TERCERO.- Examinadas las alegaciones de la parte apelante, del Ministerio Fiscal y de la otra parte apelada, así como los datos obrantes en los autos elevados a la Sala, procede la estimación parcial del recurso.
A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:
a.- La sentencia de instancia, objeto del presente recurso de apelación, condena a Micaela , como autora de un delito leve de lesiones, previsto y penado en el art. 147.2 C. Penal (LA LEY 3996/1995) .
b.- Como primer motivo del recurso que examinamos, se alega el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, al no resolver la sentencia apelada todas las cuestiones planteadas. Consecuentemente solicita como petición principal, la declaración de nulidad de actuaciones, y en concreto de la sentencia dictada, debiendo retrotraerse las actuaciones a dicho momento de dictar sentencia, a fin de que se dicte otra, pronunciándose sobre los extremos expuestos.
Con carácter previo cabe señalar, que la vía utilizada por la parte recurrente, esto es mediante los recursos ordinarios, es la forma correcta de plantear la nulidad denunciada, así como también el cauce que permite subsanar los vicios denunciados.
Dos son en este sentido los indicados por la parte denunciante, calificables de sendas incongruencias que expone el recurso: una incongruencia por omisión y otra por ultra petita.
En relación con la primera de las incongruencias, el examen de la sentencia recurrida nos lleva a la desestimación de la alegación, pues no existe dicha incongruencia omisiva, a la vista del fundamento de derecho tercero, en el que expresamente se rechaza la aplicación de la solicitada apreciación de la eximente de legítima defensa, argumentándose en la no concurrencia del requisito de la existencia de una agresión previa de la víctima.
En cuanto a la otra incongruencia, ciertamente se aprecia que la sentencia incurre en dicho vicio, más bien parece un mero error de transcripción, en su modalidad de ultra petita, al conceder más de lo que se pide en el capítulo de la responsabilidad civil, en el que rige el principio de rogación.
Así por el Ministerio Fiscal, única parte que ejercita la acción civil junto con la penal, se solicitó como indemnización por los días de curación la cantidad de 30 euros por día de sanidad, que en tanto fueron 7, determina un quantum indemnizatorio de 210 euros.
La sentencia de instancia, en el fundamento de derecho cuarto fija congruentemente la indemnización en dicha cantidad solicitada, si bien, luego en el fallo, pensamos que por un mero error de transcripción - que podría haberse resuelto mediante la simple petición de aclaración--, establece la cantidad de 240 euros.
El respeto al principio de rogación o petición de parte, impone que deba estimarse en este extremo y en esta instancia el recurso, sin necesidad de declarar la nulidad, reconduciendo la indemnización a la cifra de 210 euros.
c.- El segundo motivo alega error en la apreciación de las pruebas, al no considerar la sentencia de instancia, que existió provocación previa por el denunciante, que fue causa de la proporcionada reacción de la recurrente.
El motivo debe ser desestimado.
La tesis de la parte recurrente, en el fondo, se sustenta en la propia versión que da la misma de cómo ocurrieron los hechos y de una personal y parcial valoración-consideración del letrado que defiende a la recurrente, sin tener en cuenta el conjunto de la prueba practicada - ex art. 741 L.E.Crim (LA LEY 1/1882) .-, que sí tiene en cuenta el Juzgador de instancia
A este respecto hay que señalar que el hecho de que la víctima fuera disfrazada de vampiro, en tanto no fuera más allá en dicha pose, y que hubiera consumido alcohol, nada extraño en una fiesta como la de Halloween, no significa una predisposión a la agresión. Como señala la defensa de la víctima, no se ha acreditado que el consumo de alcohol fuera tal que determinara una conducta agresiva de la víctima y tampoco, cabe añadir, el hecho de ir disfrazado de tan siniestro personaje de la noche. Por lo tanto la mera alegación de estas circunstancias no permite llegar a la consecuencia, que parece querer plantear el recurso, de que hubo una previa agresión por parte del Sr. Andrés .
No es objeto de cuestión que hubo un pisotón, del que fue objeto la recurrente. Así lo reconoce la misma y no lo niega la víctima, siendo también advertido por los testigos que han depuesto. Ahora bien de tratarse de un pisotón a una serie de ellos, va un trecho. Y si bien una reincidencia en dicha acción de pisotear el pie de otra persona, pudiera delatar la intencionalidad de una agresión por parte del que así procede, en el caso presente la prueba practicada no acredita tal sucesión reiterativa, siendo únicamente la recurrente la que la mantiene, Resulta llamativo que, estando acompañada por otra persona al parecer, no la haya traído como testigo para confirmar su versión. Así las cosas, tan sólo se acredita un puntual pisotón, que aunque pudiera ser doloroso, no equivale a una agresión o cuando menos existe la duda razonable de que pudiera ser, aunque, repetimos, doloroso, meramente involuntario.
Lo anterior nos lleva a que no pueda calificarse de previa agresión por parte de la víctima, el pisotón lo que, como señala la sentencia de instancia, inhabilita la aplicación de la eximente de legítima defensa, conforme queda regulada en el art. 20.4 C. Penal (LA LEY 3996/1995) .
Por otra parte, en el motivo se alude a la contradicción que se deriva del hecho de que por parte del Sr Andrés como de los dos testigos que lo acompañaban, se refieran a la reacción de la recurrente, con la expresión le propinó un puñetazo y el que los dos policías locales, que igualmente comparecieron como testigos, hable de que fue una bofetada.
Decíamos que era una consideración personal del letrado de la defensa, la diferenciación entre puñetazo y bofetada, a los efectos de demostrar el primero una manifestación más agresiva y la segunda más de defensa, puesto que puede opinarse así o de otra manera. En cualquier caso la cuestión no alcanza la consecuencia que pretende la parte recurrente, ya que lo relevante es el resultado lesivo. A diferencia del pisotón, que ha quedado en involuntario - por no acreditarse su intencionalidad --, la bofetada/puñetazo - que no deja de ser una también subjetiva apreciación de los testigos, sobre todo si fue inesperada, ante lo que era un inocuo pisotón, fue voluntario y determinante de las lesiones causadas, ciertamente no graves, por lo que estamos ante un delito leve, y desde luego desproporcionado como medio para repeler el pisotón, por la abultada diferencia de resultado lesivo.
Atendido lo expuesto, no se aprecia el alegado error en la valoración de la prueba, por lo que debe desestimarse el motivo.
d.- Por último se alega infracción del ordenamiento jurídico, por no apreciar la eximente de legítima defensa.
Atendido lo expuesto en el apartado anterior, que damos por reproducido, la desestimación de la eximente es ajustada a derecho, por no concurrir los requisitos exigidos por el citado art. 20.4 C. Penal (LA LEY 3996/1995) .