SEGUNDO.- La presunción de inocencia exige comprobar en esta alzada si la decisión condenatoria está basada en la existencia de prueba válida, por haber sido lícitamente obtenida y practicada en juicio oral conforme a los principios de inmediación, contradicción y publicidad y que además sea de contenido incriminatorio respecto de la participación del sujeto en un hecho delictivo.
Debe constatarse así, como dice la STS núm. 268/2014, de 2 de abril (LA LEY 43452/2014) , la inexistencia de vacío probatorio; constatada la existencia de prueba, el juicio de su valoración por la instancia ha de venir revestida de razonabilidad, en el establecimiento de los hechos que externamente la justifican, y de coherencia, conforme a lógica y experiencia de las inferencias expresadas a partir de aquéllos, en particular cuando la imputación se funda en hechos indiciarios.
A lo que ha de añadirse que la inferencia sea concluyente, en cuanto excluye alternativas fundadas en razones objetivas razonables.
Debe descartarse en este caso el pretendido error en la valoración de la prueba concretamente en el extremo relativo a que fue la acusada la que aportó el documento falsificado al expediente administrativo de contratación de un puesto de monitora de patinaje en un centro educativo; la acusada ha variado sustancialmente su versión de los hechos a lo largo del procedimiento, indicando inicialmente que para su contratación por el Ayuntamiento de Lleida a través del Colegio Riu Segre aportó su currículum académico, que incluía un certificado de monitor de patinaje artístico, emitido por la Federación Catalana de Patinaje, que obtuvo en fecha 28 de marzo de 2004, documento que posteriormente se acreditó que era falso; poco después la acusada manifestó que como no disponía del original aportó una fotocopia, pues así se lo requirió el personal de la Regiduría d'Esports del Ayuntamiento; en su declaración en la fase de instrucción expuso sin embargo que, aunque sí tenía el certificado de monitoria de patinaje, se dio cuenta de que había sido manipulado y que fue el otro acusado el que se lo entregó para que lo aportara si se lo pedían al ir a firmar el contrato, pero que nunca lo entregó, desconociendo cómo llegó al expediente administrativo; finalmente, en el acto del juicio oral reconoció que no disponía de dicho certificado sino que se descargó un documento en el ordenador, lo rellenó en formato word y lo guardó en su carpeta, negando sin embargo que ella lo entregara, sin dar una explicación coherente al motivo por el que dicho documento falsificado constaba en el expediente administrativo; lo cierto es que el documento que la acusada falsificó fue aportado al expediente administrativo para acreditar una titulación en la materia específica para la que era contratada que en realidad no tenía y tuvo que ser necesariamente ella quien lo aportara, sin que ante las circunstancias expuestas sea creíble su versión de que desconocía el modo en que dicho documento llegó al Ayuntamiento, máxime cuando el Responsable coordinador de Deportes de este organismo (folio 35) concretó que el currículum de la recurrente les llegó por correo electrónico del otro acusado, Herminio , a la sazón director del centro educativo para el que fue contratada, pero que la fotocopia del certificado de monitor de patinaje fue librado por ella misma; así pues ninguna duda de que este extremo, cuando además ni siquiera expuso que hubiera sido el acusado absuelto quien lo aportó, tal como ella había manifestado anteriormente en un mensaje a Casilda , Directora del AMPA del centro, señalando la acusada en el acto del juicio oral que en ese mensaje mintió.
Así las cosas, ninguna duda concurre de que la acusada, cuando Herminio , director del centro educativo que la propuso para ser contratada como monitora de patinaje y con el que afirmó que mantenía una relación sentimental, le dijo que el Ayuntamiento le había pedido que aportara la titulación exigida para obtener ese puesto, específicamente la relativa al patinaje, tal como se desprende de la declaración de él, ella entregó en el citado organismo un certificado de monitora de patinaje artístico supuestamente emitido por la Federación Catalana de Patinaje con la finalidad de acreditar que disponía de una titulación específica que la capacitaba para realizar dicha actividad extraescolar, cuando en realidad nunca tuvo dicho certificado sino que lo había falsificado, descargándoselo en el ordenador y modificando la totalidad de su contenido.
Tales hechos encajan perfectamente en la modalidad falsaria por la que ha recaído condena, pues simuló un documento público u oficial total o parcialmente, induciendo a error sobre su autenticidad, siendo completamente irrelevantes las demás circunstancias que se exponen en el recurso tales como que el título de maestra de educación física que sí tenía ya la habilitaba para el puesto de monitora de patinaje, extremo que además no ha sido plenamente acreditado, que ya estaba desarrollando dicha actividad laboral antes de firmar el contrato, que realmente estaba capacitada para el puesto o finalmente, que no hubiera más candidatos, pues, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS 1019/2001 y 946/2009 (LA LEY 196271/2009) ), el delito de falsedad tiene la naturaleza de un delito de peligro y no de lesión, y se consuma desde el momento en que se realiza la alteración o mutación de la verdad en el documento y es potencialmente capaz de provocar efectos en el tráfico jurídico, como en este caso ha sucedido mediante la aportación del documento falso a un expediente administrativo de contratación con la intención específica de acreditar una habilitación que no tenía.
A tal conclusión no obsta que el documento aportado fuera una fotocopia, ya que, como señala la STS núm. 1184/2016, de 30 de junio (LA LEY 109656/2016) , "constituye doctrina reiterada de esta Sala (por ejemplo sentencias de 14 de abril de 2000, núm. 674/2000 , 14 de febrero de 2001, núm. 193/2001 , 24 de octubre de 2002, núm. 1745/2002 ), que las fotocopias constituyen documentos que pueden ser objeto de delito de falsedad, si bien la naturaleza oficial del documento original no se transmite a la fotocopia, salvo supuestos de autenticación, por lo que las alteraciones que se realicen en fotocopias no autenticadas constituyen, en principio, falsedades en documento privado y no en documento oficial."
No obstante, sigue diciendo la misma sentencia, tal doctrina es aplicable a los supuestos de falsedades materiales del núm. 1 del art. 390.1 del Código Penal de 1995 (LA LEY 3996/1995) , en los que la falsedad consiste en la alteración del documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, pero como señala la sentencia 14 de febrero de 2001, núm. 193/2001 , tal doctrina no es mecánicamente trasladable a la modalidad de falsedad prevenida en el núm. 2 del art. 390.1 del mismo texto legal , que es la que ahora nos ocupa, consistente en simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad, pues en tal caso la naturaleza relevante a efectos de tipificación es la del documento que se pretende simular, no la del medio utilizado para ello; es decir, cuando se utiliza una reproducción fotográfica para simular la autenticidad de un documento, se comete falsedad en documento oficial si el documento que se simula es efectivamente un documento oficial ( STS 212/2002, de 9 de mayo de 2003 ).
Y en este caso, precisamente, lo que se falsifica no es una fotocopia sino el certificado oficial de monitor de patinaje que se pretende simular, falsificando una reproducción alterada que induzca a error sobre su autenticidad, por lo que resulta indiferente que como base del documento simulado se utilice una reproducción o fotocopia en color del documento original o un soporte de otra naturaleza.
En definitiva, ni concurre el denunciado error valorativo ni se han aplicado de forma indebida los artículos que tipifican el delito de falsedad en documento oficial cometido por particular, por lo que debe desestimarse el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución apelada.