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PRIMERO.- Antecedentes:

1) En el BOE de 1 de septiembre de 2004 se publicó el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia de información pública y convocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de construcción del proyecto del trazado "Autopista de peaje P-7. Tramo Cartagena- Vera", en el que se informaba que, de conformidad con el art. 8.1 de la Ley 25/88 (LA LEY 1589/1988), de Carreteras y 16.4 de la Ley 8/72 (LA LEY 665/1972), de Autopistas (la aprobación del proyecto lleva implícita la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes comprendidos en el proyecto), el procedimiento de expropiación se realizará por el trámite de urgencia y "en consecuencia, esta Demarcación de Carreteras, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 98 de la Ley de Expropiación Forzosa (LA LEY 43/1954) y atendiendo a lo señalado en los apartados 2 º y 3º de su art. 52, he resuelto convocar a los titulares........afectados que aparecen en la relación adjunta, para que comparezcan al levantamiento de las actas previas a la ocupación.................Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas........los interesados podrán formular por escrito ....alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente necesidad......".

2) Tramitado el procedimiento expropiatorio, concluyó con la fijación del justiprecio por el Jurado Provincial, y luego en sede jurisdiccional por discrepancias en el método de valoración y en el quantum y por nulidad de pleno derecho del expediente expropiatorio al haberse omitido el trámite de información pública previsto en los arts. 18 y 19 LEF .

SEGUNDO. - La sentencia recurrida:

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dictó sentencia -nº 1457/17, de 29 de junio- (LA LEY 130669/2017), desestimatoria del recurso 1964/11 que, en lo que a este recurso de casación interesa (solo se impugna este particular), consideraba en referencia

"a la Sentencia del TS de 26-1-2016 y a la de 6-6-2012 , en tanto que la propiedad debió poner de manifiesto cuando tuvo oportunidad de hacerlo la nulidad del procedimiento por falta de un trámite esencial en lugar de admitir la validez del procedimiento e impugnar el justiprecio.

Ello, que ocurre ahora igualmente, no supone aplicar una doctrina errónea o prevista para supuestos distintos, pues resultan ser semejantes en cuanto que en definitiva y aunque no se trate ahora de una impugnación de la vía de hecho sino del propio justiprecio, también se alega la existencia de vía de hecho.

Por otra parte y las referencias a la Sentencia de 26-1-2016 lo eran a los efectos de entender conforme a sus exigencias y la doctrina de general aplicación que el anuncio publicado en el B.O.E. de 1 de septiembre de 2004 no satisface las exigencias del artículo 17 de la LEF en cuanto al trámite de información pública.

Se decía "Y ello porque ...el trámite de información pública se entenderá cumplido cuando se haya ofrecido a los propietarios afectados la posibilidad, no sólo de rectificar posibles errores materiales en la relación de bienes afectados, sino también la de "oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación". Esta última posibilidad no aparecía recogida en el meritado anuncio, que se limitaba a convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados que aparecían en la relación adjunta para que comparecieran al levantamiento de las actas previas a la ocupación; sin que, por tanto, se procediera formalmente a la apertura de un periodo de quince días para alegaciones. Y aun cuando se permitía a los interesados que -en aplicación del artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa - pudieran hacer alegaciones hasta el momento del levantamiento de las actas previas, se precisaba que las mismas lo serían "..a los sólos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente necesidad". Es decir, la Administración expropiante no otorgó en ningún momento a los interesados la posibilidad de cuestionar la necesidad de ocupación".

Ello no obstante se concluye ahora también que lo anterior no es óbice a la restrictiva aplicación de la doctrina sobre la existencia de causa de nulidad por omisión del trámite de información pública pues no se ha provocado verdadera indefensión.

Se exige que tal defecto haya sido denunciado ab initio por el propietario, cosa que no ocurre al haber presentado hoja de aprecio sin referencia alguna a la relación de propietarios, fincas afectadas o procedencia de la expropiación o de la indemnización del 25%. Así ni en el acta de regularización de relación de bienes y derechos afectados - ni en el escrito de la propiedad de 8 de noviembre de 2004, se hizo referencia alguna a tal cuestión. Tampoco en el recurso de reposición el recurrente combatió tales extremos, sino que aceptó la necesidad de determinar justiprecio aunque considerando que la tasación estaba incorrectamente calculada, admitiendo, en definitiva, la validez del procedimiento expropiatorio.

Mantenemos pues nuestra doctrina sin que nos vincule la de otros TSJ pues también ahora entendemos que no se originó indefensión y que el recurrente se limita a alegar la omisión del trámite, sin expresar las razones que ostentaban para oponerse a la necesidad de la ocupación, posibilidad ésta que justifica el trámite conforme a las previsiones contenidas en los arts. 17 a 19 LEF ".

TERCERO.- Preparación y admisión del recurso de casación:

La mercantil expropiada, a través de su representante procesal, presentó escrito de preparación de recurso de casación, en el cual, tras justificar el cumplimiento de los requisitos relativos al plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución, identificó, como normas infringidas: arts. 17 y 18 LEF , arts. 62.1.e) Ley 30/92 , 9.3 , 24 , 103.1 , 105 , 106.2 y 121 CE y la jurisprudencia de esta Sala Tercera, con cita de 11 sentencias, efectuando el preceptivo juicio de relevancia.

Argumentó que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia con base en los siguientes apartados del artículo 88 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) : 1) 88.2.a), por interpretación distinta a la sostenida por la Sala de Murcia en expropiaciones del mismo expediente aquí concernido, si bien situadas en la provincia de Murcia, mientras que aquí la finca radica en la provincia de Almería; 2) 88.2.b), porque la tesis de la sentencia recurrida puede suponer un grave daño a los intereses generales ya que permite la coexistencia de pronunciamientos judiciales contradictorios respecto a hechos y circunstancias idénticas, es decir la tramitación de un mismo expediente expropiatorio en el que se omitió el trámite de información pública del art. 18 LEF , omisión sobre la que existe una clara y consolidada jurisprudencia, con la consecuencia de la vulneración de los arts. 14 (LA LEY 2500/1978) y 24 CE (LA LEY 2500/1978) ; 3) 88.2.c), porque la doctrina de la sentencia recurrida afectaría a un gran número de situaciones y trasciende del caso en ella debatido por afectar a un gran número de expedientes igualmente tramitados por la vía de hecho.

Mediante auto de 20 de diciembre de 2017, la Sala de Granada (Sección Cuarta ), tuvo por preparado el recurso, ordenando el emplazamiento de las partes ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, con remisión de los autos originales y del expediente administrativo.

CUARTO.- Admisión del recurso:

Recibidas las actuaciones y personada la parte recurrente ante este Tribunal, la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó auto el 6 de abril de 2018 (LA LEY 23100/2018), por el que se acordó:

" 1º) Admitir el presente recurso de casación 220/2018, preparado por la representación procesal de "EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA ESPERANZA, S.L." contra la sentencia -nº 1457/17, de 29 de junio (LA LEY 130669/2017)- dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en los recursos acumulados 1964 y 2192/11 .

2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la omisión del trámite de información pública comporta necesariamente la nulidad del procedimiento expropiatorio y, en su caso, si existe un momento preclusivo para su denuncia. A cuyo efecto y en principio serán objeto de interpretación los artículos 17 (LA LEY 43/1954) y 18 de Ley de Expropiación Forzosa (LA LEY 43/1954) ."

QUINTO.- Interposición del recurso:

Abierto el trámite, "EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LA ESPERANZA, S.L." , presentó escrito de interposición reiterando, básicamente, su escrito de preparación y, a modo de conclusión, precisaba "que la pretensión deducida por mi mandante en el presente recurso de casación tiene por objeto que se declare que:

a) La omisión del trámite de información pública previsto en los arts. 17 y 18 de la LEF , acaecida en el expediente de expropiación de autos, privó a mi mandante del derecho de defensa y de efectuar las alegaciones permitidas en el trámite.

b) Que dicha omisión dejó en situación de indefensión a mi mandante, hecho que comporta la nulidad de pleno derecho del procedimiento expropiatorio, habida cuenta que se trata de un trámite esencial del mismo, y de reconocimiento constitucional, todo lo cual convierte la expropiación en ilegal, equiparable a una vía de hecho.

c) Que el vicio del procedimiento, y la consecuente nulidad del expediente expropiatorio, puede ser esgrimido, como sucedió en el presente caso, al impugnar la resolución definitiva en vía administrativa por la que se fijaba el justiprecio, no siendo necesaria su denuncia "ab initio" en el expediente.

d) Que siendo nulo de pleno derecho el procedimiento expropiatorio, y ante la imposibilidad de devolver los bienes y derechos expropiados, procede fijar a favor del expropiado una indemnización por la ocupación ilegal de los mismos, consistente, conforme reiterada jurisprudencia, en un 25% de su total justiprecio.

Y efectuadas las anteriores declaraciones, procede que por este Alto Tribunal se admita el presente Recurso de Casación, se case la Sentencia recurrida, declarando el derecho de mi mandante a ser indemnizada por la Administración expropiante con un importe del 25% del justiprecio de los bienes y derechos que le han sido expropiados, ello en contraprestación por la imposibilidad de devolverle dichos bienes y derechos, que le han sido expropiados en virtud de un procedimiento nulo de pleno derecho, equiparable a una "vía de hecho".