PRIMERO.- Interpone el recurrente Sr. Javier Ricardo recurso de apelación contra la Sentencia de instancia, alegando dos motivos:
A)
Nulidad de actuaciones por infracción del principio de tutela judicial efectiva, en relación con el art. 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), en los términos que a continuación se analizaran.
B) Error en la apreciación de la prueba, al haberse omitido toda valoración de la prueba pericial Judicial practicada.
SEGUNDO.- Es principio fundamental del proceso el de igualdad de partes, que en el proceso penal, al amparo del Art. 14 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) supone el veto a cualquier tipo de desigualdad que carezca de un fundamento objetivo o razonable, lo que es declarado por el T.C. cuando señala (Sentencia 90/1994 de 17 de marzo (LA LEY 2407-TC/1994)) que mediante este principio se trata de garantizar el equilibrio entre ambas partes de forma que dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba o impugnación.
Además, y como señala el citado Tribunal Constitucional (Sentencia 145/1990 de 1 de octubre (LA LEY 1560-TC/1991)), tal principio está íntimamente ligado con la garantía de prohibición de la indefensión que consagra el Art. 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978).
Por último, garantía básica de las partes en el proceso (el T.C. la califica de "elemental" en la Sentencia 69/1983 de 26 de julio (LA LEY 8068-JF/0000)) es el principio de tutela judicial efectiva y a la prohibición de indefensión del art. 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978).
Pues bien, desde tales premisas, ya puede adelantarse que
el recurso debe ser acogido.
En efecto, es claro y así consta en la grabación del Juicio, que
la hoy recurrente, al elevar a definitiva sus conclusiones, tras la práctica de la prueba propuesta por las partes, acogiéndose al derecho que le otorga el art. 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), modificó su escrito de conclusiones provisionales introduciendo de forma alternativa una acusación por un delito de realización arbitraria del propio derecho. Tras ello se dio traslado de forma oral a todas las partes que lo único que exigieron es que se diera el plazo que prevé tal precepto a fin de que no hubiera indefensión alguna.
Así las cosas,
debemos partir de la consideración de que la posibilidad de modificación de conclusiones provisionales es admitida no solo por el propio Texto legal (arts. 732 (LA LEY 1/1882), 784.3 (LA LEY 1/1882), 787.1 (LA LEY 1/1882) y 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)) sino por la Doctrina de forma unánime y por la Jurisprudencia (SS del T.S. de 13.2.2003 y de 8.10.2004 entre otras muchas), puesto que en definitiva, se argumenta, la invariabilidad de las conclusiones privaría de sentido al art 732 y de contenido al momento central del proceso, el Juicio oral. En este sentido se pronuncia la STS de 14 de noviembre de 2003 cuando señala que "en primer lugar, el propio nombre está indicando la posibilidad lógica de modificar lo que es simplemente provisional. Y en segundo término, sin conocer el resultado probatorio, lo único que pueden pretender las calificaciones provisionales es orientar o poner en conocimiento de las partes acusadoras unos hechos que podían poseer carácter delictivo y en los cuales pudo haber tenido participación el imputado...
Una vez conocido el resultado probatorio las partes acusadoras pueden perfilar o completar, modificando en un sentido u otro, su inicial acusación.,\ Y sigue diciendo el T.S. "
La propia ley prevé estas modificaciones, e incluso de más intensidad, hasta el punto de hallarse dentro de las posibilidades procesales la realización de una calificación alternativa, con alteración del título de imputación inicial o modificando aspectos relevantes de la originaria acusación, en perjuicio del acusado, pudiendo en tales casos abrirse un trámite del art. 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Por último, debemos señalar que también es principio general y jurisprudencial que
la variabilidad y facultad de modificar las conclusiones no es absoluta, pues no hay posibilidad de variar la identidad esencial del hecho objeto de acusación, pudiéndose en cambio modificar (SS del T.S. de 7.6.1985 y 11.11.1998)
su calificación jurídica, sus grados de perfección y participación, sus circunstancias modificativas y la pena.
En concreto y por lo que aquí nos interesa, la Jurisprudencia admite sin reservas la modificación de hechos no esenciales (Sentencia del T.C. 40/2004 de 22 de marzo (LA LEY 887/2004), con cita de la 33/2003 de 13 de febrero),
así como la modificaciones que afecten al cambio de tipificación o calificación (Sentencias del T.S. de 15.7.2002 y de 8.10.2004 entre otras muchas).
TERCERO.- En definitiva, entiende esta Sala que no existe motivo alguno para impedir la modificación que pretendía introducir la Acusación Particular, hoy recurrente, y por supuesto consideramos que ampararse en el tiempo de tramitación de la causa o en el contenido del Auto de esta Sección Segunda de 15 de abril de 2015, cuando el escrito de calificación provisional de la misma era anterior a tal resolución, carece del más mínimo fundamento, cuando la propia norma, el tan citado 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) permite y faculta a la misma a la posibilidad de modificación, lo que en definitiva supone que
la denegación conculcó de forma clara y patente el principio de tutela judicial efectiva y de defensa amparados por el art. 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978)
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Procede por todo ello declarar la nulidad de lo actuado y la retroacción de las actuaciones al momento de elevar a definitivas o modificar las conclusiones provisionales de la Acusación Particular, debiéndose a continuación procederse de acuerdo con lo que previene el citado art. 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), a fin de que los acusados no sufran indefensión alguna.
VISTOS los preceptos mencionados y los demás de general y pertinente aplicación