PRIMERO.-
Planteamiento de la litis: motivos del recurso de apelación interpuesto por la entidad BANCO DE CASTILLA LA MACHA, S.A.
Por el recurrente se interpone recurso de apelación exclusivamente en relación con el pronunciamiento sobre la imposición de costas procesales, por considerar que el juzgador de instancia infringió lo dispuesto en los arts. 395 LEC (LA LEY 58/2000) y 4.2 RD Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017) al imponer a la entidad demandada las costas procesal a pesar del allanamiento total practicado.
SEGUNDO .- Sobre la condena en costas en primera instancia: allanamiento total y mala fe
Como es sabido, el art. 395.1 LEC (LA LEY 58/2000) establece para los supuestos de allanamiento que " si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado ", añadiendo su párrafo segundo que "se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación ". La cuestión debatida en el presente procedimiento no es otra que dilucidar si efectivamente la actora practicó el requerimiento fehaciente que dice haber realizado, así como si el mismo fue o no atendido por la entidad de crédito, lo que determinará la calificación como de buena o mala fe del allanamiento producido.
En relación con esta cuestión, la parte apelante defiende que no procede la imposición de las costas procesales al haberse interpuesto la demanda el 23.2.2017, esto es, cuando ya se encontraba en vigor el RD Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017), cuyo art. 4 establece que si el consumidor interpone una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido antes al procedimiento extrajudicial previsto en el art. 3, en caso de allanamiento antes de la contestación a la demanda, se considerará que no concurre mala fe procesal a los efectos del art. 395.1 II LEC (LA LEY 58/2000) .
En cuanto a la aplicación del art. 4 del RD-Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017) , que incluye una regulación específica en materia de condena en costas procesales cuando se dicten sentencias que resuelvan reclamaciones en sede judicial interpuestas con posterioridad a la entrada en vigor de la citada disposición legal (21 de enero), coincidimos con el recurrente en que la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 4.2.a) relativo a la interpretación de mala fe procesal a los efectos del art. 395.1 LEC (LA LEY 58/2000) , exige previamente que el consumidor no hubiera acudido al procedimiento extrajudicial previsto en el art. 3 del citado RD.
No obstante, en la interpretación de la citada norma no puede ignorarse que el procedimiento de reclamación previa legalmente previsto expresamente obliga a las entidades de crédito "garantizar que ese que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario" (art. 3), lo que no se acredita por la demandada en el presente caso, motivo por el que no pueden imponérsele tampoco las consecuencias negativas derivadas de no haber acudido al mismo el consumidor. Correspondía a la entidad demandada la obligación de notificar fehacientemente al demandante la existencia de un procedimiento de reclamación previa a la interposición de demanda judicial que se encontraba a su disposición, lo que no consta que se hubiera efectuado, lo que hubiera sido aún más necesario en un supuesto como el que nos ocupa en el que existía una reclamación extrajudicial previa (3.11.2016; doc. 9), razones más que suficientes para no aplicar la normativa especial sobre costas introducida por el RD- Ley 1/2017, de 20 de enero (LA LEY 377/2017).
En segundo lugar, y por lo que al requerimiento previo alegado se refiere que se dice atendido por la apelante, no basta con contestar al mismo por la entidad para que se estime que el mismo fue expresamente atendido y que evitó la prosecución del pleito. Así, es cierto que en fecha 13.1.2017 (doc. 1 del escrito de allanamiento) el banco contestó accediendo a lo reclamado, pero también lo es que en el mismo expresamente se puntualizaba que " antes del 15 de marzo próximo Banco de Castilla La Mancha, S.A. procederá a eliminar la cláusula suelo del citado préstamo, reduciendo el capital pendiente e ingresando en la cuenta vinculada al mismo las cantidades que entendamos procede o devolviendo las mismas a través de medida compensatoria equivalente, lo que le será comunicado por correo ordinaria tanto pronto como se hubiese efectuado" . Lo cierto es que la entidad no procedió ni a eliminar la cláusula, ni tampoco a devolver las cantidades indebidamente cobradas en base a ella, motivo por el que procede rechazar el recurso y confirmar el pronunciamiento relativo a la mala fe procesal de la demandada en la medida en que efectivamente contestó el requerimiento, pero lo atendió tardíamente mediante la verificación de dos ingresos el 17.5.2017, esto es, dos días después del dictado de la sentencia ahora recurrida, y uno después de su notificación a las partes.
Por otra parte, no se aporta por la demandada acreditación de la recepción por el actor del burofax enviado, por lo que no hay constancia documental de que el Sr. Oscar hubiera tomado la decisión de interponer la demanda a pesar de contar con la promesa de cumplir con lo requerido que manifiesta la contestación, por lo que tampoco por este motivo podrá interpretarse mala fe procesal del actor.