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PRIMERO.- Antecedentes del caso

2.- La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación por considerar que el escrito de interposición había sido presentado fuera de plazo. Argumentó que el plazo de interposición del recurso es improrrogable y cuando se dictó diligencia de ordenación acordando la suspensión del plazo y su nuevo cómputo desde que se entregara la copia de la grabación del juicio, el plazo de interposición del recurso ya había finalizado y la posibilidad de recurrir había precluido. Según la Audiencia, no habría concurrido fuerza mayor que justificara la interrupción del plazo de recurso porque la no entrega de la copia de la grabación no es imprevisible, y porque puede completarse el alegato para recurrir con los detalles sobre prueba personal con la toma directa de datos por el letrado que asume la defensa, y que participa en el acto.

SEGUNDO.- Formulación de los dos primeros motivos del recurso

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula por el cauce del apartado 3º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , por infracción del art. 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) .

En el desarrollo del motivo se alega que la infracción se habría producido al no respetar la Audiencia la fuerza de cosa juzgada formal de la diligencia de ordenación que acordó suspender el plazo para recurrir y concederlo de nuevo a partir de la entrega de la copia de la grabación, puesto que tal diligencia no había sido recurrida y quedó firme.

2.- El segundo motivo, por el cauce del apartado 4º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , denuncia la vulneración del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) .

En el desarrollo del motivo se justifica la infracción porque el Tribunal Constitucional ha reconocido rango constitucional al efecto de cosa juzgada formal, y la sentencia recurrida revisa una resolución firme.

TERCERO.- Decisión del tribunal. La competencia para decidir sobre la concurrencia de los requisitos de admisión del recurso de apelación corresponde a la Audiencia Provincial

1.- Pese a que la primera parte del recurso de apelación se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia, pues la interposición del recurso, su admisión, la presentación de la oposición y, en su caso, de la impugnación formulada por el apelado y la contestación a esta por parte del apelante originario, se tramitan ante dicho juzgado, la Audiencia Provincial mantiene la plena competencia para decidir sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para apelar la resolución de primera instancia.

2.- La decisión del Juzgado de Primera Instancia sobre la admisión del recurso es provisoria, hasta el punto de que conforme al último párrafo del art. 458.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso de apelación no cabrá recurso alguno y la parte recurrida que postule la inadmisibilidad de la apelación podrá alegarla en el trámite de oposición al recurso.

3.- El tribunal de apelación no queda vinculado por las resoluciones del juzgado que conducen a la admisión del recurso, incluso aunque la parte vencedora no las haya impugnado, porque los requisitos de admisión del recurso son controlables de oficio por el tribunal de apelación.

4.- Este tribunal ha declarado, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad del recurso puede abordarse de nuevo o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión cuando falten de tales presupuestos (por todas, sentencia 232/2017, de 6 abril (LA LEY 18770/2017)).

Hemos declarado que las normas que rigen el acceso a los recursos son de carácter imperativo, no disponibles para las partes ni para el órgano judicial. El examen de su observancia puede ser efectuado de oficio, por lo que es posible, incluso obligado, examinar en la fase de decisión la pertinencia de la formulación del recurso en función de la resolución recurrida (por todas, sentencia 5/2018, de 10 de enero (LA LEY 76/2018) ).

Esta doctrina, declarada en esas sentencias respecto del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo, también es aplicable al recurso de apelación.

5.- Por tanto, el hecho de que las resoluciones del juzgado que han permitido la admisión del recurso de apelación hayan quedado firmes, bien porque no sean susceptibles de recurso ( art. 458.3, último inciso, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) ), bien porque no hayan sido recurridas (como es el caso del presente recurso), bien porque, recurridas ante el propio juzgado, hayan resultado confirmadas (como fue el caso objeto de la sentencia 244/2018, de 24 de abril (LA LEY 33159/2018)), no priva a la Audiencia Provincial de su competencia para comprobar la concurrencia de los requisitos de admisión del recurso de apelación y, en su caso, para inadmitir el recurso si esos requisitos no se han cumplido.

6.- Como conclusión de lo expuesto, las resoluciones del juzgado que han determinado la admisión del recurso de apelación tienen la condición de provisorias y son susceptibles de reconsideración por la Audiencia Provincial, de oficio o a instancia de parte, de modo que un recurso de apelación puede resultar desestimado por la Audiencia Provincial por considerar que no se han cumplido los requisitos para su admisión.

7.- Consideración distinta merece el supuesto en que esas resoluciones hayan sido dictadas por el juzgado antes del transcurso de interposición del recurso de apelación, y en ellas se interrumpa o suspenda el plazo para recurrir. En este caso, pese a que la resolución del juzgado pueda ser incorrecta, puede determinar que el recurso deba ser admitido, porque en ocasiones esas resoluciones crean en la parte vencida la confianza legítima en que podía apelar la resolución en un determinado plazo, de modo que, si no se hubiera dictado tal resolución, la parte habría actuado de otra forma, adelantando la interposición del recurso. Es necesario proteger la confianza legítima que en los justiciables provocan las resoluciones judiciales, sin perjuicio de negar amparo a actuaciones de mala fe de la parte.

CUARTO.- Formulación del tercer motivo

1.- El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, formulado por el cauce del art. 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , denuncia la infracción del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) .

2.- La infracción se habría producido porque la decisión de inadmisión del recurso adoptada por la Audiencia Provincial se adoptó sin ponderar el supuesto defecto cometido, su incidencia en la finalidad perseguida por la norma considerada infringida y su trascendencia para las garantías procesales de las partes en el proceso. Según el recurrente, la Audiencia Provincial realizó una interpretación de los arts. 134 (LA LEY 58/2000) y 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la tutela judicial efectiva en su dimensión de acceso a los recursos, conforme a la cual los tribunales deben interpretar y aplicar los requisitos legalmente establecidos para el acceso a los recursos en el sentido más favorable a la efectividad de este derecho, y evitar la imposición de formalismos contrarios al espíritu y finalidad de la norma.

QUINTO.- Decisión del tribunal . Suspensión del plazo para interponer el recurso por la necesidad de disponer de una copia de la grabación del juicio

1.- Que la competencia para decidir si la admisión del recurso de apelación fue correcta corresponda a la Audiencia Provincial, como se ha afirmado al resolver los anteriores motivos, no excluye que tal decisión deba ajustarse a las exigencias del derecho a los recursos que la normativa procesal otorga a las partes y que su infracción pueda ser controlada en el recurso extraordinario por infracción procesal.

2.- Aunque el derecho al recurso es un derecho de configuración legal, tiene también anclaje constitucional en el art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , por más que el principio pro actione que se consagra en este precepto constitucional opere con mayor intensidad en la fase inicial del proceso, cuando se trata de acceder a la jurisdicción, que en las sucesivas, cuando se intentan utilizar los recursos de nuestro sistema procesal, como ha precisado el Tribunal Constitucional. El derecho a la tutela judicial efectiva se infringe si la decisión judicial de inadmisión del recurso no se encuentra justificada, se funda en una causa legal inexistente o en un rigor excesivo de interpretación de los requisitos, o ha incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica (por todas, sentencia del Tribunal Constitucional 107/2005, de 9 de mayo (LA LEY 1320/2005) ).

4.- Es cierto que no pueden ampararse las conductas contrarias a buena fe, como la que supone solicitar la copia de la grabación cuando el plazo está a punto de expirar para justificar una solicitud de suspensión del plazo, como fue el caso objeto de la sentencia 244/2018, de 24 de abril (LA LEY 33159/2018). Pero en el presente caso, la parte recurrente ha mostrado una conducta diligente y no ha infringido las exigencias de la buena fe al confiar en que la inacción del tribunal no podía causarle perjuicio.

SEXTO.- Costas y depósito

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que ha sido estimado, de conformidad con los artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) .

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) .