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PRIMERO.- El único hecho probado se funda en la valoración conforme a las reglas de la sana critica del testimonio prestado en juicio por el Presidente del Comité de Empresa Sr. Darío, y por el responsable de Relaciones Laborales, Sr. Mario.

SEGUNDO.- El objeto de la presente resolución judicial consiste en determinar si, conforme mantiene la ejecutante en su escrito de 5 de noviembre de 2018, la empresa no ha cumplido aún con la obligación impuesta en la Sentencia de este Juzgado, declarativa en materia de conflicto colectivo (autos 943/2014), cuyo Fallo estableció que:

"Que estimando íntegramente la demanda de conflicto colectivo promovida por D. Javier Marijuan Izquierdo, en nombre y representación de la Confederación General del Trabajo de Valladolid, contra las empresas Konecta Servicios BPO, S.L. y Telemarketing Golden Line, S.L. y los Sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF, debo declarar y declaro contraria a derecho, por nula, la decisión empresarial consistente en suprimir la puesta a disposición de los trabajadores de fuentes de agua mineral embotellada, reconociendo el derecho de la plantilla a disfrutar de dicho servicio en las mismas condiciones que tenían antes de su retirada consistente en poner a su disposición fuentes de agua mineral a dos temperaturas con sus correspondientes vasos en las diferentes salas y en la misma cuantía que las que proporcionaba la empresa Telemarketing Golden Line, S.L.".

TERCERO.- Como ya hemos recordado en los Antecedentes, tras la firmeza de la Sentencia (por Diligencia de Ordenación de 31 de julio de 2017 se acordó el archivo de las actuaciones) , la parte actora solicitó su ejecución mediante escrito registrado en este Juzgado el 27 de junio de 2017 y, tras diversos trámites, se acordó finalmente mediante Auto de 12 de febrero de 2018, confirmado por el de 30 de abril de 2018, éste último también confirmando en revisión el Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia, de 12 de febrero de 2018, por el cual se le había conferido a la empresa un plazo de dos meses para poner a disposición de la plantilla 31 fuentes de agua minera a dos temperaturas con sus correspondientes vasos en las diferentes salas de trabajo y en la misma cuantía que las que proporcionaba la empresa Telemarketing Golde Line, S.L., junto con los apercibimientos contenidos en el número 2 y 3 del artículo 241 LJS (LA LEY 19110/2011).

CUARTO.- Nuestra última decisión, el referido Auto de 30 de abril de 2018, confirmó por tanto la previa decisión de despachar orden de ejecución y los términos de la misma, sin que hasta el momento conste más cumplimiento que el referido al número de fuentes (que la empresa volvió a discutir en el incidente resuelto por el Auto citado) y el suministro de agua mineral (en lugar del inicialmente proporcionado de potable de red) a partir del mes de noviembre de 2018. Sin embargo, la parte ejecutante vuelve a registrar nuevo escrito el 5 de noviembre de 2018 en el cual, admitiendo que desde el mes de noviembre el agua suministrada era mineral, no se garantizaba sin embargo un suministro permanente del mismo al no reponerse las garrafas, que entiende deben ser 600 al mes, con una capacidad de 25 litros hasta sumar mensualmente (x31 fuentes) 15.000 litros de agua, reiterando la petición de imposición de apremios y multa por temeridad, citándose de nuevo a las partes a un segundo incidente de ejecución para determinar si la Sentencia había sido finalmente cumplida, así como la procedencia de la imposición efectiva de los apremios y multa solicitados.

QUINTO.- Pues bien, lo que se acreditó en el acto es que, efectivamente, la empresa no garantiza un suministro continuado y permanente del agua mineral: así lo ha testificado el Presidente del Comité de Empresa, Sr. Darío, manifestando que las garrafas con las que se repone el agua mineral de las fuentes se agota en tres o cuatro días, mientras que cuando el derecho era efectivo con la anterior empleadora, tenían agua sin interrupción, permanente y a demanda. En el mismo sentido se manifiesta el propio testigo de la empresa, responsable de Relaciones Laborales Sr. Mario, manifestando que con la anterior empresa (Golden Line) no había problemas de reposición y que actualmente la reposición de agua en las fuentes utilizadas por los teleoperadores, dura tres o cuatro días aunque en la sala donde él se encuentra sí alcanza hasta la siguiente reposición.

SEXTO.- Debemos precisar, a la vista del escrito presentado por la ejecutante el 5 de noviembre de 2018, que a través de este trámite de ejecución de Sentencia no es posible establecer los términos de la reposición del agua tal como se solicitan, en cuantía de 600 garrafas al mes, con una capacidad de 25 litros hasta sumar mensualmente (x31 fuentes) 15.000 litros de agua. El Fallo de la sentencia cuya ejecución tramitamos no contiene tales previsiones, como tampoco consta aclaración completando aquél o pronunciamiento en suplicación al respecto, por lo que en este momento esta Juzgadora no puede aclarar/completar el Fallo de manera indirecta (siendo que tampoco es la Magistrada autora del mismo) ni valorar de nuevo la prueba documental que se aportó al procedimiento declarativo y que la ejecutante vuelve a aportar con ocasión del incidente. Es cierto que el Fundamento Sexto de la Sentencia relata cómo "Su distribución lo era en cantidad suficiente en función del tamaño de cada sala, por lo que, por ejemplo, en la sala de operaciones había cinco fuentes de agua mineral a dos temperaturas repartidas por la misma. En total la empresa tenía instaladas 31 fuentes de agua y el consumo medio de la plantilla era de 600 garrafas". Sin embargo, este promedio de consumo no se incorpora al Fallo, no constando tampoco si se trataba de un consumo mensual (como defiende el ejecutante) o anual (como ha considerado la empresa), extremo que en ejecución es imposible establecer al quedar vedada una nueva valoración de la prueba ni la incorporación de otros extremos a la resolución que se ejecuta.

SÉPTIMO.- Pero, al tiempo, es claro que el criterio empleado por la empresa de reponer un total de 600 garrafas al año, con reposición mensual, para toda la plantilla, no está siendo suficiente en absoluto para dar cumplimiento a la Sentencia, que si establece en su Fallo que el derecho reconocido a disfrutar del servicio de agua mineral debe serlo "En las mismas condiciones que tenían antes de su retirada" y, más en concreto y por lo que ahora interesa, "En la misma cuantía que las que proporcionaba la empresa Telemarketing Golden Line S.L.". Si el suministro de agua no cumple tal condición es claro que la sentencia no se encuentra debidamente ejecutada puesto que, como ya hemos dicho, en las condiciones del derecho previas a su retirada por la ejecutada y tal como se ha acreditado, aquél conllevaba un suministro de agua mineral efectivo, sin interrupción, permanente y a demanda, sin problemas de reposición. Es claro que la mercantil no cumple con tal condición desde el momento en que la reposición de agua dura únicamente tres o cuatro días en las salas y no vuelve a reponerse hasta el mes siguiente, de modo que la mayor parte del mes los trabajadores no cuentan con el servicio de agua.

OCTAVO.- La actuación empresarial no sólo no da cumplimiento efectivo al fallo judicial sino que materialmente neutraliza el pronunciamiento del mismo al provocar por la vía de hecho, la vuelta a la decisión declarada nula judicialmente, de suprimir el servicio de agua. Conoce la ejecutada desde la Sentencia que el derecho de los trabajadores a ser repuestos en aquel derecho como condición más beneficiosa que constituía, según se ha declarado judicialmente, debe ser hecho efectivo en los términos fijados por la resolución judicial, sin que hasta el momento y aun después de la firmeza de aquélla, haya dispuesto las condiciones para ello más que en relación al número de fuentes y la condición de agua mineral, también tras sucesivos trámites procesales que sólo han alcanzado por tanto a un cumplimiento parcial para con el derecho reconocido. La actual decisión empresarial de proporcionar un suministro tan insuficiente que materialmente burla el derecho reconocido, debe conllevar por tanto una nueva decisión requiriéndola para el cumplimiento de la Sentencia, acompañado, como ya se le lleva previamente advirtiendo, de los apremios pecuniarios que se razonan a continuación.

NOVENO.- Dispone el artículo 241 LJS (LA LEY 19110/2011), sobre la Tutela ejecutiva, en su número 2, que "Frente a la parte que, requerida al efecto, deje transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, el secretario judicial, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá, tras audiencia de las partes, imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. Para fijar la cuantía de dichos apremios se tendrá en cuenta su finalidad, la resistencia al cumplimiento y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto atendidas la ulterior conducta y la justificación que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresará en el Tesoro Público, no podrá exceder por cada día de retraso en el cumplimiento, de la suma de trescientos euros".

DÉCIMO.- Solicitada repetidamente por el ejecutante la imposición de apremios pecuniarios, ya el Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia, de 12 de febrero de 2018, acordó requerir a Konecta Servicios de BPO, S.L. "Para que en el plazo de dos meses ponga a disposición de la plantilla de 31 fuentes de agua minera a dos temperaturas con sus correspondientes vasos en las diferentes salas de trabajo y en la misma cuantía que las que proporcionaba la empresa Telemarketing Golden Line, S.L.; con los apercibimientos contenidos en el núm. 2 y 3 del art. 241 de la LRJS (LA LEY 19110/2011)". Recurrido en revisión, este Decreto fue confirmado por nuestro Auto de 30 de abril de 2018 en tanto no se habla producido ninguna extralimitación en su contenido, dirigido a la ejecución de la Sentencia en sus propios términos (artículo 241.1 LJS (LA LEY 19110/2011)) y reproduciendo literalmente el Fallo de la Sentencia, además de conferir a la demandante un plazo de dos meses antes de proceder a los apremios.

UNDÉCIMO.- Pese a ello la empresa no sólo ha dejado transcurrir el plazo conferido obligando al ejecutante a presentar nuevo escrito, sino que ni siquiera con ocasión del incidente de ejecución sobre el que ahora resolvemos, acredita el cumplimiento de la sentencia, antes al contrario, evidencia una clara voluntad incumplidora del mismo que reitera la precedente desde la firmeza de la Sentencia que confirma el derecho de los trabajadores. El referido incidente se celebró asimismo para tratar sobe la petición de los apremios, cumplimentando así materialmente el trámite de audiencia legalmente previsto y sin que la empresa alegase o probase ninguna circunstancia sobre la imposibilidad del cumplimiento especifico legalmente prevista, por todo lo cual no es dudosa la procedencia de los apremios solicitados, en los términos que se establecen en el Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia que en esta misma fecha y en cumplimiento de la competencia prevista por el artículo 241.2 LJS (LA LEY 19110/2011), se dicta al efecto.

DUODÉCIMO.- Solicita también la parte actora en su escrito de 5 de noviembre de 2018 la imposición de multa, incluido el abono de los honorarios del Letrado que asiste a la parte ejecutada con base en el mismo artículo 241 LJS (LA LEY 19110/2011). El único apartado de este precepto que permite la imposición de multas coercitivas es el número 3, pero únicamente dirigidas a quienes no siendo parte en la ejecución, incumplan injustificadamente los requerimientos tendentes a lograr aquélla y sin perjuicio de otros daños evaluables previsto en el artículo 75.3 LJS (LA LEY 19110/2011). No es el caso puesto que ningún tercero ajeno a la ejecución se encuentra involucrado en la que nos ocupa, limitada a las mismas partes del proceso, por lo que no es posible atender la petición del ejecutante.

DÉCIMOTERCERO.- Frente a la presente resolución cabe recurso de reposición, conforme al artículo 186.2 LJS (LA LEY 19110/2011).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,