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S TSJAS 27/12/2018

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 1057/2018 de 27 Dic. 2018, Rec. 836/2017

Ponente: Chaves García, José Ramón.

Nº de Sentencia: 1057/2018

Nº de Recurso: 836/2017

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Diario La Ley, Nº 9378, Sección Jurisprudencia, 15 de Marzo de 2019, Editorial Wolters Kluwer

LA LEY 207731/2018

ECLI: ES:TSJAS:2018:4046

La Administración indemniza a un paciente por los daños sufridos al despertarse durante la intervención quirúrgica

Cabecera

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Administración autonómica. Abono de indemnización por deficiente asistencia sanitaria. Daño desproporcionado derivado de la intervención practicada. Funcionamiento anormal del servicio de anestesia en cuanto a calidad, cantidad o dosificación de la misma que propició la situación de riesgo. Se considera un doble factor de responsabilidad; de un lado, deficiente consentimiento informado al no incluir la advertencia del riesgo de despertar intraoperatorio y, de otro, pérdida de oportunidad, ya que se ha privado al paciente de la monitorización que hubiera permitido comprobar los niveles de metabolización de los fármacos y podía haber mejorado el seguimiento y reacción de las condiciones anestésicas durante el acto quirúrgico.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El TSJ Asturias estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra desestimación presunta de la Consejería de Sanidad, acordando el abono de indemnización por deficiente asistencia sanitaria.

Texto

T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)

OVIEDO

SENTENCIA: 01057/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: P.O.: 836/2017

RECURRENTE: D. Aureliano

PROCURADOR: Dª Cecilia Álvarez Alonso

RECURRIDO: CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (S.E.S.P.A.)

REPRESENTANTE: Sr. Letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias

CODEMANDADO: ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

PROCURADORA: Dña. Pilar Oria Rodríguez

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Antonio Robledo Peña

Magistrados:

Dña. María José Margareto García

D. José Ramón Chaves García

En Oviedo, a veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 836/2017 , interpuesto por D. Aureliano , representado por la Procuradora Dª Cecilia Álvarez Alonso, actuando bajo la dirección Letrada de D. Indalecio Talavera Salomón, contra la CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (S.E.S.P.A.), representada y defendida por el Sr. Letrado del Principado, siendo codemandada ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora Dña. Pilar Oria Rodríguez, actuando bajo la dirección Letrada de Dª Beatriz Audibert Amoroto.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. José Ramón Chaves García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.

CUARTO.- Por Auto de 12 de abril de 2018, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 27 de diciembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Actuación impugnada

1.1 Es objeto de recurso contencioso-administrativo por D. Aureliano la desestimación presunta de la reclamación de indemnización al SESPA en cuantía de 100.000 € por responsabilidad patrimonial formulada el 3 de febrero de 2017 (Expte. NUM000 ) que la demanda limita a 73.387,22 €, por la asistencia sanitaria prestada al intervenirle de cataratas el 4 de febrero de 2016 en el Hospital de Jarrio.

1.2 La demanda se fundamenta en que con ocasión de la intervención quirúrgica realizada en el Hospital de Jarrio el 4 de febrero de 2016, de catarata en el ojo izquierdo, bajo anestesia general el paciente se despertó súbitamente realizando movimientos violentos que supusieron lesiones oculares de pérdida de agudeza visual y alteraciones en el cristalino y fondo de ojo (concretamente ceguera total en el ojo izquierdo, y en el derecho seis décimas de lo normal), lo cual valora en 100.000 €, adjuntando informe del Dr. Francisco , especialista en valoración del Daño Corporal (pérdida de agudeza visual en el ojo derecho y total del ojo izquierdo, 49.115,22 €; período de curación hasta la estabilización de lesiones el 26 de septiembre de 2016, de 236 días, 12.272 €; perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, 15.000 €. Se adujo: a) La falta de consentimiento específico para el riesgo de "despertar intraoperatorio", pese a ser una situación rara pero no excepcional, con incidencia según la demanda entre el 0,1 y 0,2 €% de los pacientes sometidos a anestesia general; b) Negligencia sanitaria por parte del Servicio de Anestesia del Hospital de Jarrio ya que despertó súbitamente en plena intervención quirúrgica lo que provocó las lesiones oculares.

1.3 Por la Administración del Principado (SESPA) se opuso la corrección de la intervención con apoyo en el dictamen médico de la especialista en Oftalmología Dra. Virginia , que fue aportado por la aseguradora codemandada; se insistió en lo ajustado a la lex artis y en que el perito de parte no posee la especialidad adecuada.

1.4 Por la aseguradora codemandada, Zurich Insurance PLC. Sucursal en España, se formuló contestación a la demanda e invocó el informe del Jefe de Servicio de Anestesia, Dr. Imanol , quien afirma que el despertar intraoperatorio es "una situación rara pero no excepcional, como así lo constatan los estudios clásicos sobre este tema, que cifran su incidencia entre el 0,1 y el 0,2 % de los pacientes sometidos a anestesia general (...) La intervención se realizó conforme a los protocolos vigentes de calidad y seguridad anestésica (...) el Despertar Intraoperatorio se produjo de forma inesperada, sin signos de alarma previos y se vio favorecido por las características individuales del paciente (ASA III, etilismo crónico y toma de betabloqueantes)". Se descartó la responsabilidad y subsidiariamente se cuestionó la indemnización pues la evolución desfavorable de la enfermedad no se debió solamente al despertar sino a la herniación parcial que es ajena al acto anestésico.

SEGUNDO.- Antecedentes relevantes

1. D. Aureliano , de 66 años al tiempo de los hechos, fue diagnosticado de triple patología a nivel de ojo izquierdo (una catarata, un glaucoma y una pseudoexfoliación), con lo que ingresó en el Servicio de Oftalmología del Hospital de Jarrio el 4 de febrero de 2016 para intervención quirúrgica de catarata del ojo izquierdo bajo anestesia general.

2. El riesgo anestésico evaluado fue ASA III (presencia de enfermedad sistémica moderada-severa). El paciente presentaba antecedentes generales de alcoholismo crónico, hepatopatía alcohólica, tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

3. El paciente prestó consentimiento informado y fue informado de que debía dejar el hábito de fumador y abstinencia de alcohol así como recomendación de uso de inhaladores preoperatorios.

4. Durante la intervención según refiere el informe de Alta del Servicio de Oftalmología, con "las maniobras de presión-contrapresión, el paciente se despierta súbitamente de la anestesia general y comienza a moverse violentamente produciéndose en ese momento la salida del cristalino, saco y vítreo, con sombra posterior altamente sugestiva de desprendimiento coroideo (en el contexto de hemorragia expulsiva autolimitada. Se procede al cierre de las heridas y limpieza manual del vítreo".

5. Tras varias revisiones se aprecia una agudeza visual con corrección de 0,6 en el ojo derecho y ceguera a nivel ojo izquierdo. La agudeza visual sin corrección es de 0, siendo sometido a ulterior intervención de Vitrectomía en el Servicio de Oftalmología del HUCA.

TERCERO.- Marco jurisprudencial de responsabilidad sanitaria

3.1 La institución de la responsabilidad patrimonial está reconocida en el artículo 106.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , según el cual "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos" .

Dicho precepto constitucional encuentra su desarrollo legislativo en los artículos 32 y ss. De la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015) .

Es uniforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo a cuyo tenor la exigibilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración es consecuencia de la concurrencia inexcusable de tres requisitos, a saber: a) Efectiva realidad de un daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, que no tengan la obligación de soportarlo, b) Que la lesión patrimonial sufrida sea consecuencia de una actuación del poder público en desarrollo de funciones de la misma naturaleza en una relación de causa a efecto; y c) Que el daño no se haya producido por fuerza mayor, resultando desde luego requisito sine qua non la concurrencia del nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, sin interferencias extrañas que pudiesen anular o descartar aquel. Por tratarse de una responsabilidad objetiva de la Administración es por tanto necesaria la concurrencia de esos elementos precisos que configuran su nacimiento y han de ser probados por quién los alega, a lo que se añade que la reclamación se presentó dentro del año a contar desde la fecha del hecho que la motiva.

3.2 La doctrina sobre el consentimiento informado se ha fijado jurisprudencialmente en los siguientes términos: "La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LA LEY 1580/2002). art. 3 (LA LEY 1580/2002) (16/05/2003) , 4 (LA LEY 1580/2002) y 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (LA LEY 1580/2002) , reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en la definición del consentimiento informado se comprende "la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud" , consentimiento que ha de ser escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas y bien entendido que la información que ha de proporcionarse al paciente ha de consistir en " la finalidad y naturaleza de la intervención, sus riesgos y sus consecuencias ".

Sobre la falta o ausencia del consentimiento informado, este Tribunal ha tenido ocasión de recordar con reiteración que "tal vulneración del derecho a un consentimiento informado constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la lex artis ad hoc, que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento, y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias, entre las diversas opciones vitales que se le presentan". De esta forma, " causa, pues, un daño moral, cuya indemnización no depende de que el acto médico en sí mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente; o, dicho en otras palabras, que el incumplimiento de aquellos deberes de información solo deviene irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando ese resultado dañoso o perjudicial no tiene su causa en el acto médico o asistencia sanitaria ( sentencias de 2 octubre 2012, recurso de casación núm. 3925/2011 (LA LEY 149159/2012) o de 20 de noviembre de 2012, recurso de casación núm. 4598/2011 (LA LEY 176181/2012) , con cita en ambos casos de numerosos pronunciamientos anteriores). "( STS de 26 de mayo de 2015, rec. 2548/2013 (LA LEY 64808/2015) ).

3.3 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha apreciado que " la caracterización de la "pérdida de oportunidad" se concreta en el grado de incertidumbre que rodea a una determinada actuación médica para constatar en qué medida se hubiera evitado un resultado lesivo, atendida la gravedad del daño, o se hubiera mejorado la situación del paciente de haberse tomado una decisión concreta" - STS, Sala 3ª, sec. 4ª, Sentencia de 26-9-2014, rec. 3637/2012 (LA LEY 144372/2014) -. Y también como " la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son, el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo" - STS Sala 3ª, sec. 4ª, Sentencia de 19-10-2011, rec. 5893/2006 (LA LEY 205709/2011) -.

3.4 Sobre el daño desproporcionado se ha afirmado : "Sobre la base de lo expuesto y una vez excluida como jurisprudencia infringida la procedente de la Sala de lo Civil de este Tribunal - pues a efectos del artículo 88.1.d) de la LJCA (LA LEY 2689/1998) se está a la de este orden jurisdiccional -, la doctrina del daño desproporcionado o "resultado clamoroso" significa lo siguiente:

1º Que el resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es decir, no guarda relación o proporción atendiendo a la entidad de la intervención médica pues no hay daño desproporcionado, por ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo inherente a la intervención, pero ha habido una errónea ejecución.

2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible - por su desproporción - ante lo que cabe esperar de la intervención médica; es, por tanto, un resultado inesperado e inexplicado por la demandada.

3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo desproporcionado del efecto dañoso, se presume que el daño es causado por una quiebra de la lex artis por parte de la Administración sanitaria, presunción que puede destruir si prueba que la causa está fuera de su ámbito de actuación, es decir, responde a una causa de fuerza mayor.

4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño desproporcionado, desde el principio de facilidad y proximidad probatoria la Administración debe asumir esa carga de probar las circunstancias en que se produjo el daño.

5º De no asumir esa carga, la imprevisibilidad o la anormalidad del daño causado atendiendo a la entidad de la intervención médica es lo que hace que sea antijurídico, sin que pueda pretextarse un caso fortuito, excluyente de la responsabilidad por el daño causado ." STS del 19 de mayo de 2016, rec. 2822/2014 (LA LEY 51902/2016) ).

CUARTO.- Objeto de controversia

4.1 Hemos de dejar claro que no se cuestiona en este proceso ni el diagnóstico ni el tratamiento ulterior a la intervención de 4 de febrero de 2016 en el Hospital de Jarrio, sino la actuación de la aplicación, dosis y seguimiento de la anestesia en la medida que determinó el despertar del paciente en plena intervención con consecuencias de daños oculares.

También, como afirma el dictamen de la perito de la aseguradora "Indudablemente, el que hubiera un despertar inesperado con maniobra de Valsalva y violentos movimientos del paciente en el preciso momento en que la incisión se había ampliado y se estaba haciendo la expresión del núcleo cristaliniano, contribuyó a la herniación parcial del contenido ocular y al desarrollo de los desprendimientos coroideos y de las posteriores complicaciones retinianas."

4.2 En este punto hemos de reseñar, que ciertamente existen serios daños oculares para la naturaleza de la intervención, lo que nos sitúa ante un daño desproporcionado, que unido al reconocimiento unánime de los informes y peritos del caso, de que la contingencia de despertar de la anestesia general en la intervención quirúrgica es un suceso anormal y de riesgo (que se plantea súbitamente para sorpresa y grave riesgo del paciente y del común de los usuarios), nos lleva a desplazar la carga de la prueba de la idoneidad de la Administración en el servicio de la anestesia por parte de la administración sanitaria.

a) Existe una pericia de parte, que si bien no está emitida por especialista en oftalmología es elocuente en cuanto a la descripción del suceso y su naturaleza anómala.

b) La pericia de la aseguradora, confirma la corrección de la asistencia quirúrgica pero se detiene a la hora de explicar o justificar el servicio de anestesia ("no estamos capacitados para evaluarlo dado que carecemos de los conocimientos necesarios en anestesiología y reanimación. Sin embargo, bajo la perspectiva de la experiencia, sí podemos afirmar que el despertar inesperado en la anestesia general no es una situación tan excepcional como cabría imaginar, ocurre sin indicios previos, generalmente de forma brusca y habitualmente sin repercusión para el paciente").

c) El informe del Jefe de Servicio de Anestesia del Hospital de Jarrio, Dr. Imanol , afirma que el despertar intraoperatorio es una situación rara pero no excepcional y que se siguieron los protocolos vigentes de calidad y seguridad anestésica posee un valor relativizado a la baja, ya que no deja de ser un informe de parte interesada, pues al fin y al cabo, es el responsable del servicio cuya actuación se cuestiona, unido a que sus términos son más declarativos de la normalidad de la actuación que razonados.

d) Finalmente contamos con la pericia judicial a cargo del Dr. Prudencio , especialista en Medicina Legal y Forense, el cual en un razonado y detallado informe, con ratificación y aclaraciones en la vista oral, que aprecia dos deficiencias que la Sala asume, dado que el perito judicial lo razona de forma objetiva y convincente. En primer lugar, constata que el consentimiento informado era genérico y no estaba personalizado debidamente en atención a las condiciones del paciente, alcoholismo crónico y clasificación ASA III, que demandaban alertar del riesgo específico de "despertar intraoperatorio" (DIO) con incidencia media entre el 0,1 y el 0,7 %; en segundo lugar, que atendiendo al perfil del riesgo del paciente lo suyo sería no haberse limitado a realizar la monitorización estándar sino la más adecuada al caso monitorización BIS (índice biespectral), como parámetro derivado del electroencefalograma que mide los efectos de los hipnóticos en el cerebro y que es de fácil interpretación lo que "reduce la incidencia del DIO"; en la vista, el perito judicial insistió en que la situación de alcoholismo crónico incide en la metabolización de los anestésicos lo que aconsejaba la monitorización específica. En este punto, el perito judicial dejó claro que la Monitorización BIS no requiere medios extraordinarios pues no es un equipo costoso y complejo, sino que está disponible o accesible en los diferentes centros hospitalarios.

Por tanto consideramos probado que durante la cirugía de catarata del ojo izquierdo del paciente realizada el 4 de octubre de 2016 en el Hospital de Jarrio se produjo el despertar intraoperatorio del paciente, debido a un déficit de la anestesia general. Tal déficit se debió a un funcionamiento anormal de tal servicio en cuanto a la calidad, cantidad o dosificación de la misma que propició la situación de riesgo del despertar del paciente en plena intervención, que desgraciadamente se materializó en serios daños oculares que no deberían haberse ocasionado si la intervención hubiese transcurrido sin tal incidente.

QUINTO.- Títulos de responsabilidad

5.1 En consecuencia consideramos un doble factor o título de responsabilidad patrimonial.

A) De un lado el deficiente consentimiento informado al no incluir, en este especial caso y según las características singulares del paciente, la advertencia del riesgo de Despertar Intraoperatorio (DIO).

B) De otro lado, una pérdida de oportunidad, ya que se ha privado al paciente de la monitorización BIS (índice biespectral) cuya utilización permitiría comprobar los niveles de metabolización de los fármacos y podía haber mejorado el seguimiento y reacción de las condiciones anestésicas durante el acto quirúrgico, con lo que reduce la incidencia del DIO, como afirma la pericia judicial, aunque como también se deriva de la misma, esta técnica no hubiese sido totalmente eficaz en la prevención o detección del Despertar Intraoperatorio; esta falta de garantía de que tal monitorización, posible y conveniente, hubiese propiciado el desarrollo normal de la intervención es lo que nos lleva a apreciar una pérdida de oportunidad.

5.2 Ahora bien, a la hora de valorar esta pérdida de oportunidad hay factores que minimizan el peso de su incidencia:

a) En primer lugar, la incidencia, resistencia o determinación del factor de las condiciones de alcoholismo crónico del paciente y la duda razonable sobre si éste había cumplido o no con el protocolo y recomendaciones impuestas cara a la intervención.

b) En segundo lugar, la monitorización indicada por el perito judicial resulta una técnica cuya oportunidad se ha razonado por el perito judicial pero no ha ido acompañada de datos estadísticos o porcentuales de eficacia en cuanto a evitar o prevenir el DIO, limitándose en las aclaraciones en la vista a insistir en su conveniencia y que la Monitorización BIS "probablemente" permitiría apreciar que la dosis anestésica se metabolizaba con rapidez.

c) En tercer lugar, sí resulta probado que la herniación parcial incidió en el daño final y es una situación clínica ajena al acto anestésico, o sea, que hay factores patológicos objetivos que incidieron en la patología definitiva ocular del paciente.

d) Por último, tal y como lógicamente afirma el perito judicial, el perjuicio psico-físico, orgánico y sensorial es el referido a la pérdida del ojo izquierdo y desde la situación previa a la intervención, o sea, no considerando una integridad e idoneidad ocular que no era real.

5.3 En suma, hemos de considerar razonable el derecho a una indemnización por doble concepto. De un lado, por falta de consentimiento informado, ya que existió consentimiento genérico pero no específico sobre el riesgo indicado (DIO), lo que representa un serio daño moral, que no es autónomo al haber provocado consecuencias lesivas finales, cuya indemnización ciframos en 10000 €. De otro lado, por pérdida de oportunidad derivada de la falta de monitorización BIS que estimamos porcentualmente no alcanza el treinta por ciento de las posibilidades de alteración del curso de la intervención, dada la eficacia limitada de la monitorización y teniendo en cuenta la incidencia de factores objetivos expuestos; bajo esta perspectiva y considerando que el daño real cuya indemnización se reclama se efectúa por la demanda en forma desproporcionada, tal y como el perito judicial recorta y fija cabalmente (pérdida de visión del ojo izquierdo, perjuicio estético ligero, perjuicio temporal de calidad de vida y por intervenciones quirúrgicas, y perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado leve), si bien hay que tener presente la situación deficiente del otro ojo como factor de calibración del impacto de la pérdida del izquierdo, hemos de estimar como indemnización conjunta por este concepto de pérdida de oportunidad la cifra global de 25.000 €. En consecuencia, dejando claro que ambas indemnizaciones están actualizadas a fecha de dictarse sentencia, se reconoce el derecho a una indemnización total de 35.000 €.

SEXTO.- Costas

No procede su imposición ante las dudas de hecho serias abrigadas por la Administración.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Aureliano , contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización al SESPA en cuantía de 100.000 € por responsabilidad patrimonial formulada el 3 de febrero de 2017 (Expte. NUM000 ) que la demanda limita a 73.387,22 €, por la asistencia sanitaria prestada al intervenirle de cataratas el 4 de febrero de 2016 en el Hospital de Jarrio.

La estimación parcial comporta el reconocimiento del derecho a ser indemnizado por el SESPA, y debiendo la codemandada pasar por ello, en cuantía de 35.000 €, suma actualizada y comprensiva de los intereses. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término de TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máximo y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de julio de 2016).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

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