PRIMERO. La actora fue despedida por la empresa Centros Comerciales Ceco S.A., siendo dicho despido reconocido como improcedente por la empleadora e indemnizada en la cantidad de 9.536,59 euros. Como quiera que para proceder al despido la normativa interna de la empresa demandada requiere la autorización de la decisión por el Consejo rector, tras elevar dicha solicitud la dirección del centro de trabajo de Málaga, el Consejo rector lo autorizó, siendo publicado dicho acuerdo, junto al resto de las decisiones adoptadas, como es costumbre, en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo.
La trabajadora interpone demanda solicitando indemnización por daños y perjuicios causados por considerar que la publicación de la autorización de Consejo rector para proceder a su despido en los distintos tablones de anuncios vulnera su derecho fundamental al honor, la cual es estimada por el Magistrado a quo , limitando la cuantía de la indemnización a la cantidad de 2.000 euros.
Frente a la misma se alzan las codemandadas mediante sendos recursos de suplicación, articulados a través de dos motivos de censura jurídica a fin de que, anulada la de instancia, se declare la falta de competencia de este orden jurisdiccional social para el conocimiento de las presentes actuaciones por corresponder al orden civil de la jurisdicción o, en su caso, revocada aquélla, resulte desestimada la demanda al no haberse producido vulneración de derecho fundamental alguno de la trabajadora.
Como quiera que los motivos y fundamentación jurídica de los recursos es idéntica, la Sala dará respuesta conjunta a ambos recursos de suplicación.
SEGUNDO.- . Por el cauce del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) denuncian las recurrentes la infracción de los artículos 1.1 (LA LEY 1270/1995) y 2 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) por considerar que la relación de la demandante con las codemandadas no es de naturaleza laboral, sino civil, al no existir contrato de trabajo sino relación societaria.
La Fiscal Delegada, en su preceptivo informe se inclina por el carácter laboral de su relación, con independencia de que la trabajadora adquiriese con posterioridad la condición de socia, como lo demuestra el dato incuestionable de que la propia demandada procedió a su despido, reconoció la improcedencia del cese y la indemnizó con la cantidad de 9.536,59 euros.
La Sala debe rechazar el motivo, mostrando, a su vez, sorpresa por dicho alegato pues, además de los datos incontrovertidos puestos de manifiesto por la Fiscal Delegada, resulta que en el proceso ordinario sobre tutela del derecho al honor seguidos por los mismos hechos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuengirola, autos 505/2010, fue la hoy recurrente quien articuló la declinatoria de jurisdicción aduciendo que era el orden social el competente para conocer de las presentes actuaciones, lo que así se resolvió mediante auto de fecha 22.3.11.
Por lo expuesto, sin más, el motivo debe ser rechazado.
TERCERO.- . Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) denuncian las recurrentes la infracción del artículo 18 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , así como de la doctrina judicial que lo interpreta y que cita en el cuerpo de su recurso por considerar, en esencia, que la publicación en los tablones de anuncios de los acuerdos del Consejo rector, entre las cuales figuraba la autorización de despedir a la demandante, no vulnera su derecho al honor pues la publicación es norma para el conocimiento de los socios de la marcha de la entidad, habiéndose incluido en la publicación la autorización de despedir a la actora, pero sin referencia a su nombre y apellidos, sino mencionando tan solo su número de socia, de donde se evidencia la falta de intencionalidad en su conducta.
El honor e intimidad, en cuanto derivación de la dignidad, de la persona que reconoce el artículo 10 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" ( SSTC 209/1988 , RTC 1988, 209 , 231/1988 , RTC 1988, 231 , 197/1991 , RTC 1991, 197 y 207/1996 , RTC 1996, 207). La intimidad protegida constitucionalmente comprende tanto la captación o toma de datos como la divulgación de los mismos. La conexión de la intimidad con la libertad y dignidad de la persona implica que la esfera de la inviolabilidad de ésta frente a injerencias externas, el ámbito personal y familiar, sólo en ocasiones tenga proyección hacia el exterior, por lo que no comprende, en principio, las relaciones profesionales en que se desarrolla la actividad laboral ( STC 170/1987 , RTC 1987, 170), no obstante lo cual también existe un espacio constitucionalmente protegible de este derecho fundamental en el terreno de las relaciones laborales, tal y como ha sabido apreciar el propio TC en múltiples resoluciones.
El derecho al honor ampara la buena reputación de una persona ( STC 14/2003 , RCL 2003, 14), protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la desmerezcan o desacrediten. Este derecho no se lesiona por el simple hecho de que un tercero divulgue información u opine sobre determinadas conductas que afectan a una determinada persona. El derecho al honor prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma insultante o injuriosa o atentando injustificadamente contra su reputación, haciéndola desmerecer ante la opinión ajena, de modo que lo protegido por el art. 18 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) es la indemnidad de la apreciación que de una persona puedan tener los demás y no tanto la que aquélla desearía tener.
Pues bien, sobre tales presupuestos doctrinales la Sala aprecia que no se incurre en ningún menoscabo o desprecio, ni se observa que la acción empresarial que ahora se analiza, a saber, publicar en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo la autorización del Consejo rector de despedir a la trabajadora desmerezcan la consideración de aquélla. En primer lugar, porque es costumbre la publicación de los acuerdos del Consejo rector en los distintos centros de trabajo para que los socios conozcan el desarrollo de la entidad y llegue a su conocimiento las decisiones adoptadas. En segundo lugar, porque el acuerdo del Consejo rector que autoriza el despido, dentro de lo voluminoso de su contenido, contiene la siguiente expresión: " 5.4 Propuesta de despido a la socia nº 4630 de Fuengirola. Se solicita al Consejo rector la autorización pertinente para proceder al despido de la socia nº 4630 por la comisión de una falta muy grave en su proceder fraudulento en período de IT, que transgrede la buena fe contractual. El Consejo rector, tras la lectura del pliego de cargos de la dirección y el descargo de la socia, autoriza el despido de la socia nº 4630 ". Es decir, autoriza el despido, siguiendo la normativa interna de la empresa, sin entrar a valorar siquiera la conducta de la demandante, sin ningún descalificativo ni expresión insultante, hiriente o vejatoria. Además, tampoco contiene el nombre de la trabajadora, limitándose el Consejo rector a hacer referencia a su número de socia, prueba evidente de la ausencia de intencionalidad de atentar contra el honor e intimidad de la trabajadora. Y, por último, porque el hecho de que la empresa reconociese la improcedencia del despido e indemnizase a la trabajadora con la cantidad correspondiente, puede obedecer a diversas motivaciones como, por ejemplo, la dificultad del empresario para justificar los incumplimientos del trabajador, lo que permiten reconocer la improcedencia y satisfacer la indemnización legal a los fines de evitar el devengo de salarios de tramitación. En fin, debe considerarse, como expresa la sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid de 8.9.09 (AS 245/2010 ) " que el derecho al honor no alcanza a satisfacer actitudes hipersensibles, de minuciosidad exquisita en una apreciación personal no extrapolable ni manifestaciones que no tienen repercusión en la valoración general de la comunidad ".
Lo expuesto conduce a la Sala, al no haberlo entendido así el Magistrado de instancia, a la estimación del motivo y por su efecto de los recursos a los fines de que, con revocación de la sentencia combatida, resulte desestimada la demanda y absueltas las empresas demandadas de las pretensiones de contrario formuladas en aquélla.