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Primero. Se interpone el presente recurso de apelación frente a la sentencia de instancia que desestima la demanda formulada en reclamación de los daños personales sufridos en un accidente de tráfico por entender que el accidente se encuadra en el supuesto de fuerza mayor que exonera a la compañía de seguros de la obligación de indemnizar.

Segundo. Se plantea así en el recurso una cuestión de naturaleza teórico-jurídica, de indudable relación con el caso, que debe ser analizada, siquiera someramente, pues es lo propuesto algo repetidamente resuelto en nuestra doctrina. Efectivamente, según el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el decreto 632/1968, de 21 de marzo, "El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. "De la lectura de dicho precepto se sigue la lógica consecuencia de que el conductor de un vehículo que causa un daño en una persona, está obligado a reparar ese daño, salvo que demuestre que esos daños en la persona fueron debidos únicamente a la conducta o negligencia del perjudicado. Por lo tanto, y como hemos dicho en alguna ocasión anterior, citada por los interesados, no hay, en materia de daños a personas causadas por un automóvil, una responsabilidad plenamente objetiva del conductor que causa el daño, desde el momento en que no responde en todo caso, ya que, en lo que ahora interesa para este asunto, no será responsable cuando pruebe que los hechos derivaron únicamente de la conducta o negligencia del perjudicado. Como decíamos esa otra vez, visto desde otra perspectiva, ese conductor responde siempre, salvo que demuestre que hubo esa negligencia o culpa en la víctima que originó los daños causados; por lo que se entiende que hay una suerte de desplazamiento de la carga de la prueba o de presunción de culpabilidad en el conductor, por lo que es al mismo a quien corresponde acreditar su falta de responsabilidad. La forma de probar esa falta de responsabilidad será, lógicamente, la utilización de los medios de prueba que nuestro ordenamiento admite y con las consecuencias que sobre su valoración se determinan en nuestro derecho positivo.

No hay, por lo tanto, ninguna responsabilidad objetiva en el ámbito de la circulación de vehículos de motor e incluso las propias sentencias invocadas por la parte actora, leídas adecuada y tranquilamente, están diciendo eso: habrá un principio de responsabilidad en quien causa el daño; ese principio permite y admite la prueba en contrario, por lo que cabe que se alegue la responsabilidad exclusiva de la víctima, lo que exonera de culpa al conductor.

En el supuesto de autos la falta de responsabilidad de la compañía de seguros se defiende en la sentencia desde el punto de vista de la fuerza mayor, haciendo coincidir este supuesto con el infarto sufrido por la persona supuestamente responsable del accidente.

Tercero. No compartimos el criterio de la sentencia apelada. El supuesto de fuerza mayor se define con bastante precisión en el artículo 1.1 de la Ley, tanto de una forma positiva al decir que ha de ser "extraña al funcionamiento o a la conducción del vehículo", como de una forma negativa al señalar que "no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos". Tanto en un caso como en otro se identifica a la fuerza mayor con algo que debe proceder desde fuera del vehículo, como algo ajeno y extraño al mismo, desde fuera de la órbita de la conducción podríamos decir. Es por ello que una enfermedad del conductor, desvanecimiento, somnolencia, o incluso un infarto, como ha sucedido en este caso, no son supuestos de fuerza mayor porque no pueden considerarse ajenos a alguien tan cercano a la conducción como es el propio conductor que los padece.

El infarto padecido por el conductor del vehículo estaría más cerca del caso fortuito, como acontecimiento imprevisible o inevitable que interrumpe el nexo causal sin que tenga que proceder de fuera de la conducción, como algo ajeno al propio vehículo o a su conductor. Sin embargo, no recoge el artículo 1 de la Ley el caso fortuito como acontecimiento que exima de la obligación de indemnizar los daños personales, y esto nos lleva a dudar de que el caso fortuito pueda tener los mismos efectos que se asignan a la fuerza mayor. Posiblemente la falta de mención al caso fortuito se deba al propio sistema utilizado por el legislador para indemnizar los daños personales. Si la obligación de indemnizar esta clase de daños surge con independencia de la culpa del causante del accidente, pues la falta de culpa, no habiendo culpa exclusiva de la víctima, comporta la obligación de indemnizar, entonces es irrelevante que surja cualquier acontecimiento imprevisible o inevitable que exima de culpa al causante del accidente. Es cierto que este quedará exento de culpa, pero no exonerado de la obligación de indemnizar los daños personales que haya contribuido a causar sin culpa de su parte.

Cuarto. Debiendo declararse la responsabilidad de la compañía de seguros del causante del accidente, la indemnización a la perjudicada no puede establecerse en la cuantía reclamada en la demanda. Se reclaman un total de 259 días, que no fueron impeditivos, desde el 16 de octubre de 2002, fecha del siniestro, hasta el 1 de julio de 2003, que se toma como fecha de alta. Además se reclama el 10 % de factor de corrección y la cantidad de 499 € por gastos de rehabilitación.

Sin embargo, el perito de designación judicial aunque propuesto por la parte actora, reduce a 56 días la duración de la sanidad. Considera don Luis María , médico especialista en Medicina del Trabajo y Especialista en valoración del daño corporal, que no pueden computarse como días de curación los que van más allá del 15 de noviembre de 2002, cuando se produjo la última revisión de la lesionada por su Mutua laboral. Es de suponer que si la lesionada no volvió a acudir a la Mutua, y por el contrario siguió trabajando, es porque no necesitaba que le siguieran prescribiendo algún tratamiento a base de analgésicos o rehabilitador. No obstante, como resulta acreditado que en el mes de abril de 2003 la actora comenzó un nuevo tratamiento rehabilitador, si bien esta vez a título particular, el citado perito suma a los 30 días iniciales los 26 días que duró el tratamiento. Esta viene a ser la duración normal de esta clase de lesiones consistente en un esguince cervical, y no los 259 días de la demanda. Computados 56 días a razón de 23,12 € por día son 1.294,72 €. A esta cantidad han de sumarse 499 € como precio pagado por el tratamiento rehabilitador, lo que hace un total de 1.793,72 €, que es la cantidad en la que ha de estimarse la demanda.

No ha lugar a la aplicación del 10% de factor de corrección por cuanto que dicho factor está especialmente previsto para los perjuicios económicos derivados de la pérdida de ingresos en el trabajo, como se desprende de que el factor solo se devengue cuando la víctima está en edad laboral, siendo así que en este caso la perjudicada no ha dejado de trabajar en ningún momento.

Por lo que se refiere a los intereses que se reclaman del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro se devengarán desde la fecha del siniestro al no haberse consignado por la compañía de seguros ni tan siquiera el importe mínimo de lo que hubiera podido deber.

Cuarto. La estimación parcial de la demanda y del recurso conlleva la no imposición de las costas causadas en ambas instancias conforme a los artículos 394.2 y 398.2 LEC.