SEGUNDO.- El recurso debe ser desestimado.
Consta a la vista del exp adm que:
1º.- La actora firmó contrato de trabajo de obra o servicio a tiempo completo con una duración hasta la finalización subvención por aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de dependencia año 2006, Se prevé una duración hasta el 05/02/08.
2º.- En fecha 06/02/08 suscribe nuevo contrato de trabajo de obra o servicio a tiempo completo con una duración hasta la finalización subvención concedida para el ejercicio 2008 para mejorar la atención de las personas en situación de dependencia. Fecha prevista de finalización 31/12/08.
3º.- El 05/01/09 firma nuevo contrato de duración determinada cuyo objeto es la finalización de la subvención concedida para el ejercicio 2009 para mejorar la atención de las personas en situación de dependencia, Fecha prevista de finalización 31/12/09.
4º.- El Decreto 3/2010 de 4 de enero sobre la aprobación de las bases que han de regir el proceso selectivo para la selección de personal funcionario interino del Programa para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia, se aprueban las bases para la selección de funcionario interino para la ejecución con carácter temporal y no permanente del Programa para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia. En dicha convocatoria participa la actora y conforme a la misma se nombra a la actora como Trabajadora Social, funcionaria interina de Programas de carácter temporal, adscrita al Programa para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia (Decreto 513/2010 de 11 de mayo).
5º.- Finalmente, por resolución de 04/01/17 se dicta resolución por la que se acuerda mantener el nombramiento como funcionaria interina por programa de carácter temporal a la actora, al amparo del Acuerdo de 27/12/16 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y con una duración de acuerdo con la subvención concedida, hasta el 31/12/17.
De lo anteriormente expuesto resulta que
el nombramiento de la actora y sus prórrogas tenían como finalidad la ejecución con carácter temporal y no permanente del Programa para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia.
Obran en el exp adm los Acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 28/11/06, 31/07/07, 20/11/07, 25/11/08 etc... por el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes, con los que se pretende la continuidad de las personas contratadas por las Corporaciones Locales con cargo a los créditos de los Acuerdos del Consejo de Gobierno mencionados. Concretamente el objetivo, como se recoge en los propios acuerdos, es mantener el refuerzo personal de los Servicios Comunitarios.
El Decreto 168/2007 de 12 de Junio (LA LEY 6589/2007) por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración dispone que (artículo 4) "Las entidades locales participarán en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia (...) en los términos establecidos en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre (LA LEY 12016/2006)".
De la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (LA LEY 12016/2006), de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en relación al artículo 61.1.a) del Estatuto de Autonomía, y del Decreto 168/2007, de 12 de junio (LA LEY 6589/2007), por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración, se deduce que
se trata de una competencia de la Comunidad Autónoma, que es quien está facultada para el reconocimiento de la situación y la que regula el procedimiento, pues se trata de un servicio público de carácter supramunicipal, lo que no obsta para que se prevea una participación de los Ayuntamientos en el mismo (artículo 4 del Decreto 168/2007 (LA LEY 6589/2007) antes mencionado), sobre todo en su fase inicial o "puerta de entrada al Sistema", para lo cual se establece un plan o provecto de carácter temporal, cuyo objeto es reforzar los servidos sociales comunitarios correspondientes al municipio para la atención de personas en situación de dependencia, con financiación ajena a la propia Corporación Municipal, al proceder de créditos concedidos con carao al presupuesto de la Comunidad Autónoma y con distribución de carácter anual, siendo así que la ejecución de estos planes temporales requieren del nombramiento del personal necesario para su desarrollo, con fundamento en el artículo 10 del Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (LA LEY 3631/2007), cuyo precepto, en el apartado c) permite el nombramiento de funcionarios interinos por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé la circunstancia de la ejecución de programas de carácter temporal, que en este caso es el vinculado a las medidas establecidas en el Decreto 168/2007 (LA LEY 6589/2007) y a los créditos distribuidos por los Acuerdos de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, con carácter anual.
Mediante estos créditos, como es de ver en cada uno de los Acuerdos anuales, se financia la contratación por parte de las Corporaciones Locales tanto de las personas que posean la titulación de Asistente Social o Diplomadas en Trabajo Social como del personal administrativo desde la fecha de aprobación del respectivo acuerdo hasta el 31 de diciembre de la siguiente anualidad.
Es decir, son puestos que desde su nacimiento lo son con carácter no definitivo, puesto que su existencia depende de dotaciones presupuestarias externas no estables para la realización de concretos programas no permanentes, como establece el artículo 10.1.c) del Estatuto Básico del Empleado Público, que serán desempeñados por interinos cuyo cese se producirá en el momento de la amortización del puesto por falta de financiación.
En definitiva, y como se ha expuesto, se trata de un nombramiento como funcionario interina y prórrogas justificado, y que tenía como finalidad un Plan o proyecto de carácter temporal, cuyo objeto es reforzar los servicios sociales comunitarios correspondientes al municipio para la atención de personas en situación de dependencia, con financiación ajena a la propia Corporación Municipal.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de fecha 21/02/17, apelación n° 559/16, dice expresamente "Similar problemática a la que plantea la actual controversia, de encadenamiento de sucesivos contratos y nombramientos de interinidad para la ejecución de programas de carácter temporal, y drástico recorte en la financiación de actuaciones, aun referida a la atención de la dependencia, resolvió esta misma Sección en sentencias de 14 de enero de 2015 (apelación 209/2014), 6 de febrero de 2015 (apelación 488/2014) 12 de febrero de 2015 (apelación 305/2014), y otras más, señalando que: "(...) En efecto el nombramiento según la resolución se efectúa conforme al apartado c) del artículo 10 del Estatuto Básico: "ejecución de programas de carácter temporal", Se trata de un concepto jurídico indeterminado, y aunque el precepto no fija la duración ni su alcance, ni las medidas de control sobre los mismos, es lógico que dicho programa no puede responder a actividades habituales de la Administración, sino como ocurre en el presente caso a una actividad competencia de la Junta de Andalucía que en virtud del Decreto se delega en los Municipios pero financiadas por aquella, de ahí que el programa no sea indefinido sino temporal por el ejercicio correspondiente, ya que son los Acuerdos anuales de financiación los que permiten la contratación especifica del personal de refuerzo para cumplir lo dispuesto en el Decreto Autonómico, de ahí que la finalización del nombramiento coincida con la finalización del programa para el ejercicio de 2013, lo que determina que el recurso de apelación del Ayuntamiento deba ser estimado, porque sin perjuicio de nuevos nombramientos para años posteriores el impugnado contiene una duración temporal conforme al artículo 10 1 c), porque insistimos, la causa del nombramiento es el Acuerdo anual de financiación que permite la contratación especifica con una duración determinada, por lo que finalizado el programa anual, finalizan las tareas correspondientes a 31 de diciembre de 2013." añadiendo la sentencia "porque el programa como hemos expuesto está a expensas de la financiación de la Junta de Andalucía y aunque efectivamente el Ayuntamiento tiene RPT en Servicios Sociales y gastos de personal en sus Presupuestos para cubrir los puestos de los funcionarios y personal laboral que presta servicios comunitarios en el ejercicio de su competencia municipal la actora siempre ha sido contratada primero como laboral y después como interina para el programa temporal de la ley de Dependencia, por tanto condicionado a los Acuerdos anuales de financiación".
Todo lo anteriormente apoya la argumentación de esta juzgadora de que la actora fue nombrada para un Programa temporal y no permanente (condicionado a Acuerdos anuales de financiación), y para atender una actividad no habitual de la Corporación como es la del Decreto 168/2007 (LA LEY 6589/2007), por lo que el recurso debe ser desestimado.