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S TSJAN 5/7/2012

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, Sala de lo Social, Sentencia 1287/2012 de 5 Jul. 2012, Rec. 802/2012

Ponente: Martín Hernández-Carrillo, Manuel.

Nº de Sentencia: 1287/2012

Nº de Recurso: 802/2012

Jurisdicción: SOCIAL

LA LEY 264612/2012

ECLI: ES:TSJAND:2012:15768

Cabecera

DERECHOS FUNDAMENTALES. Derechos al honor e intimidad, en cuanto derivación de la dignidad de la persona. Ámbito del Derecho al honor. Petición de indemnización por daños y perjuicios causados por la publicación de la autorización del Consejo rector de la empresa, para proceder al despido, en los tablones de anuncios. No apreciación de vulneración de derecho fundamental. Se autorizó el despido siguiendo la normativa interna de la empresa, sin entrar a valorar siquiera la conducta de la demandante, y sin ningún descalificativo ni expresión insultante, hiriente o vejatoria. Además, tampoco contiene el nombre de la trabajadora, limitándose el Consejo rector a hacer referencia a su número de socia, prueba evidente de la ausencia de intencionalidad de atentar contra el honor e intimidad de la trabajadora. DESPIDO IMPROCEDENTE. Reconocido por la empleadora, con indemnización.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El TSJ Andalucía estima el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Málaga y absuelve a la empresa de la reclamación, no apreciando violación del derecho al honor en el despido improcedente reconocido por la entidad.

Texto

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

Recursos de Suplicación 802/2012

Sentencia Nº 1287/2012

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. JOSE LUIS BARRAGAN MORALES,

ILTMO. SR. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

En la ciudad de Málaga a cinco de julio de dos mil doce

La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

SENTENCIA

En el Recursos de Suplicación interpuesto por CECOSA HIPERMERCADOS SL y GESPA.S.C.P.(GESTION DE PARTICIPACIONES SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR) contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Eulalia sobre Derechos Fundamentales siendo demandado MINISTERIO FISCAL, CECOSA HIPERMERCADOS SL y GESPA.S.C.P.(GESTION DE PARTICIPACIONES SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR) habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 29/11/2011 . La parte dispositiva de dicha resolución expresa: " I.- Se desestiman las excepciones procesales alegadas por las demandadas.

II.- Se estima parcialmente la demanda, con los siguientes pronunciamientos:

Declaro, que las demandadas han cometido intromisión ilegítima en el honor e intimidad personal de doña Eulalia mediante acta del consejo rector de Gespa y publicada en el centro de trabajo de Cecosa Hipermercados Fuengirola.

Condeno solidariamente a las demandadas a indemnizar por daños morales a la actora en la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000 €).

Condeno solidariamente a las demandadas a que la sentencia sea incorporada en el acta del consejo rector de Gespa siguiente a la notificación de la presente y publicada durante 1 mes en el tablón de anuncios de todos los centros abiertos en España. "

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

I.- Gespa, GESTION DE PARTICIPACIONES, S.C.P., es una sociedad civil particular cuyo objeto social lo constituye la adquisición, tenencia y administración de acciones o participaciones sociales de las empresas en la cual prestan sus servicios como trabajadores por cuenta ajena los socios de Gespa; así, como la participación en la gestión y administración de aquella empresa o empresas en las que sea partícipe Gespa. La finalidad de socios de Gespa es la participación en la propiedad y gestión de la empresa donde trabajan con contrato laboral indefinido. Como organos sociales tiene la asamblea general y el consejo rector. La gestión contable y administrativa de la sociedad será realizada por el Socio CENTROS COMERCIALES CECO, SA, que pondrá a disposición de GESPA los medios humanos y materiales precisos.

II.- La trabajadora empezó a trabajar para Cecosa Hipermercados el 1 de marzo de 2003, adquiriendo posteriormente la condición de socia. El día 4 de marzo de 2009 fue despedida por Cecosa, reconociendo la empresa la improcedencia del despido e indemnizándola con 9.536,59 euros.

III.- Según los estatutos de Gespa el despido de una socia trabajadora requiere un expediente al efecto. En este caso, Cecosa Fuengirola, el día 19 de febrero de 2009 solicita del Consejo Rector de Gespa la autorización para despedir a la actora en base a lo dispuesto en el art. 64.13 del Convenio de Grandes Almacenes (trasgresión de la buena fe contractual). Por acta del Consejo Rector de Gespa de 3 de marzo de 2009, en el apartado 5.4, refiere que propuesta el despido de la socia 4.630 Fuengirola, se solicita autorización para el despido por falta muy grave en su proceder fraudulento en periodo de IT que trasgrede la buena fe contractual, resolviendo que se autoriza el despido. En acta de 19 de marzo de la Comisión Social Regional Zona Sur de Gespa, en su punto 6.4., se recogen los mismos términos del acta anteriormente señalado. Esta última acta se publicó en el centro de Fuengirola a la vista de todos los trabajadores, así como en otros centros a nivel nacional.

IV.- La causa de despido, asentada en la trasgresion de la buena fe contractual, a modo de resumen, tendría como base la constatación por los servicios médicos de la empresa de la falta de disposición de la trabajadora para desempeñar sus funciones laborales, estando aun mas agravado por su condición de socia, que ante periodos de incapacidad temporal prolongados se considera que no concuerdan realmente con sus patologías, amparando situaciones que no sustentan IT. Esto se concreta en la frase, presuntamente injuriosa o humillante, siguiente: autorización para el despido por falta muy grave en su proceder fraudulento en periodo de IT que trasgrede la buena fe contractual, que refleja tanto el acta del consejo rector de Gespa de 3 de marzo como en la de la Comisión Social Zona Sur de Gespa de 19 de marzo, siendo esta publicada en los centros comerciales adheridos, entre ellos, el de Fuengirola, donde la actora prestaba sus servicios.

V.- El 8 de julio de 2011, se presentó la demanda que encabeza estas actuaciones.

TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación las partes demandadas, recurso que formalizó no siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal el 28/5/2012 se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. La actora fue despedida por la empresa Centros Comerciales Ceco S.A., siendo dicho despido reconocido como improcedente por la empleadora e indemnizada en la cantidad de 9.536,59 euros. Como quiera que para proceder al despido la normativa interna de la empresa demandada requiere la autorización de la decisión por el Consejo rector, tras elevar dicha solicitud la dirección del centro de trabajo de Málaga, el Consejo rector lo autorizó, siendo publicado dicho acuerdo, junto al resto de las decisiones adoptadas, como es costumbre, en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo.

La trabajadora interpone demanda solicitando indemnización por daños y perjuicios causados por considerar que la publicación de la autorización de Consejo rector para proceder a su despido en los distintos tablones de anuncios vulnera su derecho fundamental al honor, la cual es estimada por el Magistrado a quo , limitando la cuantía de la indemnización a la cantidad de 2.000 euros.

Frente a la misma se alzan las codemandadas mediante sendos recursos de suplicación, articulados a través de dos motivos de censura jurídica a fin de que, anulada la de instancia, se declare la falta de competencia de este orden jurisdiccional social para el conocimiento de las presentes actuaciones por corresponder al orden civil de la jurisdicción o, en su caso, revocada aquélla, resulte desestimada la demanda al no haberse producido vulneración de derecho fundamental alguno de la trabajadora.

Como quiera que los motivos y fundamentación jurídica de los recursos es idéntica, la Sala dará respuesta conjunta a ambos recursos de suplicación.

SEGUNDO.- . Por el cauce del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) denuncian las recurrentes la infracción de los artículos 1.1 (LA LEY 1270/1995) y 2 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) por considerar que la relación de la demandante con las codemandadas no es de naturaleza laboral, sino civil, al no existir contrato de trabajo sino relación societaria.

La Fiscal Delegada, en su preceptivo informe se inclina por el carácter laboral de su relación, con independencia de que la trabajadora adquiriese con posterioridad la condición de socia, como lo demuestra el dato incuestionable de que la propia demandada procedió a su despido, reconoció la improcedencia del cese y la indemnizó con la cantidad de 9.536,59 euros.

La Sala debe rechazar el motivo, mostrando, a su vez, sorpresa por dicho alegato pues, además de los datos incontrovertidos puestos de manifiesto por la Fiscal Delegada, resulta que en el proceso ordinario sobre tutela del derecho al honor seguidos por los mismos hechos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuengirola, autos 505/2010, fue la hoy recurrente quien articuló la declinatoria de jurisdicción aduciendo que era el orden social el competente para conocer de las presentes actuaciones, lo que así se resolvió mediante auto de fecha 22.3.11.

Por lo expuesto, sin más, el motivo debe ser rechazado.

TERCERO.- . Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995) denuncian las recurrentes la infracción del artículo 18 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , así como de la doctrina judicial que lo interpreta y que cita en el cuerpo de su recurso por considerar, en esencia, que la publicación en los tablones de anuncios de los acuerdos del Consejo rector, entre las cuales figuraba la autorización de despedir a la demandante, no vulnera su derecho al honor pues la publicación es norma para el conocimiento de los socios de la marcha de la entidad, habiéndose incluido en la publicación la autorización de despedir a la actora, pero sin referencia a su nombre y apellidos, sino mencionando tan solo su número de socia, de donde se evidencia la falta de intencionalidad en su conducta.

El honor e intimidad, en cuanto derivación de la dignidad, de la persona que reconoce el artículo 10 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" ( SSTC 209/1988 , RTC 1988, 209 , 231/1988 , RTC 1988, 231 , 197/1991 , RTC 1991, 197 y 207/1996 , RTC 1996, 207). La intimidad protegida constitucionalmente comprende tanto la captación o toma de datos como la divulgación de los mismos. La conexión de la intimidad con la libertad y dignidad de la persona implica que la esfera de la inviolabilidad de ésta frente a injerencias externas, el ámbito personal y familiar, sólo en ocasiones tenga proyección hacia el exterior, por lo que no comprende, en principio, las relaciones profesionales en que se desarrolla la actividad laboral ( STC 170/1987 , RTC 1987, 170), no obstante lo cual también existe un espacio constitucionalmente protegible de este derecho fundamental en el terreno de las relaciones laborales, tal y como ha sabido apreciar el propio TC en múltiples resoluciones.

El derecho al honor ampara la buena reputación de una persona ( STC 14/2003 , RCL 2003, 14), protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la desmerezcan o desacrediten. Este derecho no se lesiona por el simple hecho de que un tercero divulgue información u opine sobre determinadas conductas que afectan a una determinada persona. El derecho al honor prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma insultante o injuriosa o atentando injustificadamente contra su reputación, haciéndola desmerecer ante la opinión ajena, de modo que lo protegido por el art. 18 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) es la indemnidad de la apreciación que de una persona puedan tener los demás y no tanto la que aquélla desearía tener.

Pues bien, sobre tales presupuestos doctrinales la Sala aprecia que no se incurre en ningún menoscabo o desprecio, ni se observa que la acción empresarial que ahora se analiza, a saber, publicar en los tablones de anuncios de los distintos centros de trabajo la autorización del Consejo rector de despedir a la trabajadora desmerezcan la consideración de aquélla. En primer lugar, porque es costumbre la publicación de los acuerdos del Consejo rector en los distintos centros de trabajo para que los socios conozcan el desarrollo de la entidad y llegue a su conocimiento las decisiones adoptadas. En segundo lugar, porque el acuerdo del Consejo rector que autoriza el despido, dentro de lo voluminoso de su contenido, contiene la siguiente expresión: " 5.4 Propuesta de despido a la socia nº 4630 de Fuengirola. Se solicita al Consejo rector la autorización pertinente para proceder al despido de la socia nº 4630 por la comisión de una falta muy grave en su proceder fraudulento en período de IT, que transgrede la buena fe contractual. El Consejo rector, tras la lectura del pliego de cargos de la dirección y el descargo de la socia, autoriza el despido de la socia nº 4630 ". Es decir, autoriza el despido, siguiendo la normativa interna de la empresa, sin entrar a valorar siquiera la conducta de la demandante, sin ningún descalificativo ni expresión insultante, hiriente o vejatoria. Además, tampoco contiene el nombre de la trabajadora, limitándose el Consejo rector a hacer referencia a su número de socia, prueba evidente de la ausencia de intencionalidad de atentar contra el honor e intimidad de la trabajadora. Y, por último, porque el hecho de que la empresa reconociese la improcedencia del despido e indemnizase a la trabajadora con la cantidad correspondiente, puede obedecer a diversas motivaciones como, por ejemplo, la dificultad del empresario para justificar los incumplimientos del trabajador, lo que permiten reconocer la improcedencia y satisfacer la indemnización legal a los fines de evitar el devengo de salarios de tramitación. En fin, debe considerarse, como expresa la sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid de 8.9.09 (AS 245/2010 ) " que el derecho al honor no alcanza a satisfacer actitudes hipersensibles, de minuciosidad exquisita en una apreciación personal no extrapolable ni manifestaciones que no tienen repercusión en la valoración general de la comunidad ".

Lo expuesto conduce a la Sala, al no haberlo entendido así el Magistrado de instancia, a la estimación del motivo y por su efecto de los recursos a los fines de que, con revocación de la sentencia combatida, resulte desestimada la demanda y absueltas las empresas demandadas de las pretensiones de contrario formuladas en aquélla.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos los recursos de suplicación interpuesto por la representación de las empresas Gestión de Participaciones, Sociedad Civil Particular y Centros Comerciales Ceco S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Málaga con fecha 29 de noviembre de 2.011 en autos sobre tutela de derechos fundamentales, seguidos a instancias de Dª Eulalia contra dichas empresas recurrentes, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal y, con revocación de la sentencia recurrida, desestimamos la demanda formulada por Dª Eulalia y absolvemos a las demandadas de las pretensiones de contrario formuladas en aquélla.

Firme la presente resolución, devuélvase a las recurrentes el depósito de 150 euros y la consignación de la cantidad objeto de la condena efectuados para recurrir en suplicación.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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