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PRIMERO.- En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 LRJS (LA LEY 19110/2011) , debe hacerse constar que, la anterior declaración de hechos probados es resultado de la valoración de la prueba practicada, singularmente de los documentos aportados por las partes y la testifical e interrogatorio de parte, ello según se ha indicado en cada uno de los hechos para mayor claridad expositiva.

La parte actora no hizo mención en su demanda a un dato tan relevante para la controversia como la concurrencia de los hechos en que se concretaron los actos de coacciones y amenazas, ni por parte de quién, para la firma del pacto resolutorio de la relación laboral.

El salario fue controvertido por las partes (a diferencia de lo que indica la parte actora en su escrito de conclusiones). Por la parte demandante se atiendió para su fijación (en el juicio) al recogido en la Sección 2ª del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (artículo 22 ), donde se establece un salario anual de 14.728,89 euros para el "Grupo Profesional" (donde está incluido el demandante) y un salario/hora de 8,19182 euros resultando de ello un salario base de 1.227,40 euros mensuales más los complementos indicados en la demanda. La demandada por su parte indicó en juicio que promedio de las últimas 10 nominas daba como resultado un salario de 1.759,07 euros mensuales. No se acierta a entender el modo de cálculo de los complementos recogidos en la demanda para concluir en un salario mensual de 2.110,72 euros brutos, por cuanto el complemento personal por importe de 319,51 euros no está previsto en el Convenio ni tampoco el de puesto de trabajo por importe de 153,42, siendo distintas las cuantías por estos conceptos recogidas en las nóminas del trabajador. Sin embargo, en el escrito de conclusiones, la parte actora aporta un nuevo cálculo del salario del trabajador donde ya no tiene en cuenta los complementos que antes se reclamaban y que en este caso sí que es conforme a Convenio (y ello pese a mantener al inicio de su escrito el mismo salario que en la demanda), ascendiendo el salario mensual bruto con inclusión de prorrata de pagas extras a 1.636,53 euros (y no al que se indica en la demanda). En efecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 21 del Convenio -que prevé la distribución del salario en 16 pagas-, y la tabla salarial del art. 22, ese sería el salario a efectos de despido. Ahora bien, lo que no puede pretender la demandante (cuando además se realizó otro cálculo distinto en la demanda y en el juicio, momento en que la empresa pudo oponerse a esta pretensión) es que ahora se le abonen las diferencias en salario base y prorrata de pagas, cuando por la empresa se ha abonado una cantidad superior mensualmente porque se tenían en cuenta un complemento personal y otro de puesto de trabajo que ahora el demandante ni menciona en sus conclusiones. Por este motivo, a la vista de la nómina del mes de junio de 2017 que arroja un salario de 1.737,39 euros brutos , al mismo se estará por ser superior en cómputo global al previsto en Convenio y ser el que efectivamente se abonó al trabajador el mes previo al despido.

SEGUNDO.- Las partes suscribieron un acuerdo que supone una transacción plenamente válida de la extinción del contrato y ahora no puede pretender el demandante que el mismo carece por completo de efectos jurídicos. El documento suscrito por las partes sólo puede ser calificado, en los términos de la sentencia del TS de 26/02/2008 , como una manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes que constituye una causa de extinción de la relación laboral según el art. 49.1 ET , como expresión de un consentimiento libre y conscientemente emitido y manifestado. De ningún modo puede pretender el demandante que ese documento, simplemente, carezca de ningún efecto, sólo mediante su genérico y carente de prueba alegato de haber sido coaccionado/amenazado a su suscripción bajo la amenaza de no cobrar nada.

Debe tenerse además en cuenta que el pacto de una suma indemnizatoria inferior a la legalmente correspondiente no supone una renuncia de derechos que prohíba el art.3 ET , ya que la renuncia proscrita es la previa al nacimiento del derecho, y no la posterior (pues en caso contrario simplemente no existiría la figura de la conciliación administrativa o judicial, en la que lo común es que el trabajador acepte un importe inferior al legalmente correspondiente, en el ánimo de evitar un pleito). Se dan por tanto, en este caso, las circunstancias aludidas en la STS de 28 de Febrero de 2000 : "El repetido documento en que se exterioriza la declaración de voluntad con fines liberatorios del vínculo contractual y de sus efectos económicos no viola el artículo 3.5 ET , pues ni la conducta del trabajador ha supuesto una renuncia anticipada, ni se ha concretado norma legal o paccionada que establezca la indisponibilidad de los derechos litigiosos, sino que aquella declaración ha sido expresiva del ejercicio de su libertad y autonomía individual en el sentido de extinguir el vínculo que le ligaba al empleador, y, como efecto reflejo, resolver las cuestiones económicas implícitas" .

Mediante el acuerdo el demandante se evitaba, o se podía evitar litigar (pues obtenía un reconocimiento de improcedencia) y la empresa igualmente, abonando la indemnización legal por despido improcedente, podría tener razonablemente la certeza de que se evitaría un litigio. Si la empresa hubiera conocido que el actor iba a accionar judicialmente, puede que no hubiera aceptado el acuerdo ni reconocido la improcedencia del despido.

TERCERO.- La demanda, según lo razonado, debe ser desestimada sin necesidad de entrar a conocer acerca de la acreditación o no de las causas de despido y en su caso la proporcionalidad o no de la decisión extintiva. No obstante, teniendo en cuenta la abundante prueba desplegada por ambas partes, procede indicar que los hechos probados en el juicio no hacen sino confluir en la misma dirección ya indicada desestimatoria de la demanda. Debe partirse de la base de que por la parte demandada se indicó con claridad desde el inicio la oposición con base en la inexistencia de acción del demandante por haberse suscrito un pacto resolutorio plenamente válido, lo que en efecto y como se ha dicho comporta por sí solo la desestimación de la demanda.

No obstante, en relación con la prueba que se practicó para el caso de que no se entendiera así, procede indicar lo siguiente:

El primero de los hechos que se imputa al trabajador en la carta de despido, relativo al día 19/07/17 consistente en hallarse el trabajador demandante durmiendo en horas de trabajo ha resultado acreditado en virtud de la prueba testifical practicada y la documental. Así, la persona que directamente ve cómo el trabajador estaba durmiendo según la carta de despido (D. Alvaro ), compareció en juicio en calidad de testigo y declaró exactamente en el mismo sentido del relato efectuado en la carta indicando además que " Le hice una foto ante esa situación que me chocaba tanto y quería una prueba de que lo que yo decía era real ", siéndole exhibida en juicio el documento nº 5 del ramo de prueba de la demandada indicando que era su fotografía y que lo puso en conocimiento de Debora . Estos hechos fueron ratificados por la testigo Dña. Debora , superior jerárquica del demandante, quien no los presenció pero indicó que recibió la llamada del Sr. Alvaro a la hora que consta en la carta. Por otro lado, la fotografía es muy ilustrativa y clara respecto al hecho de que el demandante se halla durmiendo en un sofá de la tienda, lo que por otra parte, no se niega por el demandante.

El segundo de los hechos imputados relativo al día 20/07/17 también quedó claramente acreditado en virtud de los mismos testimonios y el interrogatorio de la empresa. Dña. Debora , en este caso protagonista del segundo incidente, relató en juicio el mismo exactamente en la forma en que se relata en la carta de despido, que valga decir es muy detallada y concreta, y todo ello fue ratificado por la misma, siendo en este caso la testigo quien había percibido presencialmente el hecho de hallar al demandante dormido en la tienda. Las horas de fichaje han resultado acreditadas en virtud de los documentos aportados por la parte demandada y que no fueron impugnados en el acto del juicio, de donde resulta que el día 19/07/17 el actor fichó a las 15:17 horas y el día 20/07/17 el actor fichó a las 14:56 horas.

En relación con los hechos relativos a los días 14/07/17 y 18/07/17, lo cierto es que no han resultados acreditados por parte de la empresa. En la carta se indica que los mismos quedaron registrados por las cámaras de seguridad, relatando precisamente lo que a través de las cámaras pudo comprobarse; sin embargo, dichas grabaciones no se han aportado a autos cuando resulta que la facilidad probatoria era evidente para la empresa en este caso. Si tal fue el medio a través del que pudo comprobar, según se indica en la carta, que el actor dormía otros dos días distintos en horas de trabajo, ningún impedimento existía para aportar dichas grabaciones a los presentes autos con el evidente valor probatorio que ostentan. No se han aportado por la empresa, no siendo suficiente a este respecto la declaración de Dña. Debora , quien las habría visualizado, pues dado que se trata de un medio a disposición y alcance de la empresa sin que se haya justificado de modo alguno la imposibilidad de su aportación, no es suficiente con la manifestación de quien visualizó presuntamente esas cámaras, pero no lo presenció de manera personal, por influir muchos elementos en dicha visualización que deberían haber sido objeto de contradicción y defensa en presencia del sancionado en el acto de la vista para cumplir con los principios de inmediación, contradicción y defensa. Lo mismo debe decirse respecto de los hechos relativos a los días 28 y 29 de junio, hechos respecto de los que no se ha practicado prueba suficiente por la empresa, sobre quien pesaba la carga de la prueba.

En cualquier caso, lo que es evidente es que los días 19 y 20 de julio el actor se hallaba durmiendo en tiempo de trabajo efectivo y sobre sofás destinados a la venta al público, aunque en horario de cierre de la tienda. Lo que no puede pretenderse por el actor es reclamar horas extraordinarias en virtud de los fichajes de la empresa (según la contabilización que en ellos se hace de las horas trabajadas cada día desde que se ficha en la entrada hasta la salida) pero al mismo tiempo pretender que tenía derecho a descansar en esos periodos, porque no eran de trabajo efectivo. Si el demandante fichaba en el sistema era porque ese tiempo comenzaba a computar como tiempo de trabajo y lo que no es sostenible ni aceptable es que fichara para ponerse a dormir en la tienda. Además, quedó acreditado, por así manifestarlo muy claramente su superior jerárquica, que el hecho de que comenzara su jornada por la tarde antes de que la tienda abriera al público tenía su razón de ser en que el mismo disponía de ese tiempo para gestionar los pedidos y organizar sus clientes, lo que no podía realizar en horario de apertura al tener que dedicarse a la atención personal a los mismos.

No puede atribuirse valor probatorio (a los efectos de jornada diaria del trabajador) al planning aportado por el actor de "planificación anual" donde consta que dispone de descanso de 14 a 16 horas. Si así fuera, ningún sentido tendría que fichara prácticamente todos los días antes de las 16 horas, que entonces cada día entrara por la mañana sobre las 10 horas en el mes de junio y las 11 horas en el mes de julio y se marchara sobre las 20 horas, como tampoco que, basándose precisamente en los fichajes de la empresa, reclame horas extras por otro lado.

La empresa postuló en juicio que el horario del actor era de 11 a 20 horas con una hora para comer de 14 a 15 horas. Por su parte el trabajador indicó que su horario era de 10 a 21 horas con dos horas libres para comer, de 14 a 16 horas. Pero este horario que indica el propio trabajador no tiene ningún sentido si se pone en relación con las tablas de fichajes, porque resulta que nunca se marcha después de las 21 horas, y por tanto, es evidente que incurre en una contradicción cuando reclama horas extras que excederían de aquella jornada postulada.

CUARTO.- En definitiva, ha quedado probado que hubo un acuerdo entre trabajador y empresa, como consecuencia de unos hechos ocurridos los días previos y que además denotan la comisión de una falta por el trabajador al hallarse dormido en tiempo de trabajo, por lo que la existencia de un pacto extintivo posterior resulta lógica y razonable sin atisbarse indicio alguno de coacción o amenaza precisamente por haberse acreditado la existencia de aquellos hechos que detonaron los acontecimientos.

No se ha probado indicio alguno de coacción o amenaza sino que quienes estaban presentes comparecieron en juicio indicando precisamente lo contrario y lo mismo resulta del documento de finiquito (documento nº 3 demandada) donde sólo se hace constar por el trabajador que " está pendiente de revisar las cantidades " en coherencia con lo manifestado en juicio por los allí presentes. Consta la firma de un pacto, voluntario y consciente del trabajador, que tiene un efecto resolutorio. Los hechos ocurridos previamente a aquel día, y que han resultado probados, no hacen sino confirmar este aspecto.

QUINTO.- La doctrina de unificación del TS en torno a la cuestión del carácter liberatorio de documentos como el suscrito por la parte actora, es muy clara ( sentencia de 26 de febrero de 2008 ):

" Esta Sala, entre otras en sentencia de 26/06/07 , viene sosteniendo a propósito del problema planteado lo siguiente:

"a) el finiquito es, según el Diccionario de la Lengua española, "remate de cuentas o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas" ( s. de 24-6-98, rec. 3464/97 (LA LEY 8748/1998) ). No esta sujeto a "forma ad solemnitatem". Y su contenido, que es variable, puede hacer referencia bien al percibo de una determinada cantidad salarial, bien a la liquidación de las obligaciones, principalmente de carácter patrimonial, que se realiza con motivo de la extinción de la relación laboral; o, por último, a la propia extinción de la relación contractual, a la que, usualmente, se une una manifestación de las partes de no deberse nada entre sí y de renuncia a toda acción de reclamación (ss. de 28-2-00 (rec. 4977/98 (LA LEY 47221/2000)) de Sala General y 24-6-98 (rec. 3464/97 (LA LEY 8748/1998) ) entre otras).

b) Por lo que se refiere a la liquidación de obligaciones, se conceptúa el finiquito como aquel documento que incorpora una declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad de que mediante el percibo de la "cantidad saldada" no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleador (ss. de 11-11-03 (rec. 3842/02 (LA LEY 11465/2004)) y 28-2-00).

c) En lo que concierne a la extinción del vínculo laboral, el finiquito es la manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes -que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el artículo 49.1.a) ET -; es decir expresión de un consentimiento, que, en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y manifestado -por lo tanto sin vicios que lo invaliden- y recaído sobre la cosa y causa, que han de constituir el contrato, según quiere el artículo 1.262 del Código Civil (LA LEY 1/1889) EDL 1889/1 ( s. de 28-2-00 ).Y por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario (ss. de 24-6-98 antes citada y 26-11-01, rec. 4625/00 (LA LEY 5360/2002)).

d) Por regla general, debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan. (cfr. las referidas sentencias de 11-11-03 , 28-2-00 y 24-6-98 y de 30-9-92 (rec. 516/92 (LA LEY 13409/1992) ) entre otras)."

Por ello los vicios de voluntad, la ausencia de objeto cierto que sea materia del pacto, o la expresión en él de una causa falsa, caso de acreditarse, privarían al finiquito de valor extintivo o liberatorio ( ss. de 9-3-90 , 19-6-90 , 21-6-90 y 28-2-00 ), al igual que ocurrirá en los casos en que el pacto sea contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros (s. de 28-2- 00) o contenga una renuncia genérica y anticipada de derechos contraria a los arts. 3.5 ET y 3 LGSS (s. de 28-4-04, citada). Para evitar, en lo posible, que se produzcan tales situaciones, el trabajador cuenta con los mecanismos de garantía que instrumentan los arts. 49.1 y 64.1.6º ET (s. de 28-2-00 ).

En el caso examinado, nos encontraríamos tras el reconocimiento de la empresa de la existencia de un despido y de su calificación de improcedente, con un documento que sólo puede ser conceptuado como liquidación de obligaciones, en el que se incorpora la declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad en cuanto a la percepción de la cantidad a que se contrae y especifica en dicho documento y además de que mediante el percibo de dicha cantidad saldada no tiene ninguna reclamación que hacer."

La aplicación de tal doctrina al caso de autos supone la obligada desestimación de la demanda, pues el actor alcanzó un pacto de extinción con la empresa y suscribió un finiquito liberatorio y recibió en su cuenta corriente la cantidad de 2.000 euros que era la pactada.

La conclusión podría haber sido distinta de ser también distintos los actos previos y posteriores al contrato. Así, debe partir en este punto de las normas de interpretación de los contratos Código Civil. Dispone el artículo 1281 CC (LA LEY 1/1889) que " si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas " y añade el art. 1282 que " para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y posteriores al contrato ". Por su parte dispone el art. 1283 " cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre lo que los interesados se propusieron contratar".

De ahí que los hechos probados relativos a los días previos conllevan a considerar que el acuerdo se firmó libre y voluntariamente y por tanto debe surtir todos sus efectos.

El vicio del consentimiento o falta de entendimiento del documento firmado debe probarse por la parte actora que es quien lo alega. Sin embargo, nada se ha probado ni siquiera indiciariamente.

Por sentencia del TSJ de Islas Baleares de 20,0991996 se señala que " La intimidación, como vicio que anula el consentimiento, surge, a tenor del art. 1267 CC (LA LEY 1/1889) , cuando la declaración de voluntad se consigue por consecuencia de haber inspirado en el declarante el temor racional y fundado de que, en caso de no consentir, va a sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. El mal con que se conmina ha de ser injusto o ilícito, por lo que no constituye coacción moral, a estos fines, la advertencia de ejercer en el futuro un derecho o una facultad legal. La intimidación, de otra parte, es factor variable y de fuerte componente subjetivo, por lo que, para calificarla, han de tenerse en cuenta las circunstancias en que se desenvuelve y las condiciones particulares del individuo a quien afecta. En todo caso, como cualquier otro vicio de la voluntad, no se presume y corresponde su prueba a quien alega su existencia "

Consiguientemente, no dándose en el presente caso las premisas para declarar la nulidad del acuerdo efectuado por las partes, procede desestimar la demanda.

SEXTO.- Reclamación de cantidad.

Se reclaman por el demandante un total de 72 horas extras por importe de 766,75 euros en el periodo de duración de la relación laboral detalladas en la demanda y en el documento nº 8 aportado con esta. La parte demandada se opone alegando que las horas extras quedan compensadas por los incumplimientos del actor consistentes en permanecer dormido en horas de trabajo y que quedarían ya incluidas en el documento transaccional firmado por el que el actor nada más puede reclamar. Sin embargo, la pretensión debe ser estimada en primer lugar porque la transacción no afecta a esta reclamación de cantidad que fue de hecho en relación con la única que se ha probado que el demandante formuló reservas y además, por cuanto los fichajes mensuales que se aportan como documento nº8 de la demanda no han resultado contradichos por la parte demandada. Estos fueron exhibidos a la superior jerárquica del actor en juicio quien indicó que así se elaboraban y que el propio demandante indicaba las horas en exceso realizadas de forma muy clara " y que en función del exceso se pactaban días libres ". Sin embargo, no se ha probado por la empresa que el exceso fuera compensado con días de descanso. Tampoco por la empresa no se han aportado otros fichajes mensuales con ese mismo formato (que fue reconocido por la testigo) a los autos (debiendo presumirse su existencia y su no aportación de forma voluntaria) y dado que de los fichajes horarios sí aportados como diligencia final resultan los excesos reclamados por el trabajador en las horas efectivas realizadas, la pretensión de las horas extraordinarias debe ser estimada en la cuantía de la demanda que atiende al precio de hora que prevé el Convenio en su art. 22 más un 30%. No puede desde luego atenderse al nuevo cálculo que hace el actor en su escrito de conclusiones, donde incrementa la cantidad reclamada por este concepto adicionando horas extras del mes de junio de 2017 que no fueron reclamadas en el acto del juicio ni se mencionan en la demanda.

El hecho de que se haya probado que durante dos días se quedó dormido en horario de trabajo desde luego no puede servir como argumento para no abonar las horas extraordinarias que se hubieran realizado por el mismo, siendo que la sanción a aquel incumplimiento fue precisamente el despido (pactado) y por tanto su comportamiento ya tuvo el reproche que era procedente.

Tampoco la empresa se opuso a la reclamación relativa a la compensación económica por disfrute de periodo de vacaciones fuera del periodo establecido y que se cuantifica en la demanda en 116,67 euros , por lo que debe ser estimada esta pretensión también.

En último lugar, la reclamación de cantidad relativa a las diferencias salariales por el periodo de marzo a julio de 2017 debe ser desestimada por lo ya indicado en el Fundamento Primero en cuanto a la forma de cálculo del salario por la parte demandante. Habiendo abonado la empresa al trabajador una cantidad superior a la que resultaría de aplicación por el Convenio no puede estimarse la pretensión del actor, que además es novedosa en cuanto a las cantidades reclamadas y en cuanto a la forma de calcularlas al introducir un cálculo completamente distinto en su escrito de conclusiones, privando a la empresa de toda posibilidad de contradecir y acreditar una postura contraria.

SÉPTIMO.- La parte actora reclama en su escrito de demanda el pago del interés por demora.

En relación con los intereses moratorios, debe hacerse notar que si bien con la anterior doctrina de casación era discutible la procedencia de la imposición (la jurisprudencia era contradictoria, existiendo pronunciamientos a favor de la imposición a la principal, STSJAndalucia de14/06/2012) con la actual ya no cabe duda de la procedencia de que las empresas, también la principal, asuman los intereses moratorios con absoluta independencia de la causa del impago (culpable o no, justificado o no, carácter razonablemente controvertido o no, condición de liquida, vencida y exigible de la deuda) puesto que el Tribunal Supremo ha unificado doctrina señalando que los intereses moratorios del art. 29.3 ET se devengan de forma automática y forzosa tan pronto se produce la deuda. En efecto, el Tribunal Supremo ya había señalado la aplicación del recargo a supuestos de indemnizaciones por daños y perjuicios y en su sentencia de fecha 29/06/2012 (RUD 3739/2011 (LA LEY 105953/2012)), ha señalado la extensión de tal doctrina a las reclamaciones salariales, concluyendo que el pago de intereses por mora proceden en todo caso y con independencia del carácter controvertido o no de la cuestión litigiosa.

Resulta por lo tanto procedente la aplicación del incremento del 10% del interés anual por mora que recoge el art. 29.3 ET , sobre los conceptos salariales reclamados, que alcanzan 766,75 euros , y que se genera desde la fecha de su respectivo devengo hasta la presente sentencia ( artículo 1100 Código Civil (LA LEY 1/1889) ).