SEGUNDO.- Los hechos declarados probados a partir de los cuales se debe resolver el presente recurso de suplicación, se pueden sintetizar de la forma siguiente: (a) A la demandante le fueron reconocidas prestaciones de desempleo en su modalidad contributiva por resolución del SPEE de fecha 9 de enero de 2015 con fecha de inicio de 1 de enero de 2015, con una duración de 660 días, hasta el 30 de octubre de 2016, y base reguladora diaria de 21,08 euros; (b) al iniciar actividad profesional como abogada, la actora en fecha 23 de julio de 2015 solicitó la prestación de desempleo en su modalidad de pago único y subvención de las cuotas de cotización de la Seguridad Social, que fue aprobada por resolución de la Dirección provincial del SPEE en fecha 6 de agosto de 2015, quedando condicionado el abono de la misma como subvención del importe de la cotización a la presentación de la documentación pertinente; (c) la demandante aportó los justificantes de pago de las cuotas satisfechas y el Certificado de Alta emitido por la Mutualidad de Previsión Social de la Abogacía, solicitando en fecha 6 de agosto de 2015, se procediese al abono de la subvención mensual del importe de las cuotas de cotización a la Institución de previsión Social de los Abogados, Mutualidad de la Abogacía. Y por resolución de 9 de noviembre de 2015, el SEPE denegó el pago único en su modalidad de subvención del importe de las cuotas de cotización, alegando que la solicitante no figura de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. (d) La actora figura en alta en el Colegio de Abogados de Lugo como abogada ejerciente desde el 7 de septiembre de 2015, abonando las cuotas de la Mutualidad de la Abogacía, figurando de alta en el sistema de previsión profesional alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Partiendo de estos antecedentes fácticos, la cuestión litigiosa consiste en determinar si la actora tiene derecho a percibir la cuantía de la prestación de desempleo en su modalidad de pago único, en los términos solicitados, esto es, subvención mensual por parte del SPEE del importe las cuotas correspondientes a la cotización efectuada por la actora a la Institución de Previsión Social de los Abogados, Mutualidad de la Abogacía, posibilidad admitida por la Sentencia recurrida; o bien, por el contrario, no procede el abono de dichas cuotas, por darse de alta la actora en la Mutualidad de la Abogacía, y no en un Régimen de la Seguridad Social, en este caso en el RETA, tal como sostiene la representación del SPEE en su recurso.
Esta cuestión ha de resolverse en el sentido expresado por la Sentencia recurrida, tal como se viene declarando por los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Así, en la Sentencia del TSJ de Cataluña de fecha 17 de mayo de 2016 , en un supuesto similar al aquí enjuiciado, se declara que "esta cuestión ha sido resuelta por diversas sentencias de esta Sala de 25 de octubre de 2013 , 26 de octubre de 2007 , de 30 de noviembre de 2004 , de Asturias de 28 de abril de 2006 , Cantabria de 29 de diciembre de 2003 , Comunidad Valenciana de 18 de junio de 2009 , Madrid de 4 de febrero de 2015 , de 15 de octubre de 2014 , 15 de diciembre de 2014 , Castilla-la Mancha de 23 de mayo de 2013 , en el sentido siguiente. La referida mutualidad no es una cualquiera de naturaleza privada, sino que a tenor de lo dispuesto en su día en la aún vigente disposición adicional 15ª de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre (LA LEY 3829/1995) y como resultado de una evolución legislativa que no resulta necesario referir en este caso, tiene la consideración de mutualidad de previsión social alternativa al régimen de autónomos. Y por ello mismo y en virtud de lo establecido en la disposición adicional 46ª de la Ley 27/2011 de 1 de Agosto (LA LEY 15918/2011) , el alcance de su cobertura no es por entero libre, sino que "deberán ofrecer a sus afiliados, mediante el sistema de capitalización individual y la técnica aseguradora bajo los que operan, de forma obligatoria, las coberturas de jubilación; invalidez permanente; incapacidad temporal, incluyendo maternidad, paternidad y riesgo del embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y orfandad". La DA 15ª de la ley 30/1995 de 8/11 (LA LEY 3829/1995) , de ordenación y supervisión del seguro privado, en redacción de la ley 50/1998 de 30/12 (LA LEY 4701/1998), derogó la exigencia de incorporación colectiva de los miembros de los Colegios Profesionales en el Reta, de modo que a partir de 1 de enero de 1999, los profesionales colegiados tienen la posibilidad de optar entre la incorporación a la Mutualidad de Previsión Social que tuviera establecida su Colegio Profesional o afiliarse al RETA, si se trata de Mutualidades constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995, quedando configuradas como mecanismos de protección y aseguramiento "alternativos" al RETA, abandonándose la anterior opción colegial por el RETA y estableciendo una opción individual, de modo que lo que hace la reforma legal es sustituir la prohibición que anteriormente afectaba a los abogados, a título individual, de incorporarse al RETA, por la obligación de afiliarse, pero con la posibilidad de que se sustituya por la incorporación a la Mutualidad que tenga establecida el Colegio Profesional. Por su parte la DT 4ª de la Ley 45/2002 (LA LEY 1695/2002) introdujo determinadas modificaciones en el RD 1044/1985 (LA LEY 1540/1985) por el que se establecía la modalidad de pago único de la prestación por desempleo, indicándose en este sentido en su regla 2ª lo siguiente: "2.ª La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto: a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el importe de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador que corresponda a la base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social; en tal caso, se abonará ésta última . El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente". De manera que, como razona la Sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2013 cuando se opta por el alta en la Mutualidad de Previsión Social del Colegio de Abogados, -ha de añadirse que con análoga protección, por disposición legal- a través de la misma se obtiene la protección y aseguramiento que otros obtienen a través del RETA, de ahí que, siendo la finalidad de la regla 2ª de la DT 4ª.1 de la Ley 45/2002 (LA LEY 1695/2002) , destinar la parte de prestación por desempleo que resta por percibir al beneficiario, a sufragar el abono de las obligadas cuotas de aseguramiento, sea el del RETA, sea el alternativo, tal finalidad se vería frustrada si, como pretende el SPEE, se limitara única y exclusivamente a los desempleados que cuando se incorporan al ejercicio de una actividad por cuenta propia se afilian al RETA, puesto que el término «Seguridad Social» utilizado por la norma que analizamos ha de ser entendido, tanto en relación al RETA, como a los sistemas de protección y aseguramiento configurados como alternativos por el propio legislador..."
La aplicación de la anterior doctrina al caso enjuiciado, comporta la desestimación del recurso del SPEE, por cuanto
constando acreditado que la actora ha justificado el Alta en la Mutualidad de Previsión Social de la Abogacía, así como el pago de las cuotas satisfechas a la misma, tiene derecho a que la prestación por desempleo que resta por percibir a la beneficiaria, se destine a sufragar el abono de las obligadas cuotas de aseguramiento, a este sistema alternativo al RETA, como es la Mutualidad de la Abogacía, al admitirse legalmente la posibilidad de que se sustituya la afiliación al RETA, por la incorporación a la Mutualidad establecida por el Colegio Profesional correspondiente, en este caso Mutualidad de la Abogacía, de ahí que la interpretación efectuada por el Magistrado de instancia resulta plenamente ajustada a derecho, debiendo confirmarse su decisión, previa desestimación del recurso del SPEE. Por todo ello: