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PRIMERO.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de marzo de 2017, D. Laureano , D. Marino y D. Oscar , en representación de las organizaciones sindicales, CSIF-F, UGT y Sindicato de Empleados Públicos SIME, respectivamente, comunicaron a la Delegación del Gobierno que era su intención continuar con la acampada reivindicativa de protesta ante el edificio del Ayuntamiento de Mazarrón con ubicación en la Plaza del Ayuntamiento, con fecha de continuidad e inicio el día 2 de abril de 2017 a partir de las 00:00 horas y hasta las 24:00 horas del día 20 de abril de 2017, argumentando que el motivo de dicho acto de protesta son los incumplimientos del equipo de Gobierno Municipal sobre las condiciones de trabajo firmadas con sus trabajadores y la falta de respuesta que están generando una deuda económica importante. Finalmente se aclara que durante el transcurso de la acampada tendrán lugar distintos actos lúdico-festivos-reivindicativos así como la celebración de asambleas, reuniones y todo tipo de actos sindicales y sociales.

La Delegación del Gobierno en Murcia, con la misma fecha, solicitó informe al Ayuntamiento de Mazarrón y el 30 de marzo de 2017, el Responsable Municipal de Sanidad y Medio Ambiente emite informe proponiendo que se introduzcan las siguientes restricciones:

1º.- La prohibición de realizar emisiones sonoras, independientemente del medio utilizado en cualquier periodo horario.

2º.- Que se libere en los días indicados, 13, 14, 15 y 16 el espacio de la Plaza del Ayuntamiento para que puedan realizarse sin interferencias los desfiles procesionales.

Obra asimismo en el expediente diversas solicitudes del Cabildo de Cofradías de Semana Santa de Mazarrón de fecha 30 de marzo, en relación con la celebración de las procesiones previstas, y una solicitud genérica, suscrita por Dña. Sandra , como Presidenta del Cabildo, en la que se indica que los días 13 y 14 de abril de 2017 tendrá lugar con motivo de los actos programados para Semana Santa el procesionar finalizando en la Plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra una acampada por lo que solicita que se tomen las medidas oportunas para poder finalizar los actos procesionales en la Plaza del Ayuntamiento como en años anteriores sin tener 1que alterar o modificar los actos programados...

Finalmente el 31 de marzo de 2017, con referencias al informe del responsable municipal de sanidad y Medio Ambiente, el escrito del Gerente de BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERIA URBANA 2007, S.L., sobre la necesidad de limpieza y baldeo de las calles y plazas por las que discurran las procesiones, y el informe del Servicio de Asesoramiento Jurídico y oficio de la Jefatura de la Policía Local, la Alcaldía Informa negativamente la concentración o acampada en lo que respecta al periodo comprendido entre el 10 y el 16 de abril.

Por resolución de la Delegación de Gobierno de Murcia de 31 de marzo de 2017 se acuerda que, con ocasión de las procesiones que tendrán lugar los días 13, 14, 15 y 16 de abril, deberá desalojarse el espacio público ocupado en la Plaza del Ayuntamiento de Mazarrón

SEGUNDO.- El recurrente alega como fundamento de su pretensión de nulidad los siguientes motivos:

I) Extemporaneidad del acuerdo impugnado, toda vez que, la comunicación prevista en el art. 8 de la LO 9/1983 (LA LEY 1644/1983) , se efectuó el 23 de marzo y sin embargo, la Administración dictó su resolución de forma extemporánea, excediendo del plazo de 72 horas previsto en el art. 10 de la LO 9/1983 (LA LEY 1644/1983) .

II) Motivos de fondo. Disconformidad con el acuerdo recurrido:

1º.- Falta de motivación de la resolución de la Delegación del Gobierno, al no reflejarse ni la posible alteración del orden público ni peligro para las personas o bienes que son las únicas causas previstas para limitar el derecho de reunión en el artículo 10 de la LO 89/1983, de 15 de julio .

2°.- La Resolución recurrida no está basada en un Informe de la Policía Local sino en un Informe de 30 de marzo de 2017, del responsable municipal de sanidad y medio ambiente cuya motivación es "que puedan realizarse sin interferencias los desfiles procesionales" y en un escrito del gerente de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SIL, sobre la necesidad de limpieza v baldeado de las calles v plazas por las que discurran las procesiones.

3°.- Esta Acampada Reivindicativa lleva realizándose sin incidentes desde el día 28 de febrero sin que haya existido problema alguno de transito ni de limpieza de la plaza pública en la que se desarrolla.

4º.- En la ubicación actual de la Acampada Reivindicativa no produce obstáculo alguno para el paso de los desfiles procesionales por la plaza, no existiendo incluso desfiles los días 15 y 16 de abril.

5°.- Las procesiones en su recorrido vienen de la Calle San Antonio que tiene una anchura de 4 metros para luego desembocar en la Plaza del Ayuntamiento con una anchura de más de 12 metros por los que pueden discurrir las mismas sin problema ni obstáculo alguno, toda vez que la Plaza tiene una superficie de 1.609,8 metros cuadrados y la concentración ocupa un máximo de 266,92 metros cuadrados, no superando la misma, por tanto, el 16% de su superficie total y restando un 84% libre para su uso.

TERCERO.- El artículo 122 de la Ley 29/1998 (LA LEY 2689/1998) , tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19391/2009), literalmente establece:

"1. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, trasladándose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente.

2. El Secretario Judicial, en el plazo improrrogable de cuatro días, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso.

En cuanto se refiere a la grabación de la audiencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el art. 63.

3. La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas".

Como señaló esta Sala en sentencia 191/07 (LA LEY 160224/2007) y se reitera en la Sentencia 922/13, de 22 de noviembre (LA LEY 189336/2013) , el derecho de reunión pacífica y sin armas se recoge en el artículo 21 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , que establece en el número 1 que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa, señalando en el número 2 del mismo artículo que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes.

El contenido de este derecho fundamental, ha sido objeto de análisis por el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias, entre otras las SSTC 36/82 (LA LEY 70-TC/1982) , 59/90 (LA LEY 1478-TC/1990) , 66/95 (LA LEY 13067/1995) , 85/98 (LA LEY 4493/1998) , 196/02 (LA LEY 8006/2002) , 90/06 (LA LEY 31223/2006) , 301/06 (LA LEY 120013/2006) ó 170/08 (LA LEY 189332/2008) . La segunda de ellas dice que el deber de preaviso previsto en el art. 8 de la Ley Orgánica 9/83, de 15 de julio (LA LEY 1644/1983) , reguladora del Derecho de Reunión, no constituye una solicitud de autorización, pues el ejercicio de ese derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal, sino tan sólo una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros, estando legitimada, en orden a alcanzar tales objetivos, para modificar las condiciones del ejercicio del derecho de reunión e incluso para prohibirlo siempre que concurran los motivos que la Constitución exige y previa la realización del oportuno juicio de proporcionalidad.

Es cierto que no se trata de un derecho ilimitado. Así, el Convenio Europeo para la protección de derechos humanos (LA LEY 16/1950) y libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, en el art. 9 admite que el ejercicio de este derecho pueda ser objeto de restricciones siempre que estén previstas en la Ley y constituyan medidas necesarias para la seguridad nacional, seguridad pública, la defensa del orden y la prohibición del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. Por ello las Administraciones Públicas están investidas de potestad para intervenir la actividad ciudadana en el ejercicio del derecho de reunión, tal y como se delimita en la L.O. 9/1983 (LA LEY 1644/1983), modificada por L.O. 9/1999, de 21 de abril (LA LEY 1711/1999). Así, como señalaba la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1994 , aun reconocido el derecho de reunión con total amplitud, podrá estar sujeto a las restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, del orden público o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás, y ello porque, como se ha reiterado por el Tribunal Constitucional en sentencias, entre otras, de 29 de enero de 1982 , no existen derechos ilimitados.

No obstante lo anterior, únicamente se prevé un régimen de protección especial en el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones, como establece el art. 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción antes trascrito. Así, el Ordenamiento Jurídico establece, dentro del proceso especial para la protección de los derechos fundamentales, otro proceso especial para la protección del derecho de reunión, pero únicamente en un supuesto concreto, en el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores. En los demás casos, las partes legitimadas podrán demandar tutela judicial efectiva frente a la actividad administrativa a través del proceso ordinario o, en su caso, para la protección de los derechos fundamentales.

CUARTO.- En primer lugar debemos examinar la vulneración del plazo por parte de la Administración al resolver la comunicación planteada. El art. 10 de la L.O. del Derecho de Reunión establece que el plazo máximo en que debe adoptarse y ser notificada la resolución en que la autoridad gubernativa imponga modificaciones sobre la reunión o manifestación, es de 72 horas; por lo que la resolución dictada y su notificación se hicieron fuera de ese plazo. Es cierto, como señala el recurrente, que el incumplimiento del plazo en resolver tiene trascendencia en la medida en que puede afectar al derecho de reunión, no siendo por tanto una cuestión intrascendente, y debemos examinar las causas de ese retraso y los efectos que el mismo ha producido en el derecho de reunión. Consta en el expediente administrativo que el informe del Ayuntamiento, preceptivo de conformidad con lo dispuesto en la LO 9/1983, de 15 de julio (LA LEY 1644/1983), se recibió en la Delegación del Gobierno el 31 de marzo, y la resolución de la Delegación del Gobierno se notifica ese mismo día. El recurrente se limita a manifestar que ese retraso ha supuesto graves perjuicios por el sobreesfuerzo que les ha supuesto para poder plantear el recurso, sin embargo, no debemos olvidar que la concentración o reunión pacífica no ha sido prohibida ni radicalmente alterada, sino que se ha limitado únicamente para hacerla compatible con las procesiones de Semana Santa y solo durante los días 13, 14, 15 y 16, por lo que restaba tiempo suficiente para formular el recurso jurisdiccional e incluso para tramitarlo y resolverlo antes de que pudieran tener lugar las limitaciones impuestas.

En consecuencia, no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ni se ha ocasionado indefensión en este supuesto al no haber privado a los promotores de la posibilidad de revisar esa decisión con carácter previo a la celebración de la manifestación acudiendo al procedimiento contemplado en el art. 11 de la LO 9/1983 (LA LEY 1644/1983) , y art. 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998) .

QUINTO.- En cuanto a la decisión de fondo y falta de motivación de la resolución de la Delegación del Gobierno, debemos destacar la sentencia del Tribunal Constitucional 301/2006, de 23 de octubre (LA LEY 120013/2006) , que ha declarado que una constante doctrina del propio Tribunal, que ha sido recogida en las SSTC 284/2005, de 7 de noviembre (LA LEY 10070/2006) y 163/2006, de 26 de mayo , proclama que para poder limitar el ejercicio del derecho de reunión deben existir razones fundadas de alteración del orden público, señalándose, también, que para poder prohibir una concentración no basta la mera sospecha o posibilidad de que se vayan a producir alteraciones de orden público, sino que es necesario que la autoridad gubernativa posea datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho de cada caso, a partir de los que cualquier persona en una situación normal pueda racionalmente concluir que la concentración producirá con toda certeza el referido desorden público.

Dentro de esta doctrina reiteradamente dictada, el Tribunal Constitucional se ha referido a que toda limitación del derecho de reunión debe ser ejercitada por los poderes públicos bajo el criterio de proporcionalidad, es decir, antes de prohibir una concentración deben proponerse modificaciones que permitan el ejercicio del derecho.

En nuestro caso, la Delegación del Gobierno no ha prohibido ni negado la concentración propuesta, sino que se ha limitado a imponer unas mínimas limitaciones para compatibilizar el ejercicio del derecho de reunión de los recurrentes, con el derecho del resto de la ciudadanía que así lo desee, de celebrar las procesiones de Semana Santa en el modo que tradicionalmente se han venido llevando a cabo, sin que hayan alteraciones del orden público, ni riesgo alguno para las personas que pudieran derivarse de la concurrencia que generalmente llevan consigo estas celebraciones, que se verían agravadas por la previa limitación del espacio de la Plaza con la acampada.

Estima esta Sala que el ejercicio del derecho de reunión al igual que el del resto de los derechos constitucionales, no tiene carácter absoluto, y aunque se apliquen las limitaciones con carácter restrictivo, es lo cierto que, acreditado en el expediente y reconocido por los interesados que las procesiones de los días 13 y 14 de abril incluyen en su itinerario la Plaza del Ayuntamiento, siendo un hecho notorio que dichas procesiones atraen a un gran número de personas tanto procesionistas como público en general, y que requieren de un importante espacio para los pasos y los penitentes, resulta justificado que con ocasión de su paso se desaloje el espacio ocupado en la Plaza por la acampada reivindicativa de los actores, durante el tiempo necesario para el correcto desarrollo de las mismas a su paso por la citada plaza como acuerda la resolución recurrida.

Dicha medida que parece proporcional y ajustada en los días indicados aparece como innecesaria en los días 15 y 16 al no constar que durante los mismos se celebre ninguna procesión que pase siquiera tangencialmente por la Playa del Ayuntamiento.

La razón aludida por la Delegación del Gobierno para acordar la limitación indicada es el desarrollo de las procesiones a su paso por la Plaza del Ayuntamiento, por lo que no es posible invocar ahora razones nuevas como pueda ser la limpieza de la plaza posterior a las procesiones a las que alude el Abogado del Estado.

Ciertamente el expediente puede parecer un poco desordenado pero ello no afecta a la validez de la resolución adoptada. Por otro lado, niega la actora imparcialidad al Ayuntamiento de Mazarrón por estimar que el mismo es parte del conflicto que está en el origen de la concentración, sin embargo, obran en el expediente datos que de forma objetiva justifican la limitación adoptada, que no podemos olvidar procede de una administración distinta.

Sin dudar de la buena educación ni de la responsabilidad de los manifestantes no es función ni de la Delegación del Gobierno, ni de esta Sala, prejuzgar a las personas exclusivamente por su condición laboral, ni el objeto del presente recurso determinar si se van a producir algún tipo de altercado, sino adoptar las medidas para que los mismos nunca lleguen a producirse.

SEXTO.- En razón de todo ello procede estimar en parte el recurso contencioso administrativo formulado anulando y dejando sin efecto el acto recurrido por no ser conforme a Derecho únicamente en cuanto a las limitaciones impuestas respecto de los días 15 y 16 de abril; sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas ( art. 139 de la Ley Jurisdiccional ).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,