracción se tratará de un delito o de una simple falta en función de si el valor de la cosa agenciada no sobrepasa una determinada cuantía.
Los zarandeos, las peleas de bar de corto recorrido, las lesiones en accidentes de tráfico, las reuniones familiares del rosario de la aurora, el exceso de pasión en las reuniones de vecindad o las chulerías con los agentes de la autoridad constituyen ejemplos de la vida cotidiana que todo el mundo sabe que se solucionan de manera ágil, mejor o peor, en un juicio de faltas, porque el tema, normalmente, ni da para más ni sus protagonistas, exceptuados los justicieros irrefrenables, pretenden obtener grandes beneficios ni que se castigue el asunto con las penas del infierno. Así se ha venido entendiendo, hasta hoy, por los distintos regímenes políticos que han atravesado la historia de nuestro país, cada uno con su propio Código, desde la Monarquía isabelina al Sexenio Revolucionario y la Restauración, pasando por las Dictaduras de Primo de Rivera y Franco, la Segunda República y la Monarquía parlamentaria establecida por la Constitución actual.
Esta seguridad y certeza jurídicas del sentir común, especies necesitadas de protección, están en peligro de extinción desde que por quien gobierna se ha presentado un amplio Proyecto de Ley de modificación del Código Penal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, X Legislatura, Serie A, Núm. 66-1, de 4 de octubre de 2013), que deroga el Libro III, de las «Faltas y sus penas» (arts. 617 a 639), mediante el procedimiento de trasladar la mayor parte de su contenido al Libro II, es decir, al libro de los delitos, de ahí que la disp. derog. única 1.ª del Proyecto opere exclusivamente en lo virtual, porque lo real es que no hay ninguna destipificación de la inmensa mayoría de las conductas que tradicionalmente se consideran faltas, sino la creación, por itineración, de una tercera especie de delito que se estrena con el nombre de «delito leve», junto a los ya existentes delitos graves y menos graves, con el fin de dar acogida a todo este trasvase de preceptos de un sitio a otro.
A continuación, examinaremos el alcance de esta transformación.
II.
LA MUTACIÓN DE LAS FALTAS EN DELITO LEVE
La técnica que se utiliza para reciclar la mayoría de las faltas en delitos leves resulta sencilla y consiste básicamente en reescribir el contenido de aquéllas en un nuevo apartado dentro de la descripción típica de su delito homólogo. Se acaba así con el interesante debate, presente en los manuales y tratados de Derecho penal, acerca de si las faltas deberían estudiarse a continuación de su delito equivalente o en un capítulo autónomo.
1.
Concepto de delito leve
El delito leve se define como aquella infracción «que la Ley castiga con pena leve» (art. 13.3 redactado por el Proyecto; en lo sucesivo se abreviará RP para referirse a la nueva redacción proyectada del precepto que se cite), en idénticos términos a los expresados en el vigente art. 13.3, con la diferencia de que donde dije falta, digo y diré en lo sucesivo delito leve.
Tampoco hay mucha innovación en la enumeración de las penas leves que llevan aparejadas estos delitos, que son, a tenor del proyectado art. 33.4: «a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. c) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses. d) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. e) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. f) La multa de hasta tres meses. g) La localización permanente de un día a tres meses». Únicamente se elimina en el Proyecto la letra h) del citado art. 33.4, al contemplar actualmente, como pena leve, los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días, puesto que, de conformidad con el nuevo art. 40.4, «la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de 31 días a un año».
2.
Los nuevos delitos leves y sus efectos
De acuerdo con la metodología aludida, y por lo que se refiere a las faltas contra las personas, el Proyecto traslada las viejas faltas de lesiones dolosas y de maltrato de obra del art. 617 como delito leve al art. 147.2 y 3. La falta de amenazas y coacciones del art. 620 se muda como delito leve a los proyectados arts. 171.7 y 172.3. Los insultos y vejaciones en el ámbito familiar, también del citado art. 620, van derechos al delito leve del nuevo art. 173.4.
En cuanto a las faltas contra el patrimonio, los hurtos, estafas, defraudaciones, apropiaciones indebidas y daños informáticos por importe inferior a cuatrocientos euros del art. 623.1 a 4 (LA LEY 3996/1995) constituyen los nuevos delitos leves correspondientes, con independencia de su cuantía y siempre que no se rebasen los mil euros, previstos en los arts. 234.2, 236.2, 249, 253.2, 254.2, 255.2 y 256.2. La falta de hurto de uso de vehículo a motor por importe inferior a cuatrocientos euros del art. 623.3 desaparece y se tipifica como delito menos grave en la nueva redacción del art. 244.1, sin atender al valor del vehículo. Las faltas de alteración de lindes y de distracción de aguas por importe inferior a cuatrocientos euros del art. 624, cualquiera que sea su cuantía y siempre que no se superen los mil euros, se van como delitos leves a los arts. 246.2 y 247.2. Los daños intencionados inferiores a cuatrocientos euros del art. 625, en cualquier cuantía y por importe no superior a mil euros, se contemplan en el delito leve de daños del art. 263.1. La fugaz falta de «top manta» por importe inferior a cuatrocientos euros del art. 623.5, que fue introducida por la LO 5/2010 (LA LEY 13038/2010), de 22 de diciembre, se juzga otra vez como delito, pero leve, siempre que su cuantía no supere los mil euros, en los arts. 270.2 y 274.3. En todos los supuestos en que se supere la cifra de mil euros, o si concurre alguna causa de agravación del hurto (pertenencia a organización o grupo criminal, por ejemplo, arts. 235 y 235 bis RP), el delito deja de tener la consideración de leve, al entender el Código que el hecho no revestiría escasa gravedad.
Las faltas contra los intereses generales transitan del siguiente modo: El abandono y el maltrato cruel de animales domésticos u otros en espectáculos no autorizados legalmente de los arts. 631.2 y 632.2 pasan a ser, respectivamente, los delitos leves de los arts. 337 bis y 337.4. La expendición de moneda, sellos y efectos timbrados por menos de cuatrocientos euros del art. 629 se incluye en los arts. 386.3 y 389.4, siempre que no se superen los mil euros. El uso indebido de uniforme, traje o insignia del art. 637 se configura como delito leve en un nuevo art. 402 bis. Y, finalmente, al redefinirse el delito de intrusismo en la nueva redacción del art. 403, la atribución pública de la condición de profesional a la que se refiere el art. 637 (LA LEY 3996/1995) opera como causa de agravación.
Por último, dentro las faltas contra el orden público, la falta de allanamiento pasivo del domicilio de persona jurídica dentro de las horas de apertura del art. 635 se transfigura en el delito leve del art. 203.2.
Con anterioridad a este Proyecto, la LO 7/2012, de 27 de diciembre (LA LEY 22075/2012), que dio nueva redacción a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la S.S., realizó una operación similar y, a la vez que derogaba las faltas de fraude a la Hacienda y a los presupuestos de la Unión Europea por importe superior a cuatro mil euros sin exceder de cincuenta mil, previstas en los arts. 627 y 628 del Código, las elevaba a la categoría de delito menos grave en los vigentes arts. 305.3.II y 306.II.
El tratamiento penal de los delitos leves sufre mutaciones significativas en comparación con el que reciben las faltas.
Para empezar, será posible el castigo del delito leve, cualquiera que sea su grado de ejecución (art. 15 RP), frente a la regla vigente de que las faltas sólo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto las intentadas contra las personas o el patrimonio (art. 15.2). Lo mismo sucede con los actos preparatorios (conspiración, proposición y provocación) en los casos legalmente previstos (arts. 17 y 18), como en las lesiones (art. 151), hasta ahora impunes en el caso de las faltas.
De modo similar a lo establecido para las faltas en el art. 638, el proyectado art. 66.2 dispone que los jueces o tribunales aplicarán las penas de los delitos leves según su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas para la aplicación de las penas a los delitos dolosos.
Será posible además la imposición de una medida de libertad vigilada, insospechada para las faltas, a quienes cometan uno o más delitos leves de lesiones, hurto y estafa (arts. 156 ter, 236 bis y 251 bis RP).
El actual plazo de prescripción de las faltas de seis meses se amplía a «tres años para los delitos leves para los que esté prevista la posibilidad de imponer una pena de prisión», y a un año para «los demás delitos leves» [art. 131.1 a) y b) RP]. En este punto existe un error de definición que tendrá que aclararse, porque si el delito contempla una pena de prisión no puede ser delito leve; será grave o menos grave y, entonces, su plazo de prescripción será de cinco, diez, quince, veinte años o será imprescriptible.
Se generaliza a todos los delitos el plazo máximo de suspensión por seis meses del cómputo de la prescripción desde la fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia ante un órgano judicial (art. 132.2.2 RP), frente al plazo de dos meses que rige para suspender el cómputo de la prescripción de las faltas por este motivo (art. 132.2.2.ª).
Los delitos leves, a diferencia de lo que sucede con las faltas, generarán antecedentes penales, cancelables, claro está (art. 136 RP), aunque tales antecedentes no serán computables a efectos de reincidencia (art. 22.8.ª RP), ni a efectos de otorgar el beneficio de la suspensión de condena (art. 80.2.1.ª RP), pero sí que se tendrán en cuenta para revocar dicho beneficio (art. 86 RP).
3.
Balance
Como puede observarse, casi todo el conjunto de las faltas se eleva a la categoría de delito leve, lo que parece razonable en los casos de infracciones patrimoniales de escaso valor cometidas por profesionales, en grupo o que causen graves perjuicios (ej.: descuideros, sustracciones de cosechas que arruinan los sembrados, o de cobre que cortan las comunicaciones o el alumbrado, etc.), el intrusismo y utilizar dinero falso, porque resulta notorio que la respuesta frente a tales hechos no está siendo muy eficaz.
Pero en estos supuestos, la solución, desde un punto de vista jurídico-represivo, pasa por mejorar la tipificación de los delitos ya existentes y unificar criterios de acusación y enjuiciamiento. Fuera de ahí, resulta innecesario recrudecer las hostilidades contra conductas a las que ni siquiera el pretor prestaba atención (minima non curat praetor). No está la cosa como para extender un cheque en blanco tan amplio al monopolio estatal de la violencia.
III.
LA TRAMITACIÓN DE LOS DELITOS LEVES
La disp. adic. tercera del Proyecto dispone que los delitos leves de lesiones, amenazas, coacciones, insultos en el ámbito familiar, hurto, estafa, daños y «top manta» que se cometan cuando entre en vigor la reforma se instruyan y se sustancien «conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamento Criminal (LA LEY 1/1882)». ¡Vaya paradoja! Se eliminan las faltas, pero se mantiene el juicio de faltas para la tramitación de algunos delitos leves, no para todos. Pero la extravagancia no termina aquí, porque acto seguido la misma disposición continúa diciendo que «dichos delitos (los elegidos) tendrán la consideración de faltas penales a los efectos de la aplicación de la vigente Ley de Enjuiciamento Criminal (LA LEY 1/1882)». ¿En qué quedamos? ¡Faltas penales, querellas criminales, delitos-faltas leves! ¡Qué espectáculo!
Una serie de observaciones: ¿Por qué no se sustituye el rótulo de juicio de faltas por el de delitos leves? ¿Por qué no se consideran faltas, a efectos de enjuiciamiento, todos los delitos leves en lugar de unos pocos? ¿Qué tratamiento procesal se dispensará a los delitos leves no incluidos en la disp. adic. 3.ª: el delito leve de allanamiento pasivo del domicilio de persona jurídica dentro de las horas de apertura, el delito leve de sustracción de cosa propia a su legítimo possedor, los delitos leves de alteración de lindes y de distracción de aguas, de apropiación indebida, de defraudación de fluidos, de daños informáticos, el delito leve de abandono y de maltrato cruel de animales domésticos, el delito leve de expendición de moneda, sellos y efectos timbrados falsos, y el delito leve de uso indebido de uniforme, traje o insignia? ¿Cuál es la razón para utilizar este doble rasero? ¿Cabe detener por un delito leve?
La Exposición de Motivos nada dice al respecto y, por ello, como el pensamiento es libre, puede arriesgarse a apostar a que la decisión de mantener el cartel de juicio de faltas obedece a la buena voluntad del legislador de no traumatizar a los nostálgicos.
Asimismo es plausible discurrir que, para los robaperas que son la mayoría de los sujetos activos de estos delitos, les sobra con seguir tirando con el juicio de faltas de toda la vida, y más considerando que va para rato la entrada en vigor del anteproyectado nuevo Código Procesal Penal con fiscal instructor (disponible, por ejemplo, en www.fiscal.es), y que no se le va a antojar a nadie prestar atención a los conflictos que realmente deben reclamar la intervención de la justicia.
Eso sí, como convertir muchas faltas en delito, aunque se apellide leve, supone, dada la situación legal y material existente, queramos o no, una elevación de los costes y de los tiempos de tramitación y resolución, se trata de paliar estos efectos, pero con poca maña: Se suprime la defensa jurídica imperativa de todo delito. Se exige la denuncia del perjudicado para la persecución de los delitos leves de lesiones dolosas, amenazas y coacciones, e insultos en el ámbito familiar (arts. 147.4, 171.7, 172.3 y 173.4 RP). Y se obliga al juez a proceder al archivo de la causa si el fiscal entiende que «el delito leve denunciado resulta de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y no existe un interés público relevante en la persecución del hecho» [arts. 105.1 (LA LEY 1/1882), 963 (LA LEY 1/1882) a) y 964.2 a) LECrim (LA LEY 1/1882).]. A saber, excesiva indeterminación, aunque probablemente puede que ayude a no acusar por nimiedades el hecho de que el autor abone el perjuicio ocasionado. El problema surgirá cuando no se repare el daño y se archive la causa porque no exista aquello del «interés público relevante». ¿Qué habrá de lo suyo?
Quizás así, con este juego de nombres, requisitos y oportunidades, se disimulen las dudas de constitucionalidad que suscita esta reforma, al encomendar a un mismo órgano judicial, los Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, cada uno en su respectivo ámbito (art. 14.1 LECrim. (LA LEY 1/1882), en la RP, de donde desaparecen los Juzgados de Paz), la instrucción, enjuiciamiento y ejecución de los delitos leves, sin necesidad de intervención preceptiva de abogado. Parece ser que el Proyecto da por superado el derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)), en congruencia con la política de maltrato constante a los letrados del turno de oficio que son quienes, en definitiva, asumen la defensa de los autores de este tipo de infracciones. También le resulta ociosa la STC 145/1988 (LA LEY 1061-TC/1988), de 12 de julio, donde ya se declaró que vulneraba el derecho al juez imparcial la atribución al mismo juez de las funciones de instruir y juzgar, lo que está en el origen de la creación de los Juzgados de lo Penal y del procedimiento abreviado por la LO 7/1988, de 28 de diciembre (LA LEY 2404/1988).
Llegados a este punto, lo mismo uno se piensa que en la regulación que se proyecta ya hay suficientes tazas de falta de sistemática. Pero no, el Proyecto es insuperable en su sinsentido. La disp. adic. 3.ª, como se acaba de estudiar, reputa falta algunos delitos leves a efectos de enjuiciamiento, y guarda silencio sobre los restantes. Sin embargo, cuando se acomete la reforma del articulado relativo al juicio de faltas, la anterior disposición se olvida y se dividen los delitos leves en otras dos clases distintas: delitos leves de hurto flagrante del art. 234.2 (LA LEY 1/1882) y resto de delitos leves (arts. 962 y 964 LECrim (LA LEY 1/1882)., en la RP), todos ellos a tramitar por juicio inmediato de faltas.
¿No habíamos quedado en que, según la disp. adic. 3.ª, solamente tendrían la consideración de faltas, a efectos de enjuiciamiento, los delitos leves de lesiones dolosas, amenazas, coacciones, insultos en el ámbito familiar, hurto, estafa, daños y «top manta»? ¿Resulta ahora que los demás también?
La regulación chirría y la inseguridad en su aplicación todavía más. Se explica: si se está a la disp. adic. 3.ª, únicamente los delitos leves mencionados se enjuiciarían en un juicio de faltas; el resto seguiría los trámites del procedimiento abreviado o del enjuiciamiento rápido. Pero si se está a la nueva redacción de los arts. 962 y 964 y a la lectura de la Exposición de Motivos, resulta que cualquier delito leve se puede ventilar en un juicio inmediato de faltas. Las consecuencias varían si se elige una opción u otra.
Si se entiende que debe seguirse procedimiento abreviado o rápido por los delitos leves distintos a los mencionados en la disp. adic. 3.ª, en lugar de juicio inmediato de faltas, como se prevé en el proyectado art. 964, el órgano encargado de juzgar, salvo en los supuestos de conformidad, será el JP y la defensa letrada será obligatoria. Esta solución es sin duda más respetuosa con el derecho a un juicio justo, con el principio acusatorio y el derecho a la defensa. Además, si hubiera conformidad, la pena que impondría el órgano instructor sería un tercio más baja de la que podría imponerse en un juicio de faltas. Ahora bien, de seguir esta interpretación, el principio de oportunidad examinado, que puede determinar el archivo de la causa, no entraría en juego, al no estar previsto en este tipo de procedimientos, sino únicamente en el juicio de faltas inmediato.
De cara a la detención por delito leve, la disp. adic. 3.ª abona la tesis de que esta medida no es posible cuando el autor tiene domicilio conocido o se presume que va a acudir al llamamiento de la autoridad o de sus agentes, tal y como prevé para las faltas el art. 495 LECrim (LA LEY 1/1882). Pero de nuevo aparecen sombras, puesto que tal disposición sólo considera faltas determinados delitos leves a efectos de aplicar la ley procesal penal (LA LEY 1/1882), con lo que, en principio, sería posible, aunque desmesurada, la detención por el resto de los delitos leves no contemplados en tal disposición.
No costaría mucho despejar estas dudas durante la tramitación parlamentaria del Proyecto, optando claramente por una u otra solución.
Por lo demás, el régimen transitorio no sorprende: las faltas que se están tramitando continuarán a su ritmo, siendo de aplicación el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. En los casos en que se destipifique de verdad la falta y exista responsabilidad civil, el juicio continuará hasta su terminación para resolver tal extremo, si no renuncia quien estuviera legitimado para efectuar la reclamación (disps. trans. 1.ª y 4.ª).
IV.
LAS FALTAS QUE DE VERDAD SE DESTIPIFICAN
¿Entonces, con tanto trasiego y desbarajuste, cuáles son las faltas que se derogan de veras sin verse afectadas por ninguna mutación? Pues muy pocas. En concreto, los incumplimientos leves de los deberes familiares, la desatención o denegación de auxilio leve a menores, personas desvalidas y de edad avanzada de los arts. 618, 619 y 622. El incumplimiento, la desatención o la desobediencia graves —se dice en la Exposición de Motivos del Proyecto— ya se encuentran debidamente sancionados en los delitos contra los derechos y deberes familiares, en el delito de omisión del deber de socorro, en el delito de desobediencia grave o en el delito de resultado que pueda producirse, atribuible a quien, como garante, venía obligado a evitarlo. Se considera que para los casos de incumplimiento leve de los deberes familiares basta con el régimen sancionador del art. 776 LEC (LA LEY 58/2000) (multas coercitivas, modificación de medidas).
La eliminación de estas faltas, algunas de escasa aplicación, como la falta de auxilio de menor o de incapaz abandonado (art. 618.1), o la falta de desatención de persona de edad avanzada o desvalida a cargo (art. 619), y otras cuya efectividad era más que dudosa y su aplicación insegura, como en los incumplimientos leves del régimen de visitas y de custodia (arts. 618.2 y 622), debe considerarse un acierto, ya que el juez civil que ha adoptado las medidas familiares es quien mejor conoce el caso y tiene en su mano herramientas más eficaces que una reducida multa para hacer cumplir lo acordado.
Desaparecen igualmente del ámbito penal, sin reconversión, las injurias y vejaciones injustas del art. 620, siempre que se cometan fuera del ámbito familiar, en cuyo caso constituirían el delito leve del art. 173.4, como hemos visto. Se explica, mira por dónde, que se trata «de ofensas de carácter privado cuya reparación puede exigirse en la vía jurisdiccional civil o mediante los actos de conciliación». ¿Es que va a meterle un vecino a otro una papeleta de conciliación o una demanda contra el honor cuando le miente a sus difuntos, los invoque escatológicamente o sea comparado con algún cuadrúpedo —sin desmerecer al animal—, en medio de la junta anual de propietarios? ¿Se contentará el demandante a que se avenga el demandado a reconocer que le llamó lo que le llamó? ¿Valdrá el insulto tanto como la tasa judicial en caso de que se interponga una demanda? Conclusión: con este tipo de tutelas, el insulto puede salir gratis, siempre que el injuriado y el injuriante no le den a la réplica ni a la dúplica, en cuyo caso podría liarse un cirio pascual inmediato por dos delitos leves de lesiones recíprocas.
Las faltas de homicidio y de lesiones por imprudencia leve del art. 621 se dejan a la milenaria acción de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los arts. 1902 y ss. CC (LA LEY 1/1889), lo que, a efectos prácticos, significa dejar sin una adecuada y rápida tutela judicial a la inmensa mayoría de los lesionados y familiares de fallecidos en accidentes de tráfico, obligándoles a litigar, cuando no estén de acuerdo con la indemnización que oferte la compañía de seguros, si es que realiza oferta, con abogado, procurador, con su perito médico y previo pago de una tasa judicial parte fija y parte proporcional a la cantidad reclamada. Que no quepa ninguna duda de que de esta suerte, como se pronostica en la Exposición de Motivos, se conseguirá «descargar a los Tribunales de la tramitación de asuntos», cualquiera que sea su orden.
La citada Exposición adjetiva seguidamente tales asuntos como «menores (y) carentes de verdadera relevancia que congestionan su actividad», la de los tribunales. ¿Es un asunto menor que un lesionado en un accidente de tráfico, al que, por ejemplo, se le ha tenido que acortar una pierna, sea reconocido en el juzgado por un médico forense independiente, que valore sus lesiones y secuelas, y que con ese informe sea citado en breve a juicio para determinar si se ha cometido por el conductor denunciado una falta de lesiones por imprudencia leve, si es que llega a celebrarse el juicio, al ser muy probable su archivo porque la aseguradora, a la vista de aquel informe forense, ya hubiera indemnizado al perjudicado, según baremo de tráfico y sobre la base de aquel informe, y el lesionado hubiese por ello renunciado a la acción penal y civil que le correspondía?
Una mínima experiencia en los tribunales es suficiente para darse cuenta de la importancia que tienen los juicios de faltas por lesiones en accidentes de tráfico, ya se fije la atención en el número de asuntos de esta índole que se resuelven a diario, ya en las pretensiones económicas que se ejercitan. También es fácil constatar que tales juicios, llevados con atención, no colapsan ninguna sección, y que lejos de congestionar los tribunales, por su propia dinámica, reducen su litigiosidad y facilitan el acceso a la justicia en un tiempo más reducido que el habitual en los juicios civiles y con unos costes asequibles, ya que el abogado y el procurador son facultativos y no hay tasa judicial. Claro que si de lo que se trata es de que no se moleste a quien tiene que pagar la indemnización, entonces vale, pero resulta un exceso verbal pretender que los operadores jurídicos con un mínimo de profesionalidad vayan a sentirse menos congestionados, menos huidos al Derecho penal, más mínimo interventores y más valorados por no dedicarse a llevar y resolver este tipo de juicios.
Quedan asimismo fuera del Código y se deja su reparación a la vía civil o administrativa, cuando no pueda subsumirse la conducta, por su gravedad, en una figura delictiva, que por lo general será el delito de daños o el delito que le iba parejo, las siguientes faltas: la falta de deslucimiento de bienes muebles e inmuebles (art. 626), el abandono de jeringuillas u otros instrumentos peligrosos que puedan causar daños o transmitir enfermedades en lugares frecuentados por menores (art. 630), dejar sueltos animales feroces o dañinos en condiciones de causar mal (art. 631.1), cortar, talar, quemar, arrancar, recolectar especies o subespecies de flora amenazada o de sus propágulos sin grave perjuicio para el medio ambiente (art. 632.1), las alteraciones leves del orden público (art. 633), las desobediencias y faltas de respeto leves a la autoridad o a sus agentes (art. 634), y la realización de actividades sin seguro obligatorio (art. 636).
Poco puede objetarse a la utilización de las facultades de autotutela administrativa para la sanción de las conductas contempladas como faltas en los mencionados artículos, pero siempre que tales facultades se ejerciten para imponer sanciones administrativas que no resulten disparatadas y a condición de que los recursos contenciosos que puedan interponerse contra las sanciones sean resueltos en un plazo prudencial y sin un coste excesivo.
Esto, en vía teórica, está muy bien, pero como la realidad obliga, no puede sostenerse esta opinión, de modo que, por lo pronto, se aboga por dejar las cosas como están si no se remueven los obstáculos que dificultan el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. La tasa judicial, la necesaria postulación con profesionales jurídicos, la posibilidad de condena en costas y el notorio retraso de este orden jurisdiccional avocan al que me quede como estoy.
Pero es que además, las desorbitadas sanciones administrativas cuya imposición se baraja contribuyen a adoptar esta actitud inmovilista. Eso de la huida al Derecho penal va a resultar más bien un buen refugio para estar a cubierto de la máquina sancionadora, como ya lo viene siendo en el caso de algunos delitos graves (ej.: contra los derechos de los trabajadores, la Hacienda Pública, la S.S., medio ambiente, etc.). En efecto, en la disp. final 6.ª del Proyecto se modifica el art. 75 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LA LEY 1957/1980), en el que se reputa infracción muy grave el ejercicio de actividades careciendo de un seguro obligatorio exigido a tal efecto en una norma, pudiendo ser sancionada la persona física o jurídica que viniera obligada a la suscripción del seguro con multa de 10.000 a 300.000 euros. Ahora el art. 636 del Código prevé una multa de uno a dos meses, que con una cuota diaria habitual de 6 euros, calculen: mejor reo que sancionado.
Por otra parte, las noticias que corren sobre el contenido de un nuevo Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (ABC, 13 de noviembre de 2013; El País, 19 de noviembre de 2013; www.eldiario.es, 19 de noviembre de 2013, etc.), que reparte multas de hasta 600.000 euros, por algunos actos contrarios al orden público (escraches, manifestaciones alrededor del Congreso, insultos a la autoridad, etc.) desaconsejan abandonar el paraguas del Derecho penal. ¿Será posible que acabemos pidiendo más penas, por favor? O gritando: ¡Penas sí, sanciones no!
V.
AL FINAL
La justificación del éxodo de las faltas con billete de vuelta como delitos leves, menos graves o como sanciones civiles y administrativas graves o muy graves «viene orientada por el principio de intervención mínima», palabrita de la Exposición de Motivos del Proyecto, la imaginación al poder.
De maleado que está el susodicho principio, su significación primigenia de limitar el Derecho penal a la represión de las conductas más nocivas para la convivencia ha terminado amarilleando. La propaganda ha explotado tanto su tirón comercial que hay que ser muy incauto para no llevarse las manos a la cartera cuando se oye su nombre, al servir de coartada cada vez que se endurece la normativa sancionadora del Estado.
Pero ya es muy difícil que nadie se llame a engaño. Hace más de dos décadas, la LO 3/1989, de 21 de junio (LA LEY 1577/1989), de actualización del CP, también invocó, en su Preámbulo, el principio de intervención mínima para reducir drásticamente el número de faltas del Libro III. Sin embargo, entonces, el legislador, que se reveló algo más prudente y congruente, consciente de que «la solución más simple y tajante hubiera sido la total supresión de dicho Libro», se contuvo diciendo que «una lectura detenida del mismo pone de manifiesto que alguno de los comportamientos que sanciona debe proseguir en la esfera penal, y que incluso merece ser elevado a la condición de delito, por lo que el recurso a la derogación debe ser también usado cuidadosamente. Esa cautela viene además impuesta por la necesidad de comprobar en cada caso si se trata de conductas que han perdido todo sentido antijurídico o, en las que, en alguna medida, lo conserven, si existe una solución alternativa adecuada, a través de la capacidad sancionadora de autoridades administrativas».
La tajante supresión de las faltas que ahora se anuncia campanudamente no es lo que parece. Con total falta de armonía, un buen número de ellas se convierte en delito leve, y el resto se relega a la dudosa tutela judicial de los órdenes civil y contencioso-administrativo, como consecuencia de las apuntadas dificultades para acceder a la justicia. Al final, de seguir así la tendencia, puede que no nos extrañe que la próxima vez que se intente vender lo de la mínima intervención penal, algunos prefieran comprar mejor un «¡vivan las caenas!», para estar curados de espanto de lo que se vaya a sancionar.