SEGUNDO: El relato fáctico o descriptivo de un acontecimiento es la premisa ineludible de todo análisis jurídico-penal, y en el mismo deben de contenerse los extremos de hecho necesarios para entender cometida una infracción penal, es decir, y adaptado al caso, si en los Hechos Probados de la sentencia de instancia no se relata y perfila un comportamiento coactivo, no cabe entender cometidas unas coacciones.
Esa exigencia lleva en este supuesto a absolver a ambos denunciados de las supuestas coacciones, por cuanto las mismas no se han visto descritas en los Hechos Probados de la sentencia de instancia.
Para profundizar en esa conclusión se procede a señalar la doctrina jurisprudencial sobre las coacciones, a fin de facilitar el análisis comparativo con los hechos descritos.
En cuanto a la doctrina jurisprudencial procede reseñar, como muestra, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009 (Pte. Granados Pérez), que señala: De acuerdo a nuestra jurisprudencia -cf. Sentencia 626/2007, de 5 de julio - el delito de coacciones aparece caracterizado por:
a) Una conducta violenta de contenido material, como vis física, o intimidación, como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto.
b) La finalidad perseguida, como resultado de la acción, es la de impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto.
c) Intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, se podría dar lugar a la falta.
d) La intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos impedir o compeler.
e) Que el acto sea ilícito -sin estar legítimamente autorizado- que será examinado desde la normativa exigida en la actividad que la regula.
En términos similares se pronuncia la Sentencia 1427/2005, de 2 de diciembre (LA LEY 10668/2006)
, en la que se declara que el delito de coacciones, tipificado en el
artículo 172 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)
, requiere como presupuestos legales:
a) una conducta violenta de contenido material como vis física, o intimidación como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto;
b) la finalidad perseguida, como resultado de la acción, es impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto;
c) intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, podría dar lugar a la falta;
d) intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos "impedir" o "compeler" y
e) ilicitud del acto desde la perspectiva de las normas referentes a la convivencia social y al orden jurídico. Y a los efectos de diferenciar el delito de la falta de coacciones, añade que es necesario valorar la mayor o menor trascendencia del acto de coacción, la intensidad de la presión ejercida y el grado de malicia y culpabilidad del agente.
El relato fáctico recoge: Se consideran hechos probados que a partir del día 15-11-2008 los denunciados acudieron al domicilio de la empresa Iniesta Construcciones Murcianas sita en Polígono Industrial San Ginés de Murcia, visitando a los denunciantes, socios de la mencionada empresa, en relación con una deuda con Codesur de 35.000 euros. Esta deuda la había comprado Gestión Reina Levante, de nombre comercial El Buda del Moroso. Tras varias visitas no hubo acuerdo, sin bien los denunciantes llegaron a saldar la cantidad de 25.750 euros, algo que no satisfizo a los denunciados, que reclamaban el resto y unos intereses calculados exclusivamente por ellos, al tiempo que les manifestaban que les denunciarían por estafa ante los Juzgados, lo que nunca hicieron. Los denunciados continuaron contactando con los denunciantes, llegando a acudir a sus domicilios particulares y de algunos de sus familiares.
Por lo tanto, lo único que se recoge son "visitas" y "contactos", acudiendo a la empresa y a los domicilios familiares y con los propios denunciantes, pero sin describir en qué consistieron esas "visitas" y "contactos", de qué forma se pudo materializar un comportamiento coactivo, en definitiva, no se precisa la conducta susceptible de análisis jurídico-penal.
Sólo se reseña que les manifestaron los denunciados que les denunciarían por estafa ante los Juzgados, lo cual no puede entenderse como una coacción, por cuanto el presentar una denuncia o querella (en la vía penal) o una demanda (en el ámbito civil) constituye el ejercicio de una facultad que se reconoce a los ciudadanos en defensa de sus intereses legítimos y pretensiones, sin perjuicio que atendiendo a la vía utilizada hayan de responder de las consecuencias de sus actos. Pero mencionar lo reseñado, sin ninguna precisión fáctica añadida, no puede entenderse como una expresión de manifestación coactiva.
Por lo tanto, sin variar el relato fáctico de la sentencia de instancia, el pronunciamiento absolutorio respecto a las faltas de coacciones resulta obligado.
TERCERO: El anterior pronunciamiento limita el análisis jurídico-penal a las amenazas atribuidas en la sentencia exclusivamente al denunciado D. Lucas , que han merecido exclusivamente el reproche por una falta de amenazas, lo que soslaya la consideración jurídico-penal sobre la continuidad delictiva alegada en el recurso.
Sobre las amenazas existen dos testimonios coincidentes y concurrentes, los de los dos denunciantes, así como el reconocimiento del propio denunciado de haber mantenido contactos personales y telefónicos con los denunciantes (aunque señalando la cordialidad de trato mantenido con ambos, negando tajantemente que hubiera vertido contra ellos cualquier tipo de expresión amenazadora).
Con relación a éstas, el Juzgador de instancia ha ponderado esos testimonios incriminatorios concurrentes y coincidentes de ambos denunciantes, así como la situación de reclamación de la deuda existente (que el denunciado no niega, por lo que enmarca la denuncia por amenazas en una estrategia defensiva por parte de los deudores para evitar el pago pendiente -lo cual constituye expresión de una situación de tensión que mal se compadece con la supuesta armonía alegada por el mismo en cuanto a las reclamaciones que les formulaban a los denunciantes-), y la denuncia que presentaron ambos denunciantes ante la Policía el 20 de febrero de 2009 (en la que señalaban que las amenazas se efectuaron los días 29 de enero y 16 de febrero de 2009).
Esa denuncia es significativa, desde el momento que constituye un paso que sólo se da por parte de los denunciantes, pese a que las reclamaciones económicas ya se efectuaban desde meses antes (mitad de noviembre de 2008), no por las reclamaciones que se les hacían ante la existencia de la deuda, sino por la situación de temor e intranquilidad añadida que les surge al irradiarse la "presión" sobre su entorno familiar y respecto a su integridad física, no por simples "visitas" o "contactos", sino por abiertas y expresivas amenazas contra la integridad física de su familia más directa o contra ellos mismos.
Es conjunto de circunstancias, valoradas por el Juzgador de instancia, justifican la condena por amenazas efectuada, aunque sólo con relación al denunciado D. Lucas .
Las frases amenazadoras vertidas según los Hechos Probados de la sentencia de instancia (El día 29-1-2009 Lucas dijo a los denunciantes "acuérdate de los que hablamos y que tu mujer y tus críos lleven cuidado cuando salgan del colegio, por si los atropellara un coche". En llamada telefónica de fecha 16-2-2009 el citado Lucas dijo a los denunciantes "te tengo que mandar a un tío muy grande para darte una paliza y verás si a ese le pagas, por mis cojones que te cobro" ), suponen la infracción de la falta de amenazas por lo que ha sido condenado D. Lucas .
En tal sentido procede recordar la Jurisprudencia aplicable a las amenazas, inicialmente estudiada como delito (en cuanto a la configuración de sus exigencias), para luego precisar su graduación como falta.
La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2011 (Pte. Marchena Gómez) reseña los criterios de análisis en cuanto al delito de amenazas: El delito de amenazas se integra por los siguientes elementos: a) una conducta del agente constituida por expresiones o acto idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la conminación de un mal injusto, determinado y posible, b) que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea seria, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes; y c) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de antijuridicidad de la acción y su calificación como delictiva (cfr. por todas, SSTS 264/2009, 12 de marzo (LA LEY 34601/2009) , 259/2006, 6 de marzo (LA LEY 21247/2006) , 557/2007, 21 de junio (LA LEY 52019/2007) y 268/99, 26 de febrero).
En la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2010 (Pte. Marchena Gómez) se señala: En nuestra STS 832/2007, 5 de octubre (LA LEY 170359/2007) , recordábamos que la jurisprudencia viene señalando que las infracciones criminales tipificadas en los arts. 169 (LA LEY 3996/1995) y 620 CP (LA LEY 3996/1995) , tienen idéntica denominación y estructura jurídica y se diferencian tan solo por la gravedad de la amenaza. Ésta ha de valorarse en función de la ocasión en que se profiere, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores. La diferencia es circunstancial y radica en la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza para el bien jurídico protegido. La jurisprudencia ha venido decantándose por la existencia del delito cuando nos encontramos ante una amenaza grave, seria y creíble por ser potencialmente esperado un comportamiento agresivo que lleve a efecto el mal amenazado. El criterio determinante de la distinción, tiene aspectos mayoritariamente cuantitativos, pero no debe descuidarse el perfil cualitativo de la amenaza que habrá que extraer de una serie de datos antecedentes y concurrentes en el caso (STS 832/98 (LA LEY 2757/1988), 17 de junio y 1253/2005, 26 de octubre).
Es cierto que el empleo de un arma, por sí solo, no determina la calificación de los hechos como integrantes de un delito. No faltan precedentes en esta Sala en los que la utilización de un cuchillo fue calificada como amenaza leve, a la vista de la facilidad con la que el autor fue desarmado (cfr. STS 182/1999, 10 de febrero).
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la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2010 (Pte. Berdugo Gómez de la Torre) insiste en los criterios de análisis para precisar qué tipo de calificación penal procede en las amenazas: El delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo (SSTS. 593/2003 (LA LEY 12511/2003) de 16.4 , 1253/2005 de 26.10 , 636/2006 de 14.6 (LA LEY 63063/2006)).
Son sus caracteres generales:
1) El bien jurídico protegido es la libertad de la persona y el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida.
2) Es un delito de simple actividad de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo.
3) El contenido o núcleo esencial del tipo es el anuncio en hechos o expresiones, de causar a otro un mal que constituya delito de los enumerados; anuncio de un mal que ha de ser serio, real y perseverante, atendiendo a las circunstancias concurrentes, y que éstas mismas circunstancias: subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente, como para merecer una contundente repulsa social que fundamente razonablemente el juicio de antijuricidad de la acción y su calificación como delictiva (SSTS. 596/2006 de 6.3 , 557/2007 de 21.6 (LA LEY 52019/2007)).
4) El mal anunciado ha de ser futuro, injusto, determinado y posible que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo y produce la natural intimidación en el amenazado (STS. 268/99 de 26.2).
5) Este delito es inminentemente circunstancial, debiendo valorarse la ocasión en que se profiera, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza (STS. 938/2004 de 12.7 (LA LEY 2066/2004)).
6) El dolo especifico consiste en ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego, dolo indubitado, en cuanto encierra un plan premeditado de actuar con tal fin o animo intimidatorio evidente contra la víctima (ATS. 1880/2003 de 14.11 (LA LEY 237787/2003)).
En el caso enjuiciado, el dolo del tipo de amenazas resulta del propio tenor de la frase utilizada, de la forma y ocasión en que es proferida y la conducta posterior del recurrente.
Y continúa posteriormente esta misma Sentencia señalando: Las infracciones criminales tipificadas en los arts. 169 (LA LEY 3996/1995) y 620.1 CP (LA LEY 3996/1995) , tienen identidad, denominación y estructura jurídica y se diferencian solo por la gravedad de la amenaza. La diferencia es circunstancial y radica en la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza para el bien jurídico protegido. La jurisprudencia ha venido decantándose por la existencia del delito cuando nos encontramos ante una amenaza grave, seria y creíble por ser potencialmente esperado un comportamiento agresivo que lleve a efecto el mal amenazado. El criterio determinante de la distinción, tiene aspectos mayoritariamente cuantitativos, pero no debe descuidarse el perfil cualitativo de la amenaza que habrá que extraer de una serie de datos antecedentes y concurrentes (SSTS. 1489/2001 de 23.7 , 832/98 de 17.6 (LA LEY 2757/1988)).
En consecuencia, las frases vertidas por el denunciado D. Lucas constituyen una manifestación evidente y clara de amenaza leve, y en tal calidad debe ser mantenida la condena impuesta por la sentencia de instancia.