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PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) se aclara que los hechos declarados probados han quedado acreditados por los medios o los folios que se han ido indicando en relación a cada uno de ellos, todo ello con las explicaciones adicionales que para una mayor claridad después se harán, especialmente en lo que se refiere a la presunción de certeza que cabe atribuir al acta de liquidación.

SEGUNDO.- Tal como se desprende del escrito de aclaración de la demanda obrante al folio 1859, la Tesorería General de la Seguridad Social interesa que se declare, con los efectos legales correspondientes, que los trabajadores codemandados estaban sujetos a una relación laboral con la sociedad demandada en el tiempo que prestaron respectivamente sus servicios en el período que abarca el acta de liquidación, condenando a la indicada sociedad a estar y pasar por dicha declaración.

La empresa se ha opuesto a dicha pretensión, sosteniendo, en síntesis, que la prestación de servicios de los repartidores a los que se refiere este proceso no se ha verificado en condiciones de laboralidad.

Un elevado número de trabajadores afectados por el proceso han comparecido en el mismo y todos ellos, salvo los representados por la letrada doña Rosario Romero Bolívar, se han adherido a las tesis de la demanda, por entender que en su prestación de servicios concurren las condiciones propias de la laboralidad. Esa es también la tesis de los sindicatos CCOO y UGT, que han comparecido en el proceso. Finalmente, los repartidores representados por la letrada antes mencionada se adhirieron a lo argumentado por la empresa demandada.

TERCERO.- Del trámite de fijación con las partes de los hechos controvertidos en el acto del juicio resulta que no es objeto de debate que las personas afectadas por el proceso han prestado de hecho servicios para la sociedad demandada en el periodo señalado en el acta de liquidación, comprendido entre los meses de octubre de 2015 y junio de 2017 y que cabe entender que para cada uno de los afectados es el correspondiente a los meses detallado en los folios 91 y siguientes. Presupuesto así que los repartidores han prestado servicios para la sociedad demandada debe esclarecerse en primer término en qué condiciones lo hicieron, para pasar después a analizar si tales condiciones reúnen las condiciones propias de un contrato de trabajo.

La demanda se basa fundamentalmente en el acta de liquidación, documento este último que goza de una presunción legal de certeza, salvo prueba en contrario, como se desprende de lo señalado en el artículo 23 de la Ley 23/2015 (LA LEY 12049/2015), de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que señala, en lo que importa ahora, que "Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados". Esa presunción de certeza alcanza también a los hechos señalados en el informe de la Inspección de Trabajo que obra a los folios 288 y siguientes de los autos, en el que se daba respuesta en el expediente administrativo a las alegaciones realizadas por la empresa al acta de liquidación, ya que ese mismo artículo 23 señala en su segundo párrafo que "El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Ciertamente, el alcance de esa presunción ha sido matizado por la jurisprudencia, ya que, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2016, entre otras, únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados. Ahora bien, eso no implica que carezcan de todo valor el resto de afirmaciones sobre hechos que constan en el acta de liquidación, como resulta, por ejemplo, de lo argumentado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de diciembre de 2018, en la que se razonaba que:

Esto no implica que carezcan de todo valor los demás hechos que consten en el acta de infracción y que no hayan sido objeto de constatación directa, tratándose de hechos deducidos por el inspector a partir de la valoración que éste haga de las pruebas obtenidas durante la inspección. Pero en este caso debe darse en el acta explicación suficiente de cómo ha llegado a tales conclusiones, de las pruebas que se aportan y de la valoración que ha sido efectuada por el inspector a la hora de extender su acta de infracción, para que puedan ser sometidas de nuevo a valoración con libertad de criterio por el órgano administrativo o judicial que haya de resolver el expediente o los posteriores recursos, de forma que a partir de las mismas pueda llegar a sus propias conclusiones fácticas, coincidan o no con las del inspector o subinspector que extendió el acta. Si en el acta se dan por probados hechos que no han sido objeto de constatación directa sin justificar cómo se ha llegado a tal conclusión fáctica, los mismos no quedan cubiertos por la presunción de certeza y respecto a los mismos el acta carece de toda eficacia probatoria. Las afirmaciones realizadas en el acta sobre el contenido de las pruebas practicadas por el inspector también quedan amparadas por la presunción de certeza. La presunción por tanto va referida siempre a afirmaciones sobre percepciones directas del funcionario y que se incluyen en el relato de hechos del acta, sobre las cuales puede incluso no existir otra prueba que la mera afirmación del inspector contenida en el acta.

A todo ello se añade, además, que en el procedimiento de oficio rige una especial regla sobre distribución de la carga probatoria, que va más allá de lo expuesto y que hace que la misma corresponda a la parte demandada. Así resulta del artículo 150.2.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), que dispone que "Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada".

Pues bien, a la vista de la prueba practicada, cabe concluir que no se ha desvirtuado adecuadamente la presunción de certeza que corresponde al acta de liquidación de la Inspección de Trabajo y que, por tanto, puede entenderse probado que al menos en el periodo al que se refiere la misma los repartidores afectados por el proceso prestaron sus servicios como allí se indica.

Múltiples consideraciones llevan a esa conclusión. En primer término, el acta aparece firmada por dos funcionarias -una Inspectora y una Subinspectora de Trabajo- sobre cuya imparcialidad y cualificación no existe motivo para dudar. Desde luego, no existe acreditación alguna sobre la efectiva existencia de las presiones a las que se aludió en la contestación a la demanda de la sociedad demandada; nada permite cuestionar con un mínimo fundamento la probidad de las funcionarias que han realizado el acta, con independencia, claro está, de que se puedan compartir o no sus conclusiones por las partes del proceso. Por otro lado, la Inspectora que elaboró el acta de liquidación compareció al acto del juicio y ofreció explicaciones detalladas y convincentes sobre sus actuaciones y sobre los criterios a los que se había atendido, que se consideran razonables.

A todo ello cabe añadir, y estimo que es un dato de gran relevancia, que la Inspección de Trabajo ha contado con la posibilidad de examinar directamente el centro de trabajo de la empresa demandada y recabar las primeras explicaciones (muy habitualmente, las más creíbles) sobre la forma de desarrollo del trabajo, explicaciones que no solo han provenido de los repartidores, sino también de varios responsables de la empresa, que se mencionan reiteradamente en el acta, en la que se explican las fuentes de lo que allí se indica. En relación a ello también debe ponderarse que tales manifestaciones se realizaron, además, en un momento mucho más próximo al periodo que nos ocupa (octubre de 2015 a junio de 2017), lo que tiene gran relevancia ya que la prueba permite entender que en el mes de julio de 2017 se produjeron modificaciones de cierta entidad, como es la suscripción de un diferente modelo de contrato.

En relación a las manifestaciones de los repartidores que se mencionan en el acta, no estimo objetable el criterio al que atendió la Inspección de Trabajo, consistente en realizar una entrevista solo con un determinado número de los trabajadores afectados y no con todos ellos. Ese criterio puede considerarse razonable si, como considero que es el caso, los distintos trabajadores afectados se hallan sustancialmente en la misma situación y si la muestra es lo bastante amplia como para poder extraer de la misma conclusiones lo bastante seguras. Esa práctica, por otro lado, sería coherente con lo argumentado en la sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 18 de mayo de 2016, en la que se explicaba que:

La prueba de las funciones desarrolladas por el personal cuyo inadecuado encuadramiento corrigió la Administración, puede consistir en un muestreo y la extrapolación de los datos así obtenidos al resto de puestos de trabajo con la misma caracterización, siempre que tal extrapolación sea adecuada ( STS de dieciocho de Septiembre de dos mil doce, rec. cas. 1272/2011 (LA LEY 142312/2012)). No estamos ante algo distinto a la prueba de presunciones, puesto que a partir de datos comprobados se deducen otros con los que existe un enlace preciso y directo, de modo que la cuestión se traslada a la racionalidad de la inferencia en que consiste toda prueba de presunciones. Y en tal sentido es plenamente razonable que la generalidad de los puestos de trabajo de una misma caracterización por la empresa tengan el mismo contenido, sin que sea exigible la comprobación de todos y cada uno de los puestos de trabajo en toda la geografía nacional.

En este caso esa extrapolación es razonable. Por un lado, el número de trabajadores con los que se entrevistó la Inspección de Trabajo fue lo bastante amplio (más de 60 personas) como para poder ser ilustrativo y poder sacar conclusiones mínimamente seguras. En segundo lugar, se atendió para el llamamiento de los concretos repartidores a un criterio muy razonable, consistente en llamar preferentemente a personas que hubiesen prestado sus servicios al amparo de los modelos de contrato aplicados por la empresa desde el inicio de su actividad, lo que favorecía la obtención de datos de todo el periodo objeto de comprobación. En tercer lugar, la situación de identidad en lo esencial de las condiciones de los repartidores en cada uno de los periodos de vigencia de los distintos contratos que se han venido empleando ha resultado un extremo no controvertido en el acto del juicio. De hecho, esa situación de identidad esencial se desprende también de las alegaciones de la empresa en el expediente administrativo, como se desprende del contenido del escrito obrante al folio 169 y siguientes de las actuaciones en el que se señala, en referencia a otros procedimientos judiciales que "todas las reclamaciones versan sobre los mismos hechos, puesto que todas las relaciones de Deliveroo con los riders se rigen por los mismos contratos de prestación de servicios, siendo la realidad, tanto formal como material, de la prestación de servicios idéntica".

Ciertamente, pueden existir lógicas variaciones en relación a aspectos tales como el tiempo de efectiva prestación de los servicios de cada uno de ellos. Sin embargo, y entiendo que esto es lo esencial, puede considerarse no debatida la existencia de una situación de sustancial identidad de todos ellos en cuanto a las condiciones que les resultaban aplicables bajo el periodo de vigencia cada uno de los modelos de contrato que se han aplicado. Dicho de otra forma, pueden existir diferencias sobre cuánto han prestado servicios cada uno de los repartidores, pero no sobre el cómo, que puede considerarse el mismo y que es lo que en realidad importa en este proceso.

En tales condiciones, el criterio al que atendió la Inspección de Trabajo puede considerarse razonable y es, de hecho, el que se ha empleado también en el acto del juicio dado que en el mismo no se procedió al interrogatorio de todos y cada uno de los más de 500 repartidores afectados por el presente procedimiento, sino sólo al de varios de ellos (en número, además, muy inferior al del expediente administrativo). Tanto entonces como ahora puede considerarse un criterio razonable.

En último término, debe tenerse en cuenta que, como manifestó la Inspectora de Trabajo durante su declaración testifical en el acto del juicio, las manifestaciones de los repartidores eran coincidentes con lo que la Inspección había podido comprobar tanto con el examen de la documentación como a la vista de las manifestaciones de la empresa.

En cuanto a las condiciones de trabajo de los repartidores, mereció especial atención de las partes en el acto del juicio si se había hecho entrega de las guías aportadas a los folios 3346 y siguientes de las actuaciones. Del contenido del acta de liquidación y de las explicaciones de la inspectora de trabajo en el acto del juicio durante su declaración se desprende que tales guías fueron entregadas a la Inspección de Trabajo por bastantes de los repartidores con los que se entrevistaron. Pese a que no existe una completa certeza de a qué concretos repartidores afectados por el proceso se entregó cada modelo, una valoración conforme a las reglas de la sana crítica de tales documentos (artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)) conduce a entender probado que tales guías proceden de la empresa demandada y que fueron entregados por esta a los repartidores.

Varias consideraciones llevan a esa conclusión. En primer término, en el acta de liquidación se señala (folio 62 de los autos) que el Director de Operaciones manifestó a la Inspección de Trabajo que en la charla informativa que se daba a los repartidores se les entregaba un folleto informativo y se les proyectaba un video explicativo. De la declaración de la inspectora y del acta (folio 57 de los autos) resulta que se requirió a la empresa para que aportase ese folleto, sin que el mismo se entregase. En consecuencia, debe partirse de la base de que se puede entender probado que, de hecho, la empresa entregaba a los repartidores un folleto informativo y que esa entrega se realizaba con carácter general, ya que ese es claramente el sentido de las manifestaciones que se recogen en el acta. Partiendo de esa base, que estimo determinante, lo cierto es que la empresa no aporta un folleto distinto, lo que impide contar con una posible versión alternativa de ese documento. Dicho de otra forma, la empresa no reconoce esos modelos, pero partiendo de la base de que un responsable de la misma manifestó a la Inspección de Trabajo que se entregaba un folleto informativo, no aporta una versión distinta del mismo ni tampoco explica en qué punto concreto no serían precisos los que se aportan, en los que consta el logotipo de la empresa. Además, otras circunstancias llevan a conferir valor probatorio a tales documentos, como es el contenido del acta de la Inspección de Trabajo de Valencia que figura a los folios 8123 y siguientes, que recoge en sus páginas 52 y siguientes la recepción por parte de los trabajadores afectados por la misma de un documento en soporte telemático compatible con esas guías. Aunque cabe entender que ese acta se refiere a otros trabajadores que, además, parece que prestan sus servicios en una localidad diferente, se trata de algo que indudablemente refuerza la tesis de la veracidad de las manifestaciones de los repartidores afectados por este proceso que entregaron esos documentos. Por otro lado, y posiblemente sea lo esencial, de las manifestaciones de la inspectora de trabajo en el curso de su declaración testifical se desprende que el contenido de las guías era en lo sustancial coherente con el resto de las comprobaciones que se hicieron por la misma.

En consecuencia, lo que cabe entender probado es que a los repartidores se les entregaba un folleto o guía informativa (sobre esto estimo que no cabe duda), que el mismo ha tenido diferentes modelos a lo largo del tiempo (lo que podría explicar que una persona pueda no reconocer el modelo que no se le entregó a él o que no conoce él) y que los mismos coinciden con los señalados en los folios indicados en los hechos probados, si bien no es posible determinar con absoluta certeza qué modelo se pudo entregar a cada cual.

En todo caso, se trata de un elemento relevante, aunque no completamente determinante, y ello porque, como veremos, constan otros datos que evidencian la existencia de instrucciones de la empresa en cuanto a la forma de trabajar, como es el caso de los videos a los que después nos referiremos, que valorados en conjunción con el resto de la prueba practicada permitirían apreciar la nota de dependencia, como luego se explicará.

La prueba practicada en el acto del juicio no permite desvirtuar con la seguridad mínima inherente a un pronunciamiento judicial los hechos señalados en el acta de liquidación. En cuanto a las declaraciones de los repartidores, no se aprecia que las declaraciones de los siete que comparecieron y declararon en el acto del juicio basten para enervar la veracidad de los hechos indicados en el acta de liquidación, para cuya elaboración se pudo contar con las manifestaciones de un número muy superior de ellos, además de hacerlo en un momento mucho más próximo al periodo que se analiza en el presente procedimiento, dado que resulta de los datos obrantes en autos que en julio de 2017 se produjeron modificaciones de cierta importancia. Por otro lado, se trata de una prueba que se ha de analizar con cierta cautela, ya que se trata de personas con evidente interés en el resultado del litigio y que, además, presentan entre sí intereses contrapuestos, al punto de que ello ha impedido que pudieran designar un representante común. En todo caso, una valoración en conjunto de tales declaraciones no permite entender con seguridad que sea incierto lo señalado en el acta de liquidación.

El resto de la prueba practicada tampoco permite desvirtuar lo señalado en el acta de la Inspección de Trabajo. Más en concreto, escaso valor cabe conferir a la declaración testifical del Gerente de Operaciones de Deliveroo, máxime al tratarse de una persona que ingresó en la empresa en diciembre de 2017, con posterioridad al periodo afectado por el acta de liquidación. Tampoco se estiman determinantes las periciales aportadas por la empresa demandada, ya que se desprende de la declaración del señor Federico que cabe entender que no se ha analizado el modelo vigente hasta junio de 2017, que es el que importa en este proceso, sino otro posterior; y de la declaración del señor Santiago que su acceso a los datos analizados se produjo en septiembre de 2018, sin una completa certeza acerca de la inexistencia de manipulaciones previas.

En consecuencia, puede considerarse probado que los repartidores afectados por el presente procedimiento prestaron sus servicios durante los periodos a los que se refiere el acta de liquidación en las condiciones que se indican en la misma. Por otro lado, puede considerarse probado también que tales condiciones fueron sustancialmente las mismas en todo el periodo analizado, sin cambios determinantes en orden a la laboralidad o no de la relación entre el periodo de vigencia de cada uno de los dos contratos que rigieron en ese periodo, dado que los cambios en el clausulado de sus contratos y, sobre todo, en la ejecución de sus servicios, no tuvieron a mi entender la entidad suficiente para ello.

CUARTO.- El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores señala que "Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario". Por otro lado, el artículo 1.1 de la Ley 20/2007, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo (LA LEY 7567/2007) señala, en lo que ahora interesa, que "La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena"

Ambos preceptos (el segundo a contrario) permiten enumerar las condiciones propias de la laboralidad, consistentes en la existencia de una prestación personal y voluntaria de servicios, su carácter retribuido, la ajenidad y la dependencia del empresario.

De entrada, cabe afirmar que, como es bien sabido, la existencia o no de la laboralidad no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen en el mismo. Así resulta, por todas, de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018, en la que se explicaba que:

La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o interesadamente puedan darle las partes a la relación que regulan, porque «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo (SSTS de 20 de marzo de 2007, rcud 747/2006 (LA LEY 17369/2007); de 7 de noviembre de 2007, rcud 2224/2006 (LA LEY 180239/2007); de 12 de diciembre de 2007, rcud 2673/2006 (LA LEY 217115/2007) y de 22 de julio de 2008, rcud 3334/2007 (LA LEY 142625/2008) entre otras).

La distinción entre el arrendamiento de servicios o, en general, el trabajo autónomo y el contrato de trabajo dependen especialmente de la concurrencia o no de ajenidad y dependencia. Se trata de conceptos con un alto nivel de abstracción, que pueden darse, sobre todo el último, en mayor o en menor medida, así como de formas distintas, más o menos intensas. Ello hace que la determinación de su concurrencia se preste, como el Tribunal Supremo ha señalado, al más puro casuismo. Se trata, en suma, de determinar si en el caso de los repartidores afectos por este proceso se dan o no tales condiciones determinantes de la existencia de un contrato de trabajo.

La prestación en sí de servicios y su carácter voluntario no ofrece dudas: no se debate que los repartidores afectados por el proceso han prestado de forma voluntaria servicios para la empresa demandada en el periodo indicado en el acta de liquidación. También puede considerarse probado que lo han hecho personalmente. En el primero de los modelos de contrato aportados expresamente se prohibía la delegación en terceros, de forma que el repartidor se comprometía a prestar sus servicios personalmente, salvo autorización de la empresa por escrito, que no consta que se haya producido realmente. El segundo de los contratos aportados sí permite, formalmente, la subcontratación, pese a lo cual en realidad no difiere sustancialmente del contrato anterior, ya que si bien la cláusula 9ª permitía la subcontratación con terceros, la 1ª se cuidaba de señalar que para ello era precisa una previa autorización de la empresa por escrito, que no consta que se haya producido. En todo caso, de lo actuado se desprende que, el menos en el periodo al que se refiere el acta de liquidación, los repartidores prestaron sus servicios de forma personal y sin constancia de una efectiva subcontratación o delegación en terceros de su trabajo. Se han dado de hecho, por tanto, condiciones compatibles con la laboralidad sin que la teórica posibilidad de una subcontratación, siempre que la empresa tuviese a bien admitirla, baste para llevar a una conclusión distinta, ya que cabe traer a colación lo que el Tribunal Supremo argumentó en su sentencia de 26 de febrero de 1986, que indicó que:

"En este punto lo que reconoce la empresa al mensajero es una posibilidad de sustitución que no ha tenido virtualidad en la ejecución del contrato, pues el trabajo lo han realizado siempre los demandantes de modo directo y personal, por lo que tal posibilidad, la de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato, que un pacto trascendente a la realidad del servicio, sin duda por no obedecer, por razones obvias, al interés de los trabajadores, ni al de la empresa que demanda también una cierta regularidad en la ejecución del servicio"

Esas consideraciones son plenamente trasladables a este caso, dado que no consta que en el periodo al que se refiere el acta de liquidación se haya producido realmente la subcontratación de los afectados por el procedimiento, lo que conduce a entender que prestaron sus servicios de forma personal, en condiciones compatibles con la laboralidad. Ello es, por otro lado, perfectamente coherente con las características de la actividad de la empresa que resulta de la prueba, que incluye como veremos actividades de formación de los repartidores sobre la forma en la que Deliveroo desea que se hagan las cosas, algo que no parece demasiado compatible con la existencia de una posibilidad real de subcontratación sin conocimiento u autorización de la empresa, al menos en el periodo que ahora nos ocupa.

La declaración del repartidor Ignacio no lleva a una conclusión diferente, ya que el mismo hizo alusión a una supuesta contratación de tres trabajadores desde 2018, en un periodo posterior al que nos ocupa ahora y con una modificación del contrato mediante. Tampoco llevan a una conclusión distinta los documentos que obran a los folios 8092 y siguientes, que parecen referirse a esas contrataciones, no solo porque no se aportan firmados sino porque son posteriores al periodo que interesa en este proceso.

Finalmente, también concurre la exigencia de retribución, dado que, naturalmente, los repartidores han sido retribuidos por la prestación de sus servicios. En relación a este punto, se ha producido una cierta modificación entre el periodo de vigencia del primer modelo de contrato y el correspondiente al segundo, ya que se ha pasado de retribuir una cantidad por hora trabajada, con un añadido por entrega realizada, a una retribución por entrega realizada, aunque con un mínimo garantizado por unidad de tiempo. Todos esos sistemas de retribución, tanto por unidad de obra como por unidad de tiempo, son plenamente compatibles con la laboralidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores.

QUINTO.- Los datos que constan en el procedimiento permiten apreciar también la concurrencia de ajenidad, que como es bien sabido es una característica que se puede analizar desde distintos puntos de vista: ajenidad en los medios, en los frutos, en el mercado o en los riesgos.

En cuanto a los medios materiales, ciertamente puede entenderse acreditado que los repartidores eran propietarios de varios de ellos, especialmente de sus vehículos con los que realizaban sus labores de reparto. Sin embargo, ello no basta para descartar la ajenidad, al estimar que los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad no son esos, sino que son la aplicación Deliveroo, controlada y proporcionada por la empresa para su uso por los repartidores, y la correspondiente marca, que naturalmente no es controlada por los repartidores sino por la empresa. Por otro lado, no son los repartidores parte en los negocios jurídicos existentes con los restaurantes y con los destinatarios de la comida que se transportaba, sino que lo es la sociedad demandada, de forma que, en realidad, los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte, que descansa de manera fundamental en su actividad personal, sin intervención alguna en tales relaciones contractuales y sin que les alcancen los riesgos derivados de ellas. Muestra de ello es que resulta del acta de liquidación que en caso de carecerse de los medios necesarios para el desarrollo de la actividad (salvo teléfono y conexión a internet) la empresa los proporcionaba con retención de una fianza o bien facilitaba el acceso a los mismos en condiciones ventajosas, lo que evidencia que la aportación fundamental de los repartidores era su trabajo personal. A la misma conclusión lleva el pago por parte de la empresa, durante el periodo de vigencia del primer contrato, de los gastos estimados de combustible.

En relación a la titularidad por parte de los repartidores de los vehículos, puede invocarse en favor de la tesis expuesta lo razonado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de junio de 1986, en la que se explicaba en relación a una actividad de reparto de periódicos y otras publicaciones con un vehículo propio que:

De suyo, la puesta a disposición del vehículo, con ser un dato de interés, no puede convertirse sin más en determinante de la inexistencia de una relación laboral, de suerte que convierta en todo caso en autónomo al trabajador que lo aporte, pues conocidos son los supuestos en que determinadas categorías profesionales se sirven para el desarrollo de su actividad de vehículos propios, corriendo a cargo de la empresa los gastos o el «kilometraje»; sino que será o no autónomo el trabajador que realice su actividad con o sin vehículo propio, atendidas las circunstancias que caractericen la prestación objeto de la relación obligatoria y según se den o no en el caso concreto las notas definitorias del contrato de trabajo, tal como se determinan en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores.

El caso de los repartidores de autos presenta importantes similitudes con el analizado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de febrero de 1986, que trataba de una empresa que prestaba a sus clientes un servicio de recepción de paquetes, para su transporte y entrega a los destinatarios, de acuerdo con las tarifas que tenía establecidas y que respondía de su pérdida, extravío, deterioro, hurto o robo cuando su valor no excedía de 20.000 pesetas. Para ello, decía la indicada sentencia del Tribunal Supremo, "la empresa se vale de los llamados mensajeros, entre ellos los demandantes, que efectúan el servicio en vehículos de su propiedad, en este caso motocicletas, de las que abonan los gastos de mantenimiento, combustible y amortización, percibiendo un tanto por viaje, sin relación con el precio del transporte que es fijado por la empresa y clientes sin intervención de los mensajeros que sólo son responsables del deterioro o de la pérdida, cuando proceda de su negligencia; los mismos son portadores en su vestimenta y vehículo de anuncios de la empresa". De acuerdo con la sentencia, esos mensajeros "tienen que llamar por teléfono diariamente a la empresa antes de las diez horas, para recibir la orden de los viajes a realizar, siendo penalizados en caso de hacerlo con retraso; cuando por avería de la motocicleta o por la inclemencia del tiempo no pueden realizar el servicio mediante ella, los gastos de desplazamiento en taxi son abonados por la empresa". En esa sentencia del Tribunal Supremo se afirmaba la concurrencia de ajenidad, indicando que:

La ajeneidad es también patente, el trabajador no asume los riesgos ni los beneficios del contrato de transporte existente entre la empresa y el cliente, no interviene en la fijación del precio del mismo, ni su retribución depende de su resultado; se limita fundamentalmente a aportar su actividad y a percibir la retribución que por ella le corresponde, que devenga por el hecho de realizarla. El que responda, no de los riesgos del transporte, sino de los perjuicios causados por su negligencia, no es más que una consecuencia del incumplimiento del deber que impone el artículo 5.a) del Estatuto de los Trabajadores; deriva de las normas generales del derecho de obligaciones, art. 1101 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

(...)

1. En realidad dicho contrato de transporte, reiterando lo ya dicho, sólo existe entre la empresa y el cliente mas no entre la demandada y el mensajero, mero ejecutor material del transporte mediante, fundamentalmente, su trabajo personal, aunque para ello se valga de un medio material propio.

2. No cabe desconocer la existencia de un importante número de sentencias de esta Sala reconociendo que hay contrato de transporte cuando quien presta el servicio utiliza medios propios -entre otras pueden citarse las Sentencias de 18 de febrero de 1969, 22 de octubre de 1983, 20 de septiembre de 1984, 29 de octubre de 1985, y 27 de enero de 1986-, aunque no exista la unanimidad que afirma el recurrente -ver sentencia de 7 de Mayo de 1985-, mas tal doctrina tiene como fundamento la apreciación que en ella se hace, como elemento fundamental del contrato, de la aportación no personal de quien presta el servicio, que trata mediante el mismo de obtener un rendimiento a una importante inversión económica, generalmente un camión de transporte o reparto, cuando en el supuesto debatido -bien distinto- el medio utilizado, por su inferior coste inicial y de mantenimiento y difusión de uso, no es más que un elemento auxiliar, secundario, de la actividad personal, sin que en modo alguno tenga por fin el contrato su explotación económica, actividad personal que no es algo que en la empresa demandada tenga naturaleza subsidiaria en relación a otra principal, sino que constituye su fundamental objeto social, de tal modo que esos factores, carácter secundario de la aportación no personal del trabajador, y constituir el trabajo de éste, la actividad principal, la razón de ser de la empresa, impiden aplicar aquella doctrina a la realidad social, de reciente aparición en un uso generalizado, que por primera vez se examina por esta Sala. Por otra parte no es infrecuente en la actualidad que se prevea en un contrato de trabajo, cuando el trabajador ha de realizar desplazamientos con habitualidad, la utilización por el mismo de un vehículo propio, mediante la adecuada compensación.

Esa doctrina es trasladable al caso de autos, en el que los repartidores son completamente ajenos a las relaciones existentes entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales, al extremo de que desconocían incluso el lugar del destino final antes de ir al restaurante a recoger el pedido. Ninguno de esos sujetos contrató con los repartidores, que eran frente a ellos perfectamente intercambiables (si uno rechaza el pedido, simplemente pasa al siguiente hasta que uno lo acepte), sin que el repartidor pueda sufrir los riesgos derivados de tales relaciones, ya que simplemente es remunerado por su trabajo, como podría serlo cualquier otro trabajador por cuenta ajena.

De las páginas 64 y 65 del acta de liquidación resulta la existencia de una cierta contradicción entre las personas que se entrevistaron con la Inspección en orden a la responsabilidad que los repartidores asumían en relación a las posibles incidencias del pedido (caídas, pérdidas, etc.), ya que mientras que el responsable del Departamento de Atención al Cliente indicó que el servicio se abonaba al repartidor en todo caso, otros dos responsables de la empresa matizaron que el repartidor solo es retribuido cuando el pedido no pudiera ser entregado por causas que no le fueran imputables. Si bien la prueba practicada no permite determinar con absoluta seguridad cuál de las dos manifestaciones es más exacta, lo que no ofrece dudas a la vista de lo señalado en el acta, y estimo que es lo esencial en orden a la ajenidad, es que el repartidor no asume el coste de la comida que transporta, ni tampoco responsabilidad alguna frente al cliente o el restaurante. Simplemente es retribuido por el mero hecho de realizar su trabajo personal y pese a que eventualmente pudiera asumir el no ser retribuido en caso de que la incidencia en el transporte le fuera imputable (y ello aceptando a meros efectos dialécticos que sea más veraz la última de las alternativas antes expuestas) no se puede pasar por alto que en todo el periodo al que se refiere este proceso el trabajador tenía al final una retribución garantizada por hora.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, la empresa ha proporcionado a los repartidores medios materiales con la publicidad de su marca, entre los que se encontraba la mochila que portaban, aspecto éste constatado por la Inspección, como se señaló en la página 44 del acta de liquidación.

SEXTO.- En cuanto a la dependencia, debe entenderse (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2018) como la situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa. En relación a esta exigencia debe tenerse en cuenta que el artículo 3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) manda interpretar las normas "según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas". Esa referencia a la realidad social actual obliga a concebir la exigencia de dependencia en términos acordes a los medios tecnológicos de los que se dispone en la actualidad, que permiten la sujeción a dependencia del trabajador en condiciones más flexibles pero igualmente efectivas.

Pues bien, de los datos que constan resulta que los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa demandada, incluso en sus más pequeños detalles. De entrada, se ha acreditado la existencia de instrucciones a los repartidores que más allá de la encomienda en sí del servicio establecen con toda precisión las condiciones en las que el mismo debe prestarse, condiciones que la empresa comprobaba y evaluaba.

Consta probado que en el momento de su contratación a los repartidores se les presentaba un video explicativo en el que no solo se les propone que se presenten como parte de la empresa ("Soy Javier de Deliveroo", se dice, entre otras cosas) sino que se señala cómo ha de realizarse el proceso de recogida y entrega de los pedidos, indicando qué pasos se han de dar, muy relacionados con el uso de la aplicación. Se indica también qué hacer en caso de posibles incidencias ("si hay algún problema con el pedido, pide disculpas al cliente y ofréceles llamar al servicio de atención al cliente") así como una completa explicación de cómo se ha de actuar. Como antes se dijo, también se puede estimar probado que la empresa ha entregado a los repartidores folletos informativos (que a mi entender no serían muy explicables en una relación pretendidamente autónoma), cuyo contenido cabe entender que se ajusta al menos a las diversas guías aportadas, según la declaración de la Inspectora de Trabajo coincidentes en lo sustancial con las condiciones de trabajo que pudieron comprobarse a la vista de la documental y las manifestaciones de las partes que se hicieron. Tales guías no solo detallan múltiples aspectos acerca de cómo se ha de realizar el trabajo, sino que se establecen incluso reglas de comportamiento con expresas prohibiciones ("como se os ha dicho en diversas ocasiones sois la cara de la empresa (...) no se puede beber alcohol, no se puede consumir sustancias estupefacientes, no se puede insultar, estar "tirado" en el suelo (...) No se puede entrar con el casco puesto en la cabeza ni al restaurante ni a las casas de los clientes") además de restricciones en materia de rechazo de pedidos ("La opción de rechazar pedido es solamente en casos extremos (...) A quien rechace de forma continuada pedidos no se le garantizarán los dos pedidos hora que nuestro sistema ofrece. Además, si sois recurrentes de esta opción, Deliveroo prescindirá de vuestros servicios").

Lo que todo ello evidencia es que la empresa no se ha limitado a contratar un servicio de transporte de comida en el que lo esencial sea la entrega en sí sin entrar en el detalle de cómo se ha de realizar, sino que ha establecido con toda precisión la forma en la que se ha de prestar ese servicio, homogeneizándola para todos los repartidores, a quienes se anima a presentarse como parte de Deliveroo y a quienes, como antes vimos, se les entregaron medios de trabajo con esa marca. Ello es perfectamente comprensible atendiendo a que cabe apreciar conforme a toda lógica que lo que se ofrece a los restaurantes y a los clientes no es una mera labor de intermediación entre ellos, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática, que es lo que en realidad cabe entender que conocen y contratan esas personas, servicio que parece oponerse a la posibilidad de que los repartidores realicen el reparto en la forma que tengan por conveniente. Su margen real de autonomía se limita así a aspectos que estimo que no son determinantes en orden a la calificación de la relación como laboral, como es la elección del medio de transporte (como se ha dicho, de importancia muy relativa en este caso), la concreta ruta (aunque parece evidente que elegirán la más corta) y la posibilidad de rechazar el pedido.

Sin embargo, estimo que no se ha de exagerar la importancia de esa posibilidad de rechazo. En primer término, esa posibilidad no era intrascendente para el repartidor sino que podía tener consecuencias negativas para él, ya que se tenía en cuenta por la empresa a la hora de elaborar unas métricas del servicio que podían implicar la no asignación de los turnos apetecidos y, por tanto, quedarse sin trabajar. El caso, por tanto, presenta similitudes con el analizado en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2017, relativo a la prestación de servicios de traducción e interpretación en el que, de acuerdo con lo indicado por esa sentencia la empresa "a través de una aplicación informática, localiza a los traductores e intérpretes más cercanos geográficamente al órgano que precisa de sus servicios, comprueba su currículum y se pone en contacto telefónico con él, informándole que organismo necesita un intérprete y a qué hora. El traductor decide si acude o no a desarrollar los servicios. En caso negativo, Ofilingua SL contacta con otro colaborador. En caso afirmativo, el intérprete, it>que acude por sus propios medios, se dirige al personal o funcionario correspondiente de las dependencias que lo ha reclamado, comunicando su presencia, poniéndose a disposición del Juez o funcionario competente para verificar su intervención profesional, que concluye una vez se le comunica así por la Policía o el Juzgado en que haya actuado como traductor o intérprete, si es una intervención oral o entrega la correspondiente traducción directamente a quien lo ha necesitado, si es de naturaleza escrita". En la indicada resolución el Tribunal Supremo señala que "Aunque parece que el intérprete goza de gran libertad a la hora de acudir o no a prestar sus servicios, es lo cierto que, dada la relación establecida entre las partes, si no acude, corre el riesgo de que no se le vuelva a llamar".

Por otro lado, por medio de la declaración de la Inspectora de Trabajo se ha probado también que esas métricas se tenían en cuenta también para la realización de un control de calidad, que se revisaba y que según manifestaciones del Director de Operaciones a la Inspectora si no era adecuado "se daba algún toque" al repartidor. Finalmente, estimo que lo esencial es que una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse de acuerdo con la detalladas instrucciones determinadas por la empresa, sin margen apreciable de autonomía del trabajador. En caso de existir un verdadero régimen de autonomía sería esperable encontrar ciertas diferencias más o menos sustanciales entre unos repartidores y otros, no exactamente en cuanto a la cantidad de horas de trabajo sino en cuanto a la forma de desarrollarlo. En cambio, no es eso lo que en este caso se aprecia, ya que la prestación de servicios de los repartidores se ha desarrollado de una forma homogénea y evidentemente establecida por la empresa demandada, al punto de que esa organización común logra hacer, en cierto modo, intercambiables a los trabajadores, de forma que si uno rechaza el pedido, simplemente pasará al siguiente, que habrá de atenderlo siempre en la forma establecida con detalle por la empresa y estrechamente controlada por la misma, al punto de llegar a contactar con quien estuviese mucho tiempo sin moverse, algo acreditado por manifestaciones de un responsable de la empresa debidamente reflejadas en el acta de liquidación, de la que se desprende también que la empresa contaba con una compleja organización de todas esas actividades, que atendía también las incidencias que se pudiesen producir.

En consecuencia, lo que se desprende de lo actuado es que los repartidores esencialmente han ejecutado un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por la empresa, que es la única que controla la marca Deliveroo, su aplicación informática y toda la información que se desprende de ella. De hecho, a contrario, es patente la falta de una organización empresarial en un sentido mínimamente estricto de los repartidores aisladamente considerados, al punto de que era preciso explicarles la tarea a realizar, proporcionarles el acceso a los medios de trabajo de ser ello preciso e, incluso, formales, dado que se desprende del folio 195 que al menos hasta finales de 2016 un repartidor acompañaba a uno un día para aprender la mecánica del servicio, algo que no es compatible con una situación de genuina autonomía. De hecho, se ha llegado al extremo de que la empresa gestione las propinas de los repartidores, determinando la forma en la que se podían abonar e incluyéndolas en las facturas, que eran elaboradas por la propia empresa.

No lleva a una conclusión contraria que los repartidores pudieran prestar servicios para otras personas, y que varios de ellos lo hayan hecho así de forma efectiva, ya que ello no es necesariamente contrario a la laboralidad. Puede invocarse en apoyo de esa tesis lo señalado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de febrero de 1986, que explicaba que:

"La no asistencia de los actores al trabajo en todos los días laborables es un mero efecto de la configuración que la empresa pretende dar al contrato para eludir la calificación de laboral, y no constituye un dato esencial para determinar su verdadera naturaleza, pues ese comportamiento empresarial, impide conocer las causas de la inasistencia, que en un contrato de trabajo debidamente regularizado se puede producir por motivos tan justificados como permisos, licencias, vacaciones, enfermedad o, incluso períodos intermedios de inactividad laboral en contratos discontínuos o a tiempo parcial. Por otra parte la posibilidad de compatibilizar el trabajo en otras empresas es algo que, debidamente autorizado, no desnaturaliza el contrato, según cabe deducir de los artículos 5.d) y 21.1 del Estatuto de los Trabajadores"

A la vista de todo ello, cabe concluir que en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se refiere el acta de liquidación, prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad, lo que conduce a la estimación de la demanda.

Finalmente, no lleva a una conclusión distinta el hecho de que una parte de los repartidores, minoritaria en todo caso, sean opuestos a la existencia de un contrato de trabajo, ya que el posicionamiento en el proceso de los mismos no puede perjudicar al resto de las partes, entre las que se halla la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo además considerarse las restricciones impuestas a la actuación en el proceso de los trabajadores afectados por el mismo por el artículo 150.2.a, b y c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). Como antes se dijo, lo esencial no son las manifestaciones de las partes sobre la naturaleza del contrato sino el contenido real de las obligaciones asumidas, que en este caso apuntan a la laboralidad.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación