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PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda y condena a las demandadas de forma solidaria, a abonar a cada uno de los demandantes las sumas que se indican a en concepto de diferencias retributivas por razón de los descuentos salariales practicados por ejercicio del derecho de huelga en los meses de noviembre y diciembre de 2013, incrementadas con el 10% de interés por mora del artículo 29.3 del ET desde la presentación de la papeleta de conciliación hasta dicha sentencia y los intereses del artículo 576 de la LEC (LA LEY 58/2000) a partir de la misma.

Frente a ella la empresa demandada y condenada interpone recurso de suplicación y al amparo del art. 193 a) de la Ley de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) pretende la nulidad de la sentencia y reposición de las actuaciones al momento de la infracción de normas y garantías del procedimiento que le han producido indefensión, denunciando la infracción de los arts. 24 (LA LEY 2500/1978) y 120.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , Arts. 80.1 c), 85.1 y 97.2 de la Ley de Jurisdicción Social y art. 218 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). Alegando que la parte demandante en el acto de juicio hizo una variación sustancial de la demanda, toda vez que realizó un nuevo cálculo de los descuentos por huelga, que ni fueron alegados en la papeleta de conciliación, ni en el escrito de demanda, incorporándose cuestiones nuevas que hasta ese momento no habían sido controvertidos, situando al recurrente en situación de indefensión, ya que ni pudo rebatir los hechos nuevos, ni aportar la prueba documental o testifical adecuada. Y si era conocedora de la sentencia de la Sala del TSJ de Galicia de fecha 26-9-2016 (LA LEY 149442/2016) que le fue notificada el 3-10- 2016, se supone que también en esas mismas fechas a los actores y tuvieron tiempo suficiente para hacer los nuevos cálculos y no esperar al acto del juicio oral.

Es cierto que ha habido una variación de las cuantías de la demanda, efectuando nuevos cálculos tomando como base la sentencia de este Tribunal de 26-9-2016 , es cierto también que pudieron llevarse a cabo con anterioridad y no esperar al momento del juicio oral, pero tal variación ni es sustancial ni causa indefensión.

Primero porque conocía la citada sentencia y de no haberse hecho los nuevos cálculos la sentencia de instancia podía haber apreciado como así ha hecho la prejudicilidad y, en todo caso, el recurso a la nulidad -no lo olvidemos- constituye «un remedio último y de carácter excepcional que debe operar únicamente en aquellos supuestos en que la falta de fundamentación causa indefensión» ( SSTS 11/12/03 Ar. 2004/2577 y 30/01/04 -rcud 3221/02 (LA LEY 26651/2004) -) -conforme al artículo 240.3 LOPJ (LA LEY 1694/1985) - pero no en otros supuestos en los que quepa la subsanación.

Al respecto hay que indicar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 102/1987, de 17 de junio (LA LEY 835-TC/1987) (RTC 1987\102) ha declarado que el derecho constitucional a la defensa se ha de preservar en cada instancia pudiendo resultar comprometido cuando en relación con el derecho a valerse de las pruebas pertinentes para la propia defensa, la probanza interesada siendo efectivamente pertinente, ha sido rechazada sin motivación o sin una motivación manifiestamente irrazonable, mientras que en la de 10 de abril de 1985 (RTC 1985\51) establece que la indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa privándole de su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción y finalmente en la Sentencia del 25 de abril de 1994 (RTC 1994\124) señala que para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales sino que del mismo ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción pues no toda infracción e irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de los derechos que corresponden a las partes en el proceso.

Y por ello la pretensión de nulidad de la sentencia recurrida no prospera.

SEGUNDO.- Como segundo motivo del recurso y al amparo del Art. art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , que tiene por objeto el examen de la normativa aplicada en la Sentencia recurrida, se denuncia la infracción de los artículos 26.1 y 42.2 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 6.2 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo (LA LEY 382/1977) y la sentencia de este Tribunal de 26-9-2016 y alega que los descuentos están bien hechos ya que la actuación de la empresa fue la siguiente: el salario anual de cada trabajador se dividió entre las 1800 horas de trabajo efectivo anual para calcular el valor de la hora, y una vez obtenido el valor de la hora, éste se multiplicó por las horas no trabajadas el día, que por turno le tocaba prestar servicios a cada uno de los actores.

Y la denuncia no se admite ya que ninguno de los preceptos denunciados ha sido infringido porque los actores han ejercido su derecho de huelga y la sentencia de instancia ha determinado los descuentos salariales correspondientes por la horas de huelga llevadas a cabo, siguiendo el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 13-3-2001 (LA LEY 3888/2001) y de la AN de 25-9-2013 , que recoge la de esta Sala de 26-9-2016 (que solo descuenta los haberes de vacaciones por ser la pretensión que subsidiariamente pide y por razones de congruencia no va más allá) y que por razones de seguridad jurídica seguimos manteniendo, en las que tras recoger la jurisprudencia que sobre los problemas de cálculo suscita el descuento salarial por huelga [ SSTS 26/05/92 (LA LEY 9619/1992) -rco 1244/91 22/01/93 -rco 32/92 (LA LEY 15281-R/1993) 24/01/94 Ar. 370 18/04/94 -rec. 2555/93 (LA LEY 16196-R/1994) ...] y su doctrina puede ser resumida en los términos siguientes: a) la retribución a descontar por cada día de huelga comprende el salario de la jornada y determinados conceptos de « salario diferido» [ STS 24/01/94 Ar. 370] b) Dentro de estos conceptos figuran la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y la parte proporcional correspondiente a la retribución del descanso semanal del período en que se haya producido la huelga [ SSTS 26/05/92 -rco 1244/91 - Ar. 3605 22/01/93 -rco 32/92 (LA LEY 15281-R/1993) - Ar. 257 24/01/94 Ar. 370 18/04/94 Ar. 3256] c) El descuento salarial proporcional por huelga no repercute, en cambio, salvo que se comprendan dentro del período de huelga, en la retribución de los días festivos, que «no está conectada con un tiempo de trabajo precedente» sino con la «celebración de acontecimientos de orden religioso o civil» [ STS 24/01/94 Ar. 370] d) en relación con las pagas extraordinarias, el empresario no está autorizado para «anticipar descuentos futuros por un pago salarial que no se ha anticipado» [ STS 26/05/92 -rco 1244/91 - Ar. 3605] e) las pagas de participación en beneficios deben ser asimiladas a las gratificaciones extraordinarias a los efectos de descuento retributivo [ STS 18/04/94 Ar. 3256] y f) En relación con la retribución de las vacaciones rige implícitamente en las sentencias citadas el criterio de la imposibilidad de descuento, por aplicación analógica de la regla de cómputo como días de servicio para el cálculo de tal concepto retributivo de las ausencias justificadas al trabajo ( SSTS 11/10/94 -rco 190/94 (LA LEY 12166/1994) - Ar. 7765 13/03/01 -rec. 3163/00 (LA LEY 3888/2001) - Ar. 3178).

Por ello, al igual que han hecho los demandantes y estima la sentencia recurrida, que el cálculo de la hora ordinaria se hace al dividir el salario anual, menos los días de vacaciones, festivos y descanso por la horas de jornada anual y su resultado multiplicarlo por las horas concretas de huelga realizadas (24 horas). Y por lo mismo debe ser confirmada.

TERCERO.- Por último y con igual amparo procesal se denuncia la infracción del artículo 29.2 del Estatuto de los Trabajadores .

Que tampoco estimamos ya que como mantiene la sentencia del Tribunal Supremo de 17-6-2014 en el sentido de que:

a).- No cabe duda que el interés referido por el art. 1108 CC (LA LEY 1/1889) tiene una naturaleza claramente indemnizatoria, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que su importe se limite al legal del dinero, garantizando así la cuando menos legal -ya que no real- «actualización» del débito que haya de satisfacerse, fuese o no discutible su posible devengo.

Por el contrario, aparentemente, en el contexto económico actual -escasamente inflacionario y próximo a la deflación-, el interés fijado por el art. 29.3 ET . [diez por ciento de lo adeudado] parece que apunta más directamente -o de forma complementaria- a una finalidad sancionadora para el empresario incumplidor. Pero lo cierto es que a la fecha en que el primitivo Estatuto de los Trabajadores fue promulgado, con el mismo texto que el vigente a fecha de hoy, los datos oficiales proclamaron una inflación considerablemente más alta [15,592 para 1979 y 15,213 % para 1980], aunque el interés legal del dinero fuese en las mismas fechas bastante menor [4%], lo que excluye que en el ánimo del legislador pudiera haber influido aquella intención «sancionadora», sino más bien ofrecer una cierta seguridad jurídica y una compensación por demora que superase la civil.

Es más, a esta interpretación llevan los trabajos parlamentarios, pues si bien el Proyecto de Ley era una simple remisión al régimen del Código Civil [«El interés por mora en el pago del salario será el exigible en las obligaciones civiles»], el texto ofrecido por el dictamen de la Comisión -con mejora de los derechos de los trabajadores, al decir de la enmienda 21 de CD- ya hacía referencia a que en caso de mora en el pago del salario «el empresario deberá indemnizar al trabajador» en la cantidad que se fijase en convenio colectivo o en su caso la jurisdicción competente, «que tendrá en cuenta el importe de la remuneración, cargas familiares y causas que hubieran motivado el retraso». Pero lo cierto es que el texto definitivamente aprobado -tras la enmienda 509 del PCE- fue la de establecer la cantidad fija del diez por ciento de lo adeudado, que es la consecuencia que en la actualidad sigue vigente.

b).- Por ello, de igual modo nuestra más reciente doctrina se inclina por la aplicación flexible del interés «indemnizatorio» del Código Civil como regla general en toda clase de deudas laborales, de manera tal que el mismo se devengue siempre desde la reclamación del débito, cualquiera que éste sea y siempre que haya prosperado [bien en todo o bien en parte], en la misma forma la convicción actual de la Sala es que tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador -ex art. 29.3 ET - ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así -consideramos-, tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno [«El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado»] cuanto por el importante elemento interpretativo -ya aludido- que significan los trabajos parlamentarios previos «para desentrañar el alcance y sentido de las normas» [ SSTC 108/1986, de 29/Julio (LA LEY 11251-JF/0000) , FJ 13 109/1998, de 29/Mayo , FJ 2 15/2000, de 20/Enero (LA LEY 2891/2000), FJ 7 y 90/2009, de 20/Abril (LA LEY 34550/2009) , FJ 6], en los que claramente se pone de manifiesto -en este sentido, la Enmienda 21, de CD- la intención de mejorar para los trabajadores el régimen civil común de la mora en el incumplimiento de las obligaciones, que contemplaba un interés legal más bajo que la inflación y que además se aplicaba con todas las limitaciones que ofrecía la interpretación tradicional de la regla «in iliiquidis» y muy probablemente se hizo así por atender a los valores en juego -la relevancia vital que el salario tiene para el trabajador- y por considerar que no sólo era aconsejable ofrecer seguridad jurídica, sino de alguna manera limitar controversias que pudieran comprometer el sustento del empleado.

Desprendiéndose de todo ello que la sentencia recurrida es plenamente acorde con el ordenamiento jurídico y en consecuencia no vulnera la normativa que por la parte recurrente se invoca, por lo que procede previa desestimación del recurso dictar un pronunciamiento confirmatorio del impugnado en consecuencia,