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PRIMERO.- Respecto de los tres motivos del recurso de apelación de la parte del acusado y condenado D. Ramiro se ha de señalar que se formulan respectivamente al amparo de lo dispuesto en los apartados e), b) y a) del artículo 846.bis.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), que examinamos seguidamente.

El primero de los motivos del recurso de la parte del acusado y condenado D. Ramiro, viene formulado -como ya se ha reseñado- al amparo de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), por considerar la parte recurrente la quiebra de la presunción de inocencia por la insuficiencia de prueba de cargo y el error en la interpretación de la prueba, con apreciación de conjeturas, hipótesis y especulaciones que estima carentes de todo apoyo en la prueba practicada.

En el presente caso se ha señalar que el veredicto del Jurado y con ello los hechos declarados probados se formulan con base a la prueba de cargo practicada en el Juicio Oral, que incluye un abanico de medios de prueba expresamente tomadas en cuenta por el Jurado en su veredicto como son las declaraciones de los acusados, de los testigos y de los médicos forenses y policía científica, sin que quepa estimar que concurre el supuesto previsto por el precepto a cuyo amparo se ha de articular este motivo de impugnación, que para que concurra es necesario que carezca de toda base razonable la condena impuesta en la sentencia impugnada, pues en el presente caso el Jurado emite su veredicto de culpabilidad con base a las declaraciones testificales, las declaraciones del propio acusado y condenado, los informes periciales de balística y médico-forenses producidas en el acto del juicio oral, atendiendo a la prueba de cargo practicada en la vista con la debida contradicción, como expresamente se recoge en la motivación del veredicto en el que se relatan los elementos de convicción que ha tenido en cuenta el Jurado, formulando su declaración de hechos probados con base a su valoración de la prueba practicada.

SEGUNDO.- Las extensas alegaciones del recurso del acusado y condenado D. Ramiro, en que se pretende fundar la concurrencia de este motivo del apartado e) del artículo 846.bis.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) se resumen en que:

1º) La interpretación y valoración de la prueba pericial sobre residuos del disparo hecha en el veredicto del Jurado y en la sentencia contradicen la tesis que sostiene la defensa del recurrente de que se trató de un disparo accidental con una sola mano, alegación esta de la parte que no es sino su discrepancia con la valoración probatoria hecha en el veredicto - punto 8 (probado) en relación con el 10 (no probado) de los del objeto del veredicto- que es una valoración que corresponde al Jurado y sobre la que se desarrolla la fundamentación de la sentencia apelada. En suma el dictamen pericial recoge la existencia de residuos propios del disparo en el acusado en modo que permite al Jurado, a la vista de las posiciones de la acusación y la defensa, asumir la tesis de la acusación y rechazar la de la defensa sin vulneración alguna con ello del derecho a la presunción de inocencia, presunción esta que, en este caso, queda quebrada a tenor de la valoración por el jurado de la prueba practicada - en particular la pericial referida que permite la valoración hecha por el Jurado- sin que tal valoración resulte arbitraria o irrazonable

2º) Que no se ha tenido en cuenta el informe de minusvalía y la pericial médico-forense, ni que apareció en la casa un "churrillo'’ de los utilizados para que no entrara polvo en el cañón. Esta alegación de la parte recurrente vuelve a plantear la argumentación anterior que se resume en que la valoración por el Jurado de la prueba practicada, que no coincide con sus tesis de defensa convierte la condena impuesta carente de toda base razonable, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, alegación no se compadece con la prueba practicada, pues en definitiva de esta se deriva la valoración del Jurado que no acogió la tesis de la defensa acerca de que no sabía que el arma estaba cargada, sin que de las pruebas referidas se desprenda necesariamente -como se pretende- la conclusión valorativa sostenida por la recurrente, en este punto, que fue expresamente rechazada por el Jurado al declarar no probado el hecho 9º de los del objeto del veredicto y declarar probado en 8º

3º) Considera la sentencia apelada que el recurrente salió de casa en un clima de enfado o descontento, mientras que el Jurado ha estimado que se encontraba tranquilo y

se encontraba bien, lo que considera contradictorio. Alegación esta que además de resultar de difícil encaje en este motivo del recurso no responde a lo que resulta del veredicto del jurado, pues el hecho desfavorable n° 17 viene referido a que el acusado no estaba afectado por la ingesta de Zolpidem y el consumo previo de alcohol, que el jurado estima con base a la declaración del propio acusado acerca de que estaba bien, lo que ni determina la valoración probatoria del recurrente ni excluye el clima de enfado y descontento que recoge la sentencia, atendido el conjunto del veredicto y en particular los hechos probados 2 y 8 de los del objeto del mismo.

4º) Considera el recurso que no se ha probado la ausencia de posibilidades de defensa de la víctima teniendo en cuenta las circunstancias y lugar de los hechos y con ella la existencia de la acción sorpresiva que recoge el jurado y la sentencia, acreditación de la existencia y con ella la alevosía sorpresiva, lo que difiere sustancialmente del veredicto del Jurado y en particular del hecho 8º de los hechos probados del mismo.

5º) Invoca el recurso error en la apreciación de la prueba en lo relativo al consumo de Zolpidem y su posterior afección, en función de los informes médicos periciales sobre sus efectos con la ingesta de alcohol, al no tener en cuenta los efectos de dicho medicamento y el alcohol, dando por sentado que tomó una pastilla de Zolpidem, que no es lo que el Jurado ha considerado probado en particular al rechazar como probado el punto 6º de los del objeto del veredicto y por el contrario probado el 8º de estos.

6º) Acerca de la distancia del disparo que pericialmente se establece -entre 50 y 150 centímetros- y así se recoge en el veredicto del jurado al declarar probado el punto 11 del objeto del mismo, considera que es determinante de que el disparo se produjo de forma accidental, valoración de la prueba del recurrente que resulta incompatible con la declaración de probado del hecho 8º de los del veredicto, que valora razonablemente la prueba practicada, aunque no en el sentido pretendido por la parte recurrente.

7º) El recurso alega respecto del hecho n° 13 -declarado no probado por unanimidad del jurado- que por el contrario se debió estimar probado el mismo y con ello que el recurrente intentó contener la hemorragia, con el consiguiente error en la apreciación de la prueba y sus efectos respecto de la atenuante de reparación del daño, con lo que nuevamente a juicio de la parte recurrente la valoración de la prueba expresada en el veredicto por el jurado resulta arbitraria cuando no coincide con la planteada por dicha parte, reproduciendo en esta sede y con base a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia los argumentos que contradictoriamente se expusieron en el juicio y que el jurado expresamente rechazó en este punto, lo que ni se compadece con la prueba practicada ni comporta, que de la misma se derive que la condena impuesta carezca de toda base razonable.

TERCERO.- Como consecuencia de tales alegaciones argumenta el recurso de D. Ramiro, que se ha incurrido en arbitrariedad y en la presunción de culpabilidad del recurrente al valorar las pruebas practicadas, considerando que procede la revisión del relato fáctico y de la prueba para su interpretación de forma objetiva e imparcial sin violación del principio de presunción de inocencia, lo que -a su juicio- determina la necesaria alteración de la sentencia en este caso recurrida, lo que no se compadece, con la actividad probatoria desplegada en el juicio y el resultado de la valoración de la prueba estimado por el Jurado en su veredicto, que en modo alguno cabe considerar arbitraria, contradictoria, errónea ni consecuencia de una presunción de culpabilidad del acusado, como se alega en el recurso.

No cabe por tanto concluir -como se pretende por el recurrente- que haya una ausencia ni insuficiencia de prueba de cargo o que esta haya sido interpretada y valorada erróneamente y arbitrariamente, sin que las alegaciones formuladas se compadezcan, ni con la prueba practicada, ni con la valoración de la misma hecha por el Jurado en su veredicto, pues en realidad lo que viene a plantear la parte recurrente con tales alegaciones no es sino la valoración de la misma hecha por el Jurado en su veredicto, porque no acoge las tesis de la defensa que pretende inferir de la prueba practicada según sus propias interpretaciones, tesis que claramente no ha acogido el Jurado tras la práctica de las pruebas de cargo y de descargo, por lo que no cabe estimar que atendida la prueba practicada se carezca de toda base razonable para la declaración de hechos probados producida y en consecuencia para la condena impuesta en la sentencia apelada con base a ellos.

El motivo ha de ser desestimado pues la vulneración de la presunción de inocencia en que se funda este motivo del recurso del acusado y condenado, se centra en realidad, en la discrepancia del recurrente respecto de la valoración de la prueba hecha por el Jurado, y en el fondo a lo que lleva, por la vía de la pretendida infracción del derecho a la presunción de inocencia, es a un planteamiento de error en la apreciación y valoración de la prueba, como expresamente se dice en el enunciado y se desprende del desarrollo de este motivo del recurso, pues lo que se viene en alegar en suma es que el Jurado no ha tenido en cuenta las pruebas practicadas en el sentido pretendido por la parte recurrente, es decir que a su juicio no han quedado probados los elementos que configuran sustancialmente la declaración de hechos probados y no probados de los puntos del objeto del veredicto que se han reseñado, sino que por el contrario lo que se desprende de la prueba practicada son los elementos que sustentan la versión de los hechos del recurrente, lo que -como se viene señalando reiteradamente en las resoluciones de esta Sala y en las de la Sala Segunda del Tribunal Supremo- no cabe en el proceso de Tribunal de Jurado, ni su revisión en esta sede de apelación, ya que la peculiar configuración legal del Tribunal del Jurado y de este recurso de apelación, impide a este Tribunal de apelación la revisión de la valoración de la prueba hecha por el Jurado en su veredicto, que en el presente caso ha rechazado las tesis de la defensa que se pretenden en el presente recurso y por el contrario ha asumido las tesis de las acusaciones acerca de la interpretación y valoración de la prueba practicada, declarando probados y no probados los hechos referidos, respecto de los que plantea la parte recurrente como una vulneración del principio de presunción de inocencia, que como ya se reseñado no concurre en el presente caso.

A lo antes expuesto se ha de añadir que, con independencia de las consideraciones que al recurrente y a esta Sala le puedan merecer la valoración de la prueba hecha por el Jurado y las conclusiones a que ha llegado partiendo de los hechos resultantes de la prueba practicada, lo cierto es que ha habido prueba de cargo y ésta se ha valorado de determinada manera por el Jurado, que no es la que considera el recurrente que debiera ser, y de lo que se trata en este motivo es de que se ha vulnerado la presunción de inocencia al no valorar el Jurado la prueba practicada en los términos sostenidos por la defensa del recurrente, y no de la insuficiencia probatoria de la acusación para quebrar la presunción de inocencia, sin que la mera afirmación de la parte recurrente de que haya podido concurrir afecte a las reglas de quiebra de la presunción de inocencia invocada, pues en este caso, como ya se ha reseñado y es de ver de la lectura del veredicto, la fundamentación probatoria de cargo del mismo que hace el propio Jurado y la que se recoge en la sentencia, los hechos declarados probados y no probados -sustentados en esta valoración de la prueba- justifican la quiebra de la presunción de inocencia y por tanto la no vulneración de la misma.

En suma pues no cabe estimar que con base a la prueba practicada tal y como se ha reseñado antes carezca de toda base razonable la declaración de probados y no probados de los hechos alegada en el recurso, y consecuentemente por ello carezca de toda base razonable la condena impuesta, por lo que estimamos que no concurren por tanto la invocada vulneración del principio de presunción de inocencia y con ello la infracción de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 846 bis. c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), por lo que desestimamos este primer motivo del recurso.

CUARTO.- El segundo de los motivos del recurso de D. Ramiro, acusado y condenado en la sentencia recurrida, viene formulado al amparo del artículo 846.bis.c) apartado b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) por vulneración del artículo 21 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), en sus puntos 4 y 5, al considerar la parte recurrente que se ha producido un error en la calificación jurídica de los hechos probados respecto de las atenuantes de confesión y reparación del daño producido respectivamente.

La primera de las infracciones de precepto legal en que se funda este motivo del recurso viene referida a lo dispuesto en el artículo 21.4 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) la atenuante muy cualificada de confesión o en su defecto la atenuante simple reguladas en el dicho precepto y que no aprecia la sentencia apelada. El recurso alega en esta parte de su motivo segundo que la sentencia incurre en infracción legal al no apreciar esta atenuante que el Jurado tuvo como probada por unanimidad en el hecho 14 de los del objeto del veredicto, en el que se recoge que los agentes que acudieron al lugar encontraron al acusado en estado de shock, en ropa interior, llorando y arrepintiéndose al ser consciente de lo sucedido decía "¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?, reconociendo ser el autor del disparo.

La sentencia apelada recoge en su fundamentación el referido hecho declarado probado por el jurado incluida la expresión del recurrente reconociendo ser el autor del disparo, si bien estima la no concurrencia de la atenuante con base a la ausencia de los requisitos que para tal estimación de la concurrencia de la atenuante de confesión invocada exige la doctrina del Tribunal Supremo, que se recogen pormenorizadamente en su sentencia 43/2000, de 25 de enero de 2000, (ROJ STS 403/2000 - recurso 138/1999), que se refiere en la sentencia apelada, junto con otras posteriores de nuestro Tribunal Supremo, y alegan la acusación particular y el Ministerio fiscal en su impugnación del recurso, sin que el mero reconocimiento de la autoría del disparo determine la concurrencia de la atenuante de confesión pues reconoce el disparo pero con carácter accidental presentando una versión de los hechos que no resulta cierta tras la valoración de la prueba practicada en particular sobre la posición en que portaba la escopeta en el momento del disparo. Las alegaciones que formula al respecto el recurso no pueden ser acogidas pues en definitiva se basan en el mero reconocimiento de haber hecho el disparo pero sobre la tesis del carácter accidental del mismo que no es la que se ha declarado probada en el presente caso, con lo que decaen asimismo las consideraciones hechas sobre las resoluciones jurisprudenciales invocadas por el recurrente, sin que sea de acoger el argumento del recurrente de que de no haberse declarado autor del disparo no habría ninguna prueba de cargo sobre su culpabilidad.

QUINTO.- En segundo lugar se refiere este segundo motivo del recurso por infracción de precepto legal, respecto a lo dispuesto en el artículo 21.5 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), a la no apreciación de la atenuante de reparación del daño, porque considera que el recurrente tomó el pulso de la víctima e intentó detener la hemorragia, en suma auxiliar a la víctima. Tales acciones del recurrente en que funda el recurso la aplicación de la atenuante de reparación del daño contenidos en el hecho 13 de los del objeto del veredicto, fueron expresamente declarados no probados por el jurado, pese a lo cual el recurso alega que responden a un error en la apreciación de la prueba, como se ha alegado en el motivo primero, y consecuentemente ante este error fáctico debe estimarse la atenuante. No nos cabe acoger esta alegación del recurso, atendido lo expuesto respecto del motivo primero del recurso y la procedencia de su desestimación, ya que el soporte fáctico en el que se pretende fundar la concurrencia de esta atenuante de reparación del daño en el recurso, ha sido expresamente declarado no probado por el Jurado, sin que sea de apreciar el invocado error en la apreciación de la prueba ya desestimado antes, y sin que quepa por tanto el error en la calificación jurídica de los hecho probados en que se funda este motivo del recurso.

A lo anterior añade el recurso en orden a su pretensión de estimación de la atenuante de reparación del daño en punto a lo dispuesto en el artículo 21.4 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), que se ha producido reparación económica pues el recurrente procedió a ingresar la cantidad de 221 euros a tal efecto, atendidas las circunstancias económicas del mismo, como indicó en el plenario. La sentencia apelada recoge en su fundamentación que no se ha producido la reparación económica en el curso de proceso que permitiese la apreciación de la atenuante, lo que hemos de estimar fundado, pues la única y escasa cantidad que manifiesta el recurrente se ha ingresado con tal finalidad dista mucho de poder tenerse por reparadora del daño ocasionado y no nos permite estimar que disminuya de forma relevante dicho daño, atendida la cuantía referida, por lo que no cabe estimar la concurrencia de la reparación económica alegada en el recurso.

En consecuencia a lo expuesto hemos de desestimar ese motivo segundo de los del recurso del acusado y condenado en instancia D. Ramiro, pues no cabe apreciar de los hechos probados que la calificación hecha por la sentencia apelada ni su fundamentación infrinjan lo dispuesto en el artículo 21.4 (LA LEY 3996/1995) y 5 del Código Penal por inaplicación de las atenuantes de confesión y de reparación del daño producido.

SEXTO.- El tercero de los motivos del recurso de D. Ramiro se plantea de subsidiariamente a los dos anteriores, al amparo del artículo 846.bis.c) apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), por quebrantamiento de las normas y garantías procesales que considera la parte recurrente le han causado indefensión, por cuanto considera que se ha incurrido en ello por falta de motivación del veredicto, con vulneración del artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y del artículo 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LA LEY 1942/1995) porque estima el recurrente que no se ha motivado el hecho desfavorable n° 8 declarado probado, que estima primordial para la calificación jurídica además de en el veredicto considera que no se hace mención alguna a las pruebas que han motivado la declaración como probados de varios de los hechos favorables y ni de ninguno de los no probados, con la consecuencia que se ha visto privado de la oportunidad de estudiar un posible error en la interpretación de las pruebas, y consiguientemente se ha vulnerado su derecho de defensa respecto de los hechos que estima no motivados.

SÉPTIMO.- Acerca de la falta de motivación del veredicto alegada por la parte recurrente del acusado y condenado en este tercer motivo del recurso, hemos de señalar con carácter general que la motivación del veredicto por el Jurado se ha de producir en los términos establecidos en el artículo 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, que establece que los Jurados han de explicitar los elementos de convicción a que han atendido para declarar probados o no los hechos de su veredicto, explicando sucintamente las razones que les han llevado a ello. La infracción de este deber de motivación del veredicto, en los términos prescritos por el dicho precepto, se produce cuando impide conocer las razones que fundan el propio veredicto y su carácter determinante de los hechos probados de la sentencia, lo que -de concurrir- lleva efectivamente a la infracción de la obligación de motivación del veredicto del Jurado en los términos prescritos por el Ordenamiento jurídico.

La motivación del veredicto del Jurado, como señala la doctrina jurisprudencial y reiteradamente ha venido resolviendo esta Sala, se ha de formular de modo que permita conocer a cualquiera ajeno al mismo las razones que han llevado al Jurado a declarar probados o no probados los hechos objeto del mismo, en este último caso con menor trascendencia, señalando los elementos de convicción sobre los que se apoyan sus decisiones expresadas en el veredicto, sin que sea exigible el mismo rigor formal de motivación en los veredictos de los jurados que en las sentencias judiciales, atendido el carácter de jueces legos de los miembros del Jurado.

Las exigencias de motivación del veredicto del Jurado establecidas por la Ley Orgánica reguladora del mismo, en relación con lo establecido en los artículos 120.3 y 24.1 de la Constitución Española, han de interpretarse pues en los términos más amplios posibles, tanto en su sentido formal como en el sustantivo, de tal modo que se ha de dar por cumplida tal exigencia siempre que en cada caso concreto se pueda llegar a conocer del conjunto del veredicto e incluso del objeto del mismo u otros elementos de los que lo configuran, el porqué de sus decisiones, acerca de los hechos probados o no probados, y los elementos de convicción sobre los que se sustentan, y, en definitiva que el veredicto no es fruto de una mera arbitrariedad - lo que supondría infracción del artículo 9.3 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978)-, debiéndose examinar en cada caso concreto si concurre la motivación del veredicto en los términos exigibles expuestos.

En este sentido es de citar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo recogida en su reciente sentencia n° 115/2017, de 23 de febrero, (recurso n° 10331/2016 (LA LEY 5920/2017) - ROJ 694/2017) que recoge que "Esta Sala se ha pronunciado sobre el alcance del deber de motivación del veredicto y de la sentencia del Tribunal de Jurado y se viene creando un cuerpo de doctrina que es oportuno examinar. Así, en la Sentencia 170/2015, de 20 de marzo, se recuerda que el Tribunal Constitucional tiene establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia ( SSTC 147/1999 (LA LEY 11790/1999), 25/2000 (LA LEY 4148/2000),87/2000 (LA LEY 8475/2000), 82/2001 (LA LEY 3739/2001), 221/2001 (LA LEY 8782/2001), 55/2003 (LA LEY 1687/2003), 223/2005 (LA LEY 13486/2005), 276/2006 (LA LEY 112435/2006), 177/2007 (LA LEY 91952/2007), 134/2008 (LA LEY 163879/2008), 191/2011 (LA LEY 252088/2011) , entre otras).

Y cuando se trata de la motivación del objeto del veredicto, en la Sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado, tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 130/2016, de 23 de febrero y 694/2014, de 20 de octubre (LA LEY 149424/2014), que no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. Por ello la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado solo requiere en el artículo 61.1.d) que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del veredicto , que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado- Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( SSTS 816/2008, de 2-12 (LA LEY 207476/2008); 300/2012, de 3-5 (LA LEY 58016/2012); 72/2014, de 29-1 (LA LEY 10182/2014); 45/2014, de 7-2 (LA LEY 5973/2014); y 454/2014, de 10-6 (LA LEY 74595/2014) , entre otras). Y en las mismas sentencias que se acaban de citar también se argumenta que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la Ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias, ha estimado en el momento procesal correspondiente que, existe prueba valorable que impide la disolución anticipada, ha redactado el objeto del veredicto y ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente. Visto lo cual, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos indiciados ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, inferibles de aquellos. Se añade en estas sentencias, sobre esa motivación complementaria atribuible al Magistrado-Presidente que para que pueda operar esta labor complementaria se ha de contar siempre con una mínima motivación probatoria que le permita actuar como instrumento técnico colaborador del colegio de legos. Sin que pueda, obviamente, desempeñar su función ancilar en la redacción de la sentencia cuando el Jurado no le proporcione los elementos de convicción de los que se valió para obtener el veredicto ni tampoco una sucinta explicación. De no entenderlo así, se dictaría una sentencia sin una intervención real del Jurado, puesto que éste no habría llegado a plasmar una convicción probatoria mínimamente razonada sobre los hechos, por lo que la decisión sobre la premisa fáctica solo contaría con la convicción de un juez profesional, que actuaría autónomamente y no como un mero complemento, desnaturalizando y adulterando la esencia del juicio mediante Jurado al no poder operar con la base de la convicción del Tribunal popular que decide sobre la certeza de los hechos."

OCTAVO.- Del examen y lectura del veredicto, si bien es cierto que resulta que en el apartado del mismo en el que se recogen como elementos de convicción sobre su decisión, que lo jurados refieren al número de los hechos desfavorables que han estimado probados y no aparece la referencia expresa al hecho probado n° 8, no es menos cierto que en la referencia al hecho n° 22, que recoge la culpabilidad del recurrente de causar de forma intencionada y sin posibilidad de defensa de la víctima se explicitan los elementos de convicción que vienen a fundar el contenido del hecho n° 8, que en lo sustancial -que el recurrente hizo a sabiendas el disparo a poca distancia y que le impactó directamente a la víctima- recoge los contenidos recogidos en el referido punto 22°, junto con los que se refieren a los hechos 7º -discusión de su esposa por motivo del ruido de los perros-, 11° - distancia del disparo que causó el inmediato fallecimiento de la víctima- y 19° -intervención en el domicilio del recurrente del arma utilizada para la comisión de los hechos- entre otros, lo que en definitiva permite conocer como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo, antes referida, la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados, que debe ser y lo ha sido desarrollada por la Magistrada-Presidente al redactar la sentencia.

La peculiar forma de redactar los elementos de convicción y en suma la motivación del veredicto que se ha reseñado, no impide que se conozca cuales son los fundamentos en que se ha basado el Jurado para emitir su veredicto, en definitiva no determinan la pretendida falta de motivación del veredicto, sin que el dato de que en dicho apartado no se refiera expresamente al punto 8º, o a otros de los puntos del objeto del veredicto declarados probados y a los declarados no probados, como alega el recurso, impida que se pueda conocer la motivación del veredicto por lo que no cabe estimar la concurrencia de la vulneración del artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) -genéricamente invocada- ni los términos establecidos en el artículo 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, por lo que no concurre la infracción de lo prescrito en el artículo 63 de la dicha Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LA LEY 1942/1995) en punto a la devolución del acta del veredicto al Jurado invocados en el recurso, ni tampoco la vulneración del derecho de defensa que alega el recurso con base a que se ha visto privado de estudiar un posible error en la interpretación de las pruebas, pues la sucinta motivación exigible aparece en el contexto del veredicto y se desarrolla en la sentencia, y esta invocación a la vulneración del derecho de defensa no impide su ejercicio, como ocurre cuando el recurrente cuestiona en el motivo primero del recurso y extensamente en su mayor parte la valoración de la prueba hecha por el Jurado precisamente por considerar que se ha incurrido en error en la valoración de la misma.

En consecuencia este tercer motivo del recurso del acusado y condenado ha de ser desestimado y con ello procede la desestimación de este recurso, desestimados que han resultado los tres motivos del mismo.

NOVENO.- El recurso de la parte de la acusación particular de Dª Adela, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, impugna la sentencia apelada fundándose en dos motivos de recurso ambos dos formulados al amparo del artículo 846.bis c) apartado b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882). El primero de ellos, por estimar que se incurre en infracción legal que concreta en el artículo 21.6 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) por la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas recogida en dicho apartado del referido precepto, lo que funda en su consideración de que no se han producido materialmente dilaciones indebidas pese a la estimación de ello por el Jurado, ya que tal atenuante se alega por la defensa del acusado y condenado en el trámite de conclusiones definitivas y por tanto después de practicada la prueba en la vista del juicio sin que por tanto se practicara en el mismo prueba acerca de tales dilaciones, estimándose las mismas tan solo con base a las fechas de inicio y conclusión de los procedimientos, alegando el recurso que la instrucción practicada ha sido compleja y se ha desarrollado sin dilaciones pues el mero hecho de que el procedimiento siguiera la fase de diligencias previas durante la cual se realizaron dos registros en la vivienda del recurrente, varias declaraciones antes de ellas mediante exhorto, emitiéndose un total de trece informes periciales, para finalmente transformarse en Jurado, lo que considera que no significa que la tramitación no fuera fluida, sin que el que se dictara tardíamente el auto de incoación del Jurado tenga que ver con la existencia de dilaciones indebidas que no han existido en absoluto; alega asimismo que no se ha dado opción a la corrección de estas dilaciones al tiempo de producirse, como establece la jurisprudencia que invoca y cita, sin que la valoración penológica que hace la sentencia apelada para la aplicación de esta atenuante se corresponda con la pena impuesta, invocando al efecto la regla 6ª del artículo 66.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) estimando que la condena debe fijarse en veinte años de prisión.

El segundo de los motivos del recurso se funda en que la determinación de la pena impuesta en la sentencia apelada no se ajusta a derecho en lo relativo a la apreciación de la atenuante simple de dilaciones indebidas del artículo 21.6° del Código Penal (LA LEY 3996/1995), ya que considera que al fijar la pena impuesta la sentencia apelada no ha tenido en cuenta las circunstancias personales del delincuente, ni la gravedad de los hechos, alegando que la resolución jurisprudencial del Tribunal Supremo invocada al respecto en la sentencia recurrida (STS n° 37/2016, de 22 de enero) no resulta aplicable al caso considerando por el contrario que se debe aplicar lo referido en la jurisprudencia que invoca el recurso (STS de 9 de octubre de 2003) en lo que a la gravedad del hecho a que se refiere la regla 6º del artículo 66.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).

DÉCIMO.- La inclusión de calificaciones jurídicas en el objeto del veredicto propuesto a la valoración del Jurado en punto a la atenuante de dilaciones indebidas, que se contiene en el hecho n° 20 de los del objeto del veredicto y en el que se afirma que el procedimiento ha durado dos años, dos meses y quince días, ha supuesto una dilación extraordinaria e indebida que no guarda relación con la complejidad del caso y en la que no ha tenido que ver el acusado, excede de las funciones atribuidas al Jurado que se han de ceñir a la determinación fáctica de lo acaecido, sin que sea posible someter al Jurado cuestiones de calificación jurídica, que corresponde legalmente hacer al Magistrado Presidente sobre los hechos declarados probados por el Jurado, como establecen el artículo 52.1.c) en punto a la composición del objeto del veredicto y el 70 en punto al contenido de la sentencia, ambos dos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LA LEY 1942/1995).

En efecto el hecho n° 20 del objeto del veredicto, declarado probado por unanimidad por el Jurado, recoge prácticamente la configuración jurídica de la atenuante de dilaciones indebidas tal y como viene establecida en el artículo 21.6ª del Código Penal (LA LEY 3996/1995), y del contenido del mismo tan solo nos cabe atribuir carácter fáctico a la determinación de la duración del procedimiento que fija en dos años, dos meses y quince días, y aun cuando ninguna de las partes ha planteado la improcedencia de someter al Jurado las calificaciones jurídicas en que efectivamente se concreta la redacción del dicho punto del objeto del veredicto, no nos cabe tomar en consideración a efectos de la determinación de la concurrencia o no de la dicha atenuante de dilaciones indebidas los elementos de la misma que son propias de la calificación jurídica que se ha de hacer sobre el contenido fáctico declarado probado por el Jurado.

En este sentido son de reseñar la sentencia de esta Sala n° 6/2016 de 2 de mayo, (Rollo de apelación 3/2016 (LA LEY 38091/2016)) en su fundamento jurídico segundo, punto 5), confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo n° 949/2016, de 15 de diciembre (LA LEY 183866/2016), en lo referente a esta cuestión en su fundamento de derecho cuarto y en el que se recoge la tesis del alto Tribunal, y la sentencia de esta Sala 10/2016, de 17 de noviembre (rollo de apelación 12/2016, en la que ya señalábamos (fundamento de derecho cuarto): "Y ello no contraviene lo resuelto por los Jurados, a los que no les corresponde decidir la concurrencia jurídica de la agravante sino responder a una pregunta motivadamente sobre el sustrato fáctico en que ésta pudiera asentarse, y así, partiendo lógicamente de lo decidido y razonado por los Jurados, en términos de prueba indiciaria sobre la concurrencia de dicha agravante, ello en el presente, no se revela racional y en aras de la presunción de inocencia cuya vulneración se erige en específico motivo de este singular recurso de apelación, no cabe estimar probado el sustrato fáctico de dicha agravante. Y estos criterios de inferencia de hecho han sido aplicados en concreto a las agravantes con similares criterios (STS 72/2014, de 29 de enero (LA LEY 10182/2014) si bien referida a la de alevosía) excluyendo la aplicación de la agravante cuando la respuesta dada por los Jurados demuestra una prueba indiciaria demasiado abierta o una deducción excesivamente equívoca o débil pudiendo existir otras hipótesis incluso más probables"

UNDÉCIMO.- En consecuencia se ha de entrar en la calificación jurídica derivada de la parte fáctica contenida en el hecho n° 20 de los del objeto del veredicto, que sustancialmente se contrae a la duración del procedimiento, para determinar si ello es calificable como determinante de la concurrencia de la atenuante estimada en los términos prescritos por el artículo 21.6ª del Código Penal (LA LEY 3996/1995), siendo de citar al respecto el Auto del Tribunal Supremo n° 1618/2014, de 2 de octubre de 2014 (recurso 10403/2014 (LA LEY 187559/2014)), en el que se señala "En la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, estimando el recurso del Ministerio Fiscal se revocó la aceptación de las dilaciones indebidas como atenuante, que sí estimó la sentencia del Tribunal del Jurado. La demora de casi un año, se explica por las vicisitudes en la formación del testimonio de particulares y reiteradas devoluciones de la Audiencia Provincial al Juzgado de Instrucción, pero el 18 de septiembre de 2013, tras todos aquellos trámites procesales, en los que incluso el Ministerio Fiscal planteó algún recurso, finalmente se fijan los hechos justiciables, se admite la prueba propuesta y se señala para juicio, por lo que no es posible aceptar que se haya producido una paralización concreta, que haya producido un retraso injustificado, pues ha habido una continuidad en las actuaciones procesales. En consecuencia, no cabe aplicar la atenuante solicitada. No obstante carece de relevancia la solicitud, por cuanto la pena no habría experimentado modificación alguna, pues el Tribunal Superior de Justicia mantuvo la pena impuesta por el Tribunal del Jurado en la mínima plausible, a pesar de haber revocado la atenuante inicialmente aplicada". A más de la ya referida Sentencia del Tribunal Supremo n° 949/2016, de 15 de diciembre (LA LEY 183866/2016), en la que se reitera que la parte que invoca las dilaciones indebidas debe mencionar los periodos de paralización, y que no observaba que el plazo empleado en la tramitación resultaba desajustado con la naturaleza de los hechos y la experiencia forense. En ella hubo también transformación al procedimiento del Jurado desde uno abreviado y esta podía ser más cuestionable incluso porque ya hubo un primer juicio por Jurado con sentencia contra el autor material. Pero estas transformaciones son habituales, y derivan también de lo que el art 24 (LA LEY 1942/1995)-25 LOTJ (LA LEY 1942/1995) indica que para incoarlo o transformarlo se exige previa valoración de su verosimilitud.

DUODÉCIMO.- Alega el recurso que la instrucción practicada ha sido compleja y se ha desarrollado sin dilaciones pues el mero hecho de que el procedimiento siguiera la fase de diligencias previas durante la cual se realizaron dos registros en la vivienda del recurrente, varias declaraciones antes de ellas mediante exhorto, emitiéndose un total de trece informes periciales, para finalmente transformarse en Jurado, lo que considera que no significa que la tramitación no fuera fluida, sin que el que se dictara tardíamente el auto de incoación del Jurado tenga que ver con la existencia de dilaciones indebidas que no han existido en absoluto, sin que se haya dado opción a la corrección de estas dilaciones al tiempo de producirse, lo que junto con las resoluciones invocadas por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista en las que los procedimientos son de duración mucho más larga que el aquí determinado por el Jurado sin que se haya estimado la atenuante, nos llevan examinada la cronología de las actuaciones a estimar que no concurre dilación indebida en el proceso seguido que se ha producido en tiempos aceptables, sin que la tardía conversión de las diligencias previas en procedimiento de Jurado otorgue tal cualidad de dilación indebida al periodo de tiempo declarado probado por el Jurado.

DECIMO TERCERO.- Procede por tanto la estimación parcial del recurso de la acusación particular al que se adhirió en Ministerio Fiscal en lo relativo a la no concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas estimada en la sentencia apelada, que sin embargo estima la Sala no debe alterar la pena impuesta, pues aun cuando no se estime la atenuante consideramos adecuada esta extensión legal de la pena, en aplicación de la regla 6ª del apartado 1 del artículo 66 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), la condena a 15 años de prisión, extensión e individualización de la pena que es coincidente con la que fijó la sentencia apelada aun cuando estimando la atenuante y aplicando la regla 1ª del dicho artículo.

DUODÉCIMO.- Atendida la estimación parcial del recurso de la parte de la acusación particular a la que se adhirió el Ministerio Fiscal y la desestimación del recurso del acusado y condenado en instancia procede condenar en las costas de su recurso de apelación a la parte del acusado y condenado D. Ramiro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 (LA LEY 1/1882) y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) y de oficio las del recurso de la acusación particular.

En consideración a lo expuesto,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY.