PRIMERO.- El demandante, jugador profesional de fútbol, interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su demanda, por entenderse en ella que carece de acción porque no ha existido el despido contra el que reclama ni, por tanto la caducidad alegada por el club sino, si acaso, incumplimiento por el demandado de una promesa u obligación de concertar un futuro contrato de trabajo.
El primer motivo de recurso se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo nueva redacción para el segundo, el tercero y el cuarto.
No puede prosperar la nueva redacción propuesta para el hecho probado segundo porque, refiriéndose al documento de finiquito, al remitirse a él la sentencia, a su contenido puede acudirse para determinar sus consecuencias, las cuales no son cuestiones fácticas sino jurídicas que habrán de dilucidarse en otro tipo de motivos del recurso. Como nos dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012 (LA LEY 93853/2013), si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia.
Tampoco puede prosperar la revisión del hecho probado tercero porque lo que pretende el recurrente es introducir conceptos jurídicos, como "renovado el contrato" o "en concepto de salario" que no pueden acceder al relato fáctico de una sentencia porque, precisamente, se discute si, después de la suscripción del documento al que se refiere el hecho anterior, volvió a existir contrato de trabajo entre las partes y si lo que percibió el demandante puede considerarse o no salario. Se trata, por tanto, de cuestiones que no son fácticas, sino jurídicas y su planteamiento en el recurso ha de hacerse no por el apartado b), sino por el c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) mediante el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia que se hayan cometido en la sentencia de instancia. Así, nos dicen las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013, rec. 108/2012 (LA LEY 111914/2013), 29 de abril de 2014, rec. 242/2013 (LA LEY 60589/2014) y 16 de julio de 2015, rec. 180/2014 (LA LEY 127110/2015) que "las calificaciones jurídicas no tienen cabida entre los hechos declarados probados, y de constar deben tenerse por no puestas, siendo la fundamentación jurídica su adecuada -y exclusiva- ubicación" y las de 8 de febrero de 2010, rec. 107/2009 (LA LEY 3242/2010) y de 11 de noviembre del mismo año, rec. 153/2009 que "Un motivo de este tipo no puede usarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo".
En el hecho cuarto, pretende el recurrente añadir "..., que fue comunicada verbalmente el 31 de agosto y de forma simultánea mediante correo electrónico enviado por D. Roque, empleado del club", sin que tampoco pueda accederse a ello porque, como se mantiene en la impugnación, la revisión se apoya en medios de prueba que no son hábiles a estos efectos, como son el interrogatorio del propio demandante y unos documentos que no pueden determinar ni que se produjera lo que pretenden representar ni la veracidad de lo que en ellos consta.
SEGUNDO.- En el otro motivo del recurso se denuncia la infracción de los artículos 1 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio (LA LEY 1635/1985), por el que se regula la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales, con cita también de una STS y de los arts. 1.254 (LA LEY 1/1889) y 1.282 del Código Civil (LA LEY 1/1889), 55 ET y 15 del mismo RD, denuncia que no puede prosperar.
En efecto, como se mantiene en la STS de 2 de abril de 2007, rec. un. Doc. 4.391/2007, que es a la que debe referirse el recurrente, "la única particularidad que la relación especial de los deportistas profesionales presenta frente a la relación laboral común, es la especificidad del servicio prestado, porque -aparte de lo indicado- requiere la presencia de todos los presupuestos que caracterizan el vínculo ordinario de trabajo" y, por ello, han de regir también respecto a esa relación los principios generales que son de aplicación a la relación laboral común ( art. 21 RD 1006/85 (LA LEY 1635/1985)), en particular respecto a su existencia y, como ha declarado el TS, por ejemplo en Sentencias de 23 y 26 de enero y 17 de diciembre de 1990, es a quien pretende la existencia del contrato de trabajo a quien corresponde la carga de acreditar que concurren tales condiciones. Así, nos dice la primera de esas resoluciones que "en base a lo que dispone el artículo 1214 del Código Civil (LA LEY 1/1889), es el demandante que alega la existencia de un contrato de trabajo con el demandado o demandados, quien está obligado a demostrar la existencia del mismo, es decir la existencia de la relación laboral pretendida, puesto que este artículo 1214 le impone la carga de la prueba a tal respecto, al disponer que "incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento"" y que "Carece de toda base de razón aplicar aquí la presunción favorable a la existencia del contrato de trabajo, que proclama el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto que no se ha demostrado que concurran en el presente supuesto ninguno de los puntos o base de partida que este artículo exige para que pueda entrar en juego esta presunción. Esto es claro, toda vez que, a este respecto, es necesario que quede acreditado que el interesado "presta sus servicios por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro"".
Lo mismo ha de sostenerse en virtud del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) pues corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y aquí, para que pueda declararse la improcedencia de un despido, que es lo que se solicita en la demanda, es condición indispensable que haya existido una relación laboral, un contrato de trabajo que la empresa haya querido extinguir.
Aquí consta que entre las partes existió un contrato de trabajo que determinó una relación de carácter especial de deportistas profesionales que se mantuvo hasta el final de la temporada 2016/2017, pero también que esa relación quedó rota por la decisión del club de no contar con los servicios del demandante para la temporada siguiente, suscribiendo las partes un recibo de finiquito y sin bien es cierto que también en la sentencia de instancia se considera probado que en los meses de julio y agosto de 2017, en pretemporada, el demandante disputó con el club varios partidos amistosos, no consta que lo fuera con esas condiciones que determinan un contrato de trabajo. El hecho de jugar partidos con el club no determina por sí solo que se tratara de una prestación de servicios, y que percibiera una cantidad de dinero tampoco lo supone porque lo percibido deba considerarse salario, entre otras razones porque difícil es considerarlo como tal si, aún, suponiendo que ya el día 1 de julio disputara algún partido, el abono se produjo el día 2, pudiendo corresponder, como se mantiene en la impugnación, a conceptos devengadas en la temporada anterior, como, por ejemplo, primas que dependen de resultados que no se conocen sino hasta final de temporada.
Por ello, ante esa falta de acreditación, no cabe sino rechazar las pretensiones del demandante, como se desprende del num. 1 del citado art. 217 LEC (LA LEY 58/2000), según el cual, cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones y aquí, como se desprende de lo expuesto, al demandante correspondía la carga de probar la existencia de una prestación de servicios en las condiciones establecidas en el art. 1.1 ET posterior a la extinción de la relación y no ha cumplido con esa exigencia.
Ante lo expuesto, no cabe la aplicación de la presunción en favor de la existencia del contrato de trabajo establecida en el art. 8.1 ET, pues, para que surta efectos se exige la concurrencia de todas las notas que identifican a la relación de trabajo asalariado y, consecuentemente, al contrato de trabajo, resultando, por el contrario, que si no se prueba su existencia, no puede aplicarse tal presunción pues el supuesto de hecho que contempla requiere no sólo la existencia de prestación de servicios, que aquí ni siquiera consta como tal, sino que la misma se realice concurriendo las notas que identifican la relación laboral ( STS de 25 de marzo de 1991).
En definitiva, como en la sentencia recurrida no se han producido las infracciones que en el recurso se denuncia, la resolución ha de ser confirmada y el recurso desestimado.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,