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PRIMERO.- Por la representación procesal de Dª Bibiana se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez núm. 4 de Salamanca, con fecha de 22 de abril de 2016 , dimanante de los autos de Juicio Ordinario 270/14, desestimando todas las pretensiones formuladas por la Sra. Bibiana en su escrito de demanda.

El escrito de apelación -tan extenso, complejo y poco inteligible como el de demanda- se ratifica en los mismos argumentos esgrimidos en el de demanda para terminar suplicando la revocación de la sentencia de primera instancia y sustituirla por otra en la que se declare haber lugar a lo solicitado en la demanda; a saber: declarar que el codemandado, Sr. Everardo , plagió el legítimo derecho de autor de la actora, Sra. Bibiana , sobre el escrito de demanda de violación de derechos fundamentales que dio inicio al procedimiento núm. 1297/09 ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, condenando al citado Sr. Everardo a abonar una indemnización de 24.000 € más intereses y costas desde el momento de la interpelación judicial; y que se declare responsables solidarios a los administradores solidarios de la entidad CORPORACIÓN HISPÁNICA DE CÁMARAS, S.L. (en adelante CHC), Sr. Camilo y Sra. Irene (a la sazón esposa del codemandado, Everardo ), por dejación absoluta de sus responsabilidades de gestión y vigilancia de la entidad donde actora y demandado prestaban sus servicios profesionales como abogados, así como al propio Sr. Everardo como administrador de hecho de la citada CHC al haber causado con su actuación gestora daños y perjuicios a la demandante.

i) Que en el mes de julio de 2009, la Sra. Bibiana entró como pasante del Sr. Everardo , suscribiendo con fecha de 1 de enero de 2010 un contrato de colaboración en la prestación de servicios profesionales de abogacía con CHC el cual contenía, entre otras, las siguientes cláusulas: "En las dependencias de CHC, el abogado podrá también efectuar la atención de su propia clientela, en las condiciones, días y horas que se exponen en el Anexo I de este contrato, cuyos honorarios y resultas procesales devengarán a su exclusivo favor"; "En la realización de la actividad profesional, podrá utilizar todos los medios materiales, humanos e informáticos de CHC, sin coste alguno para el abogado, pero diferenciándolos absolutamente. Llevará ficheros propios y diferentes, que en modo alguno podrán añadirse o solaparse con los de CHC"; "Si en el ejercicio de esa actividad necesitara la colaboración profesional de CHC o de alguno de los abogados, le será prestada en todo momento, sin que por ello tenga que pagar cantidad alguna".

ii) Que cuando la Sra. Bibiana entró como pasante del Sr. Everardo llevaba ya redactado un borrador o versión preliminar de un escrito de demanda para la defensa de un asunto propio relativo a la infracción de derechos fundamentales (igualdad) en el reconocimiento de títulos universitarios extranjeros.

iii) Que la Sra. Bibiana solicitó y el Sr. Everardo aceptó que éste fuera su abogado en el procedimiento ordinario de infracción de derechos fundamentales que se siguió posteriormente, bajo el número P.O. 1297/09 ante los tribunales contencioso-administrativos de Castilla y León. Ello ante la poca experiencia de la joven abogada y su relativo desconocimiento del Derecho y proceso judicial españoles, al ser de nacionalidad argentina.

iv) Que el Sr. Everardo partió de ese escrito en mayor o menor medida para, en el breve plazo de apenas una semana, trabajar en la elaboración del escrito de demanda preceptivo para el comienzo del pleito, ocupándose de la defensa de su entonces pasante que, desde ese momento, se convirtió también en cliente del citado abogado, estableciéndose la oportuna relación de prestación de servicios profesionales acreditada por el poder general para pleitos otorgado por la Sra. Bibiana en favor del Sr. Everardo .

v) Que la Sra. Bibiana procedió posteriormente, en abril de 2011, a registrar el escrito objeto de este contencioso como creación de doctrina científica en el Registro de la Propiedad Intelectual, intitulándolo como "Igualdad, Derecho Comunitario y Reconocimiento de Títulos Universitarios Extranjeros".

vi) Que la indemnización solicitada, cuantificada en 24.000 €, se ajusta a la cantidad reclamada por el Sr. Everardo a la Sra. Bibiana en concepto de minuta por prestación de servicios de defensa letrada, la cual fue impugnada por improcedente por la Sra. Bibiana y está "sub iudice", pendiente de resolución, en otro Juzgado de esta ciudad.

TERCERO.- Sobre la base de estos hechos, la actora recurrente en alzada reitera su petición de que se declare la existencia de infracción de sus legítimos derechos de autor sobre el escrito inicial de demanda que entregó en su momento al Sr. Everardo , el cual -siempre según la versión de la actora- se habría limitado a firmar ese escrito profesional "dada lo bien redactada y argumentada que estaba", consintiéndolo la propia actora ante la urgente necesidad de obtener representación letrada debido a su inexperiencia, y quién mejor que el abogado con quien comenzaba apenas su pasantía. Considera la demandante que se trata de un caso de plagio de un escrito profesional de abogado protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, haciendo extensiva su petición indemnizatoria de 24.000 € a los entonces administradores solidarios de CHC y también al propio Sr. Everardo como administrador de hecho de la misma entidad.

Por su parte, el Sr. Everardo afirma que el escrito de demanda en cuestión fue fruto de un trabajo conjunto entre él y la Sra. Bibiana , firmando exclusivamente él la demanda para dar inicio al procedimiento en tanto en cuanto fue apoderado al efecto por la Sra. Bibiana con fecha de 9 de octubre de 2009, quien no intervino en el procedimiento al tener poca experiencia procesal y no haber jurado todavía en aquel momento como abogada ante el Colegio profesional. Refiere el demandado que la actora le aportó un escrito de unos 80-90 folios redactado por ella, si bien tuvo que realizar correcciones sobre ese texto por incurrir -a su entender- en la llamada "desviación procesal".

CUARTO.- Partiendo de los hechos expuestos y las valoraciones de las partes a partir de los mismos, es claro que el objeto del procedimiento se centra en determinar si existe un derecho de propiedad intelectual sobre los escritos profesionales de abogados, en este caso una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y, en el caso concreto, si se ha producido una infracción de derechos de propiedad intelectual por plagio del documento inicial elaborado por la Sra. Bibiana -como arguye ésta insistentemente- que justifique una indemnización de daños y perjuicios además de la imposibilidad de cobrar honorarios por tal concepto por parte del Sr. Everardo ; o bien, si como alega el demandado Sr. Everardo , hubo un trabajo conjunto enmarcado en el contexto de un encargo profesional para la prestación de servicios de abogacía, pudiendo admitirse como mucho una titularidad compartida sobre los derechos que, en su caso, se admitan sobre el escrito de demanda en cuestión, descartando así el plagio y la reclamación de cantidad en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados del mismo, así como una reducción en los honorarios profesionales cuya pertinencia está pendiente de resolverse en otro pleito seguido ante otro Juzgado, toda vez que la minuta atiende fundamental al proceso de defensa valorado en su totalidad.

No obstante, es objeto también de la demanda en relación directa con la petición principal, que se declaren vigentes y aplicables las cláusulas del contrato de colaboración profesional, antes transcritas, reclamando así una infracción del contrato, ex art. 1257 CC (LA LEY 1/1889) , por cuanto el demandado, Sr. Everardo , estaría yendo contra lo allí pactado al reclamar honorarios profesionales a la Sra. Bibiana con motivo de sus asistencia profesional en el procedimiento ordinario 1297/09, cuando en el contrato se hacía constar claramente que: "Si en el ejercicio de esa actividad necesitara la colaboración profesional de CHC o de alguno de los abogados, le será prestada en todo momento, sin que por ello tenga que pagar cantidad alguna". Cláusula esta que la actora califica como estipulación a favor de tercero.

Por último, el suplico del escrito de apelación obliga a reconsiderar también la responsabilidad solidaria reclamada a los sucesivos administradores de CHC, por dejación de sus funciones de vigilancia y gestión eficiente de la entidad y de los compromisos adquiridos en el referido contrato de colaboración profesional.

El estudio de lo solicitado seguirá un orden inverso al expuesto en los párrafos precedentes.

QUINTO.- La Jueza "a quo" desestima la demanda dirigida contra los Srs. Camilo y Sra. Irene (esposa del codemandado, Everardo ), estimando la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida con carácter preliminar por su defensa por entender que la relación jurídico-litigiosa que dio origen al pleito tuvo lugar exclusivamente y a título individual entre la Sra. Bibiana y el Sr. Everardo , sin que las demás partes ni tampoco la sociedad CHC tuvieran relación profesional alguna con la actora durante los meses del año 2009 en que tuvieron lugar los hechos litigiosos.

Tras realizar un breve estudio sobre la falta de legitimación "ad causam" aplicada a los hechos del caso de autos, la Juzgadora concluye que los Srs. Camilo y Sra. Irene carecen de legitimación pasiva en el procedimiento, y ello por cuanto no consta que tuviesen poder de disposición alguno sobre la relación jurídica profesional establecida entre la actora y el principal codemandado, Sr. Everardo , resultando indiscutible que los codemandados no intervinieron para nada en el Procedimiento Ordinario 1297/09 toda vez que no intervino tampoco en ese momento la sociedad CHC y la actora no formalizó su relación de colaboración profesional con esa entidad hasta principios del año 2010, circunscribiéndose así la relación litigiosa a la relación personal-profesional entre los abogados Bibiana y Everardo .

A lo anterior se añade, como bien refiere la Jueza, que D. Camilo se había desvinculado como socio en el año 2006, por más que no cesara formalmente en el cargo de administrador hasta septiembre de 2010, cuando fue sustituido por Irene , quien ocupó el cargo formalmente al delegar ampliamente, mediante apoderamiento, en su esposo y ya entonces socio único de CHC, D. Everardo , quien, de hecho, ya llevaba las riendas de la sociedad cuando la Sra. Bibiana entró en el despacho como pasante y luego como colaboradora.

La Sala concuerda plenamente con la apreciación de la Juzgadora "a quo" y, sin mayores consideraciones desestima las pretensiones del recurso en este punto, confirmando la falta de legitimación pasiva de los referidos Srs. Camilo y Sra. Irene .

SEXTO.- Se desestima también en la instancia la pretensión relativa a infracción contractual, ex art. 1257 CC (LA LEY 1/1889) , al entender vulnerada la actora la cláusula contractual que estipulaba la posibilidad de solicitar asistencia profesional gratuita de cualquier abogado de CHC si uno de los colaboradores la necesitara en el ejercicio de su actividad. Cláusula esta que enmarca en el pacto más general, según el cual: "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada".

En su confusa argumentación, la actora recurrente en apelación considera que el Sr. Everardo no tiene derecho alguno a cobrarle honorarios por la asistencia letrada prestada en el procedimiento ordinario 1297/09, pues en cuanto cliente sería un tercero con derecho a invocar la asistencia letrada gratuita ofrecida por CHC a través de cualquiera de sus profesionales.

Se desestima. Una vez más la Sala coincide con la apreciación de la Juzgadora. Estas cláusulas del contrato de colaboración profesional se refieren a la asistencia profesional gratuita en el marco de las relaciones de colaboración que, dentro de CHC, se establecen entre los distintos abogados que allí trabajan; de modo que si un letrado necesitara la ayuda de un compañero para un asunto propio podría requerir la colaboración a título gratuito. Y siendo así, en virtud de la segunda cláusula un tercero cliente del letrado también tendría derecho a reclamar esa asistencia de modo gratuito.

Esta petición tiene carácter instrumental, pues tiene como objetivo justificar la existencia de un incumplimiento de contrato que sirva para justificar la improcedencia de la minuta de 24.000 € reclamada por el Sr. Everardo en otro procedimiento.

Sea como fuere, la construcción resulta ficticia, pues en el caso concreto la Sra. Bibiana estableció una relación profesional directa con el Sr. Everardo con el objeto de emprender un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales ante el TSJCYL; y lo hizo no como profesional sino como cliente del mismo, por más que hubiera redactado el borrador o primera versión del escrito de demanda. Ni actúa como profesional que requiera asistencia ni es un tercero en sentido estricto, cliente de uno de los abogados del despacho, que pueda reclamar esa asistencia de forma gratuita. Por lo demás, la relación entre Bibiana y Everardo se constituye entre los meses de julio- octubre de 2009, cuando el contrato de colaboración profesional con CHC se firmó en enero de 2010. Todo lo cual contribuye para hacer una desestimación de la pretensión reclamada en este punto.

Desde la STJUE de 16 de julio de 2009 (Infopaq), doctrina científica y jurisprudencia tienden a aplicar un criterio débil de originalidad (reconocido en la legislación de la UE para programas de ordenador y bases de datos que el TJUE, en la sentencia citada, hace extensivo a obras literarias), en el sentido de considerar original toda creación propia de su autor (no copiada). Si a ello añadimos que el Tribunal Supremo ha llegado a admitir como obra literaria original un libro de instrucciones de una mampara de baño o los anuncios por palabras de un diario ( Sentencias de 30 de enero de 1996 (LA LEY 2673/1996) y 13 de mayo de 2005 respectivamente), no habría razón en principio para negar originalidad a los escritos profesionales de abogados. Reconocer esto no implica desconocer las tendencias revisionistas de la originalidad patrocinadas por un sector de la doctrina y por la misma jurisprudencia del Alto Tribunal, quien propone en los últimos años un concepto reforzado de originalidad creativa (interpretando conjuntamente el art. 10.1 TRLPI (LA LEY 1722/1996) con la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Diseño Industrial de 2003 ), en el sentido de que es preciso valorar la necesidad de una creatividad suficiente, de un esfuerzo creativo, a la hora de decidir si una obra merece la calificación de creación intelectual y la protección del derecho de autor, al menos para aquellos casos en que la creación sea susceptible de recibir una protección legal acumulada (en el caso de los diseños industriales que pueden ser al mismo tiempo obras de arte aplicado; cfr. STS de 27 de septiembre de 2012 (LA LEY 149044/2012)) o alternativa (en el caso de las fotografías que pueden ser protegidas como obras por el derecho de autor, ex art. 10.1 TRLPI (LA LEY 1722/1996) , o como meras fotografías por el derecho conexo del art. 128 TRLPI ; cfr. STS de 5 de abril de 2011 (LA LEY 37938/2011)).

Dicho lo anterior, no existe razón para que un abogado se niegue a entregar copia de sus escritos a su cliente alegando sus derechos de autor, pues una cosa es la propiedad sobre el soporte (o una copia del mismo) y otra la propiedad intelectual sobre la obra. La propiedad del soporte no atribuye derecho de explotación alguno sobre la obra ( art. 56 TRLPI (LA LEY 1722/1996) ). Pero si un abogado quisiera utilizar el trabajo realizado por otro anteriormente (algo que puede ser habitual cuando, a petición del cliente, se produce una venia para autorizar a otro profesional continuar con el caso), debería solicitar autorización (licencia). Otra cosa es que esa licencia se entienda concedida implícitamente si se concede la venia y se pone a disposición del nuevo abogado toda la documentación manejada, incluyendo escritos de demanda, contestación u otros escritos forenses. Pero si un abogado utiliza sin más los escritos profesionales elaborados por otro compañero porque, por ejemplo, le son proporcionadas copias por el cliente, sí que podría darse un caso de infracción de derechos de autor susceptible de indemnización de daños y perjuicios, sin descartar incluso un posible caso de plagio.

El plagio carece de una definición legal, por más que sea recogido como posible comportamiento delictivo en el art. 270 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) . De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, por plagio hay que entender la copia de una obra ajena en lo sustancial o fundamental de la misma, presentándose así como una actividad mecanizada, poco o nada intelectual o creativa, carente de toda originalidad y talento, por más que en ocasiones pueda presentar algún rasgo de ingenio ( SSTS de 28 de enero de 1995 y 26 de noviembre de 2003 , entre otras). El plagio puede presentarse en casos de identidad plena entre obras o en casos de identidad sustancial, detectándose en ambos la apropiación y aprovechamiento parasitarios del esfuerzo intelectivo y labor creativa ajenos. Por lo general, los tribunales reconducen el concepto de plagio a los casos de coincidencias estructurales básicas y fundamentales, y no a las accesorias, añadidas o superpuestas, o a modificaciones no trascendentales ( STS de 26 de noviembre de 2003 ). El plagio requiere reproducción de la obra, pues el derecho de autor no protege las ideas sino la expresión o forma de un conjunto ordenado de ideas que llamamos "obra". Así, el plagio es una reproducción de una obra en lo sustancial, lo cual, en el fondo, puede llevar a suponer una protección indirecta de las ideas esenciales recogidas en la obra, cuando el plagiador no recurra a una copia "vulgar" de la expresión sino a una presentación de lo esencial de una obra ajena con otros términos o palabras. En definitiva, el plagio supone usurpar la creación intelectual de otro autor, presentando la obra como propia en lo sustancial de la misma y, por tanto, sin indicación alguna de que la autoría corresponde a un tercero y sin indicar la fuente (lo que llevaría ya al concepto de cita, configurado como límite en el art. 32.1 TRLPI (LA LEY 1722/1996) ).

En el caso que nos ocupa, admitida la existencia de un escrito previo o borrador de demanda (no hay problema en admitir la existencia de derechos de autor sobre el borrador de una obra literaria o escrita, siempre que se considere original, del mismo modo que se reconocen derechos sobre planos, proyectos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, así como sobre los bocetos y ensayos de obras de arte plástico y de obras de arte aplicado, a modo de creaciones "in fieri", ex art. 10.1 letras e ) y f) TRLPI (LA LEY 1722/1996) ), la autorización que la Sra. Bibiana otorgó al Sr. Everardo para utilizar su escrito en el curso del procedimiento ordinario 1297/09 implica una autorización para modificar ese texto en lo necesario dentro de esa relación más amplia de prestación de servicios de defensa letrada, encontrándonos así ante un supuesto de obra compuesta ( art. 9 TRLPI (LA LEY 1722/1996) ) que descarta de por sí el plagio pero no una posible reclamación de derechos sobre la explotación de la obra.

Otra cosa es que se pueda considerar la presentación de la demanda modificada como un acto de explotación de la obra, pues, como decimos, el escrito procesal debe incluirse como resultado parcial de la prestación de servicios profesionales. En consecuencia, no es pacífico que se puedan deducir y reclamar derechos económicos sobre un escrito de demanda en el contexto del caso que enjuiciamos. Lo relevante es la prestación de servicios profesionales, siendo el escrito de demanda una pieza más (aunque importante) del proceso en su conjunto y de la estrategia seguida, lo cual no impide que, en su caso, pueda tenerse en cuenta todo lo antedicho para determinar los honorarios que corresponden por la prestación de esos servicios de defensa letrada, cuestión que no corresponde decidir en este pleito al ser objeto de conocimiento por otro Juzgado.

OCTAVO.- La última pretensión deducida en la demanda y en el recurso de apelación es la posible responsabilidad de D. Everardo como administrador de hecho de la entidad CHC S.L.

Dicha pretensión no merece de mayores consideraciones, siendo válida y ajustada a Derecho la contestación otorgada por la juzgadora de primera instancia, pues es claro que -en conexión con lo expuesto en el fundamento de derecho quinto- no se aprecia en los hechos enjuiciados un acto de administración societaria que perjudique directamente los intereses de la actora (art. 241 TRLSC). El objeto fundamental del pleito no nace de la relación de colaboración profesional entre la actora y CHC, S.L., sino del contrato de prestación de servicios de defensa letrada concertado con el Sr. Everardo a título personal. La relación de colaboración profesional entre la Dra. Bibiana y CHC no influye en la solución final de la pretensión principal, por más que pretenda la actora entremezclar las cláusulas de su contrato con CHC en la relación de servicios de defensa letrada establecida previamente con el Sr. Everardo ; más aún si, como se desprende de los hechos probados, el contrato con CHC fue resuelto unilateralmente a petición de la propia demandante.

En cualquier caso, no se ha acreditado ningún acto societario de administración propiamente dicho del que se derivase un daño o perjuicio para los intereses de la actora y del que pudiera ser responsable el Sr. Everardo como administrador de hecho, de acuerdo con lo establecido para la acción individual de responsabilidad en los arts. 236, 237 y 241 TRLSC.

NOVENO.- Desestimadas así todas las pretensiones del recurso de apelación, procede hacer imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente, en estricta aplicación del principio del vencimiento objetivo ( art. 398.1 LEC (LA LEY 58/2000) ), decretando además la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal pertinente.