SEGUNDO. No puede ser estimado el Recurso de Apelación interpuesto, pues el juzgador se ha servido para llegar a la certeza de criminalidad en que descansa la condena penal, en una prueba indiciaria en la que la labor intelectiva del propio tribunal complementa los hallazgos puramente indiciarios o hechos básico, lo que permite llegar a los hechos consecuencia que se han reflejado con toda corrección en la Declaración de Hechos Probados.
Si bien es cierto que la empresa ENERCOM CONSULTORÍA SERVICIOS S.L. tenía un evidente interés en que la Administración Pública aceptase como auténtico el documento que se remitió, acreditativo de una determinada cualificación profesional de Don Manuel , eso no significa que el acusado apelante no tuviera un interés propio, centrado, tal como explicaba el testigo señor Ramón en el acto del juicio, a preguntas del Ministerio Fiscal y de la defensa, y otras complementarias del Juzgador, en lograr un puesto de trabajo en la empresa administrada por el testigo; pues necesitaba acreditar alguna capacitación profesional, necesaria también para poder acceder a un curso técnico que debía seguir el futuro trabajador en Madrid.
(Interrogatorio del señor Ramón en el acto del juicio, Min. 19:13 de la grabación.)
Así pues, debería considerarse suficiente como para desbaratar el motivo de apelación sustentado en la lesión de la presunción de inocencia, la constatación de que el juzgador ha dado crédito a las manifestaciones del testigo de cargo Don Ramón , administrador de ENERCOM CONSULTORÍA SERVICIOS S.L., en el sentido de que tal documentación le había sido facilitada por el trabajador como exigencia para ser contratado al servicio y por cuenta de dicha mercantil.
La queja que aduce el apelante de que la Sentencia no ha abordado el análisis de la pericial caligráfica, de la que, según su parecer, resultaría su inocencia, no guarda conexión con el derecho del acusado a la presunción de inocencia, consagrado en la Constitución, sino con un posible error valorativo cuya concurrencia tendremos que analizar de inmediato. Mas no es cierto lo que se expone en dicho escrito de apelación de que se ha prescindido de dicha prueba a la hora de desarrollar la labor inferencial a partir del material indiciario, pues la Sentencia analiza las conclusiones del informe caligráfico tomando nota de la similitud de rasgos gráficos de la firma dubitada obrante en el carnet de instalador y la indubitada formada en el Juzgado de Instrucción, similitud que el propio señor Manuel no negó al serle exhibida su firma, así en la fase de instrucción como en el propio interrogatorio practicado en el acto del juicio.
No comparte la Sala el juicio de la parte apelante acerca del comportamiento dubitativo o vacilante del señor Ramón , el cual fue contundente en los elementos esenciales de su declaración, en el sentido de que el carnet de instalador y el curriculum le fueron presentados por el trabajador y que al recibir la comunicación de la Delegación Territorial de León, en la que se le advertía que el trabajador no podía ser dado de alta en la actividad correspondiente al no ser autentico el carnet presentado, procedió inmediatamente a despedir al señor Manuel , hecho jurídico éste que no deja de tener una significación incriminatoria propia, pues tal fue la causa expresada en la propia carta de despido obrante en las actuaciones, (Cfr. folio 37 de los autos) en un momento en el que no se habían iniciado diligencias penales contra el ahora apelante por falsedad documental, lo que explica que se aquietara con el despido, a fin de conjurar el riesgo de una prueba, fácilmente previsible, en el procedimiento ante la jurisdicción social, acerca de la autenticidad o falsedad del carnet, como objeto mismo de la causa de finalización de la relación laboral.
Esa actitud pasiva o de aquietamiento del trabajador, ante una decisión empresarial que constituía una lesión de sus derechos como trabajador, en caso de ser el mismo inocente, constituye, como acabamos de exponer, un nuevo indicio de criminalidad que no ha dejado de ser tomado en consideración por el juzgador y que con los demás constituye a descartar la lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
El señor Ramón manifestó igualmente estar en la creencia de que la empresa ENERCOM CONSULTORÍA SERVICIOS S.L. ya ostentaba la condición de empresa capacitada para la instalación, siendo múltiples las actividades para las que estaba dada de alta en la Administración y disponiendo de personal cualificado para desarrollar todas ellas; y aunque no pudo designar nominalmente de forma completa a ningún trabajador capacitado para la instalación de baja tensión, si aludió a uno de sus trabajadores, Don Casimiro , que pudiera estar en posesión de esa cualificación para trabajar como instalador.
La circunstancia de mostrarse el testigo dubitativo en este particular
(Interrogatorio del señor Ramón en el acto del juicio, Min. 19:13 a 21:00 de la grabación)
no ha impedido que se diese crédito al resto de sus manifestaciones, quizás en parte porque el mismo mostró una disponibilidad inmediata para comprobar, examinando la documentación de la empresa, cuantos datos le fueron recabados por la defensa del recurrente y por el juzgador en la petición final de aclaraciones complementarias; sin que la imposibilidad, que el testigo reconocía, de dar respuestas concretas acerca de la capacitación de su personal, pueda tener el efecto que pretende la Parte Apelante, de rechazarse su testimonio; con lo que no podemos censurar al Juzgador por haber formado su convicción sobre las manifestaciones del administrador de la empresa empleadora.
La empresa no le requirió al trabajador en concreto un carnet instalador, sino un carnet profesional genérico, el que dispusiera, necesario para proporcionarle la formación mediante el curso en Madrid al que se ha aludido.
(Interrogatorio del señor Ramón en el acto del juicio, Min. 32:54 de la grabación)
No menos incriminatoria era la aseveración por parte del administrador de que la empresa no tuvo acceso a la fotografía, domicilio y circunstancias que aparecen en el carnet de instalador falsificado de domicilio que
(Interrogatorio del señor Ramón en el acto del juicio, Min. 19:13 de la grabación 21:10)
Por otra parte, aunque el testigo señor Ramón no mantuvo comunicaciones por whassap con el acusado y apelante al cabo de su despido de la empresa por el motivo expresado, sí se refirió a unos mensajes amenazantes que Don Manuel remitió por esa vía a quien en aquella época ostentaba la condición de socio de la empresa, señor Francisco , mensajes cuyo contenido intimidatorio, aunque nos haya llegado a través de una testifical de referencia, ha llevado también al Juzgador, de una forma racional, a la conclusión de que Don Manuel pretendía una continuidad de la relación laboral a la que se había puesto fin por parte de la empresa de manera inmediata nada más recibirse en ENERCOM CONSULTORÍA SERVICIOS S.L. la respuesta de la Delegación Territorial; pretensión y estado de ánimo que coinciden con lo que el señor Ramón había a manifestado en su propia declaración en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción, mismo el 6 de marzo de 2013, en el sentido de que "...le comunicaron a Manuel del (SIC) informe de la Junta y les dijo que es mentira y que el carné es bueno ".
(Cfr. folios 28 y 29 de los autos)
La asunción por parte del juzgador de que tales fueron, en efecto, la respuesta y el estado emocional -amenazador o intimidatorio- del trabajador despedido, es lógicamente incompatible con la hipótesis exculpatoria mantenida por la defensa en su recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Instrucción de 20 de mayo de 2013 y en el acto del juicio, en el sentido de que la documentación sólo había podido ser falsificada por ENERCOM CONSULTORÍA SERVICIOS S.L.
Por otro lado, los elementos en que se ha fundado el juzgador para llegar la conclusión de que el carnet remitido a la Delegación Territorial del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de Castilla y León, había sido facilitado a la empresa ENERCOM CONSULTORÍA SERVICIOS S.L., por el recurrente, y no confeccionado por la propia empresa, se sustenta en unos razonamientos de indudable peso incriminatorio, ya que la fotografía del acusado, su domicilio en la localidad de Toreno, distinto del que se consignaba en el contrato de trabajo suscrito por la empresa y el trabajador, y que la primera no podía de ninguna forma conocer, y la propia firma del titular del carnet, no estaban al alcance del señor Ramón ni del personal de aquella empresa.
Descartada la conculcación del principio de presunción de inocencia que se denunciaba por el recurrente, importa ahora traer a colación la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que reitera que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 (LA LEY 1/1882) y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en los artículos 741 y 793 citados) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 y 2 de julio de 1990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
La valoración de los testimonios es, pues, competencia del juzgador de instancia, que desde la inmediación que la preside, analiza y valora el testimonio no sólo por lo que dice el testigo sino por las circunstancias que rodean ese testimonio y que le otorgan o le niegan verosimilitud y posibilitan la convicción del juzgador ( Sentencias del Tribunal Supremo núms.1884/99, de 30 de diciembre ,
2007/2000, de 27 de diciembre (LA LEY 1889/2001)
, 72/2001, de 18 de enero , 780/2006, de 7 de julio ,
503/2008 de 17 de julio (LA LEY 79476/2008)
, 1043/2012, de 21 de noviembre y 62/2013 de 29 de enero y 125/2014 de 20 de febrero, entre otras ; y Sentencia de esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León, nº 304/2016 de 28 de junio, dictada en el Recurso de Apelación nº 558/2016 (LA LEY 105759/2016)
)