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PRIMERO.- Para resolver los recursos interpuestos debe comenzarse analizando la valoración de la prueba practicada por la Juez de Instancia. De la documentación aportada y de la grabación del juicio resulta sin ninguna duda que desde un principio en el inmueble se planeó la construcción de 24 viviendas y, posteriormente el promotor solicitó licencia para la construcción en el ático de dos trasteros que quedaron asignados a las viviendas 2º B y 2º F siempre con la condición de anexos a los mismos. La licencia se concedió para 49 viviendas y expresamente se prohíbe la construcción de los áticos. En la cédula de calificación definitiva figuran 49 viviendas, siete en cada piso identificadas con las letras A a G.

Con independencia de la ineficacia de las múltiples denuncias y reclamaciones formuladas ante distintos Organismos Administrativos que ponen de relieve que desde hace años la Comunidad de Propietarios es contraria a la utilización de los trasteros como viviendas y de que dichos trasteros estén dotados de suministros de luz y agua o que incluso el Ayuntamiento los haya computado a efectos del pago de la tasa por basura, es evidente que la naturaleza de esos espacios es tan solo la de trastero e incluso en las escrituras de compraventa por la que los actuales demandados adquirieron dichos trasteros se hace constar esta naturaleza al señalarse que adscrita a la vivienda existe un trastero. Por otra parte la cuota de dichas viviendas, superior a las equivalentes de otras plantas, precisamente por estar dotadas de este servicio adicional, son cuotas unitarias sin que pueda entenderse como se pretende separar de las mismas un determinado porcentaje en concreto de 0,22 y de 0,32 para atribuirlo a cada trastero como vivienda.

La pericial practicada fue sumamente clara al respecto. Los trasteros-vivienda no cumplen en modo alguno la normativa mínima exigible para constituir una vivienda habitable.

Como hemos dicho el hecho de estar dotados de servicios comunes, de haber contribuido al pago de determinados servicios no puede contribuir a legalizar una situación manifiestamente contraria a lo previsto en los Estatutos y en la propia Ley de Propiedad Horizontal, sin que sea de trascendencia a estos efectos el que se pueda haber repercutido en los trasteros el gasto por compra de ascensor según coeficiente, por cierto un coeficiente que no se corresponde con los anteriormente señalados para dichos trasteros en la asignación de los coeficientes de los pisos NUM002 y DIRECCION001 .

SEGUNDO.- Las alegaciones de Don Emilio y Doña Marí Jose no desvirtúan en modo alguno el resultado de la prueba. Es indiferente el número de plantas que autorizase el Ayuntamiento cuando consta además de forma reiterada que tan solo se autorizaban 49 viviendas, produciéndose una ampliación posterior a dos trasteros.

TERCERO.- En cuanto a la pretendida infracción de los preceptos de la L.P.H. y de haber atentado contra la buena fe procesal y la equidad hay que decir que tanto el art. 396 del Código Civil como el art. 5 de la L.P.H . se refieren a los posibles anejos de las viviendas, siendo evidente que la transformación de los trasteros en vivienda supone una alteración sustancial del título constitutivo, existiendo además reiterada jurisprudencia al respecto y así basta con citar la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2000 , la de la Audiencia Provincial de Albacete de 8 de enero de 2002 o la de la Audiencia Provincial de Murcia de 14 de octubre de 2002 cuando afirma:

"No cabe duda de que el demandado es propietario de dos trasteros en el edificio litigioso, y que como tal tiene un derecho singular y exclusivo sobre los mismos, así como a su aprovechamiento independiente (art. 3.a de la Ley de Propiedad Horizontal), pero no al cambio de destino de los mismos que se deben someter en este particular a lo que resulte del título constitutivo o de los estatutos, porque ello supone una alteración de la configuración del edifico prohibida por el artículo 7 de la citada ley especial, con repercusión en las cuotas de participación que vendría impuesta por el cambio de destino del local litigioso pasando de trastero -con el uso y elementos que le son propios- a vivienda. En la inscripción registral se aprecia la cuota que le corresponde a las viviendas adquiridas por el demandado (núm. ...8 y núm. ...3) de dos enteros y veintitrés centésimas por ciento, y de dos enteros y treinta y seis centésimas por ciento, describiendo después los elementos anexionados como dependencias inseparables dos altillos en la entreplanta del inmueble, y dos trasteros en la cubierta del Edificio, la calificación de tales elementos como anejos de las viviendas aparece en el título así lo ha declarado también esta Sala en sentencia de 15.03.94 respecto de los mismos altillos y trasteros que ahora son objeto de debate, pues bien la jurisprudencia ha reiterado que la separación de tales elementos de las viviendas en cuestión supone una modificación del título constitutivo y requiere unanimidad.

Regida esta forma de propiedad por reglas de mayoría o de unanimidad, según sean los supuestos a acometer, aquí se prescinde de ese consenso, en cualquiera de sus dos formas, destinando el demandado los trasteros a vivienda por decisión tan sólo del propietario de los mismos, con la trascendencia de que todo ello ha de repercutir en el régimen que a los demás copropietarios afecta y con los que no se ha contado.

Es evidente que el demandado ha realizado obras en los trasteros acondicionándolos para viviendas, modificando así su destino originario, por tanto, entendemos que aun reconociendo los facultades de cada propietario para modificar los elementos de aquello que le pertenece exclusivamente dentro de la comunidad en que está integrado con otros, recorta o impide aquel uso cuando se produce una alteración de las cuotas de participación obligando a la fijación de unas nuevas que, en este caso, vendría impuesta por el cambio de destino del local litigioso pasando de trastero -con el uso y elementos que le son propios- a vivienda con las instalaciones y servicios adecuados a ese nuevo fin (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2000).

La ilicitud del acondicionamiento de los trasteros entra de lleno en las exigencias artículo 11 de la Ley de Propiedad horizontal y excede de lo previsto en el art. 3 -no ajeno al anterior en la fijación de cuotas y sus consecuencias-, y de lo e autoriza el art. 7 .

Por todo ello procede estimar el primer motivo del recurso (apartado 1º del suplico de la demanda) y declarar la ilicitud del acondicionamiento de los trasteros en cuanto implica un cambio de destino no contemplado en el título."

CUARTO.- La invocación a la equidad no tiene sentido en el presente caso puesto que solamente habrá de tenerse en cuenta para ponderar la aplicación de las normas no pudiendo descansar las resoluciones de los tribunales en la misma excepto cuando la ley expresamente lo permita. La existencia de una normativa clara y concreta como es la Ley de Propiedad Horizontal y los indudables inconvenientes y perjuicios que para la Comunidad representa el hecho de que se hayan habilitado dos trasteros como vivienda, hace que deba estimarse íntegramente la acción interpuesta sin que razones de una pretendida y mala alegada equidad puedan llevar a un resultado contrario.

Del mismo modo no se admite la existencia de una mala fe procesal cuando la Comunidad se limita a ejercitar los derechos que la ley le concede en interés de todos los comuneros, para mantener la legalidad y evitar perjuicios de futuro.

QUINTO.- No obstante teniendo en cuenta que de la prueba practicada resulta que los trasteros desde el principio, e incluso a la vista, ciencia y paciencia de la Comunidad están dotados de determinados servicios, por otra parte, en algunos casos frecuentes en los mismos, como puede ser servicio de electricidad y de agua, y en consecuencia de los correspondientes desagües así como calefacción, debe estimarse el recurso de apelación interpuesto por Don Luis Francisco y Doña Verónica , y debiendo desestimar la demanda tan solo en lo que a dichos servicios comunes se refiere.

SEXTO.- Estimándose parcialmente el recurso de apelación interpuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y las circunstancias de hecho, no ha lugar a hacer pronunciamiento en cuanto a las costas de ninguno de los dos recursos.