El ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareció el lunes a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ante la que se comprometió a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) que tendrá como principal novedad el papel protagonista del Ministerio Fiscal como director de la fase de investigación de las causas, donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías. Esta nueva norma regulará desde el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos hasta los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.
Se trata así de actualizar una norma del siglo XIX que ha sido modificada en múltiples ocasiones y ahora con esta nueva versión propiciaría un servicio público de la Justicia más ágil a través de un proceso penal adaptado a las exigencias actuales.
El titular de Justicia ha manifestado “su firme compromiso y total disposición para buscar a través del diálogo las mejores respuestas a los desafíos que presenta la Justicia”. Catalá ha desgranado ante los representantes de todos los grupos parlamentarios los retos prioritarios en una agenda abierta para la reforma de la Justicia que arranca con la propuesta de creación de una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. Esta estrategia identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia, tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y eficiencia.
Una justicia más ágil
Catalá ha explicado que, además de la reforma del proceso penal, otra de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia sería la revisión del proceso civil, desde la mejora en la ejecución de las sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un único proceso para que varios perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.
La reducción de la litigiosidad es otro de los objetivos ineludibles para el ministro de Justicia que apuesta decididamente por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos a la acción de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y flexibilidad a las partes para buscar soluciones. Se ha mostrado dispuesto a abordar reformas que apoyen ambas figuras para el fomento de la cultura del acuerdo frente al conflicto. En la actualidad España cuenta con 2.535 mediadores, 1.352 mediadores concursales y 78 instituciones de mediación al servicio de las soluciones concertadas.
Una Justicia más dotada y mejor organizada
Catalá ha recordado que durante los dos últimos años se han destinado 195 millones de euros a la modernización tecnológica de la Justicia y a la mejora de sus infraestructuras y equipamientos, de 2013 a 2015 se han convocado 150 plazas de jueces y 100 de fiscales, en los últimos cuatro años se han incorporado 521 nuevos jueces y se han atendido todas las solicitudes de refuerzos presentadas por los órganos judiciales cuando se trata de delitos relacionados con la corrupción.
El ministro se ha comprometido a impulsar la convocatoria de nuevas plazas judiciales a través de la oferta de empleo público y a crear nuevos órganos judiciales donde sea necesario. Desde la defensa de una Justicia cercana y de proximidad, ha apostado por un modelo de gestión mejor organizado y por la implantación de una Oficina Judicial y Fiscal moderna, dotada y digitalizada. A la vez que ha destacado el impulso de un Plan de redistribución de cargas en los juzgados y una mayor especialización de los mismos. Se trataría, en suma, de materializar la máxima “menos normas y más gestión”.
La transformación digital de la Justicia
Varias cifras citadas por el ministro demuestran que la implantación de la Justicia digital es ya imparable: 68 millones de comunicaciones han sido remitidas electrónicamente desde el 1 de enero de este año, dos de cada tres juzgados del territorio Ministerio son digitales y el 70% de los asuntos se tramita ya vía digital. Además, se han comunicado ya telemáticamente casi 120.000 nacimientos desde 221 hospitales de toda España y se han finalizado más de 20.500 subastas electrónicas.
En este mismo sentido, el ministro Catalá ha anunciado que en la primera mitad de la legislatura todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio serán digitales, incluidos los partidos judiciales pequeños, el Tribunal Supremo y la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional. Asimismo, ha asumido el reto de implicar en esta estrategia a las comunidades autónomas con competencias transferidas y el de promover la construcción de un sistema de gestión procesal común a toda la Administración de Justicia para lo que se precisa un gran acuerdo político entre las distintas administraciones. La mejora de la estadística judicial y la cualificación del derecho de acceso de los ciudadanos y profesionales a la información son, en palabras del ministro Catalá, vitales para una Justicia abierta, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos.
El impulso de la Justicia 24 horas a través de nuevos servicios supondrá, según ha indicado el ministro, que en enero de 2017 los ciudadanos puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones online en la sede judicial del Ministerio y a lo largo del próximo año se ponga en marcha el punto general de acceso para el ciudadano.
En relación al Registro Civil, Rafael Catalá propone culminar en esta legislatura la reforma prevista en la Ley 20/2011, de 21 de julio (LA LEY 15320/2011), del Registro Civil, de manera que se consolide un modelo público, gratuito, electrónico, seguro y eficaz. El ministro ha defendido que tanto su llevanza como su gestión sean 100% públicas.
Una Justicia que cree en sus profesionales
El ministro Catalá ha manifestado su disposición “a facilitar, dignificar, estimular y reconocer el extraordinario trabajo de los profesionales de la Justicia a través del diálogo con todos ellos” y a impulsar una batería de medidas destinadas a promover una carrera judicial y fiscal profesionalizada y especializada, dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto que sustituya al de 1981, apoyar el trabajo de los letrados de la Administración de Justicia y del personal auxiliar, apoyar la ciencia legal que practica el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fortalecer nuestro sistema de fe pública (notarios y registradores), mejorar las condiciones de trabajo de procuradores y graduados sociales, revisar el modelo de acceso actual a la abogacía y redoblar esfuerzos para garantizar una asistencia jurídica gratuita eficiente, real y cualificada.
Una Justicia pensada e impartida para las personas
Aunque España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección de los colectivos más vulnerables, el ministro de Justicia propone ampliarla y cualificarla para perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género y el de protección de los menores, que se completaría con una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, lo que convertiría a España en referente mundial en la protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia. “Las víctimas del delito no caerán en el olvido, ha señalado Catalá, y serán beneficiarias a través de las instituciones, de las Administraciones Públicas, de las ONG’s y otras entidades que velan por sus intereses, de los recursos económicos que obtenga la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) procedentes del delito”.
Además, el ministro se ha comprometido a revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional y promover una Justicia más accesible y ajustada a la realidad social. Esta revisión apunta a la exención de otros colectivos potencialmente beneficiarios como pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios.
También considera necesario aprobar un nuevo Código de Comercio que permita cambiar normas obsoletas, superar la dispersión normativa, mejorar la coordinación y consistencia entre normas civiles, mercantiles y de protección de los consumidores, así como reducir cargas con el fin de mejorar la eficiencia en las transacciones económicas y dar respuesta adecuada a las nuevas formas de contratación online. En suma, crear un marco que proporcione seguridad jurídica.
Justicia independiente y lucha contra la corrupción
Rafael Catalá ha realizado “una declaración firme, convencida y enérgica de defensa a ultranza de la labor que desempeñan nuestros jueces y magistrados”, con especial énfasis en destacar que “contamos con una de las judicaturas más independientes del mundo”. Aun así, si se trata de mejorar la percepción social de la independencia judicial, el ministro propone medidas como la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante un nuevo modelo que goce del consenso entre los jueces, sus asociaciones y los grupos políticos. También apunta a la revisión del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales para por un lado, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y por otro, reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de nombramientos, bien a través de criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, bien objetivando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas que se cubren por concurso.
Además, el titular de Justicia ha propuesto regular las denominadas puertas giratorias entre la Justicia y la política a través de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) y revisar la acusación popular de manera “que sea lo que de verdad quiere la Constitución y no un instrumento al servicio de la política ni de espurios objetivos no judiciales”.
Por último, en relación a la lucha contra la corrupción, Catalá propone como medidas prioritarias, limitar los aforamientos a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen esa condición, articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción, regular la actividad de los grupos de presión o lobbies y mejorar el sistema de protección al denunciante de corrupción.
El ministro de Justicia ha concluido su intervención con el propósito de conseguir “el máximo consenso posible y escuchar a todos los grupos políticos y operadores jurídicos para acordar las reformas legislativas esenciales” que deben emprenderse en esta legislatura.
Nuevos proyectos legislativos:
- Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882): creación de la figura del fiscal investigador.
- Nueva Ley Orgánica del Derecho a la Defensa.
- Nueva Ley reguladora de la actividad de los lobbies, en coparticipación con Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
- Nuevo Código de Comercio.
Reformas legislativas parciales:
- Reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio (LA LEY 15320/2011) del Registro Civil.
- Reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (LA LEY 1961/2003), de Arbitraje.
- Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) (vigente hasta el 30 de Junio de 2017).
- Reforma de la Ley de Tasas Judiciales (LA LEY 19404/2012), en el sentido expresado en la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia del 18 de octubre de 2016.
- Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985): se reformará para regular las denominadas puertas giratorias entre la Justicia y la política.
- Nueva Ley reguladora de la prohibición de indultos a condenados por corrupción.
- Nueva Ley que mejore el sistema de protección al denunciante de corrupción.
Fuente: Ministerio de Justicia.