El catalán pierde adeptos a la hora de repartir justicia en Cataluña. Las cifras de 2015 desvelaron que solo un 8,4% de las sentencias y resoluciones fueron redactadas en dicho idioma. Solo 19.376 de las 230.877 publicadas. La preocupación por esta situación, que suma 10 años de descenso, ha llevado al Departamento de Justicia y al Consejo de la Abogacía Catalana a centrar sus esfuerzos en fomentar su uso en el sistema judicial catalán. Ambas instituciones han llegado a un acuerdo donde destaca el suplemento de 14 euros que cobrarán los abogados del turno de oficio por cada escrito redactado en catalán.
Uso del catalán en la administración de justicia catalana
Son 10 años de descenso del uso del catalán, que en 2006 se utilizaba en un 18,1% de las resoluciones y sentencias, casi un 10% más que ahora. Sin embargo, con el paso de los años, la caída imparable de las cifras se ha convertido en una preocupación principal para los encargados de las instituciones más representativas del sector. Desde que se hicieron públicas las cifras de 2015, tanto Carles Mundó, consejero de Justicia, como el presidente del Consejo, Oriol Rusca, se pusieron manos a la obra para revertir el descenso.
La demarcación de Girona es, con mucho, la que más usa el catalán, con un 16,7% de las resoluciones y sentencias en este idioma en 2015. Le sigue, pero no de cerca, la demarcación de Lleida, con un 9,3%. La cifra más baja la encontramos en el campo de Tarragona, donde solo un 3,6% de estos documentos están redactados en dicha lengua.
Un suplemento por escrito en catalán
La solución acordada por Justicia y el Consejo, aprobada por el Gobierno de la Generalitat, es el Acuerdo de fomento del uso del catalán en Justicia, donde se establece una medida muy polémica para conseguir el objetivo que persiguen. Dicha medida consiste en el pago de 14 euros más a los abogados del turno de oficio por presentar los escritos pertinentes a cada fase del proceso en catalán, lo que supone un extra tentador para las bajas retribuciones de los letrados de oficio. El programa piloto cuenta con un presupuesto de 915.000 euros para 2017, en el que se probará la eficacia de la medida.
Si bien la Administración de Justicia admite el trámite en español y catalán, el “premio” será solo accesible para aquellos que dominen el segundo de estos idiomas, lo que podría plantear una discriminación para aquellos abogados que no puedan defenderse en catalán. Además, el hecho de presentar los escritos en catalán no implica que las resoluciones y sentencias que deriven del proceso vayan a estar redactadas en dicha lengua. En Cataluña no solo están destinados jueces catalanes, ya que el reparto de plazas se realiza en el ámbito estatal.
Los problemas con la utilización de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas son numerosos. En el caso concreto de Cataluña, destaca el polémico protocolo de usos lingüísticos en el sector público, que acabó parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En diciembre de 2015, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal determinó nulas las reglas que establecían el catalán como lengua de comunicación principal para el personal.