Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 12 - 28035
Teléfono: 914934418,914933800
Fax: 914934420
R
37050100
N.I.G.: 28.058.00.1-2016/0011731
Apelación Juicio sobre delitos leves 1589/2016
Origen :Juzgado de Instrucción nº 06 de Fuenlabrada
Juicio sobre delitos leves 1610/2016
Apelante: D./Dña. Bienvenido
Letrado D./Dña. JOSE MARIA MARTIN BERMEJO
Apelado: D./Dña. MINISTERIO FISCAL
SENTENCIA Nº 104/17
En Madrid, a seis de marzo de dos mil diecisiete
La Ilma. Sra. Dña. PILAR RASILLO LÓPEZ, Magistrada de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el art. 82.2 pfo 2º de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , ha visto en segunda instancia, ante esta Sección Vigésima Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, el Juicio de delito leve número 1610/16, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Fuenlabrada 3 de Torrejón de Ardoz, seguido por amenazas, siendo denunciado D. Bienvenido , asistido de Letrado D. José María Martín Bermejo, venido a conocimiento de esta Sección en virtud de recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por este denunciado, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada de referido Juzgado, con fecha 31 de octubre de 2016 ,habiendo sido parte apelada el MINISTERIO FISCAL.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 31 de octubre de 2016 se dictó sentencia en Procedimiento de Delito Leve de referencia por el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Fuenlabrada cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
" CONDENO a Bienvenido como autor de un delito de amenazas leves del
artículo 171.7 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)
, a la pena de multa de 45 días, y a razón de 3 € diarios, debiendo satisfacer en consecuencia, la cantidad de 135 E, de una sola vez, cuando esta sentencia sea firme, y en el plazo de 15 días desde el siguiente a su notificación, quedando sometido, en caso de impago, a una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas, y hacer frente al pago de las costas procesales.
Se prohíbe a Bienvenido el acceso al establecimiento sito en la calle Tía Javiera n° 27 de Fuenlabrada. Por otro lado, se le prohíbe también aproximarse a Justiniano a su
domicilio, o cualquier otro lugar en que se encuentre, en un radio no inferior a 10
metros y se le prohíbe comunicarse con Justiniano por cualquier medio posible
durante un periodo de seis meses."
Como Hechos Probados se hacían constar:
"ÚNICO .- Que sobre las l0'30 horas del día 28 de octubre de 2016, el denunciado Bienvenido entró en la tienda de alimentación de Justiniano sita en la calle Tia Javiera n° 23 de Fuenlabrada, cogió unas cervezas y pidió al dueño que dejara entrar a dos gitanos que estaban en la puerta y a los que el denunciante había prohibido la entrada a su tienda. Que, ante la negativa del denunciante, el denunciado comenzó a alterarse, por lo que llamó a la policía, dados los problemas que le estaba causando en su negocio. Al llegar la policía, ya no se encontraba el denunciado en el lugar.
Media hora después, sobre las 11'00 horas, volvió Bienvenido a entrar a la tienda, encontrándose muy nervioso y alterado, y, dirigiéndose al denunciante le dijo, refiriéndose a los gitanos a los que había prohibido la entrada, que "estos son mis hermanos, si no les dejas entrar te voy a matar, quieres que venga con una pistola, te pego un tiro en la cabeza, te mato, maricón, te mato" Estas expresiones generaron pavor en el denunciante, quien temió por su integridad. Al ver que llamaba a la policía, abandonó Bienvenido el lugar. Personada una dotación policial, no consiguieron localizarle.
Nuevamente, a las 12'l5 horas, volvió el denunciado a entrar a la tienda, haciéndolo con el rostro oculto con una máscara de payaso y un peluca de color morado, alzando la voz, y riéndose de manera siniestra y amenazante, lo que generó auténtico temor en el denunciante, que llamó nuevamente a la policía. Una vez en el lugar los agentes, lo localizaron en las inmediaciones con la peluca de color morado que había utilizado en la tienda."
SEGUNDO. - Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el denunciado D. Bienvenido , asistido de Letrado D. José María Martín Bermejo, alegando como motivos vulneración del principio de presunción de inocencia; infracción de ley por indebida aplicación del artículo 171.7 CP (LA LEY 3996/1995) ; infracción de ley por indebida inaplicación de la eximente incompleta de embriaguez; infracción por indebida aplicación de los artículos 57.3 (LA LEY 3996/1995) y 48 CP .
TERCERO.- Admitido a trámite, se dio traslado del escrito a las demás partes, presentándose por el Ministerio Fiscal escrito de impugnación sobre las alegaciones que hacía, interesando la confirmación de la sentencia. Tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso, correspondiendo a la Sección 29ª, donde se registró al número 1589/16 ADL y se nombró Ponente a la Ilma. Sra. Magistrada Dª PILAR RASILLO LÓPEZ
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La defensa del denunciado interpone recuso de apelación contra la sentencia condenatoria del Juzgado de Instrucción 6 de Fuenlabrada, de 31 de octubre de 2016 , alegando como por vulneración del derecho a la presunción de inocencia por ni existir prueba de cargo suficiente.
El derecho a la presunción de inocencia, implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (LA LEY 16/1950), y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966) ), lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados. Cuando en un recurso se denuncia la vulneración de este derecho, el Tribunal de apelación deberá verificar estos extremos de validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva valoración del material probatorio, sustituyendo la realizada por el Tribunal de instancia, como si de un error de valoración de prueba se tratara.
No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre, sino de comprobar la racionalidad de aquella y la regularidad de la prueba utilizada. Y de otro lado, salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas ( STS 678/2014, de 23 de octubre de 2014 (LA LEY 145509/2014) ).
Conforme a una consolidada doctrina constitucional y del Tribunal Supremo la declaración de la víctima puede ser prueba bastante para fundar una sentencia condenatoria aun cuando sea prueba única . Así el Tribunal Constitucional de manera reiterada (Sentencias números 201/1989 , 160/1990 , 229/1991 y 64/1994 , entre otras) ha estimado que "la declaración de la víctima del delito practicada normalmente en el juicio oral con las necesarias garantías procesales tiene consideración de prueba testifical y como tal puede constituir válida prueba de cargo en la que puede basarse la convicción del Juez para la determinación de los hechos del caso". De igual manera, en sentido absolutamente coincidente, se ha pronunciado el Tribunal Supremo (Sentencias de fechas de 26 de mayo de 1992 , 28 de octubre de 1992 , 28 de marzo de 1994 , 28 de enero de 1995 , 11 de marzo de 1996 , 25 de noviembre de 1997 y 14 de enero de 1998 ). Y ello sin perjuicio de la necesidad de comprobar la concurrencia de los consabidos requisitos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia, que tratan de asignar la garantía de certeza y credibilidad de las declaraciones de las víctimas ( SSTS 8 octubre 1990 , 28 septiembre 1988 , 26 mayo 1993 , 22 marzo 1995 ), recordando que estos tres elementos no han de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos ellos unidos para que la Sala de instancia pudiera dar crédito a la testifical de la víctima como prueba de cargo. A nadie se le escapa dice la STS. 19.12.2003 , que cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor y víctima, en estas infracciones que ordinariamente se cometen en la clandestinidad, puede ocurrir que las declaraciones de esta ultima tengan que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del caso. Es decir, la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier otro motivo moralmente inadmisible, es solamente una llamada de atención para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aun teniendo esas características tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva (en igual sentido STS 23 mayo 2006 ).
La condena del denunciado se funda en la declaración de la víctima, que ha resultado creíble a la Juzgadora de instancia por su persistencia, coherencia, desinterés y corroboración objetiva. Tras el visionado de la grabación del juicio oral he de convenir que la valoración de la prueba es correcta y debe ser mantenida. Frente a la negativa de la suficiencia de la declaración del perjudicado que alega el recurrente, debe destacarse que la misma cuenta con una corroboración, cual es el hecho de las diversas llamadas a la policía, que no tienen otra explicación que las amenazas del denunciado, y el reconocimiento de éste de haber entrado con la máscara y la peluca.
Además no concurre en el perjudicado interés espurio alguno, siendo el denunciado un cliente con el que no había tenido ningún problema, como así ha reconocido el propio denunciado, por lo que no hay que no hay motivo para pensar que la denuncia es falsa y buscada para perjudicar al denunciado.
En definitiva ha existido una prueba lícitamente obtenida y que es suficiente como así resuelve la Juzgadora a quo, de modo razonad y razonable, no existiendo error en la valoración que haga necesario modificar ese criterio valorativo y mucho menos, a sustituirlo por el de la parte recurrente, claramente interesado. Procede, en consecuencia, la desestimación del motivo.
SEGUNDO.- Bajo la alegación de infracción de ley por indebida aplicación del artículo 171.7 CP (LA LEY 3996/1995) , se niega la existencia del ánimo de amenazar, pues se dice que el denunciado solo quería gastar una broma. Frente a ello ha de advertirse lo extraño que resulta la explicación dada por el denunciado de que solo quería dar un susto al estar cerca la fiesta de Halloween. La actitud del denunciado no era jocosa, sino de amenaza, lo que lleva al perjudicado llamar a la policía, como ya había hecho dos veces. Precisamente esta persistencia en su ilícito comportamiento -el denunciado había amenazado esa noche al denunciante dos veces- lleva a ésta a denunciar a la policía, que acudió al establecimiento. Sin que pueda considerarse que el denunciante se equivocó, pues la segunda vez le amenazó de modo explícito con matarle y la tercera -cuando entra con la careta- lo acompaña con una risa amenazante.
Por otro lado si el recurrente solo quería gastar una broma no se explica por qué salió huyendo cuando llegó al policía y se refugió en su casa, pues si nada había hecho no había razón para salir corriendo.
Por ello se va a desestimar el motivo.
TERCERO.- El motivo siguiente es la indebida apreciación de la eximente incompleta de embriaguez.
La prueba de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal corresponde a la parte que la invoca ( STS 336/2009, de 2.4 (LA LEY 34876/2009) , 531/2007, de 18.6 (LA LEY 52024/2007) y STC 36/1996, de 11.3 (LA LEY 3947/1996) y 87/2001, de 2.4 (LA LEY 3741/2001) ), debiendo de estar acreditada como el hecho típico de que dependen ( SSTS 15.9.98 , 17.9.98 , 19.12.98 , 29.11.99 , 23.4.2001 , STS. 2.2.200, que cita STS. 6.10.98 , en igual línea SSTS. 21.1.2002 , 2.7.2002 , 4.11.2002 y 20.5.2003 , que añaden que no es aplicable respecto de las circunstancias modificativas el principio in dubio pro reo).
En este caso no existe prueba de que el denunciado estuviese bebido y tuviera por ello afectada su capacidad. Es verdad que la víctima dice que el denunciado no estaba normal, ya que estaba muy agresivo. Más de ello no puede colegirse que estuviese bebido o hubiese consumido sustancias estupefacientes, tóxico que no se detectaron en los análisis de sangre que se le practicaron tras su detención, al solicitar atención médica. Tampoco en la historia clínica, dentro de la anmesis, se hace referencia a un supuesto estado de ebriedad del denunciado, que solo refirió que había hecho la última ingesta hacía 48 h., mientras que el médico del servicio primario le dijo que tenía ansiedad en relación con la detención policial.
En consecuencia, ante esta absoluta falta de prueba de la circunstancia no es posible su apreciación.
CUARTO. - El último motivo del recurso es la indebida aplicación de los artículos 57.3 (LA LEY 3996/1995) y 48 CP , pues no existe peligro real para la integridad del perjudicado, tratándose de una pena desproporcionada al ser el denunciante vecino de la tienda del denunciante de manera que la prohibición acordada le supondría no poder acceder a su domicilio. Finalmente en cuanto a la extinción de la pena, seis meses, es asimismo excesiva, si haberse motivado que se haya impuesto en su extensión máxima.
La relevancia jurídica del proceso de motivación en la fase final de individualización de la pena ha sido insistentemente destacada por la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo. Mediante la motivación se fija un mecanismo explícito de control y fiscalización de la justicia de la decisión. Lo que se proscribe es, ante todo, la arbitrariedad en la determinación de los límites de la pena a imponer ( STS 18-6-09 ). El Código Penal en el artículo 66 (LA LEY 3996/1995) establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable no solo en cuanto se refiere a la estricta determinación de los grados, a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.
Asimismo ha señalado que la imposición del mínimo no precisa de una especial motivación en cuanto que se trata de una ineludible consecuencia de la calificación jurídica de los hechos, previamente establecida.
Ante la ausencia de motivación suficiente, ha de imponerse la pena mínima sin que el Tribunal de apelación pueda subsanar tal defecto de motivación, puesto que la subsanación de las deficiencias en segunda instancia supone, tal y como manifiesta el TS en sentencias de 12 de noviembre de 1991 y de 29 de septiembre de 1992 , supone "suplantar la función jurisdiccional de distinto Tribunal, de un lado, y perjudicar a la propia parte en su derecho a combatir las resoluciones judiciales ante jueces de orden superior, de otro", por lo que entrar a motivar la pena implicaría dejar a las partes sin la doble instancia.
En este caso, la Juzgadora de la instancia impone la pena de seis meses de alejamiento, pero ni razona porque entiende que esta pena, que en este caso es facultativa (el artículo 57.3 CP (LA LEY 3996/1995) dice podrá), resulta adecuada y necesaria y el motivo de imponerla en su grado máximo. La falta de motivación lleva a suprimir la condena a esta pena, que no se presenta como necesaria.
El motivo ha de ser estimado en consecuencia.