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S APVA 5/2/2018

Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 3ª, Sentencia 39/2018 de 5 Feb. 2018, Rec. 398/2017

Ponente: Pañera Usunariz, Francisco José.

Nº de Sentencia: 39/2018

Nº de Recurso: 398/2017

Jurisdicción: CIVIL

LA LEY 3775/2018

ECLI: ES:APVA:2018:62

Cabecera

COSTAS PROCESALES. ALLANAMIENTO. Estimada la acción de nulidad de la cláusula suelo incorporada al préstamo hipotecario, se imponen a la entidad bancaria demandada las costas devengadas en primera instancia a pesar de su allanamiento. El art. 4 del RD-Ley 1/2017, de 20 de enero, relativo a la interpretación de mala fe procesal, exige al consumidor acudir previamente al procedimiento extrajudicial previsto en el art. 3, pero también a las entidades de crédito garantizar que este sistema de reclamación es conocido por el consumidor, lo que no acredita en este caso la demandada. Debió notificar fehacientemente al prestatario que estaba a su disposición un procedimiento de reclamación previa a la interposición de demanda judicial. Más aun existiendo una reclamación extrajudicial. No basta contestar este requerimiento porque no eliminó la cláusula suelo ni devolvió las cantidades indebidamente cobradas.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

La AP Valladolid desestima el recurso de apelación y confirma la imposición de costas a la parte demandada allanada.

Texto

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

VALLADOLID

SENTENCIA: 00039/2018

Modelo: N10250

C.ANGU STIAS 21

Tfno.: 983.41 3495 Fax: 983.45 9564

Equipo/usuario: MMD

N.I.G. 47186 42 1 2017 0002717

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000398 /2017

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000179 /2017

Recurrente: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA

Procurador: JULIO CESAR SAMANIEGO MOLPECERES

Abogado: ALEJAN DRA SEVARES CARAS

Recurrido: Oscar

Procurador: JAVIER FRAILE MENA

Abogado: JOSE MARIA ORTIZ SERRANO

SENTENCIA nº 39

ILMO. SR. PRESIDENTE:

D. JOSE JAIME SANZ CID

ILMOS.SRES. MAGISTRADOS:

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS

D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ (ponente)

En VALLADOLID, a cinco de febrero de dos mil dieciocho

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000179 /2017, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000398 /2017, en los que aparece como parte apelante, BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JULIO CESAR SAMANIEGO MOLPECERES, asistido por el Abogado Dña. ALEJANDRA SEVARES CARAS, y como parte apelada, Oscar , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JAVIER FRAILE MENA, asistido por el Abogado D. JOSE MARIA ORTIZ SERRANO, sobre NULIDAD CONDICION GENERAL CONTRATACION, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID, se dictó sentencia con fecha 15 de Mayo de 2017 , en el procedimiento RECURSO DE APELACION (LECN) 0000398 /2017 del que dimana este recurso. Se aceptan antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que estimando íntegramente la demanda, presentada por el procurador Sr. Fraile Mena, en nombre y representación de Oscar , contra BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, debo DECLARAR, y DECLARO la NULIDAD DE LA CONDICIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN relativa a la fijación del límite mínimo del tipo de interés variable (cláusula «suelo») prevista en la Estipulación TERCERABIS («Tipo de interés variable») de la escritura de AMPLIACIÓN Y NOVACIÓN DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, otorgada en fecha 22 de julio de 2009 , ante el Notario Don JESÚS ANTONIO DE LAS HERAS GALVÁN (Protocolo núm. 1.176 ), con DEVOLUCIÓN DECANTIDADES Y con los efectos inherentes a dicha declaración de nulidad y Se CONDENA, a la demandada, a la eliminación de la precitada condición general de la contratación relativa a la fijación del límite mínimo del tipo de interés variable (cláusula «suelo») de la referida escritura de AMPLIACIÓN Y NOVACIÓN DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA , y se CONDENA, a la demandada, a la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la referida cláusula «suelo», resultando su cuantía del sumatorio de la diferencia existente entre las cuotas abonadas en aplicación de dicha cláusula suelo y las que resulten de suprimir la mencionada cláusula, aplicando el tipo de referencia más el diferencial previstos en la escritura de fecha 22 de julio de 2009 y cuya determinación efectiva deberá producirse en ejecución de sentencia, condenando, a la demandada, a reintegrar todas aquellas cantidades que, pudiera percibir en exceso durante el presente, procedimiento como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula «suelo», con los intereses legales desde la fecha de cobro, debiendo, la parte demandada, proceder a recalcular y rehacer, con exclusión de la condición general de la contratación relativa a la fijación del límite mínimo del tipo de interés variable (cláusula «suelo»), los cuadros de amortización del préstamo hipotecario suscrito con la demandante contabilizando el capital que efectivamente debió ser amortizado desde la fecha de formalización de la escritura. Con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Que ha sido recurrido por la parte demandada BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, oponiéndose la parte contraria.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia del día 25 Enero de 2018, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento de la litis: motivos del recurso de apelación interpuesto por la entidad BANCO DE CASTILLA LA MACHA, S.A.

Por el recurrente se interpone recurso de apelación exclusivamente en relación con el pronunciamiento sobre la imposición de costas procesales, por considerar que el juzgador de instancia infringió lo dispuesto en los arts. 395 LEC (LA LEY 58/2000) y 4.2 RD Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017) al imponer a la entidad demandada las costas procesal a pesar del allanamiento total practicado.

SEGUNDO .- Sobre la condena en costas en primera instancia: allanamiento total y mala fe

Como es sabido, el art. 395.1 LEC (LA LEY 58/2000) establece para los supuestos de allanamiento que " si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado ", añadiendo su párrafo segundo que "se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación ". La cuestión debatida en el presente procedimiento no es otra que dilucidar si efectivamente la actora practicó el requerimiento fehaciente que dice haber realizado, así como si el mismo fue o no atendido por la entidad de crédito, lo que determinará la calificación como de buena o mala fe del allanamiento producido.

En relación con esta cuestión, la parte apelante defiende que no procede la imposición de las costas procesales al haberse interpuesto la demanda el 23.2.2017, esto es, cuando ya se encontraba en vigor el RD Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017), cuyo art. 4 establece que si el consumidor interpone una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido antes al procedimiento extrajudicial previsto en el art. 3, en caso de allanamiento antes de la contestación a la demanda, se considerará que no concurre mala fe procesal a los efectos del art. 395.1 II LEC (LA LEY 58/2000) .

En cuanto a la aplicación del art. 4 del RD-Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017) , que incluye una regulación específica en materia de condena en costas procesales cuando se dicten sentencias que resuelvan reclamaciones en sede judicial interpuestas con posterioridad a la entrada en vigor de la citada disposición legal (21 de enero), coincidimos con el recurrente en que la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 4.2.a) relativo a la interpretación de mala fe procesal a los efectos del art. 395.1 LEC (LA LEY 58/2000) , exige previamente que el consumidor no hubiera acudido al procedimiento extrajudicial previsto en el art. 3 del citado RD.

No obstante, en la interpretación de la citada norma no puede ignorarse que el procedimiento de reclamación previa legalmente previsto expresamente obliga a las entidades de crédito "garantizar que ese que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario" (art. 3), lo que no se acredita por la demandada en el presente caso, motivo por el que no pueden imponérsele tampoco las consecuencias negativas derivadas de no haber acudido al mismo el consumidor. Correspondía a la entidad demandada la obligación de notificar fehacientemente al demandante la existencia de un procedimiento de reclamación previa a la interposición de demanda judicial que se encontraba a su disposición, lo que no consta que se hubiera efectuado, lo que hubiera sido aún más necesario en un supuesto como el que nos ocupa en el que existía una reclamación extrajudicial previa (3.11.2016; doc. 9), razones más que suficientes para no aplicar la normativa especial sobre costas introducida por el RD- Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017).

En segundo lugar, y por lo que al requerimiento previo alegado se refiere que se dice atendido por la apelante, no basta con contestar al mismo por la entidad para que se estime que el mismo fue expresamente atendido y que evitó la prosecución del pleito. Así, es cierto que en fecha 13.1.2017 (doc. 1 del escrito de allanamiento) el banco contestó accediendo a lo reclamado, pero también lo es que en el mismo expresamente se puntualizaba que " antes del 15 de marzo próximo Banco de Castilla La Mancha, S.A. procederá a eliminar la cláusula suelo del citado préstamo, reduciendo el capital pendiente e ingresando en la cuenta vinculada al mismo las cantidades que entendamos procede o devolviendo las mismas a través de medida compensatoria equivalente, lo que le será comunicado por correo ordinaria tanto pronto como se hubiese efectuado" . Lo cierto es que la entidad no procedió ni a eliminar la cláusula, ni tampoco a devolver las cantidades indebidamente cobradas en base a ella, motivo por el que procede rechazar el recurso y confirmar el pronunciamiento relativo a la mala fe procesal de la demandada en la medida en que efectivamente contestó el requerimiento, pero lo atendió tardíamente mediante la verificación de dos ingresos el 17.5.2017, esto es, dos días después del dictado de la sentencia ahora recurrida, y uno después de su notificación a las partes.

Por otra parte, no se aporta por la demandada acreditación de la recepción por el actor del burofax enviado, por lo que no hay constancia documental de que el Sr. Oscar hubiera tomado la decisión de interponer la demanda a pesar de contar con la promesa de cumplir con lo requerido que manifiesta la contestación, por lo que tampoco por este motivo podrá interpretarse mala fe procesal del actor.

TERCERO.- Costas

Al desestimar el recurso interpuesto por la entidad demandada, procede imponer a la parte recurrente las costas causadas en esta segunda instancia de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 en relación con el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) .

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por entidad BANCO DE CASTILLA LA MACHA, S.A. contra la sentencia de 15 de mayo de 2017 dictada en Juicio Ordinario 179/17 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid , la cual CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE, con expresa imposición a la parte recurrente de las costas procesales de segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , según redacción de la Ley Orgánica 1/2009 (LA LEY 19390/2009), acordamos, también, la devolución del depósito constituido al recurrente al haberse estimado el recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber, conforme a los artículos 208 n º 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) y 248 n º 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , que contra ella cabe interponer, en su caso, los recursos de casación, solo si la resolución del recurso presenta interés casacional y extraordinario por infracción procesal si cabe la casación, interposición que deberá hacerse ante esta Sala dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla para su resolución por el Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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