TERCERO.- Respecto del vulnerado principio de presunción de inocencia, indefectiblemente unido a la valoración de la prueba efectuada por el juez a quo, pasa necesariamente por un exhaustivo análisis de los requisitos de la prueba indiciaria y de los indicios tenidos en cuenta en la Sentencia, toda vez que es esta la prueba básica con la que cuenta la resolución para llegar al pronunciamiento condenatorio.
Ya desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre (LA LEY 520-TC/1986) , entre otras, a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados.
2) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados.
3) Para que se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia.
4) Y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de las STC 169/1989, de 16 de octubre (LA LEY 2944/1989) , " en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes " (SSTC 220/1998, de 16 de noviembre (LA LEY 10641/1998); 124/2001, de 4 de junio (LA LEY 6089/2001); 300/2005, de 21 de noviembre (LA LEY 10538/2006)). El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso el Tribunal Constitucional es especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento " cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada " (STC 229/2003, de 18 de diciembre (LA LEY 296/2004)).
La Sentencia trae a colación una serie de hechos indubitados como fundamento posterior de esa prueba indiciaria.
Resulta acreditado que para el robo que se describe en los hechos probados se utilizó un vehículo Wolkswagen Polo de color azul sustraído en un taller mecánico sito en la calle Veina de Sant Jaume 9, en la población de Argentona, en el que previamente su propietario había depositado en el mismo.
Que en dicho vehículo, tras su recuperación, fue hallado una máscara del personaje de cómic Spiderman, con restos biológicos del acusado.
Que en el lugar del robo, el taller Timer Acabados Textiles, sito en la población de Dosrius, se produjo el día de los hechos una fractura de la puerta de acceso con restos de pintura azul, coincidente con la pintura del vehículo; como, a su vez, en los desperfectos del vehículo hallados tras su recuperación, se hallaba impregnada pintura de dicho acceso del taller asaltado.
Que el vigilante de seguridad de este último fue asaltado por, al menos, cuatro individuos con la cara tapada, siendo que uno de ellos llevaba una máscara de Spiderman, obligado a ponerse boca abajo en el suelo y donde escuchó un fuerte impacto del vehículo contra la puerta del local que vigilaba (el del lugar de los hechos) habiéndose constatado dicha transferencia de pintura entre el lugar y el vehículo.
Que del lugar de los hechos se llevan una caja fuerte con la cantidad de 90.000 euros, la cual fue forzada con una sierra radial y abandonada en una pista forestal.
Que del taller donde fue sustraído el vehículo también fue sustraída una sierra radial.
Que en el lugar del asalto fueron halladas huellas de pisadas diferentes, entre las cuales se encontraron las huellas de unas zapatillas deportivas marca Puma.
Que en el registro domiciliario efectuado en la vivienda del acusado fue encontrada la caja de unas zapatillas marca Puma y modelo coincidente con el que corresponde a las huellas de las zapatillas.
El recurso de apelación interpuesto argumenta básicamente que la atribución al acusado del robo por el que ha sido condenado no tiene un sustento suficiente en el hallazgo de la máscara en el vehículo con restos biológicos del recurrente y que el hallazgo de la huella coincidente con el modelo de zapatilla que se corresponde con la caja de zapatillas halladas en el domicilio del acusado, puede ser atribuible también a otro de los sospechosos, al ser hallada en su domicilio una zapatilla de similares características. Como así parece ciertamente intrascendente el hallazgo de piezas de ferretería, en concreto unas bridas para el uso mecánico, halladas en el taller mecánico del acusado, similares a las que habían en el taller objeto del robo.
Ciertamente en el recurso se hace una descripción detallada del hallazgo de la referida máscara, habiéndose constatado que el vehículo es encontrado por el propio propietario del vehículo el 28 de enero, más de 20 días después de haber sido sustraído e incluso tras su inspección por parte de los agentes, sin que la vieran. Se citan los requisitos de la cadena de custodia, al ser que la policía guarda la máscara hasta el momento en que es detenido el acusado, por lo que incide en la duda de que la prueba de restos biológicos impregnados en dicha máscara halla sido manipulada por la policía, indicando que, incluso, uno de los agentes le invitó a que se la pusiera para ver si era de su talla.
Respecto de las posibles irregularidades en la obtención de las muestras de ADN, originadas -según la defensa- por la ausencia de autorización judicial para la recogida de los efectos personales debe indicarse que el alcance gramatical de los arts. 326, párrafo 3 y 363, párrafo 2 de la LECrim (LA LEY 1/1882), ha sido ya resuelta por la jurisprudencia del TS y definitivamente clarificada a raíz de la publicación de la LO 10/2007 (LA LEY 10118/2007), reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN. En efecto, el acuerdo del Pleno no jurisdiccional que tuvo lugar el 31 de enero 2006, proclamó que "la Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial". Esta idea fue ratificada por numerosos precedentes, de los que las SSTS 1190/2009, 3 de diciembre (LA LEY 247525/2009) , 701/2006, 27 de junio (LA LEY 70377/2006) , 949/20064 de octubre y 1267/2006, 20 de diciembre , son sólo muestras más que significativas. Esta tesis era plenamente congruente con el art. 126 de la CE (LA LEY 2500/1978), que impone a la Policía Judicial la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente, esto es, le atribuye la práctica de los actos de investigación pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y de su autoría. Y sigue diciendo la STS 7/7/2010 especifica que precisamente, para la efectividad de este cometido está facultada para la recogida de efectos, instrumentos o pruebas que acrediten su perpetración, como expresamente se recoge en el art. 282 de la LECrim (LA LEY 1/1882) EDL 1882/1 , que faculta a la Policía Judicial para "recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial" . El descubrimiento y recogida de objetos para su ulterior examen en busca de huellas, perfiles genéticos, restos de sangre u otras actuaciones de similar naturaleza, son tareas que exigen una especialización técnica de la que gozan los funcionarios de la Policía científica a los que compete la realización de tales investigaciones, sin perjuicio de que las conclusiones de las mismas habrán de acceder al Juzgador y al Tribunal sentenciador para que, sometidas a contradicción puedan alcanzar el valor de pruebas. Indica que:
"Esta interpretación jurisprudencial, que buscaba integrar la estricta literalidad de los
arts. 326 (LA LEY 1/1882) y 363 de la LECrim (LA LEY 1/1882)
con los principios constitucionales que informan nuestro sistema de investigación y enjuiciamiento, se ha visto confirmada por la ya citada LO 10/2007 (LA LEY 10118/2007), de octubre. En su Disposición Adicional 3ª -a la que el propio texto adjudica el carácter de ley orgánica- se establece que ".para la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3, la policía judicial procederá a la toma de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar del delito. La toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal" . Este precepto, pese a que deja sin resolver algunas cuestiones todavía pendientes y decididamente abordadas en el derecho comparado, tiene la virtud de clarificar, acogiendo el criterio ya proclamado por esta Sala, el régimen jurídico de la toma de muestras para la obtención del ADN. De acuerdo con su contenido, resultará indispensable distinguir varios supuestos claramente diferenciados:
a) En primer lugar, cuando se trate de la recogida de huellas, vestigios o restos biológicos abandonados en el lugar del delito, la Policía Judicial, por propia iniciativa, podrá recoger tales signos, describiéndolos y adoptando las prevenciones necesarias para su conservación y puesta a disposición judicial. A la misma conclusión habrá de llegarse respecto de las muestras que pudiendo pertenecer a la víctima se hallaren localizadas en objetos personales del acusado.
En el caso que está siendo objeto de enjuiciamiento, las muestras de ADN fueron obtenidas por los agentes de la Policía Autonómica, a partir de los objetos abandonados. Sobre lo cual se coincide en la Sentencia que nos ocupa con lo que se contiene en el caso analizado por el Ts:
"La Audiencia Nacional también ha dado respuesta motivada a la queja referida a una posible ruptura de la cadena de custodia, razonando que las pruebas periciales fueron practicadas por los laboratorios de la Policía Autonómica, con el respaldo del banco de datos genéticos derivados de ADN, custodiado con arreglo a los protocolos inicialmente aprobados por la Orden 2 de septiembre de 2003 (BOPV núm. 2003170, de la misma fecha). Quedó acreditado -argumenta la Audiencia Nacional en el FJ 2- por las declaraciones testificales y por el informe pericial que la toma de muestras que permitió la obtención de la huella genética no implicó desviación alguna en la cadena de custodia, evitándose en todo caso la contaminación, así como asegurando la relación entre el sospechoso y la evidencia, con entrega al superior jerárquico que a su vez remitió las muestras a los laboratorios de genética forense. Descartada, pues, la irregularidad de la prueba de ADN, esta Sala ha podido constatar que el material probatorio sobre el que se ha construido el juicio de autoría es bastante, de signo netamente incriminador y ha sido apreciado con arreglo a las pautas impuestas por un sistema racional de valoración probatoria. El control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia -decíamos en nuestra STS 209/2008, 28 de abril (LA LEY 47638/2008)
- autoriza a esta Sala
a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. Pues bien, la prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas -y así lo recuerda la STS 1199/2006, 11 de diciembre (LA LEY 150056/2006)
-, que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. Por cuanto antecede, el motivo referido a la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia respecto de Gorka, ha de ser desestimado por su falta de fundamento (art. 885.1 LECrim (LA LEY 1/1882)
)."
En el presente caso es cierto que la máscara es hallada muchos días después de los hechos, pero no ha quedado acreditado que la misma entrara en contacto con el acusado en ningún momento como se apunta en el recurso, sino que, una vez el mismo es detenido, es remitido al Instituto Nacional de Toxicología y analizado (folios 323 y ss). El recurso apunta a la posibilidad de que uno de los agentes hiciese que el acusado se probara de nuevo la máscara antes de remitirla a su análisis o la hipótesis de que fuera manipulada una toalla del detenido para impregnarla en la máscara.
Se desdice dicha posibilidad tajantemente por los agentes en el acto de juicio, sin que exista motivo para entender que estos faltan a la verdad o que manipularan las pruebas premeditando atribuir los hechos al acusado. Ciertamente, como razona la sentencia, es el propio acusado el que, en su versión exculpatoria, indica que le obligaron los policías a ponerse la capucha, pero que lo hizo al revés, lo que dificultaría en su caso los restos de saliva identificados en la prenda.
El indicio resulta claramente esclarecedor con el hallazgo de la huella hallada en los documentos del lugar del robo, perteneciente a una zapatilla de una marca determinada, como así su modelo, coincidente con el del recipiente caja hallado en la habitación del acusado, en su domicilio, durante el registro autorizado judicialmente.
En relación al motivo de impugnación real (pues en el presente caso la pretendida vulneración del principio de presunción de inocencia vendría causado justamente por el también presunto error en la valoración de la prueba, y así parece entenderlo el recurso), debe recordarse que es doctrina consolidada que el Juez de instancia que presidió la práctica de la prueba, contando con ello con la fuerza ilustrativa y aleccionadora que la inmediación proporciona, llegó en su valoración a la conclusión que se refleja en los hechos probados de la sentencia recurrida. Tal conclusión fáctica, en cuanto dimana de la apreciación de la prueba personal, ha de ser respetada por este órgano jurisdiccional de apelación que carece de la inmediación que le permita formar su convicción en conciencia sobre tal extremo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) .
El Tribunal Supremo viene manteniendo esta doctrina, con argumentos igualmente válidos para el recurso de apelación y así en sentencia de 30-1-91 afirma que "decidir con plenitud de garantías cual de entre las declaraciones ofrece mayor credibilidad, es tarea exclusiva y excluyente del Juzgador de Instancia con arreglo al art 741 de la L.E. Cr . Todo ello consecuencia de la decisiva importancia del principio de inmediación".
En este caso, la Juez de lo Penal ha escuchado las explicaciones del acusado y de los testigos y ha valorado la prueba indiciaria, asegurando los agentes que, en cuanto a la prueba biológica no es cierto que invitaran al acusado a ponerse la máscara y menos aún que manipularan restos biológicos del acusado para impregnar la máscara.
Tal y como ha reiterado la STS 383/2010, de 5-5 (LA LEY 41089/2010) y la STS 93/2008, de 15 de febrero la declaración de los policías en el plenario es prueba que enerva válidamente la presunción constitucional de inocencia conforme a lo autorizado por el art. 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)
"las declaraciones de las autoridades y funcionarios de policía judicial tendrán el valor de declaraciones testificadas, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional", recordando la doctrina resultante entre otras muchas de las Sentencias 146/2005, de 7 de febrero y 1185/2005, de 10 de octubre , "estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, de manera que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de tal veracidad, precisamente en función a la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un Estado social y democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los arts. 104 y 126 de la Constitución española" .
El Tribunal estima que la prueba indiciaria no ha sido valorada de forma incorrecta por el juez a quo, sino que el conjunto de indicios, basados en hechos ciertos y constatados, dirige la prueba de forma clara y fehaciente hacia la participación del acusado en cuanto a que este era uno de los individuos autores de los hechos objeto de acusación, portando las zapatillas cuya huella fue identificada en el lugar y también portando la máscara vista por el testigo, vigilante de seguridad del taller asaltado, a modo de disfraz.