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PRIMERO.- Se aceptan en esta instancia los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Impugna el recurrente el pronunciamiento absolutorio de Paloma por un presunta falta de coacciones; que fue denunciada el 7 de septiembre de 2005 ante la Comisaría de Centro de la DGP -por el denunciante- por los hechos siguientes: (1º) la llegada a su domicilio entre el correo una cartulina color rojo de unas dimensiones de 30 por 20 cms y el mensaje siguiente: " No nos olvidamos de usted ni de su deuda de 780,71 €, volveremos a recordársela en pocos días personalmente". Como identificación del emisor constaba: "SEGESTION (Gabinet d´assessorament integral)". Recibida el 7 de septiembre de 05. (2º) Y una llamada telefónica recibida poco antes de la cartulina, en su propio domicilio en la que una voz de hombre le dijo: "Que tenía una deuda pendiente de saldar y que tenía que abonarla.". No le consta diere su nombre, pero sí que trabajaba para la misma empresa indicada con anterioridad. En la denuncia no se dio nombre de una persona física como denunciado y si en cambio la dirección de SEGESTION en Zaragoza calle Cortes de Aragón.

TERCERO.- Como motivos de la impugnación de la sentencia libremente absolutoria se citan en el recurso del denunciante: (a) Se dice que "no se ha procedido contra la persona adecuada". Que debía de haber asistido al juicio el "responsable, dueño o gerente" de la empresa SEGESTION, en lugar de la -delegada de dicha empresa en Zaragoza- que en ningún momento se había dirigido a él -ésta- y sí la voz de un hombre desde Barcelona. Que es quien se dice debe hacerse responsable de la actuación de sus empleados. (b) Se manifiesta en cuanto a los motivos de fondo "el rechazo de los métodos utilizados por aquella empresa" porque desconoce todo lo referente a la deuda y conoce una sola versión y (c) Finalmente explica la relación particular de la que nació la deuda en concreto, según el cual la deuda reclamada contra el recurrente es inexistente.

CUARTO.- Por lo que respecta a la cuestión que subyace en el presente recurso es el tema de la mayor o menor - trascendencia penal- o de otra índole, -de las actividades realizadas por determinadas empresas- dedicadas al "cobro de morosos", que no siempre se limitan a efectuar la interpelación en términos de legalidad. Y así se siguen diversos criterios jurisprudenciales acerca de la relevancia penal de las conductas en que, con uno u otro formato, incurren las denominadas "empresas de cobro de impagados" cuando, para conseguir el cobro de lo supuestamente adeudado, llevan a cabo de forma insistente una reclamación directa sobre el supuesto deudor, que suele ir acompañada de publicidad externa dirigida a que el entorno del reclamado sepa que se le formula dicha reclamación. Esos distintos criterios jurisprudenciales que varían en función del tipo de acción de reclamación emprendida, de su insistencia, de su publicidad, y de su capacidad para influir sobre el ámbito de libre determinación del supuesto deudor. En muchos casos se mueven en el límite de lo penalmente admisible, pues la técnica empleada va dirigida de modo directo o generar en el deudor una situación de incomodidad que le mueva a pagar el crédito que, sin tal presión, no estaría dispuesto a abonar, o al menos no a hacerlo en el tiempo y en las condiciones que se le exigen. Pero el empleo de técnicas de presión sólo alcanza entidad penal si, por sus circunstancias, fuera técnicamente calificable de coacción, pues no podemos eludir esta calificación cuando de lo que se trata de conseguir es que una persona haga algo que no quiere hacer. En definitiva, no siempre que un cobrador de morosos se interesa por el cobro de una supuesta deuda puede estimarse cometida una infracción penal (amenazas, coacciones o vejación injusta), si estaría justificado el reproche penal cuando se utilicen medios proscritos, como por ejemplo determinadas llamadas o conductas compulsivas, donde el requerimiento de pago se acompaña de intimaciones, amenazas más o menos veladas, se profieran en alta voz en presencia de terceros, se reitera en demasía, etc...

QUINTO.- En el presente litigio estriba además la cuestión relativa a la -adecuada o no- construcción jurídico procesal del proceso penal entre las partes que han intervenido respectivamente en sus condiciones de denunciante y denunciada. Porque la denuncia no fue interpuesta contra persona física alguna y sólo se mencionó como posible implicada en los hechos a "SEGESTION". Lo cual dio lugar en el presente juicio de faltas el dictado de un proveído ante la incomparecencia del legal representante de Segestión a comparecer ante el Juzgado como parte. La reclamación por el juzgador que por la policía se averiguare quié era el representante de Segestión. Lo que dio lugar en actuaciones a la contestación por oficio de la identificación de "Paloma" residente en Badalona (Barcelona) como la legal representante de SEGESTION SL. (según consta al folio 13 de las actuaciones).

SEXTO.- La condena reieterada por vía de recurso por el denunciante contra el "responsable, dueño o gerente" de dicha empresa. Que al fin y a la postre tal y como se ha desprendido de las gestiones practicadas en las actuaciones ha quedado determinada finalmente como la propia denunciada absuelta -Paloma- representante legal de la empresa SEGESTION SL.

Según se dice en la STC 135/1997 de 2 de julio EDJ 1997/4890 , " (...) la condena in absentia en juicios penales sólo es constitucionalmente admisible si se garantiza suficientemente el derecho del acusado a defenderse en un juicio contradictorio, dándole, mediante la citación que produzca un conocimiento efectivo, oportunidad de comparecer en él con anterioridad para que pueda conocer los hechos que se le imputan y garantizándole, en cualquier caso, la posibilidad de instar un procedimiento rescisorio frente a la condena penal in absentia, sin que tal posibilidad haya de extenderse necesariamente a los pronunciamientos civiles de la sentencia". "Esta declaración....es aplicable a los juicios de faltas y tiene plenos efectos frente a todos, tal y como prevé el art. 164 de la C.E. EDL 1978/3879 ".

Hay que tener en cuenta que en el juicio de faltas (SSTC 196/1989, fundamento jurídico 3. EDJ 1989/10620, y 123/1991, fundamento jurídico 4 EDJ 1991/5838), la acusación se formula durante el desarrollo de la vista oral, una vez practicada la prueba y no antes, ni siquiera en forma provisional. No es posible, sin vulnerar su derecho a conocer la acusación y el derecho de defensa contradictoria, decretar la condena en segunda instancia de quien no compareció en la primera quedando en rebeldía. Lo cual sirve de punto de partida para solventar la cuestión subyacente de legitimación pasiva o quien deba entenderse en el presente caso tiene la condición de "denunciado". En el ato de juicio de faltas resultó que a pesar de que se declaró inasistente a -Segestión-; lo cierto es que "estaba personada y con abogado" la propia Paloma. Por tanto si se tiene en cuenta la información policial contenida al folio 13 expuesto. La misma ostenta la representación legal de la sociedad. Por tanto no puede hablarse de incomparecencia la denunciada en la primera instancia. Tampoco se solicitó por la citación de otra persona que "el responsable, gestor o gerente". Lo cierto es que ella asiste como representante legal de Segestión y por tanto a quien debe atribuirse los hechos denunciados, por más que haya sido el comunicante una voz masculina, porque en estos casos sería la de la apelada una responsabilidad por inducción o cooperación necesaria. Así la responsabilidad de quienes desde la empresa SEGESTION SL decidieron o llevaron a efecto las intimaciones y comunicaciones que constituirían la infracción penal reprochada la -llamada telefónica intimidante y la llamativa tarjeta roja recibida en el correo ordinario al propio domicilio de denunciante y el anuncio en ellos además que "volvería a saber de ellos" anunciándoles más inmisiones. Resulta todo ello subsumible en una falta de coacciones conforme la condena peticionada formulada en esta instancia, contra la propia denunciada pues la misma es responsable por "inducción o cooperación necesaria" de las conductas denunciadas; que violan si quiera de una forma leve la tranquilidad y el sosiego del recurrente de una forma injusta. Sancionada dicha conducta en el art 620.2 del CP , habida cuenta de la suficiencia de la prueba testifical aunque el propio denunciante ignorase -la circunstancia- de que la responsabilidad de la empresa peticionada -que le dirigió las conminaciones-, su representante legal -fuere la propia denunciada- absuelta en primera instancia. Razones las expuestas que conducen a la estimación del recurso con asignación de la penalidad mínima de 10 días de Multa a razón de 6 €/día. Y costas de primera instancia de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 123 CP. Declarándose de oficio las de esta segunda instancia.

VISTOS los artículos 795, 796, 962 y ss; 976 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y pertinente aplicación.