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PRIMERO.- En cuanto a los hechos declarados probados, los mismos se obtienen de los documentos que en ellos se indica, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artícu lo 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011).

SEGUNDO.- Se solicita que se dicte sentencia por la que se condene a la empresa demandada por la vulneración de la libertad sindical del Sindicato USIPA, así como al cese inmediato de la conducta antisindical; y a indemnizar al Sindicato USIPA, en la cuantía de 25.001 euros, por los daños morales sufridos por la lesión de sus derechos fundamentales, impidiendo el libre ejercicio de su libertad sindical, según lo relatado en la demanda. Desiste de la demanda presentada frente a los sindicatos, desistimiento que es consentido por FESCM-UGT y que no es consentido por los sindicatos CSOI y STU.

Frente a tal pretensión, SINDICATO CC.OO.-FCS (COMISIONES OBRERAS), SINDICATO USO-FTSP (UNIÓN SINDICAL OBRERA) y SINDICATO CSI-F (CONFEDERACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS), no comparecieron al acto del juicio pese a constar citados en legal forma.

SINDICATO CSOI y SINDICATO STU (SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS), se oponen a la demanda, alegan que no cabe demandar a los sindicatos en el presente procedimiento, sin que se haya justificado la incomparecencia de USIPA en las negociaciones. Y cualquier caso, si hubiera irregularidades en las negociaciones lo procedente hubiera sido llevar a cabo la impugnación del convenio. En conclusiones solicitan que se condene en costas al sindicato demandante y, asimismo, se le imponga una multa por temeridad.

Alcor seguridad SL, se opone a la demanda, alegó que se han celebrado cinco reuniones para la negociación del convenio estando previamente citadas todas las secciones sindicales, las citaciones a USIPA se remitieron al correo electrónico que el propio sindicato facilitó, habiendo comparecido la representante del sindicato a la primera reunión, a la segunda no compareció remitiendo informe hospitalario la Delegada sindical y al resto de las reuniones no compareció, costando la Delegada sindical en situación de IT, sin que tampoco compareciera Eleuterio , sin que sea admisible justificar la incomparecencia mediante la alegación de que la empresa había cerrado porque había hecho puente o que el sindicato recibió el correo electrónico en la carpeta de Spam. La delegada sindical el 26 de enero manda un correo diciendo que cesa como delegada sindical y se da de baja, afiliada, el 1 de octubre de 2018 de nuevo es nombrada delegada sindical y el 29 de octubre vuelve a cesar es nombrado otro señor.

El Ministerio Fiscal en su informe alegó que no ha habido discriminación sino desconcierto organizativo del sindicato. En cuanto a las quejas de sindicato demandante de que los correos convocándole para las negociaciones se remitieron el fin de semana, sorprende que un sindicato que trabaja en seguridad se quede incomunicado en fin de semana desatendiendo a sus afiliados y finalmente informa que no se ha conculcado el derecho de libertad sindical.

TERCERO.- La demanda de tutela de derechos fundamentales por vulneración de la libertad sindical se fundamenta en el trato discriminatorio efectuado por la empresa al sindicato USIPA en la negociación y firma del II Convenio colectivo de Alcor Seguridad S.L. que fue firmado el 11 de diciembre de 2017 por las secciones sindicales de CSOI y STU que suman la mayoría los miembros de los comités de empresa y delegados de personal en representación de los trabajadores por resultar inadmisible-a juicio al demandante-que se les cite a las 20:00 de la noche del martes 5 de diciembre para una reunión a celebrar el jueves siguiente, 7 de diciembre, siendo festivo el día anterior, miércoles 6, coincidente con el puente de la Constitución, sin que sea objeto de la demanda el hecho de que se haya negociado el convenio en el puente de la constitución entre reuniones, cuando los festivos por medio reconociendo que las partes legitimadas para negociar son libres para hacerlo en la forma que establezca conforme a derecho y una vez cumplidas las formalidades exigibles. L a demanda se formula por haberse discriminado al sindicato con el propósito de que no pueda participar en la negociación.

La modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales circunscribe su objeto al análisis de la existencia o inexistencia de la vulneración invocada, atendiendo a la configuración constitucional del derecho cuya tutela se insta -tanto directa, como en las normas legales que desarrollan la delimitación de tal derecho-. Estamos ante un procedimiento de cognitio limitada, en tanto no incide en las posibles derivadas que los actos atribuidos a la parte demandada pudieran tener desde la óptica de la legalidad ordinaria, si no está en juego en ellos esa afectación del derecho fundamental en cuestión. En este caso se está ejercitando la acción de tutela de la libertad sindical, la respuesta a la pretensión pasa por examinar la lesión denunciada desde la exclusiva posición de la salvaguarda del derecho de libertad sindical, que la parte actora considera afectado.

Pues bien, partiendo de ese marco del procedimiento de tutela, el legislador ha aligerado las obligaciones probatorias de la parte demandante al permitir que "... una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su un proporcionalidad" ( art. 181.2 LRJS (LA LEY 19110/2011)).

Por consiguiente, es a la parte actora a la que incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. Así lo ha avalado la doctrina constitucional cuando ha declarado que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( STC 21/1992 (LA LEY 1871-TC/1992) y 180/94 (LA LEY 17175/1994)) . Sólo tras concurrir la existencia de tales indicios, deberá el demandado probar bien que la vulneración del derecho no guarda relación alguna con su propio comportamiento, o que concurren circunstancias de entidad suficiente para disipar cualquier sospecha de trato antisindical, o que los hechos denunciados carecen de la eficacia suficiente para ser calificados como atentatorios al derecho fundamental ( STS/4ª de 5 diciembre 2000 (LA LEY 3254/2001) -rec. 4374/1999-, reiterada en la STS/4ª de 21 febrero 2018 (LA LEY 10152/2018) -rcud. 842/2016-).

CUARTO. - 1. En el presente caso, es cierto que, la exclusión del sindicato demandante de la toma de decisión en el seno de la comisión negociadora, pese a formar parte de la misma, puede constituir un indicio de conducta lesiva para la libertad sindical del sindicato en cuestión. Ahora bien, de la prueba practicada se desprende que,

El 30 de junio de 2017, Alcor seguridad S.L., notificó a Modesta, delegada sindical de USIPA, al igual que al resto de los sindicatos la denuncia del convenio colectivo de Alcor Seguridad S.L., así como la promoción de la negociación de un nuevo convenio, a cuyo fin se les convocaba con el objeto de constituir la Comisión negociadora para el día 27 de julio de 2017,

El 27 de julio de 2017 se celebró la primera reunión para la constitución de la mesa de negociación del Convenio, comparecieron CSOI, STU, CCOO, CSIF y USIPA, se convocó también con voz y sin voto a sindicatos que tenían miembros en el Comité de empresa, pero no tenían sección sindical estatal, como USO. UGT no compareció. Se pospone la reunión para el día 8 de septiembre de 2017.

El 8 de septiembre de 2017, se constituyó la Comisión negociadora. A dicha reunión asisten CSOI, STU, CSIF y USO, no comparecen CCOO, UGT y USIPA, cuya delegada sindical Modesta remitió informe hospitalario.

Se convocó a una nueva reunión para el 27 de octubre de 2017 que quedó suspendida.

La Central Sindical USIPA se dirigió a ALCOR por escrito el día 27 de octubre de 2017, para notificarle que en el caso de que se iniciase la negociación colectiva del segundo Convenio Colectivo de Alcor Seguridad, S.L., se había designado como representante de la Sección Sindical Estatal de USIPA, al trabajador Eleuterio, quien era el Secretario General de la Sección Sindical, y quien podía ser convocado en la sede del Sindicato, mediante fax, o bien en el correo electrónico del Secretario General de SAISUSIPA, Eulalio.

Se convocó a todos los sindicatos presentes en la Comisión negociadora, entre ellos a USIPA (al que se convocó mediante correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2017 a las 20:10 horas, habiéndose convocado al resto de los sindicatos mediante burofax o correo electrónico remitido el 4 de diciembre de 2017), y como invitados a USO e Intersindical Canaria para una reunión el día 7 de diciembre de 2017.

A la reunión de 7 de diciembre de 2017 acuden todos los sindicatos, salvo UGT y USIPA, no comparece Dª Modesta (delegada sindical de USIPA que está de baja por IT, y tampoco comparece D. Eleuterio que fue citado a través del correo electrónico facilitado por el Secretario General de dicha central sindical en su fax de 27 de octubre de 2017.

En la reunión del 7 de diciembre se acordó convocar una nueva reunión para el 9 de diciembre de 2017 remitiendo la empresa citación a todas las secciones sindicales para dicha fecha incluida a USIPA mediante el correo electrónico que había facilitado a la empresa. El 9 de diciembre de 2017 tuvo lugar la reunión a la que no compareció USIPA, convocándose una nueva reunión para el 11 de diciembre siguiente citando la empresa a todas las secciones sindicales incluido a USIPA. El 11 de diciembre de 2017 habiéndose convocado a USIPA, tampoco acude a la reunión. En dicha fecha se acuerda aprobar, suscribir y firmar el texto del II convenio colectivo de la empresa Alcor Seguridad S.L., proceder a su comunicación a la autoridad laboral competente e instar la aprobación, publicación y registro del convenio colectivo a la autoridad laboral. El citado convenio fue firmado por la sección sindical de CSOI que representa el 46,87% de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, y por la sección sindical de STU que representa al 9,38% por lo que la Dirección General de Empleo procede a dictar resolución resolviendo su registro y publicación en el BOE. Fue publicado en el BOE número 72 de 23 de marzo de 2018.

Es decir que la delegada sindical de USIPA compareció a la primera reunión, en la segunda reunión remitió un parte hospitalario y al resto de la reuniones, a pesar de que fue convocado el sindicato mediante correo electrónico que el propio sindicato facilito a la empresa, no compareció ni la delegada sindical, ni el delegado sindical designado en el mes de octubre de 2017 D. Eleuterio , de tales hechos la conclusión alcanzada es que no cabe apreciar trato discriminatorio ni vulneración del derecho de libertad sindical porque al sindicato demandante se le convocó igual que al resto de las secciones sindicales habiéndose debatido el convenio en el seno de la Comisión negociadora obteniéndose el resultado final en atención a lo que en dicha comisión se decidió por mayoría y si el sindicato no recibió las citaciones que le fueron remitidas fue por causa imputable al mismo puesto que fueron remitidas al correo electrónico que el propio sindicato facilito a la empresa, pudiendo haber accedido al correo máxime cuando era conocedor de que se habían iniciado los trámites para la negociación del convenio.

En definitiva, en línea con el informe del Ministerio Fiscal, no cabe apreciar tratamiento discriminatorio ni vulneración del derecho de libertad sindical invocados, siendo la controversia subyacente una cuestión ajena al marco de la tutela de derechos fundamentales y al no apreciarse aquella vulneración, no es posible sustentar derecho alguno a su reparación.

QUINTO. - EL sindicato CSOI y sindicato STU demandados en el presente procedimiento, solicitan que se imponga al sindicato demandante una sanción pecunia por temeridad así como el abono de los honorarios de los letrados de los sindicatos demandados y lo fundamentan en que carece de justificación el haberlos demandado y las disfunciones que les han causado, han tenido que comparecer en juicio con lo que ello conlleva de gastos de desplazamiento y preparación del juicio, para luego desistir de su demanda el mismo día del juicio, con antelación a su celebración, lo que no es consentido por los sindicatos CSOI y STU habiendo sido demandados de manera temeraria.

A juicio de la Sala concurre en la parte demandante temeridad por haber de demandado a los sindicatos CSOI y STU cuando en realidad la demanda se centra en el trato discriminatorio y vulneración del derecho de libertad sindical efectuado por la empresa al sindicato demandante, lo que ha sido corroborado por la propia parte demandante con antelación al acto del juicio al desistir de su demanda presentada frente a los sindicatos codemandados, causando disfunciones al sistema judicial y fundamentalmente a los sindicatos demandados. Esta circunstancia justifica la imposición de una multa por temeridad de 500 €. Sin que proceda la imposición de costas al sindicato demandante porque el art. 97.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) que contiene la posibilidad de que en aquellos casos en los que se aprecie la temeridad o mala fe se pueda condenar en costas a quien incida en ella, no puede servir de base para la imposición de las costas a quien es sindicato demandante pues si bien se admite en la fórmula simple del art. 97.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) que aunque se hable de su imposición al empresario, se incluyan a los demandados que fuesen litigantes en el proceso, es claro que se haya excluido el demandante que, salvo supuestos de legítima reconvención, no puede resultar condenado.